Gabriel Roser, preso político a la espera del juicio oral
El martes 29 de noviembre a las 9:00 comenzará el juicio oral contra Gabriel Roser, militante del Movimiento de Unidad Popular (MUP), encarcelado hace más de un año y medio por una causa armada por policías bonaerenses. Su detención y la apertura de la causa jurídica demuestran que el aparato político y judicial del Estado continúa profundizando las prácticas que criminalizan a los integrantes de las organizaciones sociales. Como señala Rodrigo Pomares, abogado del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, «vivir en un barrio y ser militante hace que se conjugue una situación represiva: la criminalización de la protesta».
Gabriel Roser, militante del Movimiento de Unidad Popular (MUP), está preso desde el 29 de abril de 2004 en el Servicio Penitenciario de Magdalena en la Unidad 35, Pabellón 1. Su detención es otro ejemplo de la persecución política, jurídica y policial hacia los integrantes de las organizaciones sociales.
Para encarcelar a Gabriel, la policía lo involucró en un robo a mano armada. En ocasiones previas, Gabriel había sido detenido por averiguación de antecedentes y le habían sacado fotos en la comisaría. El ex funcionario policial, Marcelo Toni, denunció en la Comisaría 6° un asalto a su comercio en Ringuelet, en la periferia de la Ciudad de La Plata. Toni «reconoció» al militante como uno de los asaltantes, a partir del uso de álbumes ilegales.
Según afirma un miembro de la asamblea de Ringuelet, «a Gabriel le armó una causa la policía del barrio, que venía persiguiendo a los compañeros del MUP desde hacía un tiempo. El 24 de abril del 2004, el hijo de un puntero político del barrio asaltó un comercio y la policía se lo cargó a Gabriel». Cuando la policía detiene a Gabriel, allana su vivienda y el comedor comunitario del MUP (que funcionaba en su hogar) y provoca enormes destrozos.
No hay pruebas que vinculen a Gabriel en el asalto y el denunciante y los testigos son policías.
Rodrigo Pomares, abogado del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), relata que «el caso de Gabriel se sitúa en un conflicto muy concreto con un puntero del PJ a raíz de una denuncia que el MUP hace en la municipalidad por irregularidades en la entrega de alimentos. Por otra parte, la militancia territorial, por su misma práctica, constituye la denuncia ante las injusticias ocurridas en los barrios bonaerenses. Vivir en un barrio y ser militante hace que se conjugue una situación represiva: la criminalización de la protesta, donde las persecuciones son constantes. Todo este panorama lo coloca a Gabriel como foco de persecución».
El juicio oral comenzará el 29 de noviembre y concluirá el 2 de diciembre. El CIAJ tiene a cargo la defensa de Gabriel, quien será juzgado por el Tribunal Oral Nº2 de La Plata (calle 8 entre 56 y 57, La Plata).
Desde octubre se formó el Frente por la Libertad de Gabriel Roser, integrado por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos: Frente Popular Darío Santillán, MUP, HIJOS La Plata, Madres de Plaza de Mayo La Plata, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, CorRePI, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), CEPRODH, el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Alerta Argentina, Asociación Miguel Brú, Prensa De Frente La Plata, Liberpueblo, CAUCE, Casa de la Mujer Azucena Villaflor y Elida Silvero, madre de Gabriel. «Los días del juicio vamos a estar en la puerta de los Tribunales para que los jueces no se olviden de quién es Gabriel y quiénes y cuántos estamos atrás de él», sostienen sus integrantes.
Rodrigo Pomares (CIAJ) explica cómo funciona «la máquina de hacer presos»
El armado de la causa
«La persecución de Gabriel comienza dos meses antes de su detención por averiguación de identidad, lo cual era casi sistemático. En una de esas oportunidades, lo detienen y le extraen una fotografía, que queda en un álbum en donde se agrupan las fotografías de personas que, en la mayoría de los casos, suelen ser pobres.
«El 24 de abril de 2004 se produce un robo a un comercio, propiedad de un ex funcionario policial de apellido Toni, quien se comunica con las patrullas. Ninguno explica bien los motivos del proceder. Lo concreto es que las tres personas que participan del hecho se escapan. Esta es la versión que dan ellos (se refiere a los policías y a Toni) en donde se limitan a describir algunas características físicas de las personas.
«El 29 de abril se produce un allanamiento. Y en este procedimiento detienen a Gabriel, lo sacan del comedor, destruyendo este espacio comunitario, y se lo llevan.
«Aquí se desenvuelve la segunda parte donde Toni declara en la fiscalía y en donde se evidencia el armado falso de la causa. El policía ya no habla de características físicas sino que da nombre y apellido: «se trata de tres personas a las cuales yo las conozco, se llaman tal, tal y tal, y yo los conozco ya que me han tratado de robar sies veces». Acá hay que destacar la foto que le sacaron a Gabriel, ya que es lo que le permite a Toni señalarlo en una rueda de reconocimiento, a la cual Gabriel se presta sabiendo que es inocente.
«Entonces en el caso de Roser se pueden distinguir los mecanismos aceitados que tiene tanto el Estado como las organizaciones mafiosas dentro del Estado: la policía bonaerense; el poder judicial, que termina siendo la máquina de convalidar».
Contra un decreto de Onganía
«Es importante saber cómo va funcionando la máquina de hacer presos. En primer lugar, la fuerza policial actúa en forma primaria: tiene los álbumes y pergeña la primera etapa del armado de la causa. En sus declaraciones, la policía deja asentado que en la persecución se producen disparos y con eso generan que a Gabriel se lo esté juzgando por robo agravado por uso de armas.
«En segundo lugar la fiscalía hace oídos sordos a varias cuestiones. Por ejemplo, no da importancia al cambio de declaración de Toni.
«Una vez que la causa es elevada a juicio las posibilidades de refutar distintas cuestiones se cortan. Al llegar a esa instancia lo que tratamos de hacer es introducir cuestiones como la foto y el falso testimonio. A partir de ahí se comenzó con la idea de hacer un habeas data. Por medio de esta acción se garantiza la supresión de los datos que figuren de una persona en archivos públicos o privados que sean discriminatorios o falsos.
«De esta manera generamos dos acciones: una específica por Gabriel y una colectiva para la provincia de Buenos Aires. Esta última ya nos sirvió y es la que se usó para avanzar con el caso de Gabriel.
«Lo que se plantea concretamente es rebatir el decreto de (Juan Carlos) Onganía en el cual se permite la extracción de fotografías y la recopilación de esas fotos en comisarías. Esto se debate por una cuestión central: no hay motivos válidos para extraer fotografías por el sólo hecho de pisar una comisaría. Tampoco los hay para usarlas como «motivos peligrosistas», es decir, que si esa persona cometió un delito una vez, las fotos sacadas deben permanecer indefinidamente. Esto constituye un proceder abusivo y violatorio de muchos principios, como la integridad de las personas, la identidad.
«A partir de estas acciones, se logró una medida cautelar. En la provincia de Buenos Aires se prohíbe a la policía la extracción de fotografías logrando el secuestro de todos los álbumes».
Más información en www.libertadagabriel.org.ar