Unión Diaguita afirma que «es sistemática la protección a los terratenientes»
En un documento elevado por los Caciques diaguitas al Presidente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a principios de este mes, analizaron las distintas problemáticas por las que atraviesan las comunidades. Denuncian el incumplimiento de sus derechos y la persecución constante. Por ContraPunto.
Los Caciques de las Comunidades en Tucumán sostuvieron que la criminalización de los reclamos y la persecución de sus comuneros en particular en el Valle de Trancas es intensa.
Dicen que «años atrás resultaba práctica común la opresión de los terratenientes de la mano de la policía y los jueces de paz quemando nuestros cercos, arrebatando nuestros pocos animales y nuestras escasas producciones de fruta, maíz, quesos y todo lo que sustentaba diariamente a nuestras familias”.
Consideran que el Estado nacional ha tomado nota de la práctica y ha empezado a reconocer y a garantizar algunos derechos a través de Tratados Internacionales y reconocimiento expreso de normas constitucionales, «pero vemos que esta declamación de justicia en la realidad no existe”.
Continuidades
«Vemos que el genocidio iniciado hace 5 siglos tiene continuidad con plena vigencia en nuestros días y se materializa en el asesinato del hermano Javier Chocobar a manos de ex represores de la dictadura militar y de los violentos desalojos desatados en contra de nuestras comunidades y las amenazas de muerte a nuestros dirigentes y comuneros, generando daños irreparables tanto físicos, como económicos y psicológicos en nuestra población”.
Con los autores materiales del homicidio de Javier Chocobar libres, la UNPD afirma que «para los autores ideológicos y materiales de estas violaciones que tienen nombre y apellido no se conocen castigos y nuestros reclamos ante la justicia basados en el derecho que nos ampara no tienen eco favorable en la mayoría de los casos”.
Analizan que el Poder Ejecutivo de la Provincia no ha diseñado ninguna política que permita el pleno ejercicio y la garantía de respeto hacia sus derechos.
Una de las leyes centrales que no se tienen en cuenta en la justicia es la Ley 26.160, que suspende los desalojos en territorios de las comunidades, pero no es acatada por parte de los jueces tucumanos. Los desalojos se multiplican, como los ejemplos recientes de Quilmes, Tolombon, Casas Viejas, Lule, El Mollar, Solco Yampa, La Angostura, Tafí del Valle, Chuschagasta, Indio Colalao y Anfama.
Como conclusión afirman que «el Estado como garante de la seguridad y bienestar de sus ciudadanos no está aplicando eficazmente a través de sus instituciones los instrumentos que garantizan nuestros derechos colectivos y en muchos casos son esas instituciones las que los violan en forma natural, puesto que aun cumplen el mandato fundacional de una república para las elites, olvidando que esta visión de república no solo es retardataria y anacrónica sino que está siendo combatida por los luchadores que a nivel nacional demostraron que otra sociedad es posible”.
ContraPunto – Prensa Alternativa
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Para leer el documento completo:
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