Un plan más, y van…
El avance de las fuerzas represivas sobre la población civil, implica una criminalización de la pobreza y de la protesta social, y tiene como fondo las elecciones de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.
En el marco de un gobierno que gana simpatías de amplios sectores de la sociedad por su perfil «progresista», el presidente Néstor Kirchner firmó un convenio con la gobernación de la provincia de Buenos Aires para crear un «comité de crisis» en el que actúan, de manera conjunta, fuerzas federales y la policía de la provincia de Buenos Aires. En el tramo final de las campañas electorales, Felipe Solá y Aníbal Ibarra se centran en la «seguridad» frente a los candidatos de la mano dura, Luis Patti, Aldo Rico y Mauricio Macri.
Pasan años, gobiernos y «planes contra la inseguridad» y el único saldo es más poder a las fuerzas represivas, endurecimiento de la legislación, consenso social con la «mano dura» y criminalización de la pobreza y la protesta social.
Desde el 2 de julio la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Bonaerense actúan de manera conjunta en Capital Federal y el conurbano bonaerense. Esta medida, que institucionaliza el accionar conjunto de las fuerzas – como cuando reprimieron el 26 de junio de 2002 asesinando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki – es un avance en la militarización de las calles y es acompañada por una serie de reformas legales.
Con un discurso que recuerda a la doctrina de Seguridad Nacional, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, anunció que 2.000 gendarmes patrullarán las calles junto al resto de las fuerzas, porque «o la democracia termina con el delito o el delito jaquea y pone en riesgo el estilo de vida».
Las medidas y operativos se concentran en el control de desarmaderos, la persecución de «piratas del asfalto», el secuestro de armas ilegales, y el ataque al narcotráfico y el consumo de alcohol. Con el problema de la «inseguridad» como punto débil de Solá y de Ibarra se lanza un plan que avanza sobre las libertades civiles y sobre la criminalización de la pobreza, pero este tipo de plan no es algo novedoso.
Un poco de historia
Estos grandes operativos son anunciados de manera pomposa y con un circo mediático que bombardea miedo y campañas institucionales que muestran las bondades de las fuerzas represivas – en este caso el de la Gendarmería -. Y lo que es necesario destacar es que esta operatoria se ha repetido múltiples veces en los últimos años.
Desde noviembre de 1997 más de 700 gendarmes y unos 600 prefectos pasaron a ocupar custodias en entidades judías y musulmanas para que los policías que cumplían esas funciones «salieran a la calle».
En 1998 Clarín informaba sobre ejercicios conjuntos realizados en Salta, Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero. En este operativo, denominado «Tatú 98», actuaron 2.000 efectivos federales y provinciales, con el objetivo de reprimir centralmente el narcotráfico y «movimientos terroristas». En abril de 1999, bajo el menemato, Clarín titulaba: «Gendarmería y Prefectura listas para salir a la calle».
Hacia fines de marzo de 2001 el ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas, junto al ministro de Seguridad, Ramón Verón, anunciaban un plan con «operativos sorpresas» con participación de fuerzas federales.
El 28 de mayo de 2002, a pocos meses de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, Clarín decía: «Gendarmería ya controla los accesos a Capital». El objetivo era «el hallazgo de armas de fuego no autorizadas, la comprobación de propiedad de vehículos, y el apoyo logístico en casos de fuga de delincuentes», según La Nación.
Aún más coincidencias resultan para agosto del año pasado, con policías de la Bonaerense investigados por el secuestro y asesinato de Diego Peralta. Página 12 relataba: «Los gobiernos nacional y provincial crearon un comité de crisis por la inseguridad. Gendarmería y Prefectura actuarán en territorio bonaerense. Y la Federal hará inteligencia en los grandes delitos». Lo que se presentó como una garantía de acción y control a la policía provincial concluyó, días después, con el asesinato de Ezequiel Demonty a manos de la Federal. Efectivos de esa fuerza, bajo la jefatura del comisario Giacomino, ex custodio de Ruckauf, levantaron a Ezequiel, lo golpearon brutalmente y lo arrojaron al Riachuelo. El presidente Néstor Kirchner confirmó recientemente a Giacomino en su cargo como Jefe de la Federal por considerar que tiene inserción en «el policía de calle», y con la recomendación de Aníbal Ibarra, quien afirmó que «hizo un muy buen trabajo».
Cambios en el conurbano y en Capital
Con una rapidez inusitada meses atrás los legisladores bonaerenses convirtieron en Ley los decretos de Felipe Solá en materia de seguridad. La votación fue realizada sin ningún debate y desoyendo la oposición de organismos de derechos humanos y representantes del Poder Judicial. Las medidas dan poder de policía a gendarmes y prefectos, que podrán patrullar, requisar y detener; otorgan a los fiscales facultades para allanar y detener sin previa autorización judicial; los jueces de paz podrán reemplazar a los jueces de Garantías para ordenar detenciones y allanamientos; y los fiscales podrán intervenir en casos de drogas, que hasta ahora pertenecían fuero federal.
