Vecino de Punta Canal refuerza reclamos ante ADIF y el Ministerio de Planificación Federal
La familia de Carlos Arrambide es una de las que viven en las cercanías del sitio Punta Querandí, en Dique Luján (Tigre), defendido por el Movimiento en Defensa de la Pacha. Pero «Charly» no es un mero testigo de este conflicto: fue el primero en denunciar la venta ilegal del camino del terraplén por parte del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE) a dos sociedades anónimas vinculadas a EIDICO, tras lograr una copia de los expedientes. Y hoy todavía sigue reclamando, ahora a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para evitar que la venta sea escriturada. Por Indymedia Pueblos Originarios
Su personalidad lo enfrenta con muchos, aunque la mayoría termina reconociendo que tiene razón en casi todo. Él aclara: «en casi todo no, en todo». Su misión es defender el terraplén del ferrocarril y su derecho al libre tránsito. Su orgullo: «yo le di los papeles a los pueblos originarios para que puedan ganar el cementerio». Y tiene razón.
Su lucha empezó en el 2007 apenas notó que la empresa EIDICO, que desarrolla en el área los barrios privados San Marco y San Benito, se estaba adueñando del único acceso vehicular que tenía a su vivienda: el «camino de la vía muerta», un viejo terraplén ferroviario en desuso desde 1967. Denunció que lo estaban aislando y logró dos medidas cautelares. La vía muerta era el único acceso vehicular al sector de Punta Canal ubicado entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva.
A fines de 2008, cuando parecía que Charly iba a quedar sólo contra los empresarios de EIDICO, sorpresivamente, apareció un nuevo actor en el paraje Punta Canal: los pueblos originarios. Estos organizaron junto a ambientalistas y vecinos el Movimiento en Defensa de la Pacha para proteger Punta Querandí, un lugar sagrado para los indígenas por contener restos arqueológicos milenarios, ubicado en el kilómetro 4 del terraplén, donde funcionaba la parada intermedia Punta Canal.
Las medidas cautelares logradas por Charly se cayeron en el 2009, al instalarse un puente militar alquilado en la calle Brasil para cruzar el arroyo Garín. Y ahí, EIDICO aprovechó para terminar de destruir el terraplén, salvo el sector de Punta Querandí que logró ser salvado por la custodia de los indígenas y otros sectores nucleados en el MDP, que en febrero de 2010 montaron un campamento pacífico.
El terraplén vendido en abril de 2007 tiene 3 kilómetros de largo y 40 metros de ancho. La parte de Punta Querandí (110 metros) se encuentra del lado de Tigre. En ese tiempo era utilizado como un recreo público para la pesca y comenzaba a ser usado por los indígenas como un lugar de ofrenda y encuentro con los ancestros querandíes, debido a que allí se identificó un sitio arqueológico en el 2006. El resto del terraplén, del lado de Escobar, servía de comunicación con Ingeniero Maschwitz (Escobar) y Benavidez (Tigre), pero hoy la mitad fue convertido en un canal (un «canal clandestino», remarca Charly) y la otra mitad en lotes del country San Marco.
Acceso restringido
Desde fines de 2010, no está más el puente militar alquilado que garantizaba un seguro acceso vehícular a las tierras ubicadas entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva. A cuatro años de la cuestionada venta de la ONABE, el acceso al lugar sigue siendo restringido. Por eso Charly continúa con los reclamos ante ADIF y el Ministerio de Planificación Federal.
A fines de diciembre el Municipio de Tigre instaló un puente precario sobre el arroyo Garín. Fue colocado luego de una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que exhortó a garantizar el acceso vehícular a las tierras. Pero está habilitado como peatonal y es utilizado por vehículos que entran a propio riesgo, ya que está apoyado sobre la tosca y no tiene barandas.
Paralelo al arroyo Garín corre una calle perimetral en juridicción de Ingeniero Maschwitz (Escobar), pero EIDICO la tiene cerrada con un portón. Esto a pesar de que el Municipio de Escobar, tomando las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pidió a los countries San Marco y San Benito su apertura.
La última presentación de Charly ante ADIF y el Ministerio de Planificación, relata esta situación con fotografías de la calle cerrada aledaña al Garín, y un certificado de la Delegación de Dique Luján en el que consta que el puente no está autorizado para el paso de vehículos. Además reclama a estos organismos nacionales que le exijan a EIDICO la apertura de un camino de sirga vehícular que corra paralelo al antiguo terraplén.
También los responsabiliza por las causas penales que le abrió esta empresa producto del encierro al que se vio sometido. «EIDICO en complicidad con la ONABE violaron mis derechos de libre tránsito», acusa.
Por su parte ADIF le respondió una presentación anterior, y le dijo que el tema se llevó al Juzgado Civil y Comercial Federal n°11, por un juicio iniciado por EIDICO contra ADIF por la demora en la escrituración.
Luchas unificadas
EIDICO quiso su casa, pero Charly no se las vendió. Mientras sigue batallando para defender sus derechos, colabora activamente con la causa de Punta Querandí.
El abuelo kolla Pedro Moreira, uno de los fundadores del Movimiento en Defensa de la Pacha, destaca que a la familia de Charly la quisieron dejar encerrada en un barrio náutico, y que «su interés particular se unificó con el interés comunitario».
En diálogo con Indymedia, expresa: «Me parece una injusticia que lo quieran expulsar y encima le hagan causas judiciales. Ni siquiera en este sistema de la propiedad privada, que nosotros los pueblos originarios no reconocemos, se entiende que le hagan un juicio por reclamar su derecho a acceder a su casa. Quizás lo quieran justificar con que rompió un portón, pero él está actuando bajo sus derechos».
Charly es un gran grano en el culo de los empresarios de EIDICO y un dolor de cabeza para muchos funcionarios. Siempre «monitoreando que las leyes se cumplan» desde su particular casa con forma de hongo y repleta de citröens. Todos funcionan, aclara.
Fotos: Nicolás Solo / Valentín Palma Callamullo