27/12/2011

Esa maldita costumbre de matar III: Diciembre del 2001

tapa-3.pngComo ya hemos planteado en otros artículos, las clases dominantes en nuestro país siempre han apelado a la violencia para resolver y hacer frente a los conflictos y las crisis políticas, económicas y sociales. Eso es lo que aconteció una vez más en aquel Diciembre del 2001, cuando el pueblo ganó las calles y las plazas. Sobre ese mes de lucha, represión y muerte nos hemos de explayar, para ver en acción a los distintos actores que participaron y como, desde el poder político, se apeló a la violencia del Estado para hacer frente a las demandas populares. Por Leónidas F. Ceruti, historiador.


Sumario:

1. La violencia y la burguesía

2. La protesta social desde Menem a De la Rúa

3. Descontento, paros, estado de sitio, rebelión y represión

3.1. Que se vayan todos, represión para todos

4. Danza de presidentes y lucha por el poder

5. Maldita esa maldita costumbre de matar

«para matar al hombre de la paz

tuvieron que desatar la guerra turbia

para vencer al hombre de la paz

y acallar su voz modesta y taladrante

tuvieron que empujar el terror hasta el abismo

y matar más para seguir matando

para batir al hombre de la paz

tuvieron que asesinarlo muchas veces

porque el hombre de la paz era una fortaleza”


Fragmento de «Hombre de la paz» de Mario Benedetti

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1.-La violencia y la burguesía

La violencia suele verse como un ejercicio de fuerza de parte de instituciones, grupos o individuos sobre otros grupos o individuos con el propósito ya sea de obtener algo de quienes padecen el ejercicio de la fuerza o bien poner de manifiesto el poder y las convicciones del ejecutor de la fuerza. El término «violencia” puede tener diferentes sentidos según quienes lo utilizan. Algunos interpretan a la violencia como lo que está fuera del derecho o del orden jurídico. Otros plantean que se la utiliza como medio para vencer la resistencia de las personas.

La clase dominante utiliza la violencia para perpetuar su dominio, para defender sus intereses, y las clases oprimidas lo hacen para enfrentar la opresión y para liberarse de la condición de explotación en la que viven. Este enfrentamiento es consecuencia de la sociedad misma y del desarrollo técnico y económico alcanzado en cada momento histórico y gracias al cual las distintas sociedades resuelven el problema de la supervivencia.

Podemos enmarcar el problema de la violencia en la sociedad capitalista por parte de la clase dominante a partir de estos elementos:

 la alienación económica supone la separación, por la violencia, entre los trabajadores y las condiciones de producción;

 el aparato jurídico-político, plasmado en el Estado, tiene como funciones fundamentales controlar coercitivamente los posibles desbordes de las clases subordinadas, o reprimirlos violentamente si se hacen efectivos

Del Estado emerge una violencia política que se ejerce sobre todos aquellos, incluidos miembros de la misma burguesía, que alteren el orden establecido. Esa perturbación puede obedecer a una resistencia instintiva a la dominación, la cual se puede manifestar en diferentes hechos de violación a la legalidad, o a un movimiento consciente del proletariado en busca de superar la explotación. En este último caso es cuando la violencia política se vuelve totalmente explícita, pues los aparatos de coerción del Estado y, en muchas ocasiones, las milicias privadas de los sectores dominantes ponen en práctica medidas de fuerza para contener el ascenso de las luchas.

No se puede entender el problema de la violencia política sin conceptuar a la política como la organización y aplicación sistemática de determinadas relaciones de poder, como la articulación de un conjunto de medios para la consecución y la preservación de éste. La política organiza el poder, le otorga forma estatal y viabiliza un proyecto socio-económico de clase.

El principal organizador y concentrador de la violencia es el Estado, de manera que cualquier intento por legitimar y justificar la violencia ejercida por la clase en el poder pasa por legitimar el Estado. El objetivo básico que se persigue es despolitizar, desideologizar y neutralizar el Estado, presentarlo como el sintetizador del «bien común” y garante de la «ley y el orden”.

La violencia es inherente a una organización social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo por el capital, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores de la sociedad. De hecho, la violencia no se reduce únicamente a su manifestación más ostensible, a su forma represiva. Esta última es sólo una vía que permite mantener maniobrando y desarrollándose a la violencia en su conjunto al capitalismo.

Antes y durante la dictadura militar del 76, las clases dominantes utilizaron todo tipo de métodos violentos para la represión, con el argumento de que estaba en peligro el orden social. Se consideraba a la violencia como un elemento normal del proceso político para controlar o manipular las diferencias ideológicas. La violencia vista desde el poder en la década del ’70 para muchos sectores de la sociedad no estaba cuestionada si se ejercía desde el Estado.

Para otros, desde lo ético no se puede justificar la violencia en la medida que representa una violación al derecho a la vida y a la integridad física. Agregan que, desde ese punto de vista, la violencia debe ser ajena a la esencia de la política, si se la entiende a ésta como la instauración de la libertad; es decir, como la creación de un espacio donde los hombres puedan ejercitar la capacidad de entenderse y de concretar acciones.

Como ya hemos planteado en otros artículos, las clases dominantes en nuestro país siempre han apelado a la violencia para resolver y hacer frente a los conflictos y las crisis políticas, económicas y sociales. Eso es lo que aconteció una vez más en aquel Diciembre del 2001, cuando el pueblo ganó las calles y las plazas. Sobre ese mes de lucha, represión y muerte nos hemos de explayar, para ver en acción a los distintos actores que participaron y como desde el poder político se apeló a la violencia del Estado para hacer frente a las demandas populares. (1)

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2.-La protesta social desde Menem a De la Rúa

Creemos necesario repasar brevemente esta etapa porque consideramos que hubo un puente entre las luchas de los 90 y la actitud adoptada por el pueblo frente a la crisis terminal de diciembre del 2001.

El programa económico del gobierno de Menem tenía como meta la reinserción de la economía argentina en el mercado mundial y una nueva etapa de acumulación del capital. Su decisión fue la de concretar un pacto con la derecha económica y política. El ajuste le fue encargado a Domingo Cavallo, quien al asumir lanzó el llamado Plan de Convertibilidad, fijando por ley la paridad entre el austral (luego convertido en peso) y el dólar. El efecto fue que se redujo la inflación. Con los meses llegó la apertura de la economía y la gran desocupación. Al aprobarse dos leyes como la de Emergencia Económica y Reforma del Estado fueron intervenidas las empresas públicas y se encomendó a sus autoridades la tarea de reestructurarlas (rescindir contratos, despedir personal) y privatizarlas. Un acelerado proceso de privatizaciones se inició desde entonces. Desde 1990 se dispuso la privatización de la telefónica ENTEL, Aerolíneas Argentinas y varias empresas dirigidas por el Ministerio de Defensa, y se habían concedido derechos de explotación de áreas petroleras antes reservadas a YPF. A estas empresas se agregaron luego las líneas marítimas (ELMA), correos y telégrafos (ENCOTEL), carbón (YCF), aguas (OSN), transportes subterráneos (SBA) y la metalúrgica SOMISA. Fueron entregadas al sector privado además las líneas ferroviarias y rutas nacionales. Posteriormente, se reestructurará y privatizará la mayor empresa pública, la petrolera YPF.

