Gatillo fácil en Berisso: Suspenden el juicio por el caso de Christian Domínguez
Después de siete años de espera, fue suspendido ayer -a último minuto- el juicio por el caso de gatillo fácil de Christian Domínguez -un joven que apareció muerto en un calabozo de la comisaría Primera de Berisso (Gran La Plata)-. Una de las jueces sacó carpeta médica y el juez que la debía sustituir se excusó. La postergación favorece a los tres policías acusados, que ahora podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio.
Christian Domínguez había ido a la comisaría a denunciar el robo de su campera ,en febrero de 2005. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia -realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense- ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció «a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”.(Por ANRed La Plata)
Indignación, dolor, lucha y justicia. Son las banderas que acompañaron los últimos años la causa llevada adelante por Pedro y Norma Domínguez, los padres de Christian, un joven de 30 años que en febrero de 2005 apareció muerto en un calabozo de la comisaría Primera de Berisso (Gran La PLata, Bs. As.) -a donde había ido a denunciar el robo de su campera-. Por aquel entonces, la policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia -realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense- ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció «a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”.
Ayer debió ser un día donde comenzar a cosechar los siete años de lucha, al iniciarse el juicio oral por el que serán juzgados los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez -acusados de «torturas seguidas de muerte”, todos detenidos- y el ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el delito de encubrimiento y de falsedad documental. Pero nada de eso ocurrió y un nuevo episodio de impunidad se sumó a una causa que acumula varias irregularidades.
La excusa, en esta oportunidad, fue burocrática. La suspensión se debió a que uno de los magistrados del Tribunal Oral Criminal N°2, Patricia de la Serna, renovó hace pocos días un pedido de licencia médica que viene pidiendo desde fines de 2011. El viernes, se sorteó un nuevo juez para que complete el Tribunal y salió designado Claudio Bernard, pero se excusó porque tiene un juicio oral en curso.
«Nos están faltando el respeto y seguimos siendo torturados”, lanzó indignada Norma Domínguez, la madre del joven, acompañada por su esposo Pedro y de Rosa Brú, la titular de la Asociación Miguel Bru, patrocinante del caso. «Desde diciembre sabemos que podía faltar un juez y siempre quisimos resolverlo, pero la Justicia no nos dio bolilla”, expresó Rosa al respecto.
La semana pasada presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando se arbitren todos los medios para garantizar el inicio del juicio y denunciando la «inexcusable mora en la tramitación de las referidas actuaciones que han significado un real y perjudicial trastrocamiento del proceso, en general, y que pone en juego la realización del debate”. Pero la única respuesta recién llegó hoy, cuando se presentaron en el Tribunal y se anoticiaron de la suspensión. «Ahora habrá que esperar la designación de un nuevo juez, lo que aplaza los tiempos”, señaló Ernesto Martín, uno de los abogados de la familia Domínguez.
«Estábamos confiados que empezaba hoy (por ayer 5 de febrero)). Hace 7 años que estamos esperando el juicio, pero no nos van a cansar, vamos a seguir”, dijo Pedro, que sigue firme junto a su esposa.
La decisión aparece a las claras como una nueva muestra de complicidad de la justicia bonaerense con los distintos casos de gatillo fácil que atraviesan la realidad provincial de punta a punta. Ahora, los tres policías acusados por el crimen, que por el momento permanecen detenidos, podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio, ya que llevan más de cuatro y medio detenidos sin sentencia, y podrían pedir la morigeración de la prisión preventiva -por ejemplo, obteniendo una prisión domiciliaria-, lo que podría significar una clara posibilidad para que se fuguen o para que incidan en la investigación.
«La policía ha perseguido a testigos del juicio y los ha amenazado”, denunció Pedro, que comentó que hace pocos días, uno de ellos fue interceptado por un ex-compañero de los policías procesados y les dijo «ojo con lo que vas a decir”. Asimismo, hay muchos otros testigos que nunca declararon, por temor a represalias.