La violencia de género como arma de tortura
Por primera vez dos genocidas de la última dictadura en Argentina -Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez-, fueron procesados por un juez como «partícipes necesarios” por la violencia de género, consumada contra todas las mujeres detenidas en un centro clandestino de detención que funcionó en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán. Además están imputados por el sistemático abuso sexual sufrido por una ex detenida-desaparecida, que en ese momento tenía 19 años y fue alojada en ese lugar. Esta es la primera vez que el Estado pone en evidencia el abuso sexual como método de tortura, pero no es la primera vez que fue denunciada. Silvia Suppo, quien fue brutalmente asesinada 29 de marzo de 2010, fue una de las primeras que realizó una denuncia en este sentido. Por Zula – Indymedia Géneros.
Por primera vez dos genocidas, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, de la última dictadura en la Argentina, fueron procesados por un juez como «partícipes necesarios” por la violencia de género, consumada contra todas las mujeres detenidas en un centro clandestino de detención que funcionó en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán. Además están imputados por el sistemático abuso sexual sufrido por una ex detenida-desaparecida, quien en ese momento tenía 19 años y fue alojada en ese lugar.
El fallo fue dictado por el juez federal N°1 de Tucumán, Daniel Bejas. Este fallo visibiliza la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres detenidas-desaparecidas en la última dictadura, dejando en evidencia como el abuso es y fue utilizado como una forma sistemática de tortura.
Para Bejas «las mujeres alojadas en el Penal de Villa Urquiza durante la vigencia del terrorismo de Estado habrían sido víctimas de actos que califican como las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer (art. 1 y 2 de la Convención de Belén do Pará), correspondiendo al Ministerio Público Fiscal ahondar su investigación a fin de visibilizar tales hechos en forma particular y específica”.
Esta es la primera vez que el Estado pone en evidencia el abuso sexual como método de tortura, pero no es la primera vez que fue denunciado. Silvia Suppo -quien fue brutalmente asesinada el 29 de marzo de 2010 en un supuesto intento de robo, aunque organismos de derechos humanos creen que su asesinato tiene móviles políticos- fue una de las primeras que realizó una denuncia en este sentido.
Silvia fue testigo clave en la causa Brusa e impulsó un nuevo juicio que implica a policías como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, quien fuera su novio. Ella tenía 17 años cuando fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 y se la llevaron de su lugar de trabajo. El grupo de tareas que la secuestró antes había pasado por la casa de la familia de donde secuestraron a su hermano. Ambos fueron trasladados a Santa Fe en un auto en cuyo baúl también había otro compañero, Jorge Destéfani. Silvia fue trasladada a la seccional 4ta de Policía en Santa Fe. De allí la llevaron al Centro Clandestino de Detención «La Casita”, donde estuvieron secuestrados los tres. Allí, Silvia fue violada reiteradas veces. Eso permitió que ella denunciara el abuso sexual como metodología de tortura hacia las mujeres detenidas durante la dictadura.
A principios de los años 90, en la guerra de Bosnia, entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron sometidas sexualmente como parte de una estrategia de limpieza étnica. En 1993 el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia reconoció la violencia sexual como crímenes contra la humanidad. En 1998, el Estatuto de Roma determinó que la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y la esterilización forzada eran crímenes contra la humanidad.
En el año 2006, luego de los reclamos sociales producidos en San Salvador Atenco en México, de las 47 mujeres que fueron detenidas por las fuerzas de seguridad 30 denunciaron haber sido abusadas sexualmente. En la guerra interna entre el Gobierno y la guerrilla que asoló a Guatemala más de 100.000 mujeres fueron víctimas de violaciones masivas entre 1960 y 1996, en su mayoría indígenas de origen maya. Los crímenes cometidos por el Ejército durante el conflicto están siendo investigados desde 1999 por la Audiencia Nacional Española, que tiene abierto el caso como genocidio, pero las más de 100.000 mujeres que fueron violadas piden justicia. Hasta ahora estos hechos habían sido considerados «daños colaterales”.
Francoise Duroch experta en violencia de Médicos sin Fronteras explica: «La violación puede utilizarse como arma, lo que significa que se comete siguiendo un razonamiento marcial y que se utiliza para fines políticos. Puede utilizarse para recompensar a remunerar a los soldados, para motivar a las tropas. También puede ser un medio de tortura, a veces para humillar a los hombres de ciertas comunidades. La violación sistemática puede obligar a una población a desplazarse. Se puede utilizar como arma biológica para transmitir deliberadamente el virus del SIDA. En la guerra también encontramos el fenómeno de explotación sexual, la prostitución forzada o incluso la esclavitud sexual.”
Según la Organización Mundial de la Salud, el impacto que esta violencia produce en la psiquis de una víctima puede durar más que una secuela física. Las víctimas se encuentran en estado shock, con frecuencia se sienten culpables y creen que hubiesen podido evitar la violación. Muchas victimas desarrollan depresiones, ansiedad y episodios psicóticos, trastornos de estrés post traumáticos e intento de suicidios. En muchos países las victimas de violencia sexual son estigmatizadas y rechazadas.
La psicóloga chilena Esther Morales León, en un artículo sobre violencia sexual en Chile, expresó: «La violencia sexual existe desde que la cultura de dominio patriarcal se instaló en nuestro mundo, con su secuela de guerras, invasiones, torturas y abusos a la población civil. Aún en nuestros días, las violaciones después de una guerra son parte de los derechos que creen tener los vencedores sobre los vencidos, siendo sus principales víctimas mujeres y niñas indefensas. Este horrible abuso a la dignidad de las personas se sigue cometiendo en la complicidad del silencio de nuestra moderna sociedad, que se horroriza cada vez que aparece una noticia de este tipo, pero hace muy poco por prevenir, dar apoyo a las víctimas y castigar o rehabilitar a los victimarios.”
Fuente: Indymedia Argentina