Resistencia del Pueblo mapuche
Comunidades mapuches de Chubut se organizan y reclaman por justicia ante desalojos y criminalización de la protesta llevados adelante por el estado provincial y por los intereses económicos mineros.
Llegaron dos docenas de policías, en una camioneta y de a caballo también. Provenían de dos comisarías. El motivo era un desalojo y la orden venía de un juez. Gran parte del trayecto se les presentó sin camino. Desde la pequeña casa de adobe, los nueve miembros de la familia mapuche los vieron llegar. Les salieron al encuentro buscando una respuesta. Sin que medie palabra presenciaron el derrumbe de las paredes de su casa, que caía trozo a trozo por efecto de la violencia, hasta llegar a los cimientos. Vieron además cómo las cosas que tenían dentro, los alimentos, la ropa, los muebles, eran subidos a la camioneta. Luego los de a caballo encararon a las ovejas, en un intento de arrearlas. Los perros de los mapuches le hicieron frente a la situación policial. Ahí se puso más tenso. Un «milico» desenfundó y apuntó. Los mapuches se pusieron entre medio de los animales, pero para defender a los suyos del que estaba armado. Forcejearon cuerpo a cuerpo y quisieron llevar a varios. Duró varias horas. Unas abuelas mapuches que vinieron de otro campo bajaban las cosas de la camioneta mientras el resto resistía los gritos del comisario y los rebencazos de los montados. Tras varias horas llegó más gente de la comunidad, proveniente de casas lejanas. Entonces la policía decidió irse, para volver otro día.
Este relato podría formar parte de una larga y triste historia de violencias sobre los Pueblos Originarios. Pero no es una historia congelada. Se trata de la casa de la familia Fermín, que forma parte de la comunidad mapuche de Vuelta del Río, en la provincia de Chubut. Y precisamente el 15 de marzo de este año se llevó adelante ese operativo, que aun está latente por voluntad del poder judicial.
Acciones de reivindicación y resistencia
Para dar la lucha por sus derechos, la comunidad de Vuelta del Río, junto a más de 60 personas de las comunidades del noroeste de Chubut y con las organizaciones Pu Weche Lafkenche y 11 de octubre decidieron llevar a cabo la ocupación de la Casa de la provincia de Chubut y los Tribunales de Justicia de Esquel. El pasado 23 de julio, durante casi diez horas, permanecieron en el edificio ubicado en Capital Federal, peticionando por respuestas de las autoridades nacionales.
La decisión de finalizar la ocupación fue tomada tras lograr una breve entrevista con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que atendió a los representantes mapuches en un pasillo. Allí les dijo que se «iba a comprometer a hacer gestiones para ver cómo se estaban moviendo los funcionarios de Chubut». Además consiguieron dialogar con el actual presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Julio Sosa, quien se comprometió a visitar el lugar.
Tierras para pocos
En septiembre de 1963 la provincia de Chubut extendió el título de propiedad a una sociedad ganadera cuyo titular era Haikel El Khazen, de origen sirio. Según Rogelio Fermín, perteneciente a la familia desalojada, «después de la denominada ‘Campaña del Desierto’ que hicieron los generales genocidas, nos mandan a esos territorios, que se denominaron reservas; pero esos terrenos se fueron achicando por las sucesivas ventas. Muchas veces las ventas se hicieron bajo engaño, a gente que no sabía leer ni escribir y les hacían firmar igual para que entreguen su tierra. Incluso este tipo de operación se hizo hasta hace muy poco». Rogelio agregó que «nosotros nos encontramos con que el lugar donde vivimos desde siempre no es de nosotros; pero no entienden que estas tierras son invendibles porque tenemos un derecho originario en el lugar». Incluso un documento del INAI ratifica esta opinión al afirmar que «los derechos indígenas están consagrados en la Constitución Nacional» y que se debe contemplar «la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas» y reconocer «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan».
Los problemas se agudizan por el avance de las corporaciones mineras, a las que el estado provincial, hoy encabezado por el gobernador José Luis Lizurume, les brinda todo su apoyo. Los negocios mineros produjeron decenas de desalojos y de persecuciones avalados por el Juez de Instrucción de Esquel, José Oscar Colabelli. Este juez legalizó los actos de violencia en favor de intereses comerciales y de su propia persona, dado que su esposa posee una mina de cuarzo en el Departamento de Cushamen, Vuelta del Río. Rogelio Fermín señaló al respecto que «todo el tiempo están intentando hacer los cateos de mina -exploraciones-. Las comunidades no lo permitimos y ahí vienen los problemas. Muchas veces nos encontramos con los exploradores dentro de los campos».
La resistencia a los desalojos y a los cateos provocó que muchos mapuches se encuentren en la actualidad procesados por diversas causas, por ejemplo por el delito de usurpación. Hoy hay tensión en Vuelta del Río, ya que «el 1 de julio fue ordenada una nueva orden de desalojo por el juez Colabelli, pero gracias a las condiciones climáticas todavía no se hizo. Está latente. En cuanto baje la nieve y puedan pasar van a volver, y ahí se va a poner violenta la cosa porque vamos a resistir», dijo Rogelio.
Las organizaciones de los Pueblos Originarios no agotan su lucha en la restitución de los espacios territoriales de los que son originarios. Declaran que principalmente «seguimos luchando por una sociedad más justa».