El fallo de la Corte de La Haya: «vía libre al despojo por las trasnacionales «

Tras la ficción de un largo periodo de estudio, la Corte Internacional
de La Haya falló sobre el litigio entre Argentina y Uruguay por la
instalación de pasteras altamente contaminantes sobre el lado uruguayo
del río Uruguay. El mismo no sorprendió a nadie y su resultado estaba,
incluso, anunciado días antes por el diario oficialista argentino
Página 12 ya que era evidente que, por debajo de la mesa, había habido
una intensa negociación entre los gobiernos de Buenos Aires y de
Montevideo para pergeñar una solución puramente formal que dejase a
salvo las políticas extractivistas de ambos y no asustase a los
inversionistas y el capital financiero internacional que en esas
políticas han encontrado su gallina de los huevos de oro. Por Guillermo Almeyra

El fallo de los sesudos jueces de La Haya dio la razón a la Argentina
en lo que respecta a la violación por el Uruguay de los tratados sobre
la gestión conjunta por los dos países del río que los limita. O sea,
fija un principio jurídico general y formula una condena verbal, casi
moral, casi casi al mal comportamiento y la descortesía del niño
Tabaré Vázquez, que violó groseramente los reglamentos escolares. Pero
ni dice una palabra sobre la defensa del ambiente. Y, sobre todo,
asegura la permanencia de la planta pastera de la empresa finlandesa
Botnia, la cual sigue trabajando (y contaminando) a pleno ritmo.

Quien recorra simplemente la carretera entre Colonia y Montevideo, en
Uruguay, podrá ver las enormes plantaciones de eucaliptos, que
arruinan la tierra, chupan el agua y reemplazan cultivos potenciales
de alimentos. En ese país dichos cultivos extractivos de la industria
forestal ocupan un tercio de las tierras arables o sea más de un
millón de hectáreas. El gobierno finlandés, por supuesto, no derriba
los bosques tradicionales de su país, que son de lento crecimiento.
Facilita en cambio a sus transnacionales madereras para que arruinen
otras tierras con cultivos de eucaliptos y las contaminen con fábricas
de pasta de papel también consumidoras de gran cantidad de agua dulce.
Dado que Uruguay limita con dos enormes ríos -el Uruguay y el de la
Plata-, no tiene grandes ríos interiores y del lado oriental limita
con el Atlántico, que tiene el mal gusto de ser salado y turístico,
¿dónde cree Usted que industrializará esas enormes plantaciones, con o
sin fallo de La Haya? Es evidente que se perfilan nuevas pasteras en
el horizonte.

El pleito en La Haya, por otra parte, fue el resultado de un corte
durante tres años de los puentes sobre el río Uruguay por parte de los
ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, frente a la
pastera de la Botnia. Esa acción directa, que muestra cómo es sensible
en todo el continente el tema de la protección del ambiente (pureza
del agua y del aire, pero también del panorama turístico y de los
pequeños balnearios, playas y hoteles arruinados por la pastera),
golpeó al turismo hacia el Uruguay y al transporte por carretera de
cargas hacia ese país. En un principio, el gobierno de Néstor Kirchner
estuvo en contra de los cortes que, por último, terminó por tolerar
para presionar al gobierno uruguayo, demasiado sensible al canto de
sirena de Wall Street y que amenazaba con firmar un Tratado de Libre
Comercio con Washington.

La presión de los cortes de los puentes determinó, pues, la
movilización de los negociadores de los gobiernos argentino y
uruguayo. Pero ambos países comparten una política extractivista
nefasta: Argentina tolera minas a cielo abierto en los glaciares y en
las fuentes acuíferas de la Cordillera de los Andes, reprime
violentamente a los pobladores de Andalgalá, provincia de Catamarca,
que quieren defender su agua del arsénico que vuelca en ellas una
enorme mina de oro a cielo abierto, da un espaldarazo al gobernador
contaminador y represor realizando en San Juan la próxima reunión del
MERCOSUR y, sobre todo, depende económicamente de la extensión brutal
del cultivo soyero, a costa de los suelos, los campesinos, las
especies vegetales y animales, los pueblos rurales y Uruguay, como
hemos dicho, reemplaza vacas y ovejas por eucaliptos como opción
productiva fundamental.

En ambos países, los gobiernos, los economistas y la Academia sigue
insistiendo en considerar que crecimiento económico y del producto
Interno Bruto es sinónimo de desarrollo, lo cual es una falacia mil
veces demostrada. Además, sugieren que las inversiones de las
transnacionales crean puestos de trabajo, cuando Botnia, por ejemplo,
dio apenas trabajo a 1 800 obreros durante la construcción de la
planta pero ahora no emplea sino cerca de 300 mientras la ciudad
donde se instaló perdió puestos de trabajo a granel y movimiento
comercial debido al bloqueo del puente San Martín sobre el río Uruguay
y, además, está contaminada y en ella los productos son más caros.

El gobierno argentino está contento pues seguramente ha conseguido en
negociaciones secretas concesiones de Uruguay (¿el apoyo a la
candidatura de Néstor Kircher a la UNASUR?) pero los ambientalistas de
Gualeguaychú siguen y seguirán movilizados. ¿Los reprimirá, como hizo
con los de Andalgalá? Será difícil. Recientemente un juez en segunda
instancia echó abajo un fallo a favor de una mina a cielo abierto que
en Tilcara, en el Norte argentino, ocupaba dos comunidades indígenas
y, gracias a la movilización de éstas, estableció que el derecho al
agua para cultivar y beber tiene precedencia sobre el uso minero y la
tierra es para producir alimentos, no para descentrarla en busca de
minerales.