Veintitrés años sin Willy, el Negro y Oscar
En la esquina de Figueredo y Guanamí, Ingeniero Budge, el 8 de mayo de 1987, fueron asesinados Willy, el Negro y Oscar por efectivos de la Policía Bonaerense. En ese mismo lugar se organizó la primera asamblea multitudinaria de vecinos, quienes espontáneamente respondieron ante lo sucedido. La autoorganización como elemento de denuncia pública comenzaba a crearse y las voces que exigían una y otra vez la condena se hacían oír.
El caso Budge y las políticas represivas de ayer y de hoy
Fue el 8 de Mayo de 1987 cuando tres policías de la bonaerense -el Sub-Oficial Mayor Juan Ramón Balmaceda, el Cabo Primero Jorge Alberto Miño y el Cabo Isidro Rito Romero- acribillaron con la fuga de 32 proyectiles a Oscar Humberto Aredes (19), Roberto Antonio Argarañaz (24) y Agustín Antonio Olivera (20).
Olivera recibió doce disparos y Aredes siete, mientras que Argañaraz, según testigos, fue subido a la camioneta, presentando un tiro en una pierna, pero luego lo llevaron al hospital donde apareció con un impacto en la cabeza.
Esa noche de otoño, en aquella esquina del barrio de Ingeniero Budge, la aplicación de la herramienta del gatillo alegre -expresión que acuñó el periodista Rodolfo Walsh- encontró nuevas víctimas para eliminar: tres jóvenes de uno de los barrios más pobres y olvidados del conurbano bonaerense. Tal vez, sin saberse perseguidos potenciales de estas balas preventivas, el Negro, Willy y Oscar formaron parte del sector de la población marcado por las fuerzas represivas.
La esquina de Figueredo y Guaminí era el punto de encuentro de los chicos de Budge. O acaso un lugar donde transitar, parar, sentarse después del trabajo, de jugar un partido de fútbol. En esos rincones la amenaza de los policías de la zona era moneda corriente: «Cuando los chicos se juntaban, el tipo, el sinvergüenza, mandaba a algún colega de él para verificar si estaban y después venía Balmaceda. Se los llevaba presos a todos. Les sacaba los documentos, pero nunca llegaban a la comisaría. Antes los empezaba a manguear, les sacaba plata y los mandaba de vuelta. Pasado un tiempo, volvía y hacía el mismo trabajo. A mi pibe, una vez, cuando había llegado recién del trabajo, se lo llevó esposado explicando que era una razzia», contaba Don Antonio, papá del «Negro», en una entrevista realizada hace unos años.
Estos tres pibes hace 23 años eran asesinados. A lo largo de las siguientes décadas miles de jóvenes pasaron por idénticas situaciones. Víctimas de una política de estado que se perpetúa en los barrios marginales, que se dirige hacia los sectores organizados y no organizados y que adquiere formalidades legales como el nuevo Código Contravencional de Scioli, las reformas aplicadas que rigen en el reino de Macri y las prohibiciones normativas y represivas que se extienden en el resto de las provincias.
En este sentido León «Toto» Zimerman, quien fue uno de los abogados de las familias de la Masacre de Budge, tomó la referencia del «gatillo alegre» y la reformuló como «gatillo fácil». Una frase que con los años se popularizó para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad en la Argentina. A los asesinatos de Willy, el Negro y Oscar siguieron hechos paradigmáticos de esta modalidad. Uno de ellos es el caso de Miguel Bru, quien el 17 de agosto de 1993 fue torturado hasta su muerte y luego desaparecido por policías del entonces servicio de calle de la Comisaría 9° de la Ciudad de La Plata, Bs. As. A pesar de que se llegó a juicio en 1999 y hubo sentencia de reclusión perpetua para dos policías, nunca se cumplió con las exigencias de la familia ni se logró dar con el cuerpo de Miguel.
Otros hechos actuales confirman esta modalidad: el 31 de enero del presente año se cumplió el primer aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, quien tenía 16 años cuando fue detenido por policías bonaerenses, trasladado a un destacamento en Lomas del Mirador y golpeado brutalmente. Nunca más se supo de él. También a fines de 2009 falleció Rubén Carballo, un chico de 17 años al que la policía dejó en coma profundo luego de una represión durante el recital de la banda Viejas Locas en el estadio de Vélez Sarsfield el 14 de noviembre. El caso más reciente es el de Matías Pena quien, el 4 de marzo de este año, fue detenido por la policía de la Comisaría 2° de Lanús y media hora después apareció ahorcado en una celda de esa dependencia.
De fugas y prisión domiciliaria
En mayo de 1998 la Sala II de la Cámara Criminal de Lomas de Zamora ordenó la detención de los asesinos. El dictamen se produjo después de agotar todos los recursos para demorar el cumplimiento de lo resuelto en la segunda sentencia en 1994: 11 años de prisión para el sub-oficial y los dos cabos.