Desde el comienzo del primer gobierno menemista, el Ministro de Economía y la UIA acordaron, a través de un pacto político, medidas para rebajar costos. Esto significó menos salarios y mayor explotación entre otras cosas. Además, la reconversión industrial debía pasar por una baja de los costos laborales y un aumento de la productividad. Para ello era necesario sancionar varias leyes que permitieran alcanzar distintos objetivos: bajar los costos fijos del salario (beneficios sociales), negociar aumentos solo sobre la base del incremento de la productividad y reestructurar el número del personal. Todo lo cual trajo despidos y avasallamiento de las conquistas sociales del movimiento obrero. Fueron muchos los políticos del oficialismo y de la oposición, como sindicalistas, que apoyaron las medidas del plan Menem-Cavallo.

Frente a esas políticas económicas, crecieron los reclamos, nuevos actores y formas de protestar. La memoria histórica de los trabajadores hizo que surgiera lo que se llamó el movimiento piquetero. Florecieron por todo el país los piquetes y los piqueteros, con sus cortes de rutas y calles, que comenzaron a hacerse habituales en los paisajes provinciales. Todo se inició en 1991. El primer piquete fue organizado por las esposas e hijas de los mineros del yacimiento de hierro de Hypasam, en la localidad patagónica de Sierra Grande, el 21 de septiembre de ese año. Ellas fueron las que cortaron la Ruta Nacional 3. Los trabajadores llevaban ya tres meses sin cobrar y con la amenaza del gobierno nacional de cerrar la mina. Fue en esa instancia que las esposas de los mineros decidieron cortar la ruta, iniciar una huelga de hambre, mientras las hijas movilizaban a los 12.000 habitantes de la localidad. Las Madres de la Ruta sólo dejaron pasar el camión con los sueldos atrasados. Carlos Menem cerró la mina y pasó a ser un museo, que visitan los turistas. Hoy es la República Popular China quien tiene a su cargo la explotación de la mina de hierro más grande de Sudamérica.

En 1997 hubo 104 cortes de ruta en todo el país y esta práctica fue incrementándose durante los años siguientes. En 1998 fue cortada una ruta por semana, en 1999 una cada día y medio, y en el 2000 hubo al menos un corte diario. En 2001, el promedio fue de entre cuatro y cinco cortes por día.

Los desocupados, los ocupados y algunos gremios iniciaron una serie de reclamos con acciones de acción directa, paros, caravanas. Y, desde los 90, las manifestaciones populares fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad de la Nación o de las provincias. Se produjeron varias muertes y gran cantidad de heridos en todo el país. Algunos casos emblemáticos sobre el modo en que la reacción estatal se ha desplegado contra este tipo de manifestaciones, han quedado fijados en la conciencia colectiva. Entre ellos, las muertes de Víctor Choque, en la provincia de Tierra del Fuego; Teresa Rodríguez, en Neuquén; Mauro Ojeda y Francisco Escobar, provincia de Corriente; y Aníbal Verón, Carlos Santillán y José Oscar Barrios en la provincia de Salta.

Luego, vendría el fracaso del gobierno de De la Rúa: creció la crisis económica, política y social; se sucedieron ajustes, renuncias, hechos de corrupción. Se le sumó una serie de intrigas palaciegas entre el ejecutivo, los miembros del Congreso Nacional, el PJ, la UCR, la Alianza, los gobernadores. Todo llevó a una situación explosiva. La crisis era considerada como terminal.

En los últimos meses del 2001 se produjeron protestas en las grandes ciudades que consistieron en manifestaciones públicas, cortes y reclamos. Se trataba de protestas en contra de las reducciones salariales, la reducción de personal en el sector público, el desmantelamiento del aparato de contención social del Estado, la desocupación y la crisis del sistema financiero y bancario.

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3.- Descontento, paros, estado de sitio, rebelión y represión (2)

En un recorrido sobre lo acontecido en las semanas de diciembre del 2001, podemos ver desconcierto en el ejecutivo nacional, disputas políticas, desaciertos económicos, malestar y reclamos de todos los sectores, cada día más pobres en las calles y más fuerzas policiales y de la gendarmería patrullando. Todo eso es lo que intentaremos reflejar en estas líneas, para recordar y darle una verdadera dimensión a lo acontecido.

El gobierno nacional adoptó durante los primeros días de diciembre una serie de restricciones importantes a la entrega en efectivo de los depósitos bancarios particulares. De tal forma, las transferencias dinerarias se vieron limitadas y la casi totalidad de los pagos debió hacerse por medio de transferencias bancarias. El «corralito”, establecido por el decreto 1570/01 del Poder Ejecutivo, encerró los depósitos de grandes sectores de la clase media y perjudicó a todos los sectores de la economía informal.

Los diarios titulaban: «Definen un paquete que incluiría la dolarización de las cuentas”, «Cavallo anunciará medidas para restringir el retiro de depósitos”, «Limitarán extracciones por 90 días”, «La gente no tendrá problemas con los pagos”, «De la Rúa asegura que «˜la garantía y la potestad’ están en sus manos”, «El gobierno intenta desdramatizar la avanzada del PJ en el senado”, «El presidente y varios funcionarios minimizaron la virtual pérdida de la vicepresidencia de la Nación”.

Las manifestaciones de protesta ganaron las calles y canalizaron el enojo de los distintos sectores. Los comerciantes realizaron movilizaciones en las que marcharon golpeando cacerolas por distintos barrios porteños. La Cámara de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) había convocado a oscurecer las vidrieras e incluso los carteles luminosos de cines y teatros.

Eduardo Menem puso en duda la continuidad de De la Rúa: «si la crisis se agrava, se podría llamar a una Asamblea Legislativa”. El senador veía a la convocatoria como única salida institucional, pero después bajó los decibeles. De la Rúa se reunía con Puerta, quien reclamaba el llamado a extraordinarias, según sus voceros, para cimentar la «imagen de gobernabilidad de la Alianza». El decretazo provocó el inmediato rechazo de los trabajadores. La CGT disidente repudió las medidas del gobierno y anunció un plan de lucha. Cristina de Kirchner declaraba: «Hay un desplazamiento del poder hacia el peronismo». Sin embargo, la senadora electa se quejaba de que en su partido no hay «un sistema de decisiones unívoco».

Daer y Moyano convocaron a un paro nacional por 24 horas. Las dos CGT se pintaban la cara y llamaban a la huelga. Faltaba definir si la medida de fuerza sería con movilización, cortes de calles y hasta ocupación de edificios. El peronismo tenía el control total del Congreso. El PJ recuperó el timón que había perdido en diputados. Bajo el signo del «consenso”, el duhaldista Camaño se convirtió en el nuevo presidente de la cámara baja. El gobierno flexibilizaba el nuevo régimen bancario y anunciaba que «los trabajadores podrán sacar los mil pesos de una sola vez”, «los viajeros podrán irse con 10 mil dólares”, y que «no habrá restricciones para las nuevas colocaciones”. Cavallo seguía defendiendo la convertibilidad y fustigaba a las calificadoras. El FMI informaba que no aportaría los 1.200 millones, argumentando que no se cumplió con el déficit cero. Para los empleados en negro, la crisis pesaba más. Los empresarios y los asesores tributarios no le tenían mucha fe al blanqueo dispuesto por el gobierno. A la vez, anunciaban más despidos por efecto de una mayor recesión. Y continuaba la fiebre por la bancarización.

