Trabajadores contratados del gobierno de la Ciudad de Bs. As. movilizaron por mejores condiciones de trabajo
Los trabajadores contratados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires movilizaron el martes pasado a la jefatura de Gabinete (Avenida de Mayo 525) por la implementación del decreto 948/05 con una equiparación salarial y por la reincorporación de los despidos del Registro Único de Familias Beneficiarias (RUB), entre otros reclamos.
A partir de las 11.30 del martes 18 de octubre, los contratados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires marcharon desde Av. De Mayo y 9 de Julio hasta la jefatura gubernamental para exigir la puesta en práctica del decreto 948/05 con una equiparación salarial, debido a que esta disposición establece un descuento del 17 por ciento (en concepto de jubilación y obra social). Además reclamaron la extensión del decreto a todos los trabajadores precarizados, la reincorporación de los despedidos del RUB y el pase a planta permanente de los contratados.
La mesa de contratados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una radio abierta en agosto por el anuncio del decreto 948/05. Esta orden reconoce la relación de dependencia que mantiene el gobierno de la Ciudad con los trabajadores contratados y les otorga beneficios que antes no tenían (aportes jubilatorios, obra social, etc). Sin embargo, los aportes que corresponden al empleador se van a descontar automáticamente del salario bruto actual del trabajador. Los nuevos contratos serán del mismo monto menos un descuento del 17 por ciento y no incluirán a todos los trabajadores.
Por otra parte, los trabajadores reclamaron la reincorporación de los dos despedidos del programa RUB, que eran miembros de ATE. En ese sentido, el personal del RUB concentró el 4 de octubre frente a la jefatura de Gabinete en rechazó a la decisión de la directora general de Coordinación y Seguimiento y candidata a legisladora porteña por el Partido Socialista, Sandra Castillo, de despedir a sus dos compañeros.
Sandra Castillo, candidata en cuarto lugar en la lista que encabeza Verónica Gómez por el Partido Socialista, comunicó a dos trabajadores del RUB que no se les iba a renovar el contrato. De los 15 contratos que vencieron en octubre, los dos que no se renovaron pertenecían a trabajadores afiliados a ATE y que habían acompañado todas las medidas por el pase a planta permanente de los contratados y recomposición salarial; entre otras demandas.
Los empleados del RUB iniciaron un paro el 5 de septiembre, que se extendió una semana en asamblea permanente. También llevaron una radio abierta, una volanteada en su lugar de trabajo y enviaron comunicados de prensa a diferentes medios y organizaciones con el objetivo de difundir el conflicto.
Los trabajadores se organizan
En diálogo con ANRed, Ariel, delegado de la Junta Interna de la asamblea de trabajadores del RUB explicó los motivos que los llevó a organizarse: «tenemos nuestros salarios congelados hace cuatro años, prácticamente desde que se inició el programa RUB». Asimismo, Ariel afirmó «nos pueden seguir echando sin justa causa, sigue la precariedad laboral en el sentido que pueden seguir haciendo contratos de tres a seis meses».
Los trabajadores también efectuaban en villas de emergencia tareas extras los sábados y domingos sin el cobro correspondiente por dichos trabajos. Además no se garantizó un horario para descansar o comer, incluso, «ese almuerzo lo cubríamos de nuestro bolsillo», agregó Ariel.
Estas condiciones laborales impulsaron a los empleados del RUB a afiliarse a ATE en abril de 2005. Ellos formaron la Junta Interna y decidieron presentarse a elecciones. A los tres días, la dirección respondió con el despido de cinco trabajadores, dos de ellos eran candidatos a delegados.
En respuesta, los empleados iniciaron una huelga que se extendió seis días. La situación era de asamblea permanente con ocupación pacífica de las oficinas. Después de una semana, se logró la reincorporación de los despedidos. Tres fueron derivados a otro programa dentro de la misma dirección y los otros dos volvieron a reincorporarse al RUB.
Los trabajadores abrieron un impasse en mayo de 2005, con el objetivo de lograr el reconocimiento político de la Junta Interna y el proceso electoral. Sin embargo, Sandra Castillo continuó sin avalar ambos hechos. Entonces, los empleados formaron una lista única con cinco delegados elegidos en asamblea y efectuaron las elecciones el 7 de julio. A partir de ese momento, presentaron sus reclamos por recomposición salarial y garantía laboral en el 2006 a través de la Junta y sus delegados.
Luego de 45 días, Sandra Castillo recibió a los delegados no como Junta Interna sino informalmente como representantes de la asamblea. Ella alegó que los trabajadores contratados no tendrían derecho a una representación gremial de acuerdo a una resolución de procuraduría. El personal del RUB se reunió con la directora en pro de mantener el diálogo, pero ella rechazó todos los pedidos planteados.
El trabajo precario en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se manifiesta con las modalidades de pasantías, locaciones de servicio y obra (por medio de esta forma, el empleado vende su servicio al gobierno, eximiendo una relación laboral de dependencia con el estado), becarios y beneficiarios de planes sociales, entre otras. Algunas de esas modalidades son financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, tal es el caso del RUB. Además, los contratados perciben salarios que van desde los 500 hasta los 900 pesos, en todo el ámbito de la ciudad. En la actualidad, de esos salarios ya se descuentan 15 pesos de ingresos brutos por la factura presentada por el contratado y 92 pesos de monotributo. El delegado de la Junta Interna del RUB sostuvo «pagar el monotributo implica quedar por debajo de la línea de pobreza y, en algunos casos, por debajo del salario mínimo, vital y móvil. Es una situación coercitiva, pagar monotributo no es una opción es no comer».
A su vez, la directora confirmó la finalización del programa RUB en diciembre, peligrando la continuidad laboral de más de 80 trabajadores.