Punta Querandí se moviliza al centro de Buenos Aires
El jueves 17 de marzo a las 13:00hs, el Movimiento en Defensa de la Pacha convoca a una concentración en la sede de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, para luego marchar hasta la Secretaría de Cultura de la Nación. La movilización se da en el marco del ataque intimidatorio al campamento mediante el cual se protege el sitio arqueológico milenario Punta Querandí. El Movimiento en Defensa de la Pacha planteará a la Secretaría de Cultura la disconformidad con la conducción del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, debido a que ésta es cómplice del desarrollo inmobiliario que arrasa con el patrimonio ambiental y arqueológico en el Gran Buenos Aires.
A continuación, la Agencia de Noticias Red-Acción difunde la siguiente convocatoria del Movimiento en Defensa de la Pacha:
PUNTA CANAL, LOCALIDAD DE DIQUE LUJÁN (TIGRE).-
Sábado 12 de marzo de 2011
A los medios de prensa,
a las organizaciones de la sociedad civil,
y a todas las personas que creen en una Buenos Aires con memoria e identidad:
A dos semanas del ataque intimidatorio a nuestro campamento, mediante el cual protegemos el sitio arqueológico milenario Punta Querandí y denunciamos la venta ilegal de tierras públicas para beneficiar a dos barrios privados, nos movilizamos a las sedes de las autoridades políticas responsables de haber generado este conflicto.
Elevaremos nuestros reclamos al organismo ferroviario que malvendió las tierras del «camino de la vía muerta» y de Punta Canal y a la Secretaría de Cultura de la Nación, de la cual depende el organismo de aplicación de la ley de protección del patrimonio arqueológico.
Exigiremos a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, que anule la venta ilegal de 3 kilómetros de tierras que eran de uso público para toda la comunidad, en beneficio de los barrios privados San Marco y San Benito, del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO.
Esta operación, efectuada en abril de 2007, privatiza uno de los últimos espacios públicos con acceso al agua en el norte de Tigre y sur de Escobar. Pero todavía se puede frenar debido a que el Estado sigue siendo el titular de las tierras, ya que dicha venta aún no fue perfeccionada a través de la escrituración.
Además plantearemos a la Secretaría de Cultura de la Nación nuestra disconformidad con la conducción del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, debido a que ésta es cómplice del desarrollo inmobiliario que arrasa con el patrimonio ambiental y arqueológico en el Gran Buenos Aires. Este organismo no acompaña nuestra propuesta de un Punta Querandí protegido, público y para todos, lo que sería la primera reivindicación a un lugar de ocupación ancestral indígena en Buenos Aires, política más acorde con los tiempos que se viven en toda la región sudamericana.
Recordamos que al ver cómo el patrimonio público nacional era entregado por estos organismos, tuvimos que organizarnos desde el Movimiento en Defensa de la Pacha para protegerlo, enfrentando a una corporación muy poderosa.
En ese sentido, el jueves 3 de marzo recibimos un mensaje mafioso de esta empresa, que destruyó todas nuestras instalaciones en el humilde campamento desde el cual resistimos desde el 19 de febrero de 2010, hace más de un año. El ataque sucedió mientras permanecíamos en otro lugar en una reunión con docentes; ¿qué hubiera pasado si llegábamos al campamento justo cuando este hecho se consumaba?
Nuestro campamento se desarrolla en el fondo del paraje Punta Canal, sobre la calle Brasil y el Canal Villanueva, en un territorio rodeado de emprendimientos de barrios privados que se expanden sin control, destruyendo la naturaleza y poniendo en riesgo no sólo el patrimonio cultural sino también a la población de las localidades aledañas. La Defensoría del Pueblo de la Nación pidió en noviembre de 2010 a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando que no habilite ningún otro emprendimiento privado sobre los humedales (bañados).
¡POR LA PRIMERA REPARACIÓN A LAS NACIONES ANCESTRALES DEL GRAN BUENOS AIRES!
¡EN DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO!
Jueves 17 de marzo de 2011, 13 hs
Concentramos en Retiro, en la sede de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Av. Ramos Mejía y Av. del Libertador, esquina de la estación de trenes del Ramal Mitre.
Marchamos 10 cuadras hasta Recoleta, a la Secretaría de Cultura de la Nación, en Av. Alvear 1690 (y Av. Callao)
Contactos:
(011) 1544041382 – 1568642867 – 4455 2172
movimientoendefensadelapacha@gmail.com
Las responsabilidades de dos organismos nacionales
El predio de Punta Canal junto al camino del terraplén desde el KM1+690 al KM4+378, que para los vecinos que allí viven era la única manera de acceder con vehículo, fue transferido el 23 de abril de 2007 a dos sociedades anónimas vinculadas a EIDICO: Chilespa y Muquebari, que ya no eran propietarias de los inmuebles linderos, un requisito ineludible para lograr dichas operaciones. Dividido en dos boletos de compra venta, pagaron un total de 1,9 millones de pesos argentinos por 107.520 metros cuadrados (unas 10 hectáreas, casi 3 kilómetros de largo por 40 metros de ancho), a una tasación de 17 pesos el metro cuadrado.
A pesar de numerosos actos administrativos planteados por vecinos de ese sector del paraje Punta Canal, que quedaron encerrados por la venta del camino, y de un compromiso asumido por un funcionario de ADIF ante las cámaras del programa televisivo CQC, este organismo se niega a volver atrás la operación.
En diciembre de 2008, un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y del CONICET, coordinado por Daniel Loponte y Alejandro Acosta, entregó el yacimiento milenario Punta Canal (llamado por nosotros Punta Querandí) a quien era en ese momento asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Jorge O’Reilly, presidente de EIDICO. Lo hicieron tras ser contratados de forma privada por este influyente empresario del Opus Dei, para quien realizaron una veloz y reducida campaña de rescate: excavaron sólo 18 metros cuadrados de un predio de una hectárea, en 10 días (entre el 3 y el 13 de diciembre de 2008), concluyendo que se podía liberar todo el terreno a la empresa. Jorge O’Reilly pagó por este trabajo 30 mil pesos.
El INAPL apañó constantemente a los arqueólogos en cuestión, quienes actuaron en nombre de este organismo. El informe oficial que recomienda liberar el terreno a EIDICO tiene el membrete del INAPL, que aportó apoyo logístico para tal trabajo. No conforme con eso, en abril de 2010 esta institución prestó las instalaciones de su sede en Belgrano para una conferencia de prensa de los cuestionados arqueólogos, con el fin de que se defendieran de las acusaciones de vecinos e integrantes de pueblos originarios. En dicha conferencia contaron con el apoyo del abogado de este organismo, Antonio Calabrese.
Los funcionaros de los organismos responsables en velar por el patrimonio arqueológico no pueden hacer trabajos privados para las empresas, por el contrario deben controlarlas. No se puede ser juez y parte. Para colmo, mientras peleábamos por defender Punta Querandí, el arqueólogo Daniel Loponte salía por los medios de prensa negando que en el lugar exista un sitio y expresándose en contra del campamento. Le ofrecimos a este arqueólogo difundir a través de los medios el informe que elaboró para la empresa EIDICO para que todos saquen sus conclusiones, pero respondió que debía pedirle permiso a Jorge O’Reilly.
Foto portada: Georgina García / Indymedia Pueblos Originarios
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