Desde Cuba, Fidel Castro opinaba: «no sé si habrá algún loco que quiera la presidencia”, «en la Argentina existe la ficción de que tienen presidente”. Y desplegó una batería de críticas contra De la Rúa, Cavallo y Baylac. Mientras, el gobierno llamaba a Menem en su búsqueda desesperada de consenso; Ruckauf declaraba que «De la Rúa se parece a Galtieri». Eran cinco los heridos tras las marchas contra el ajuste cordobés. La policía reprimió a los empleados provinciales que cortaron calles en repudio al ajuste y el pago de salarios en cuotas. Neuquén sin agua y energía por los paros. Para Carlos Corach lo que sucedía era que «destruyeron lo que Menem construyó». Los ataques entre radicales y peronistas eran cada vez más violentos. El radical Pascual no dudaba en afirmar que «a Ruckauf se le cae encima la provincia» y «el gobernador busca el retiro de De la Rúa”.

El Congreso iniciaba un nuevo período en momentos de graves dificultades. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado estaban en manos del PJ. El nuevo ajuste reclamado por el FMI y el presupuesto del 2002 serían temas de discusión en el parlamento. Desde la UCR se ratificaba la voluntad aliancista y deseaban «buenas migas con el gobierno”, según declaraba su vicepresidente, Juan Manuel Casella, aunque admitía que se propondrían correcciones. A su vez, el Frente Nacional Contra la Pobreza ratificaba su llamado a la consulta popular. Se pedía un seguro de empleo de 380 pesos y 60 por hijo. La convocatoria era libre y abierta para los días 14, 15, 16 y 17 de ese mes.

«Desde que asumí, vivo apagando incendios», manifestaba De la Rúa. Moyano no demoró su respuesta: «Le debe faltar presión a la manguera», ironizó el sindicalista, y ratificó que irían al paro. Daer afirmó: «Todo lo que toca Cavallo lo destruye», y criticó duramente el plan económico, rechazó los ajustes y habló de profundizar la protesta. Para Eduardo Camaño, titular de la cámara baja, otro ajuste «no pasará”. En esas jornadas se repitieron largas colas en los bancos y las quejas. Los cajeros estaban preparados, pero el efectivo se evaporó, sólo los más afortunados pudieron sacar 1.000 pesos de sus sueldos de una vez. El dólar seguía alto. Protestas en Rosario contra las medidas y el sistema financiero: el comercio Pyme contra «los buitres», casi 200 manifestantes organizaron un «escrache» ante un banco extranjero, y también se quejó la izquierda.

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El 13 de diciembre se desarrolló el séptimo paro general contra el gobierno de Fernando De la Rúa. El acatamiento fue importante, generalizado y conflictivo. Hubo incidentes graves en la provincia de Neuquén y en otros puntos del país. En Mendoza, un grupo de treinta personas irrumpió en una sucursal de la cadena de supermercados Átomo y se llevó alimentos.

La Capital de Rosario ponía en sus paginas estos titulares: «Fuera de las marchas en el centro, las calles estuvieron desiertas. La huelga fue contundente y con alta sensación térmica. La inactividad fue casi total y balearon a un canillita. Hubo unos pocos incidentes en otros lugares del país. La adhesión provincial fue muy alta, según el gobierno. La capital del paro tuvo tres marchas: dos en el microcentro y una en zona sur. Bronca contra los bancos. Hubo recorrida para convencer a los que trabajaron. Protestaron los mercantiles, y esta vez hubo empleados y también comerciantes. Huevazos a la Intendencia y marcha en zona sur. La CCC terminó su marcha con un escrache al palacio municipal. El transporte, sector público y comercio, los pilares de la protesta. Adhesión sin fisuras en todo el país. El gobierno nacional minimizó la huelga, pero las CGT calcularon un acatamiento del cien por ciento. Hubo incidentes y atentados en varias ciudades del interior. La policía chocó con manifestantes en Neuquén: seis heridos y grandes daños. En Córdoba atacaron los edificios de dos diarios y en Capital Federal y Mar del Plata a colectivos y taxis. La medida se sintió tanto en el centro como en los barrios. Rosario mostró un paisaje desolado. Las persianas bajas fueron la constante, salvo en algunos comercios y en los grandes hipermercados”.

En la provincia de Buenos Aires, un grupo de manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que participaba de una protesta convocada por la CGT Disidente, ingresó en la Municipalidad de Pergamino y exigió a las autoridades bolsones de comida. Fueron desalojados por la Gendarmería Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires tres taxis fueron incendiados. En La Plata, una bomba molotov explotó en la madrugada frente a una sucursal del Banco Nación y provocó la rotura de los vidrios. Otra bomba detonó en la ciudad de Mar del Plata en una sucursal del Banco Francés del barrio Constitución.

Las fuerzas de seguridad parecieron no comprender la magnitud del conflicto latente que estallaría días después. El jefe de Gendarmería Nacional, comandante general Hugo Miranda, sostuvo en una entrevista periodística que había condiciones generalizadas de protesta contra algunas medidas, pero no evidencias de una pueblada «…entendida como un masivo uso de la violencia. Si bien, hay situaciones de cortes de ruta y demás, se van manejando en parámetros más racionales. No han aparecido grupos radicalizados porque la gente los rechaza, con lo que se impide que una cuestión menor se transforme en un gran problema”.

El viernes 14, la tensión social aumentaba. Hubo asaltos e intentos frustrados a locales comerciales. Rosario vivió un día cargado de zozobra y los peores fantasmas se iban haciendo realidad: un chico de 8 años resultó herido y hubo una decena de detenidos. El miedo pareció apoderarse de todos: mediodía agitado en las zonas oeste y norte. Cien personas saquearon un súper y después fueron a pedir alimentos a otro. De Eva Perón al 5500 pasaron al norte. Corridas y balacera en Empalme Graneros: la policía frenó la entrada a un comercio. Dicen que hubo punteros que arengaron a los vecinos. La senadora Rosana Latorre declaraba «se desbarranca el país», y sorprendió al trazar un sombrío diagnóstico de la crisis: «la convocatoria a la asamblea legislativa ha ganado fuerza». Si bien evitó hablar del retiro anticipado de De la Rúa, dijo que «el final puede ser imprevisible». Para el ministro provincial Lorenzo Domínguez, «la ciudad está en tensa calma». Mendoza también. Desde la provincia dicen que la seguridad está garantizada. Los súper abren sólo con custodia policial. Distintas formas de reclamar solución a las carencias básicas: tarde negra en un local de Donado y Mendoza. Los vecinos fueron por bolsones de comida y recibieron balas de goma, luego hubo piedrazos, corridas. Los cartoneros se estacionaron en la Intendencia para pedir alimentos. Desde el rectorado de la UNR se informaba que los universitarios cobrarían el 20 por ciento de su salario. Los profesores y el personal no docente seguirían con el paro. El rector estudiaba accionar judicialmente. Amplio rechazo a la dolarización de distintos políticos y economistas. El gobierno trataba de sentar a Duhalde en la mesa de diálogo y anunciaba que el titular del congreso nacional justicialista se reuniría con De la Rúa. La consulta del FRENAPO arrancó con éxito. La población respondía masivamente al plebiscito por un seguro de empleo y formación de 380 pesos. Se esperaba un aval del BCRA para aliviar las restricciones. Y como un «regalo” de navidad, anunciaban que «dejarán sacar del banco un poco más de efectivo, será excepcional, para afrontar los mayores gastos del período”. Cavallo desmintió que se congelen depósitos. Carrió, declaraba que llevaría al presidente a los tribunales. Se aceptaba una presentación efectuada por las dos CGT: un juez decidió que los trabajadores pueden retirar plata sin restricciones. El fallo alcanzaba a todos los empleados del país. Daer decía que si el gobierno no cumplía incurrirá en desacato. Economía echaba mano a los plazos fijos de las AFJP. El gobierno nacional evitó un default, salvando un vencimiento de 770 millones, pero debería afrontar nuevos compromisos, en las semanas siguientes.