Otras medidas apuntan a la restricción de venta de alcohol en quioscos y estaciones de servicio y, como muestra última de cinismo, se establece que el registro de control de ventas de autopartes va a funcionar en cada comisaría, es decir, las ovejas quedan al cuidado del lobo.
Del otro lado de la General Paz los cambios son de igual tenor. El ministro Béliz anunció que 1.100 policías más patrullarán las calles porteñas y con un discurso macartista mezclado con vocabulario neoliberal, habló de poner las comisarías bajo el control de la gente pero no de «esas reuniones de asambleístas desordenados donde van a operar agrupaciones políticas». Esto garantizaría, según el ministro, «honestidad y eficiencia». Habrán premios a la «productividad», y crearán fiscalías barriales.
Así están las cosas
Fuentes de la policía no supieron decir cuántos efectivos están actuando en Capital y Provincia. Según la Bonaerense son 48.000 efectivos pero no saben cuántos están en las calles. Lo mismo ocurre con la Federal. Tampoco quisieron informar el número de operativos realizados en «barrios difíciles», eufemismo para nombrar los barrios más empobrecidos.
De los 2.000 gendarmes anunciados, por problemas presupuestario, son 750 los que ya patrullan las calles. Hasta el año pasado decían sentir inseguridad por el desconocimiento del territorio.
La Gendarmería Nacional, que tiene la facultad de actuar en seguridad interna frente a un colapso de las fuerzas policiales, tiene largos antecedentes en represión de puebladas y protestas sociales. El levantamiento de los zafreros desocupados en Ledesma, la represión en Tartagal y Mosconi, el asesinato de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el desalojo del puente Chaco-Corrientes (operativo conjunto con Prefectura), y la cacería del Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002, son sólo algunos de los casos. Además son acusados de al menos 21 casos de gatillo fácil denunciados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Denuncias más recientes tienen como escenario los trenes de Buenos Aires, por amenazas, secuestro y torturas en las estaciones de Burzaco y José C. Paz.
Desde el gobierno y el sistema de medios se sigue separando política de seguridad de política social. Pocas voces de organizaciones sociales y políticas se han pronunciado sobre el tema.
El abogado Sergio Smietniansky, integrante de la Correpi, no se sorprende de las medidas anunciadas y afirma que las fuerzas de seguridad «ya han actuado en forma conjunta». Smietniansky se detiene en el acostumbramiento visual que produce la masiva presencia de uniformados en la calle: «la gente va tomando como algo habitual la sociedad militarizada, ver al gendarme en la estación de tren, ver al prefecto en el puente, verlos recorriendo los barrios. Están creando un consenso para que la mano dura y la represión sea bien vista en la sociedad. El día en que las condiciones estén dadas para sostener que lo que están haciendo los piqueteros, lo que están haciendo todos aquellos que luchan es un delito, es muy breve el paso que hay que dar para intentar lograr el consenso de que también hay que reprimir a ese otro tipo de delincuentes».
Para muestra basta un botón: Botonería
El ex comisario de Pacheco, Norberto Fiori, procesado por proteger desarmaderos, denunció en junio los mecanismos de recaudación de la caja negra de la Bonaerense. Incriminó a Cánepa, su superior inmediato en ese momento, a Degastaldi, jefe de la DDI de San Isidro, al jefe máximo de la fuerza, Alberto Sobrado, y al poder político de La Plata. Felipe Solá y Juan Pablo Cafiero desestimaron esas denuncias y apartaron al denunciante Norberto Fiori. ¿Una purga? Sometieron a «análisis» a Cánepa y lo mandaron a una departamental de menos repercusión, la DDI de Trenque Lauquen. ¿Otra purga? Degastaldi, comprometido por sospechosos llamados en el caso García Belsunce, es trasladado a la DDI de Quilmes.
¿Más purgas? Una investigación periodística denuncia que el jefe máximo de la Bonaerense por ese entonces, el ya mencionado Sobrado, se olvidó de declarar una cuenta de 333 mil dólares en Bahamas. Se anuncia la investigación patrimonial de los bienes de los jefes policiales, de 44 jefes investigados pasan a 135: el total de los jefes de departamentales de Seguridad e Investigación.
Cánepa, es removido de su cargo en Trenque Lauquen por investigación patrimonial, pero sigue en la fuerza hasta que concluya este nuevo análisis. Degastaldi fue removido de su cargo en Quilmes, mientras se investiga su patrimonio que incluiría una cadena de restaurantes y bailantas, pero por ahora no le darán otro cargo. Por su parte, un comisario de apellido Hernández, ex jefe de la División Antisecuestro de Lomas de Zamora, junto a un subordinado, Lorenzón, están prófugos de la Justicia por secuestro extorsivo. Hernández tuvo actitudes «dudosas», según el Juez Durán, en el secuestro de Echarri y en el de Peralta; Lorenzón, participó de la Masacre de Wilde, de la que fue sobreseído en 1999. ¿Purgas?