Los juicios a los genocidas
Aún en medio del terror y del exterminio, el reclamo de juicio y castigo a los culpables era bandera. Lo sigue siendo todavía hoy. Desde que en 2003 se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el pueblo argentino está llevando al banquillo de los acusados a los genocidas. La justicia, esa que tantos años les supo cuidar las espaldas a los criminales, se preocupó porque los procesos lleven a unos pocos represores como imputados y por unas pocas víctimas, desdibujando así la magnitud del genocidio que se llevó a cabo en Argentina. Por Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.
Con el retorno constitucional en diciembre de 1983, el pueblo exigió justicia y el gobierno de Raúl Alfonsín sentó en 1985 en el banquillo a los integrantes de las tres primeras juntas militares. En ese momento, la base de las acusaciones fue el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), elaborado con los testimonios de las víctimas y de sus familiares. Todos los sectores interesados en juzgar y condenar a todos los represores por todas sus víctimas encontraron un escollo casi paralizante que el mismo gobierno radical arrojó sobre el camino para contentar a los represores que pedían a gritos impunidad. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante la gestión de Alfonsín, truncaron esas exigencias. Se legalizó la impunidad y se impidió que gran parte de los culpables fuera a juicio. Durante, el gobierno de Carlos Menem el muro de impunidad terminó de solidificarse, gracias a los indultos del presidente justicialista. No sólo los integrantes de las Juntas Militares fueron liberados sino también otros genocidas con sentencia firme o procesados.
Durante esos años, la única posibilidad de poner a los represores tras las rejas pasaba por probar su participación en el robo de bienes y por ser ejecutores del siniestro plan de apropiación de los hijos de los detenidos-desaparecidos, delitos que habían quedado excluidos en las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La imposibilidad de encontrar justicia en la Argentina hizo que el reclamo cruzara el océano. Se abrieron procesos y se juzgó en España y en otros países europeos. A fines de la década de 1990, los Juicios por la Verdad abrieron un nuevo panorama.
Pero después de 20 años de luchas se consiguió recién en 2003 que el Congreso anulara las leyes de impunidad y que recomenzaran las investigaciones judiciales para enjuiciar a quienes secuestraron, torturaron, desaparecieron y asesinaron durante la dictadura (1976-1983). A pesar de que el pueblo alcanzó logros fundamentales, el Poder Judicial sigue poniendo trabas. La mayoría de los jueces se niega a procesar a los represores como partícipes del terrorismo de Estado y del genocidio, imputándoles únicamente delitos puntuales y negándose a responsabilizarlos de todas y cada una de las atrocidades que se cometieron mientras revistaban en los campos de concentración. Aún teniendo a la vista las listas de quienes integraban el personal de cada centro de exterminio y las de los detenidos-desaparecidos que pasaron por ellos, los jueces exigen que sean las víctimas quienes prueben cuándo, cómo y a quién secuestró, torturó, violó y asesinó cada uno de los represores.
Los fiscales no cumplen su rol de investigar, sistematizar la prueba y acusar a todos. Sólo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes, a pesar de las vendas en sus ojos. Ni una palabra dicen los fiscales de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y atormentaban. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación. En Argentina funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención. Pero, hasta julio de 2011, sólo fueron condenados 187 represores. Ni siquiera un genocida por cada campo de concentración.
Para ocultar estas irregularidades, muchos juicios terminan siendo restrictivos con respecto a la publicidad que se les puede dar. Hay tribunales, como el que tiene a su cargo el juzgamiento de la causa Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que impiden que sean televisadas las audiencias, aunque los testimoniantes presten su autorización. Volver a los juicios un secreto palaciego es una de las estrategias de algunos sectores judiciales para atentar contra la percepción de que en este país se cometió un genocidio. ¿Cómo el pueblo que fue el que sufrió el exterminio y sus consecuencias puede quedarse sin saber lo que pasa en el recinto donde se juzgan justamente los crímenes de los que fue víctima?
Genocidas no son sólo los integrantes de las fuerzas represivas que manejaban los Falcon y secuestraban picana en mano, sino también los funcionarios nacionales de la dictadura, obispos y capellanes que colaboraron con el plan de exterminio, directivos de empresas que entregaron a los trabajadores y sus cuerpos de delegados, entre otros. Esto es lo que nos permite decir que el 90 por ciento de los genocidas sigue gozando de a impunidad que los gobiernos constitucionales les granjearon. Y al paso en que la justicia determinó que avancen las causas, podrán seguir haciéndolo por muchos años más.
Muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas con lo que cientos de causas están literalmente paralizadas, sin ningún imputado después de años de instrucción. Esta situación es particularmente grave en las provincias. A pesar de que esta realidad es reconocida por la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad, nada hace el Gobierno ni sus legisladores para modificar esta situación. Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el gobierno de Cristina Fernández no tiene, como tampoco la tenía el de su marido, Néstor Kirchner.
Este artículo forma parte del número especial «Julio López” de la revista Tantas Voces… Tantas Vidas de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, editada en septiembre de 2011.