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Los diputados se pronunciaban contra Cavallo. Rodríguez Giavarini viajaba a EEUU a buscar aval político y se reunía con el secretario de Estado, Colin Powell. Contactos por el canje de deuda. Congresistas de ese país pedían que no de más plata para la Argentina. Las viejas cuotas pactadas en pesos no cambian. Para los poseedores de tarjetas: todas las deudas se vuelven verdes. Más empresas en problemas: la medida de protesta fue desencadenada por el atraso salarial y el ajuste. Huelga de hambre de decanos acentuaba la crisis universitaria en San Luis, y once alumnos se sumaron a los tres funcionarios que protestan por la «anárquica y desesperante» situación. Se demoraron los vuelos de Aerolíneas y Austral en rechazo de quitas salariales. Asambleas de los técnicos afectaron las salidas desde Ezeiza y Aeroparque. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Una medida cautelar consagraba la intangibilidad del salario. Los docentes tomaron un banco.

El Intendente de Rosario, Hermes Binner, el sábado 15, se reunía con supermercadistas y funcionarios. Se anunciaba que habría una entrega masiva de comida a las familias carenciadas. Se reconocía que se trata de una «medicina» en un marco de emergencia. Los híper donarían 20 mil cajas de alimentos. La normalidad volvió a las calles bajo atenta vigilancia policial. Fue un día tranquilo y sin incidentes. Hubo un último asalto pasada la medianoche del viernes. La mayoría de los súper abrió, otros bajaron las persianas. Los dirigentes locales le reclaman ayuda a la Nación. Puerta, el virtual vicepresidente de la Nación, decía que Duhalde fue un visionario en la campaña y que «De la Rúa debía arriar banderas», y le pedía al presidente un cambio de 180 grados para resolver la crisis. Duhalde confirmaba haber conversado con Chacho Álvarez, el senador negó que el diálogo apunte al retorno del ex vicepresidente al partido justicialista. La UCR pretendía liderar la concertación, y luego de una agitada reunión, el partido del gobierno emitió un documento de apoyo al presidente. Terragno, por su parte, afirmaba: «hay ineptocracia».

Hasta ese día, más de 35 mil rosarinos ya le había dicho «sí» a la consulta popular. La incertidumbre pasaba por la convertibilidad y cuáles serían los escenarios posibles. Ninguna de las opciones era un picnic y todas requieren del ajuste político y fiscal. Para algunos la devaluación era un error. Un economista afirmaba que los empresarios más chicos sufren las medidas contradictorias del gobierno, relataba la odisea de las Pymes, cómo hacen las empresas para cumplir con las normas cuando el gobierno les exige y nos les da nada a cambio, y que el apetito por el dinero público conduce al abismo. Algunos legisladores instaban a aprobar el presupuesto que pedía el FMI. El vocero presidencial, Baylac, pidió un urgente tratamiento de ese proyecto y de la ley de coparticipación. La UCR anunciaba que no aceptará «los dictados del fondo a ciegas». Desde el ejecutivo proclamaban que «No iban a tocar el aguinaldo”, sería de 500 pesos la cuota extra que se podría retirar de los bancos.

El domingo 16 fue aprovechado en Rosario para que se reuniera el comité de emergencia. Funcionarios y empresarios preocupados. Binner buscaba unirse con Reutemann para exigir ayuda social. El gobierno nacional consideraba que la tensión en la ciudad «la deben resolver la provincia y el municipio”. Mientras llegaban refuerzos policiales de otras unidades regionales. El HCD garantizaba la creación de partidas especiales, ediles oficialistas y opositores se unieron ante la delicada crisis social. Se buscaba una veloz respuesta para la demanda de cajas alimentarias. El justicialismo autoconvocaría al Congreso a sesiones ordinarias. Podría haber un conflicto de poderes. La estrategia de la oposición contemplaba, entre otras medidas, eliminar los superpoderes del gobierno. El titular de la UCR se diferenció del gobierno de De la Rúa, pero sin rupturas. Rozas: «la gente tiene derecho a protestar», y puso en funciones al presidente del comité provincial, y en la ocasión se escuchó «que el país se encuentra a un paso del estallido social”. Carrió: «voy a hacer que Cavallo termine preso», y apuntó contra De la Rúa y Baylac, a quien sugirió que «habría que investigar». Desde el FRENAPO, aseguraban «ya hubo más de un millón de votantes”. Reunión en Olivos para ultimar detalles del presupuesto, De la Rúa: «ni hablo de dolarización forzosa». El presidente rechazó las versiones sobre un cambio obligado de pesos por dólares. Para Cavallo, es un tema «artificial», y se trabajaba a contrarreloj para definir la ley de leyes. El transporte de carga arrancó el paro con un alto acatamiento, y la medida era por tiempo indeterminado: fuerte adhesión en Santa Fe. Pedían rebajas en el precio del gasoil.

El fuerte proceso recesivo que soportaba el país provocó que las ventas se retrajeran por cuarto año consecutivo, era la baja más pronunciada en años. El consumo cayó 10% durante el año 2001. Evaluaban pedir al FMI más tiempo para pagar la deuda. Pese al despliegue de la policía hubo saqueos en Concordia y Mendoza. Cientos de personas de origen humilde asaltaron supermercados. Hubo dos heridos y cuatro detenidos. Paro nacional de los gremios ferroviarios.

