Conflicto en Aysén: Un objetivo táctico para el gobierno
«La violencia ocurrida el 15 de marzo se enmarca en el fracaso en las negociaciones entre los dirigentes del movimiento social y el gobierno representado por el Ministro de Energía Rodrigo Álvarez». Por Francesco Penaglia Vásquez, para ANRed.
Video con la fuerte represión que está ocurriendo en Aysén, Región que ha paralizado hace más de 3 semanas por demandas locales en contra del gobierno.
http://www.youtube.com/watch?v=N_w0-yC904A&feature=youtu.be
La violencia ocurrida el 15 de marzo se enmarca en el fracaso en las negociaciones entre los dirigentes del movimiento social y el gobierno representado por el Ministro de Energía Rodrigo Álvarez.
Las movilizaciones originadas por el aislamiento de la región y la búsqueda de mecanismos de mayor equidad (acceso a educación y salud, mejores caminos, autonomía en decisiones, protección y regionalización de recursos y disminución del coste de vida) han chocado con la estrategia de «desgaste” impuesta por el gobierno, quienes han trabado las negociaciones con innumerables requisitos y condiciones destinadas a fragmentar y desgastar al movimiento.
Tal como señaló el dirigente Misael Ruiz: «Nosotros caímos en una trampa, porque nosotros los estuvimos esperando todo el día martes en Puerto Aysén y no vinieron, y ayer, como no habían venido ni nos llamaron, nosotros decidimos ir a Coyhaique a trabajar con ellos allá, y nos estaban esperando con un grupo de unos 50 carabineros de Fuerzas Especiales, tanto de civiles como uniformados armados, y nos costó mucho entrar a la Intendencia”
Esta estrategia es un objetivo táctico para el gobierno, que ve como una prueba de fuego la derrota del movimiento de Aysén para evitar el alzamiento de otras regiones aisladas como Arica y Perinacota, Antofagasta y Magallanes.
A esta estrategia de desgaste, se suma la excesiva represión de la fuerza policial, la que ha sido denunciada no sólo por los manifestantes. El día lunes 12 de marzo, el obispo de Aysén Luis Infanti viajó a Santiago para entregar una carta al gobierno exigiendo la búsqueda del dialogo y entendimiento, denunciando la represión. No obstante obtuvo como respuesta del vocero de gobierno «que se dedique a rezar”. También se encuentran las denuncias de Antonio Horvath, senador de RN por Aysén, quien ha reclamado -pese a ser del mismo partido que Sebastián Piñera- el uso excesivo de la violencia de Carabineros.
En este contexto el juez Juan Silva Pedreros, decretó la ilegalidad del uso de bombas lacrimógenas contra menores de edad y ancianos, lo que no ha sido respetado por Carabineros. A su vez, según veedores de Derechos Humanos, se ha denunciado el uso de balines de acero, disparos al cuerpo, detenciones arbitrarias y ataques a domicilios particulares.
Luego de 31 días de movilizaciones en Aysén, y ante la impotencia por el fracaso de las negociaciones y la represión, la tarde del 15 de marzo tuvo su jornada más violenta, cuando la acción de los manifestantes culminó con la quema de un carro lanza aguas y un micro de Carabineros. Esto significó que el gobierno anunciará la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, la que endurece la sanción de acciones «en contra de la seguridad del Estado” y la incitación a la violencia y desorden público, tipificando como delito » a los que propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de Gobierno” y «los que propaguen de palabra o por escrito o por cualquier otro medio en el interior, o envíen al exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a destruir el régimen republicano y democrático de gobierno, o perturbar el orden constitucional, la seguridad del país, el régimen económico o monetario, la normalidad de los precios, la estabilidad de los valores y efectos públicos y el abastecimiento de las poblaciones” «toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos, o de utilidad pública, o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales”
Restará evaluar a mediano plazo, si estas acciones reprimen la protesta en Aysén o aumentan la conflictividad y violencia de los manifestantes. De este resultado dependerá las estrategias que utilizarán otras regiones de Chile.