Están en libertad los quince presos de la «Causa Legislatura»
Las quince personas que el 16 de julio de 2004 fueron detenidas por la policía Federal en la marcha contra el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires fueron excarceladas. La libertad se consiguió por el cambio de carátula de la causa de «coacción agravada» a «perturbación de los poderes públicos», que el Código Penal determina como excarcelable.
Los quince presos de la «Causa Legislatura» están en libertad tras la modificación de la carátula de la causa penal que pasó de «coacción agravada» a «perturbación de los poderes públicos».
El cambio de tipificación del sumario permitió la excarcelación, tal como lo establece el Código Penal, ya que «coacción agravada» prevee de 5 a 10 años de cárcel y «perturbación de los poderes públicos» establece condenas de 15 días a seis meses y por eso es excarcelable. Por lo tanto, el Tribunal Oral Correccional Nº 17 debió dictar la liberación de los detenidos.
Los manifestantes fueron detenidos el 16 de julio de 2004 tras una marcha de repudio al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (sancionado el 23 de septiembre de 2004).
Desde su detención hace más de un año, distinas organizaciones sociales y políticas realizaron marchas, acampes y huelgas de hambre en solidaridad y en reclamo de su desprocesamiento y libertad.
Los arrestos se habían producido bajo una serie de irregularidades: ocurrieron 4 horas después de finalizada la marcha en plataformas y estaciones del subterráneo y los traslados se realizaron en vehículos no identificados (policía civil).
Se les imputó «coacción agravada» y «privación ilegítima de la libertad». Sin embargo, no hubo «coacción agravada» ya que no había quórum para sesionar, así como tampoco «privación ilegitima de la libertad» debido a que la orden de Santiago de Estrada, vicepresidente de la legislatura y ex funcionario de la última dictadura militar, fue cerrar las 13 puertas del edificio. También en la causa se consideró como prueba suficiente que «se acredita su presencia en el lugar de los hechos».
Para familiares y abogados, la causa fue «armada» para amedrentar a quienes manifiestan oposición a las políticas represivas.
Junto al apoyo de organizaciones sociales y políticas, los liberados siguen recibiendo la defensa, en su mayoría, de abogados pertenecientes a distintos organismos de los derechos humanos y organizaciones políticas, entre los que se pueden contar la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), MST, MTL y PO.
Quienes recuperaron la libertad son:
Marcela Sanagua: 28 años, 2 hijos de 10 y 2 años. Mujer en situación de prostitución.
Margarita Meira: 55 años, 3 hijos, una nieta y otro en camino. Fundadora del Comedor Comunitario «Madres de Constitución».
María del Carmen Ifrán Ferreira: 55 años, un hijo y un nieto. Mujer en situación de prostitución.
Antonio Israel Medina: 21 años. Vendedor ambulante de garrapiñadas.
Horacio Daniel Ojeda: 29 años, dos hijos. Vendedor ambulante.
Eduardo Marcelo Ruiz: 31 años, 2 hijos, de 10 y 3 años. Vendedor ambulante.
Jorge Antonio Nieva: 41 años. Militante GLTTB de derechos sociales y políticos.
Eduardo Héctor Suriano: 46 años. Ayudante de albañil.
Fabián Scaramella: 26 años, dos hijos. Albañil y vendedor ambulante.
Héctor Gómez: 36 años, un hijo. Vendedor ambulante.
César Gerez: 29 años, un hijo. Vendedor ambulante.
Carlos Santamaría: 22 años, tres hijos, de 4, 3 y 1 año. Vendedor ambulante de garrapiñadas en invierno y de anteojos de sol en verano.
Jesús Fortuny Calderón: 35 años, tres hijos. Anticuario.
Adolfo Sánchez: 23 años, dos hijos. Albañil.
Pablo Martín Amitrano: 30 años. Vendedor ambulante de panchos.
Amitrano, Gómez y Gerez mantenían una huelga de hambre desde hacía veinte días en reclamo de su liberación. Dos de ellos están internados en el hospital Ramos Mejía.
Contacto:
Liga Argentina por los Derechos del Hombre – 4371 8066
En la memoria: siguen procesados más de 4 mil luchadores sociales
Las detenciones del 16 de julio de 2004 frente a la Legislatura porteña generaron la renuncia del ex ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y su secretario de Seguridad, Norberto Quantin. Sin embargo, a pesar de esas repentinas renuncias, las detenciones de la Legislatura marcaron un quiebre en la política represiva del Gobierno de Néstor Kirchner.
A partir de ese momento se sucedieron distintas represiones con procesamientos y detenciones a lo largo del país (como en la provincia de Santa Cruz; en el escrache al director del FMI, Rodrigo Rato -causa que aún tiene seis detenidos-, por nombrar sólo algunas).
Actualmente esa política represiva se profundiza con la decisión del Gobierno Nacional de no permitir las protestas sociales e interviniendo con comandos conjuntos entre distintas fuerzas al mejor estilo de Duhalde en la masacre del Puente Pueyrredón.
Desde su asunción, el gobierno de Néstor Kirchner es el que más procesados políticos tiene desde el comienzo de la democracia.