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La crisis social crecía y crecía, y el lunes 17, en Rosario, el reclamo de comida provocó duros enfrentamientos en Génova y Travesía. Unas doscientas personas forzaron la entrega de cajas de alimentos. Fuego cruzado entre la policía y habitantes de una villa de emergencia. Más de 20 vecinos heridos y 3 efectivos apedreados. En la prensa local se anunciaba «El comité de crisis distribuirá sus bolsones a partir de mañana”. Peligraba la atención de unos 1.600 jubilados. Los geriátricos prestadores del PAMI estaban al borde del colapso. Los 44 centros de internación de la ciudad entraron en default. La obra social les debe tres millones de pesos. Apoyo al paro de los profesores y del personal no docente de la UNR. Los alumnos tomaban las facultades. Seguía demorado el envío de las partidas para el pago de los sueldos. Las farmacias no atendían a los jubilados afiliados al PAMI. Ya se hablaba de que los comercios del rubro entrarían en cesación de pagos y desabastecimiento. Servini de Cubría dejó en manos del ex presidente la conducción del PJ. Menem le ganó la pulseada judicial a Duhalde por la interna justicialista. El ex jefe del estado aseguró que De la Rúa no estaría «en funciones» si no fuese por la «herencia recibida». Masiva respuesta a la consulta del FRENAPO en todo el país, al finalizar el plebiscito contra la pobreza. En todo el territorio nacional habría algo más de 2.700.000 votos. En Santa Fe, tercer distrito, más de 200 mil.

El presupuesto fue al Congreso con un ajuste de 9 mil millones. Mantiene el recorte salarial pero no elimina el aguinaldo. Caen incentivo docente y planes de competitividad. Legisladores no estaban dispuestos a votar de apuro. El Banco Central dispuso una excepción a las restricciones y los empleados pueden retirar 500 pesos más de las cuentas sueldo. La producción fabril está peor que en la crisis del tequila. La industria cayó al nivel más bajo de toda la serie histórica. Los empresarios continuaban apoyando el uno a uno, así lo revelaba una encuesta privada. Sin embargo, los industriales preferían un régimen de flotación. En Mendoza y Concordia intentan frenar saqueos con ayuda alimentaria. Volvieron a asaltar supermercados en ambas ciudades. Crece la tensión ante la demanda de mercaderías. Acuerdo en Quilmes. Protestas de comerciantes y vecinos en Buenos Aires. Docentes puntanos tomarán exámenes a la madrugada. El sur santafesino se sigue movilizando contra la política del gobierno nacional. Cinco mil personas se levantaron en Firmat contra el rumbo económico. Comerciantes, industriales, obreros y desocupados estuvieron representados en la manifestación. Asamblea para hacer un paro regional. Marchas y huevazos en otras poblaciones. En San José de la Esquina, Arteaga, Bigand y Elortondo los vecinos presentaron petitorios a los bancos. Sigue tomado un frigorífico en Venado Tuerto.

Reutemann y Binner se reunieron con los ministros Mestre, Sartor y Dumon, el martes 18. La nación pagaría los planes trabajar y enviaría 19 mil cajas de alimentos. Los funcionarios del gabinete nacional prometieron que durante enero continuarán con los programas de empleo. Según De la Rúa, la situación social estaba «controlada». En Rosario, en el barrio Las Flores y la zona oeste, los vecinos recibieron insumos básicos. El comité de crisis repartió casi 3.500 cajas de alimentos en barrios humildes. Las cajas de comida se entregaron bajo una fuerte guardia de la Gendarmería y efectivos de Infantería. Se reclamó una amnistía para las personas detenidas en los incidentes del viernes. Los senadores peronistas votaban la autoprórroga de sesiones ordinarias, y el PJ aumentaba la presión en el congreso. Un diputado aclaraba que «la oposición no quiere quedar atada al temario impuesto por el gobierno para las extraordinarias”. La CGT no paraba esos días, aunque mantenía las críticas a las medidas. Los caciques dialoguistas pidieron a los legisladores del PJ el cumplimiento de la intangibilidad de sueldos. El ex presidente Menem insistía en la peligrosidad de devaluar y proponía un seguro para desempleados.

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«En la consulta popular hubo un urnazo», proclamaba el FRENAPO. Desde Córdoba, De la Sota, declaraba «la gente se hartó del gobierno». Duhalde apelaba la resolución de la justicia por el control del PJ. El FMI estimó que el PBI se contraería el 1,1% en el 2002, y no creía que la Argentina pudiera sostener su plan económico y que la mezcla de déficit fiscal, deuda y régimen cambiario «no es sustentable». Economía zafaba otra vez del default. Fuerte reclamo para incluir fondos sociales en la ley de leyes. La UCR y el PJ condicionaban su apoyo al presupuesto 2002. Menem reclamaba que se vote rápido, pero con un subsidio de desempleo. El impasse con el FMI compromete el auxilio internacional. Acusan a Cavallo de instigar a los banqueros a cometer delitos. Feroz disputa entre el gobierno y jueces por el cepo a depósitos. Fallos que habilitan al retiro de efectivo por encima de lo estipulado fueron rechazados por economía. Tarjetas: se dispararon las tasas de interés en dólares. Economista de la UIA pide una devaluación. Aumentaba la tensión social en varias ciudades pero no hubo choques con la policía. Varios grupos de trabajadores desocupados reclamaron la entrega de alimentos y el pago de planes trabajar. En Córdoba, también entregaban bolsones para contener las protestas. La crisis apretaba a la municipalidad mediterránea y disponían la emergencia económica y administrativa. Comerciantes de Quilmes cerraron sus negocios. La policía vigiló la presencia de grupos de personas.

3.1.- Que se vayan todos, represión para todos

El miércoles 19 fue una jornada de lucha y la maldita costumbre de matar se paseó en un ritual de asesinatos, que se fue repitiendo por las calles y plazas. En la ciudad de Casilda, los vecinos decidían que «si no hay respuestas, el próximo paso es la rebelión fiscal». Más de mil personas participaron de una manifestación convocada por obreros de la metalúrgica Gherardi. Anunciaron un paro regional para el jueves próximo.

Desbordado por la crisis, las protestas y la represión, De la Rúa decretó el estado de sitio por 30 días. Lo decidió con la situación social ya fuera de control. El presidente se dirigió públicamente al país en un mensaje televisivo. En su discurso convocó infructuosamente a las fuerzas opositoras a colaborar en el sostenimiento de la gestión de gobierno. Casi simultáneamente en todo el país, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, muchísimas personas salieron de sus casas y confluyeron en una masiva protesta popular expresada en el golpe de las cacerolas, ocuparon la calle y espontáneamente se dirigieron en grandes columnas hacia a la Plaza de Mayo.

Todos los ministros le presentaron la dimisión al presidente. La rebelión contra el estado de sitio apuró la caída de Cavallo. Tras una frenética jornada colmada de saqueos y violencia el Jefe de Hacienda presentó la renuncia y partió tras nueve meses de desaciertos.

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Durante todo ese día, Rosario se había movilizado para repudiar al gobierno y se vivió un día de inusitada violencia. En la prensa escrita de la ciudad se podía leer «117 detenidos, cuatro muertos y casi 200 heridos en una jornada de saqueos y represión. A lo largo del día, se multiplicaron los enfrentamientos en distintas zonas de la ciudad. La lluvia de piedras y las balas policiales tiñeron la tarde de negro. Villa Banana embistió contra los súper. Grupos de vecinos se llevaron alimentos de dos comercios. En estos episodios se produjo una de las muertes. Monseñor Miras: «de esta catástrofe se sale con fuentes de trabajo». Máxima tensión y una intensa pedrada en Lamadrid y Grandoli. Fuertes enfrentamientos y múltiples saqueos en la zona sur de la ciudad. Desocupados ingresaron a comercios y se llevaron lo que pudieron. Corridas y disparos en las calles piquetes, piedras y balas. En torno a la circunvalación hubo varios intentos de saqueos a camiones con comida. Del estallido no se salvaron ni los utilitarios que pertenecían al local en Gutenberg y Pasco. El desborde no dejó nada en pie. El temor a los saqueos se trasladó desde los barrios a la peatonal. La psicosis paralizó el comercio en el microcentro. De un comerciante a los manifestantes «¿Por qué no van a saquear al Congreso»?. Villa Gobernador Gálvez sacudida por saqueos a varios supermercados. Una mujer murió y decenas de personas resultaron heridas”.