Los tres se fugaron. A Romero el escape no le salió del todo bien y lo detuvieron en octubre de 1994. Mientras Miño fue encontrado en septiembre de 2006 y trasladado a la Unidad 9 de La Plata, a Balmaceda lo localizaron en noviembre de ese mismo año.
Desde la primera sentencia de 1990 (suspendida por errores técnicos) la falta de efectividad de la justicia, en complicidad con las cúpulas policiales y el gobierno, fue una constante denuncia por parte del barrio de Budge y los organismos de derechos humanos. La fuga de los asesinos obtuvo como respuesta una gran cantidad de acciones por parte de los vecinos, amigos y familiares de los jóvenes con el fin de rastrear a los responsables de la masacre. Mientras, el estado ausente. Y de manera constante la denuncia popular: «Las responsabilidades son tanto de la Cámara como de la Corte, por no tomar ninguna medida preventiva para detenerlos. Lo mismo para la Policía que no ha hecho nada para que se cumpla con la detención. Párrafo aparte merece el Gobierno Provincial que publicaba en los diarios las fotos de los homicidas de cuando ingresaron a la Policía, es decir con más de 20 años de antigüedad. De los 11 años de Juicio, la Suprema Corte Provincial retuvo el expediente por más de 8 años. No se cumplió con la obligación de juzgar rápida y eficazmente».
Tal es así que al artífice de la masacre, Balmaceda, se le concedió en marzo de este año el beneficio de la prisión domiciliaria. Así lo denuncia con claridad el documento elaborado en conjunto al conmemorarse estos 23 años: «tras haber pasado varios años prófugo -con la complicidad de la policía y de los gobiernos-, este represor no llegó a estar ni un solo año preso, y en estos momentos se encuentra muy tranquilo en su casa, amparado por la misma impunidad que le dio protección durante todos estos años».
Budge pregunta y seguirá preguntando
Eran las 18:45 de la tarde del 8 de mayo cuando las balas impactaron. Y fue desde ese mismo instante que el barrio asumió el compromiso de no detenerse hasta conseguir justicia. En ese camino formaron la Comisión de Amigos y Vecinos (CAV). Montaban guardias para cuidar a los testigos, se movilizaban en repudio, hacían pintadas, panfletos, afiches, boletines. Desde la fuga en 1994, familiares, vecinos y organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas, no dejaron de buscar a los efectivos y cada año -en el mes del aniversario- se lanzaban campañas de afiches con las fotos de los asesinos para pedir la colaboración de la ciudadanía y encontrarlos.
El mensaje de denuncia de este barrio en estado de alerta se reflejaba en cada intervención. Sus palabras y acciones salieron del perímetro, se expandieron más allá de la periferia mostrando cómo era su vida, sus carencias, su lucha cotidiana. Y fundamentalmente demostraron con extrema claridad que a Willy, al Negro y a Oscar los asesinó una institución que continuaba aplicando las mismas prácticas que en plena dictadura: «No entendemos qué es la democracia. Nosotros sólo la vimos nombrar. Hoy la policía entra a tu casa, te lleva, te encapucha te golpea y te deja tirado en un descampado», relataban ante las cámaras de televisión a fines de la década del 80.
Entonces, lo característico de este caso es precisamente el nivel de organización que han sabido construir ante un hecho que desde el comienzo consideraron parte de un engranaje. «Esto que pasó acá (por los asesinatos) lo vienen haciendo desde mucho tiempo atrás y no pararon de hacerlo. Los hacen, primero, porque están acostumbrados. Nosotros sabemos que para los de arriba somos marginados, somos una lacra, somos gusanos. A ellos les conviene que nosotros desaparezcamos. Cuanta menos gente haya de nosotros mejor para ellos. Nosotros sobramos por que la mayoría de la juventud no tiene trabajo», denunciaba también un joven de un barrio humilde del conurbano. Estas palabras manifestaban con exactitud la esencia de las prácticas represivas como prolongación al terrorismo de estado y como instauración y formalización de los nuevos modos de control social.
Las palabras de León «Toto» Zimerman (fallecido en el 2007), quien acompañó y luchó junto a los familiares desde un comienzo, reflejan la significación que adquirió ese territorio humilde para la búsqueda de justicia: «Seguiremos peleando e iniciamos una campaña con la idea de que llegaremos a ver presos a los culpables, marcando que la responsabilidad mayor está en el gobernador de la provincia y en el ministro de Seguridad. Ellos tienen que responder ante nosotros por no hacer la captura. Tenemos derecho a exigir. No peticionamos nada, es una orden del pueblo de Budge para que salga a buscar a quienes debe. Si no lo hace es porque no quiere y, en última instancia, es cómplice de ellos».