En Rodrigo Bueno denuncian amedrentamiento policial
Agentes de la Comisaría 22ª bloquean el acceso al barrio Rodrigo Bueno (en la Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires) e impiden el ingreso a sus habitantes. La Comisión Vecinal denuncia que esa intimidación es constante y busca asustar a las familias para forzar el desalojo.
Luego de que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de la jueza Elena Liberatori hiciera lugar al recurso de amparo presentado por vecinos del barrio, delegados de la comisión vecinal denunciaron que continúan las presiones por parte de la Comisaría 22. Mientras la medida cautelar de la justicia porteña obliga al Gobierno de la Ciudad a garantizar a los habitantes de la villa «condiciones dignas de habitabilidad», la Policía Federal mantiene una presencia constante buscando intimidar a las familias que decidieron resistir el desalojo.
La situación más tensa se vivió el pasado 2 de septiembre cuando un grupo de vecinos tuvo que hacer guardia desde la mañana del viernes hasta la mañana del sábado para impedir que la policía cerrara el barrio. Anteriormente el gobierno había intentado aislar la villa rodeándola con carteles publicitarios. En esa oportunidad también fue la presencia y organización de los vecinos lo que frenó la medida. Sin embargo, se volvió una situación cotidiana que agentes de la Federal bloqueen el ingreso al barrio e impidan el acceso a los vecinos. «Nos prohiben entrar a nuestras propias casas» comentó una vecina que agregó «hasta piden documentos y no dejan entrar a los que mostramos pasaporte».
Por lo pronto la medida cautelar de la justicia porteña da un respiro a los vecinos en tanto impide seguir construyendo el terraplén que se estaba levantando en la Reserva Ecológica. Con esa muralla de tierra el gobierno buscaba cercar y ocultar la villa. Ahora, la justicia también obliga a la gestión de Ibarra a mantener la limpieza del barrio, así como la provisión de luz y agua potable.
Los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno – Costanera Sur exigen que se discuta el proyecto de urbanización y rechazan los subsidios mínimos que propone el gobierno porque no garantizan el acceso a la vivienda. También denuncian que se pretende gastar más en el desalojo (cerca de 8.000.000 de pesos) cuando costaría menos urbanizar el barrio. Para la Comisión Vecinal el gobierno de Aníbal Ibarra defiende los intereses de la empresa IRSA que quiere construir en la ex Ciudad Deportiva de La Boca el primer barrio privado de la ciudad.