Mientras, la policía provincial, bajo su mando, asesinaba y reprimía a los que reclamaban comida. El titular de gobierno provincial, Carlos Reuteman, dijo que era un momento terriblemente difícil. El ministro Domínguez pidió paz y no descartó nuevos episodios de violencia. La tensión social repercutió en Binner y en el Concejo. Algunos comerciantes se enfrentaron a los manifestantes, la autodefensa elegida como estrategia. La CTA convocó a un paro nacional. El senado votó la prórroga de las sesiones ordinarias. Diputados votó para liberar las cuentas de empleados y pasivos, también dio media sanción a un proyecto para eliminar los superpoderes que tenía Cavallo.

Hasta ese momento, eran varios los muertos en distintos puntos de la Argentina. Era máxima la tensión en el país de la furia. Los saqueos y choques con la policía y comerciantes provocaron centenares de heridos y detenidos. La bronca hizo sentir su peso en las provincias. El clima caótico se multiplicó de la mano de numerosas manifestaciones populares frente a los supermercados. El justicialismo machacó sobre la debilidad del jefe del estado. Menem exigió al gobierno superar el estado de anarquía. El Consejo Nacional Justicialista pareció dar el aval al estado de sitio decretado por el poder ejecutivo. Reacciones dispar de los políticos tras los disturbios.

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Trágicos hechos de violencia en las calles de la ciudad de Santa Fe. Mataron a un joven y hay varios heridos. Dos periodistas fueron internados tras los saqueos a supermercados y hubo numerosas detenciones. Héctor Cavallero declaraba «el ciclo de De la Rúa y Cavallo está terminado». Con matices, Lamberto, Giustiniani y Natale aportaron su visión de la crisis. Accidentada reunión multisectorial de diálogo político. Un grupo de manifestantes insultó a De la Rúa y apedreó su auto. El incidente tuvo lugar cuando el presidente se retiraba de la sede de Caritas, a 200 metros de la casa rosada. Siete millones de pesos contra el hambre: el gobierno distribuirá ese importe en alimentos en los puntos más críticos del país y destrabará planes trabajar.

Dos años de ajustes sin ninguna red de contención. El peronismo tenía una prohibición: compartir la función de gobierno. Cavallo le dijo a un senador que quería seguir siendo ministro, pero con un presidente del PJ. Los editoriales afirmaban: «La clase política frente al desafío de ponerse los pantalones largos” y, para muchos, la única solución era la renuncia del presidente. El mundo hizo foco en los disturbios. El gobierno buscaba impedir el drenaje de fondos del sistema financiero. El Banco Central pondría límites a la apertura de nuevas cuentas. La autoridad monetaria solicitó a los bancos un informe para poder identificar la repetición de titulares. Los bancos ampliarán el horario de atención. Pedían apoyo internacional para que venga un auxilio financiero. El tesoro de EEUU solicitaba al FMI que ayude. Los saqueos movilizaron a Paul O’neill, pero fuentes del Departamento de Estado avalan la renuncia de Cavallo. El mercado salió inmune de la ola de saqueos que sacudía al país. Se declaró en cesación de pagos la siderúrgica Acindar. La empresa de Villa Constitución comunicó a la bolsa que no podrá afrontar vencimientos de capital e intereses. Una jueza laboral ordenó el arresto de un banquero que no liberó depósitos. Postergaron las cifras del déficit. El Banco Mundial confirmó que los créditos fueron al freezer. Una calificadora pronosticó un default para el mes de enero.

El estallido continúo el 20. La mayoría de los comercios optaron por permanecer cerrados. Saqueos, pedradas y tiroteos volvieron a adueñarse de la zona sur. La tensión ganó las calles nuevamente y hubo violentos choques entre policías y manifestantes. En Rosario, balearon a un periodista de La Capital: Claudio Berón fue alcanzado por una bala en la espalda mientras cubría un piquete en reclamo de alimentos. Duelo en la ciudad por las víctimas de los incidentes del miércoles 19. El asesinato de Pocho Lepratti marcaba el nacimiento de un mártir en Ludueña. Una multitud de jóvenes, mujeres y niños desconsolados se convocó en el barrio para despedir sus restos. Cuatro historias y un mismo final trágico: Juan Alberto Delgado, Graciela Acosta, Yanina García y Rubén Pereyra: todos fallecieron baleados. Una marcha reunió a gente sin banderas políticas y a militantes. Cinco mil rosarinos expresaron su bronca contra los políticos. Muchos se enteraron en el Monumento a la Bandera sobre la renuncia del presidente Fernando De la Rúa.

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Reuteman, además de desatar una represión brutal, anunciaban que «ya se repartieron 42 mil unidades de ayuda alimentaria. La entrega de cajas con alimentos a carenciados se duplicó en sólo tres días”. El problema era cómo se organizaba la distribución, y debían poner custodia policial para evitar desbordes. En Rosario, la actividad comercial quedó resentida por los vaivenes del clima social. El centro se despobló hacia las 14. En el noroeste hubo persianas bajas y el sur no tuvo movimiento. Ocho civiles y cuatro policías fueron heridos en los disturbios.

A la una de la madrugada del jueves 20 de diciembre, al mismo tiempo en que se difundía por televisión la renuncia de Domingo Cavallo, la Policía Federal destacada en la Plaza de Mayo comenzó a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes que se habían congregado allí, pacífica y ruidosamente. No fueron respetados ancianos, mujeres o chicos.

La reacción policial fue brutal. Frente a ello, muchos manifestantes volvieron a sus casas o se alejaron considerablemente de la zona de la Plaza de Mayo y de la Plaza de los Dos Congresos. Sin embargo, grupos numerosos, más activos, permanecieron en el lugar y resistieron la intervención policial. A partir de entonces se produjeron incendios, pedradas en distintos lugares de la zona céntrica. Todos los participantes de la virtual pueblada permanecían en la periferia y parte de ellos continuaban avanzando sobre la Plaza de Mayo. La situación se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Con el correr de las horas, entrada ya la mañana y a plena luz, muchos manifestantes volvieron a congregarse en la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional. Hacia las dos de la tarde, grupos heterogéneos convergían sobre la plaza: partidos de izquierda y la Corriente Clasista Combativa (CCC) de La Matanza, marchaban hacia allí junto a oficinistas, con sus trajes y maletines. Media hora más tarde y aunque la situación era tranquila, la Policía Federal intervino nuevamente. Primero se escucharon sirenas. Luego llegaron carros de asalto y se armó la primera fila de la Guardia de Infantería con cuya intervención comenzó la represión. Se trató de una reacción de violencia extrema frente a un conjunto de personas que, al tiempo de la intervención policial, manifestaban pacíficamente. Frente a ello, algunos grupos reaccionaron arrojando piedras, palos y adoquines contra los agentes policiales y contra algunos edificios públicos o bancos. Los tachos de basura y los bancos de la plaza fueron incendiados y con ellos se montaron barricadas. Todos corrían, hacia un lado y otro. Una hora más tarde, la policía había logrado montar su centro de operaciones en Rivadavia y Entre Ríos. Los manifestantes habían quedado repartidos en varias esquinas. Mientras la policía reprimía a los manifestantes frente al Congreso Nacional, a sólo dos cuadras de allí eran devastados varios comercios. Estos enfrentamientos urbanos se sucedieron hasta la noche.

