Lo que se jugó en el ajedrez político con las jubilaciones
Tal como estaba previsto, el Grupo A en el parlamento logró la aprobación de su proyecto de ley de llevar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, pero dejó vacante el financiamiento de tal medida, con lo cual logró su verdadero objetivo político: que la presidenta vetara la ley, tal como estaba previsto también. Por Eduardo Lucita.
El 82 por ciento móvil de los haberes jubilatorios constituye una reivindicación histórica del movimiento obrero y popular en el país desde que se estableciera por 1958 y que durara muy poco tiempo porque, vaya coincidencia, la ley que lo sancionara no previó los mecanismos de financiamiento.
Hoy el debate ha regresado con fuerza, pero como todo está devaluado no se discute para el conjunto de los haberes sino solo para las jubilaciones mínimas y no se lo referencia al salario con el que el beneficiario se retira de la vida laboral, sino al salario mínimo vital y móvil, ya de por sí escaso. Son las condiciones que impone la realpolitik actual.
Ajedrez político
El debate ha regresado pero no lo hizo de la mano de los trabajadores en actividad o de los jubilados, que miércoles tras miércoles desde hace años se dan cita en la Plaza de los Dos Congresos luchando por mejorar sus haberes, sino de la derecha parlamentaria nucleada en el Grupo A que encontró un nicho donde correr por izquierda al gobierno.
La ley aprobada busca aumentar el haber mínimo garantizado llevándolo de los 1046 pesos actuales a 1426 de inmediato y a 1508 a partir del próximo enero; deroga la fórmula de movilidad de la Ley 26.417 y la reemplaza por el índice de salarios nivel general (INDEC) o el RIPTE (Ministerio de Trabajo); impone recalcular todas las prestaciones previsionales vigentes según los fallos «Eliff”, «Sánchez” y «Badaro” en un plazo de 120 días.
No especifica las fuentes de recursos para su financiamiento y esta ausencia no es un error. Bien podrían haber partido del superávit previsional existente; calculado el disponible de depurar los montos que paga la ANSES que debieran afrontarse con otros recursos o los derivados de una revisión de los gastos presupuestarios, especialmente de los subsidios a las empresas que se otorgan sin control alguno. Esto es alternativas tenían, sin embargo no lo hicieron porque su estrategia no era otra que obligar al veto presidencial, de alguna manera era la contrapartida de la jugada oficialista de bajar al recinto conociendo que obligaría al vicepresidente Cobos a definir la votación.
Como en el caso del pago de deuda pública, que se discutía si hacerlo con reservas o con presupuesto, pero coincidían en que pagarla hay que pagarla, ahora el Grupo A logró sancionar como Ley su proyecto pero dejó la pelota picando para que el gobierno la vetara. Dos jugadas de tablero con objetivos políticos, sin importarles el 82 por ciento.
Al momento de discutirse en diputados, los legisladores de Proyecto Sur colaboraron en habilitar su tratamiento con la esperanza -como mínimo ingenua- que en el debate podrían colar sus propuestas de financiamiento, especialmente la reposición de los aportes patronales eliminados desde 1994. No fue así, el Grupo A no les dio lugar. Por su parte el bloque de Nuevo Encuentro-Partido Solidario votó negativamente, argumentando que más adelante presentarían su propio proyecto, que sí contempla la reposición de las contribuciones patronales. Claro que no explicaron como conseguirían quorum, habida cuenta que tanto la oposición de derecha como el oficialismo no comparten esta reposición. De esta forma las dos variantes de la centroizquierda, K y anti K, resultaron solo espectadores de una partida de ajedrez político que juegan otros.
Falacias varias
Un reciente comunicado dado a conocer por la Junta Interna de ATE-ANSES señala «Se nos presenta un falso dilema entre la apropiación por parte de la oposición conservadora de una consigna de los trabajadores como es el 82% móvil y el argumento del «˜default previsional’ que plantea el gobierno”.
La ley sancionada no implica una revisión integral del sistema previsional es apenas una modificación progresiva de la situación actual que beneficiaría a unos 4.200.000 jubilados, pero tal como esta planteada su aplicación «…llevaría a replicar la desigualdad salarial vigente en el mercado de trabajo y generaría una pérdida millonaria al Estado por la desinversión forzada de los activos del FGS” (ATE-ANSES). Es cierto que la ley no menciona plazos y que dice que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no debe superar un año de prestaciones, por lo tanto se trata de desinvertir solo los excedentes, pero no es menos cierto que su solo anuncio incidiría a la baja en las cotizaciones futuras de bonos y acciones que integran el fondo de la ANSES, que es necesario para la sustentabilidad del sistema. No en vano los primeros en aplaudir el veto presidencial fueron los miembros de la UIA, que no quieren ver caer el precio de sus acciones.
La presidenta ha denunciado que de aplicarse esta ley llevaría a «la quiebra del Estado”, curiosamente no dice lo mismo cuando el pago de la deuda o los subsidios a las empresas que insumen anualmente sumas similares a los 30.000 millones de pesos necesarios para actualizar las jubilaciones mínimas. En lugar de vetar integralmente la ley podría haber hecho un veto parcial, dejando vigente solo el primer articulo que trata del 82 por ciento, cuyo financiamiento se puede cubrir con el superávit de la ANSES y la reposición de las contribuciones patronales, que permanecen excluidas sin explicación alguna. Se hubiera dado así un paso positivo, aunque insuficiente, a reparar una injusticia social largamente reclamada.
De ahora en más
El veto presidencial no cierra la discusión, por el contrario deja el terreno para un debate más completo que genere las condiciones para derogar definitivamente el esquema de la Ley 24.241 de Menem-Cavallo y establecer un modelo prestacional progresivo que de previsibilidad al sistema con nuevas fuentes de financiamiento derivadas de cambios en la política tributaria, que hagan que paguen los que más tienen, y formalice la efectiva participación de los trabajadores y jubilados en la gestión y control. Se daría inicio así a una verdadera política distributiva.
(Eduardo Lucita es integrante de EDI-Economistas de Izquierda)
Foto portada: Sergio Santillán