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría se hizo presente en la Plaza de Mayo durante el momento más álgido de la represión y ordenó a los jefes policiales a cargo, el cese inmediato de la represión. Su orden, sin embargo, no fue acatada. Los jefes policiales respondieron que el Ministro del Interior había dispuesto desalojar la totalidad de la Plaza de Mayo. En este contexto fueron heridos de bala y perdieron la vida al menos cinco personas: Diego Lamagna (26), Alberto Márquez (57), Marcelo Gastón Riva (30), Carlos Almirón (24), Gustavo Benedetto (23). Al menos cinco personas más recibieron heridas de bala de plomo. Otros muchos, incontables, sufrieron golpes, empellones de caballo y padecieron el efecto de los gases.

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Dos días donde todo fue tierra de nadie. Otra jornada cargada de incertidumbre y violencia en las calles. Las fuerzas de la federal y las policías provinciales estaban y actuaban como cebadas por la muerte. El episcopado exhortó a cuidar la democracia y la ética política. Los peronistas y sus internas debían enfrentar varias amenazas. La TV fue el espejo de una realidad atravesada por la tragedia. Algunos argentinos vieron pasar su propia historia por las pantallas de televisión, mientras otros protestaban y luchaban por las calles y avenidas. Los saqueos, la represión y el helicóptero llevando al presidente, imágenes de un «flashback» indeseado. Dibujos animados durante todo el día y desaparecieron de canal 7 las imágenes de la conmoción social. En el momento de la renuncia del presidente la televisora estatal pasaba dibujos animados. Se adujo un paro de trabajadores en la emisora.

Tras 740 días de mandato, el presidente abandonó el poder envuelto en fuertes críticas. Los diarios con títulos de catástrofe decían «Cayó De la Rúa, vuelve el PJ”. El incontenible estallido social precipitó la renuncia. Negativa peronista a compartir el gobierno. La asamblea legislativa aceptaría la renuncia. El Congreso Nacional sería el centro de todas las miradas. Diputados y senadores se reunirían para designar al sucesor del renunciante jefe del estado. Los gobernadores analizaron en San Luis la sucesión presidencial. El debate era si se completaba el mandato o llamaban a elecciones. Los mandatarios del PJ buscaban encontrar puntos comunes para enfrentar la crisis nacional. Mathov y Santos estuvieron en tribunales hasta la madrugada. De la Rúa y Mestre fueron acusados por homicidio y desobediencia judicial. La magistrada Servini de Cubría los responsabilizaba por la feroz represión que ella misma ordenó parar. La CGT oficial y la CTA ratificaron las medidas de fuerza y paro, aunque con ómnibus en las calles. Moyano definía el levantamiento de la huelga que comenzó a la medianoche. UTA no adhería. El camionero sintió pena por la partida de De la Rúa. Se ponía en marcha por vez primera la ley de acefalía. La norma, que regía desde 1975, fue sancionada durante el mandato de la entonces presidente Isabel Perón.

Tras una década, la convertibilidad ingresaba en la cuenta regresiva. El BCRA dispuso feriado cambiario, los bancos pagarían jubilaciones y se podría extraer dinero de las cuentas de salarios, con límites. Devaluación, la alternativa que pisaba más fuerte. El Congreso eliminó las medidas más cuestionadas de Cavallo. Derogaron los superpoderes y se liberaron los depósitos salariales. El senado votó por unanimidad un proyecto que había sido aprobado en diputados. Washington no dio señales de que saldría al rescate. Estados Unidos vía difícil que se pudiera afrontar el pago de la deuda. El FMI dijo estar listo para asistir al nuevo equipo económico en la búsqueda de un programa sostenible. Los analistas de Wall Street se mostraban pesimistas con la Argentina. El país estaba al borde de su mayor cesación de pagos.

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4.- Danza de presidentes y lucha por el poder

Renuncia de De la Rúa, ley de acefalia, asunción de uno, renuncia, asunción de otro, nueva renuncia, otro presidente, otra renuncia, disputas y otro presidente.

El país empezó a ver la danza de presidentes cuando los diarios anunciaban que «El presidente del Senado, Federico Ramón Puerta asumió la presidencia. El misionero fijó como su primer objetivo ayudar a las provincias para aplacar los ánimos. Rodríguez Saá será designado como el sucesor de De la Rúa. A las urnas el 3 de marzo. El presidente que completará el mandato hasta el 2003 se elegirá a través de la polémica ley de lemas. El PJ gambeteó los riesgos de su feroz interna. La justicia le prohibió salir del país a De la Rúa, que fue denunciado por homicidios reiterados. «Yo no estaba al frente de eso», se excusó el ex presidente sobre la represión en el centro porteño. El jefe de la Federal pidió disculpas. Buenos Aires sigue en estado de sitio. El gobierno provisorio decidió restablecer la medida por expreso pedido del gobernador Ruckauf. Muchas personas se armaron para repeler supuestos ataques. Se aplaca la ola de saqueos en el país. Persiste una fuerte psicosis por el temor que generó la explosión de violencia en las principales ciudades. Empresarios piden créditos de tasa cero. De la Sota, Ruckauf y Kirchner pidieron que Reutemann sea candidato. El mandatario santafesino se mostró satisfecho por la rapidez con la que el PJ definió la salida institucional (pero no se acordó de los asesinados por la represión en su provincia). El justicialismo se adueñó del vertiginoso día después. Los diarios del mundo creían que la crisis agitaba el fantasma del golpe. The Washington Post consideró en una editorial que «los militares pueden verse tentados de regresar».

La designación como presidente de Rodríguez Saá fue una decisión consensuada entre cinco gobernadores: el bonaerense Carlos Ruckauf, el cordobés José Manuel de la Sota, el santafesino Carlos Alberto Reutemann, el santacruceño Néstor Kirchner y el pampeano Rubén Marín, así como, en menor medida, Duhalde, senador por Buenos Aires. Menem fue marginado del conciliábulo. La presidencia del puntano duró sólo siete días. Intrigas y conspiraciones en las filas del justicialismo, hicieron que desde San Luis anunciara su dimisión «indeclinable», de la que responsabilizó a las «actitudes de mezquindad y retaceo» exhibidas por los dirigentes provinciales, arremetiendo particularmente contra de la Sota por «priorizar la interna partidaria a los intereses de la patria».

Ante las renuncias de Adolfo Rodríguez Saá y la del presidente del Senado, Ramón Puerta, asumió el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, como presidente interino hasta tanto la Asamblea Legislativa designara un nuevo mandatario.

El vasto poderío del PJ bonaerense coronó en la Asamblea Legislativa, luego de una «refinada” operación política que depositó en la Presidencia, a su jefe máximo: Eduardo Duhalde. Homogéneo como pocos, en la movida tuvieron decisiva participación los máximos operadores duhaldistas en el Parlamento: Eduardo Camaño, José María Díaz Bancalari y José Pampuro, tres históricos, aunque el iniciador fue el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, en la propia residencia de Chapadmalal, apenas comprobó que Adolfo Rodríguez Saá ya era historia.

Hubo un solitario intento de romper esa homogeneidad a cargo del cordobés José Manuel de la Sota, uno de los derrotados de esos días. Fue cuando, junto con Néstor Kirchner, ofrecieron a Carlos Reutemann erigirlo como candidato presidencial para enfrentarlo a Duhalde en el recinto. Una fuente inobjetable dijo al diario La Capital que el gobernador santafesino rechazó la oferta por considerarla «aventurera», especialmente porque la invitación le llegó media hora antes de que comenzara la Asamblea. Eduardo Duhalde entró en pánico, fue personalmente al Congreso y recorrió las oficinas en busca del apoyo necesario para llegar a la presidencia.

Reutemann participaba de esas maniobras, reuniones y disputas palaciegas, despreocupado de lo acontecido en su provincia, con siete asesinatos, cientos de heridos, y muchos más brutalmente reprimidos.

Los bonaerenses, no bien advirtieron que la definición se daría de nuevo en la Asamblea, pensaron en alcanzar un acuerdo con la UCR y parte del Frepaso, lo cual de inmediato generó el resentimiento de por lo menos nueve gobernadores del PJ. Pero sabían que no tenían posibilidades. Precisamente, la tarea de Ruckauf fue acompañar en sus horas finales a Rodríguez Saá, quien, no se sabe si con ayuda o sin ella, antes de caer le dio un golpe tal vez definitivo a De la Sota, al acusarlo directamente de su renuncia. Entre los peronistas renació el clima de la campaña electoral de 1999, que separó a los bonaerenses de santafesinos y cordobeses. La senadora por Santa Fe Roxana Latorre no quiso opinar sobre esas teorías conspirativas, pero su cinismo la llevó a decir «que después de lo visto en esta última semana, Reutemann es la reserva que le queda al PJ».

La danza de los presidentes, de los postulantes, las renuncias, los que negociaban en nombre de otros, los apetitos de poder, las conspiraciones, las intrigas, los aprietes, todo hecho sobre los cuerpos de los asesinados, demostraron en esos días porque en las calles el pueblo gritaba «QUE SE VAYAN TODOS”.

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5.- Maldita esa maldita costumbre de matar

Como hemos visto, en este recorriendo actuaron desde autoridades nacionales, provinciales, políticos, hasta empresarios, banqueros, gremialistas, economistas, fuerzas de la represión, desocupados, ocupados, y jubilados. A todos ellos los vimos en acción en esas jornadas de crisis. Y lo que pretendemos es realzar lo acontecido.

De esos días de diciembre del 2001, lo primero a destacar es la voluntad del pueblo de salir a las calles, las plazas, en defensa de sus reclamos, y enfrentar la represión. Dio nacimiento a numerosas manifestaciones de democracia directa, en las asambleas barriales.

Se continuó con las luchas con las que se enfrentó las políticas antipopulares del menemismo, y dejaron las bases para futuros conflictos, como las que se fueron dando hasta estos días. Un puente unió nuevas formas de lucha, donde la participación de cientos de miles de jóvenes fue lo destacable.

Se disputó el espacio público. Se fue desde los cortes de ruta de los 90 a las manifestaciones y asambleas del 2001. Los trabajadores dieron forma a las fábricas recuperadas. Tomas y producción bajo control obrero.

Lo segundo a subrayar fue la represión desatada por el gobierno nacional y las gobernaciones que fue brutal y salvaje. Con furia, sin piedad, se descargó contra niños, jóvenes, ancianos: gases, bastonazos, balas de goma, balas de plomo.

La bronca, la desesperación y la desocupación dio fuerza a mujeres y hombres para protestar y luchar cuerpo a cuerpo con los represores, y no hubo retroceso.

Lo tercero a enfatizar es que Ellos, los políticos, los grandes empresarios, los banqueros, se acomodaron, y salieron adelante. Los pasillos se llenaron de intrigas, pases de facturas. Pero negociaron para seguir explotando y reprimiendo. No se fue ninguno: ni los que llevaron al país a esa catástrofe, ni los que dieron las órdenes de matar, ni los que conspiraron, ni los que trenzaron. Todos en busca de más poder, sin importarles los asesinados, los heridos, y las tragedias de cientos de familias.

Y fueron muchos los heridos, los presos, los asesinados. En ellos nos debemos referenciar paraseguir la lucha. Nuestro homenajealosque cayeron en esas jornadas, pero siguen con nosotros en cada huelga, protesta y manifestación: Marcelo A. Pacini (15), Claudio Lepratti (35), Graciela Acosta (35), Juan Alberto Delgado (24), Rubén Pereyra (20), Walter Campos (17), Yanina García (18), Ricardo Villalba (16), Graciela Machado (35), Diego Ávila (24), Julio H. Flores (15), Damián Ramírez (14), Ariel M. Salas (30), Pablo Marcelo Guías (23), Víctor Ariel Enrique (21), Roberto A. Gramajo (19), Eduardo Legembre (20), Mariela Rosales (28), Diego Lamagna (26), Alberto Márquez (57), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23), Gustavo Benedetto (23), Rubén Aredes (30), Daniel Mataza (23), Cristian Gómez (25), Maximiliano Tasca (25), Sergio Pedernera (16), Jorge Cárdenas (52), José Vega (19), Carlos Manuel Spinelli (25), David Ernesto Moreno (13), Ramón Alberto Arapi (22), Romina Iturain (15), Eloísa Paniagua (13), José Daniel Rodríguez (25), Elvira Avaca (46), Luis Alberto Fernández (27).

Y también debemos recordar a los responsables de esos asesinatos, en la provincia de Santa Fe: al gobernador Carlos Reuteman, su ministro Lorenzo Domínguez, y el subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Álvarez; al presidente De la Rua, al secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y los gobernadores Ruckauf, De la Sota, entre otros.

Leónidas F. Ceruti, historiador

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CITAS

1.-Para este ítem se utilizaron los siguientes textos:

 Engels F. «Anti Duhring». Editorial Grijalbo S.A. México D.F. 1981.

 Marx, Carlos, Correspondencia, Editorial Grijalbo S.A. México D.F.- México 1981.

 Ellacura Ignacio S. J.: «Trabajo no-violento por la paz y violencia liberadora».
Revista Reflexión y Liberación, año 1, vol. 4, dic-febrero 1990. Stgo. Chile.

 Luis Armando González, Carmen Elena Villacorta, «Aproximación teórica a la violencia”.

2.-Para este ítem utilizamos los artículos de los diarios La Capital, Clarín y Pagina 12, de diciembre de 2001.


Leer:

 Esa maldita costumbre de matar (I)

 Esa maldita costumbre de matar (II)



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