«Condenar a Quebracho no detendrá la resistencia, como fusilar a Fuentealba no detuvo los cortes de ruta»

El 22 de abril se juzgará a 14 militantes del MPR Quebracho por sus acciones del 5 de abril de 2007, cuando en repudio al asesinato del maestro Carlos Fuentealba, atentaron contra un local partidario del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, quien ni siquiera está procesado por la muerte del docente.

ANRed: ¿Cuáles son los cargos contra Quebracho?

 Quebracho: Los compañeros están acusados de incendio, atentado y resistencia a la autoridad, y daños.

ANRed: ¿Cuál es el juzgado que interviene, y quiénes llevan la defensa de los militantes?

 Q: La defensa está constituida por el equipo jurídico de la fundación FIDELA (Liliana Macea, Eduardo Soares y Fernanda Pereyra), Omar Dib y Roberto Perdía. El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3.

ANRed: ¿Más allá de los cargos, que lectura política hacen de la causa?

 Q: Consideramos que se busca una lección ejemplificadora e intimidatoria no sólo contra Quebracho, sino contra el campo popular en general. Hay una clara política de criminalización de la protesta, y este juicio es parte significativa de esa política represiva. Quebracho es una organización muy signada por sus acciones de resistencia, que muchas veces han implicado distintos niveles de confrontación, y es principalmente la irreverencia política lo que molesta. No se juzga una vidriera rota, sino estarían en juicio los vecinos de tantos barrios pobres que deciden por ejemplo prender fuego la casa de un violador. Se juzga la violencia si conlleva una denuncia manifiestamente política. En ese orden represivo se puede mencionar también la persecución a Roberto Martino, a Juan Carlos Beica, o al delegado de los subtes, Néstor Segovia.

ANRed: ¿Creen que la relación entre los jueces y el gobierno es la misma ahora que cuando ocurrieron los hechos?

 Q: No, no es la misma. Creemos que hay una evidente avanzada de los sectores más retrógrados de la política argentina, como Macri a Duhalde, por lo que el juicio a Quebracho sirve como escenario de laboratorio. El kirchnerismo ha retrocedido políticamente desde las últimas elecciones, y algunos sectores judiciales han empezado a trabajar con mayor autonomismo a sabiendas de posibles nuevos actores en el poder. Están pensando que es lo que se viene. Y no nos quieren metidos en la política.

ANRed:¿Eso los favorece o los perjudica?

 Q: Ni una cosa ni la otra. Simplemente en el 2007, Aníbal Fernández podía ser el portavoz político de nuestra detención, y sus jueces podían accionar según su mandato. Ahora está más deteriorada la relación entre ambos sectores, pero en ambos hay coincidencia de que es necesario derribar la idea de que Quebracho puede andar «impune» por la calle. Claro que el gobierno tiene la desventaja de soportar la presión de condenar y tener que llevar consigo la carga de tener presos políticos, cuando todavía les es necesario levantar consignas históricas de la izquierda para poder gobernar.

ANRed: ¿Quiénes son los jueces que los juzgan?

 Q: Son Guillermo Gordo, Gerardo Larrambebere, y Miguel Pons.
Gordo escondió la publicidad de siete procesos que le tocó instruir de juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1976 trabajó en un tribunal de familia de Lomas de Zamora, totalmente partícipe del plan sistemático de robo de bebés.

En la causa contra el coronel Mario Gómez Arenas- luego condenado por delitos de lesa humanidad-, se excusó de intervenir, porque éste era amigo de su padre, el ex general de brigada Ángel Andrés Gordo. Su padre fue designado vicepresidente de la empresa Somisa nada más y nada menos que por el propio Videla.

Larrambebere tuvo una triste participación en la causa por los hechos de La Tablada del 23 de enero de 1989. Por ejemplo decidió no investigar el tratamiento que el Ejército le dio a los cadáveres (muchos despostados) y tampoco lo hizo por los cuerpos que aún están desaparecidos. Además ordenó el entierro de los asesinados, sin aviso a los familiares.

ANRed: ¿Qué implicaría para Quebracho un resultado negativo en el juicio?

 Q: Siempre la cárcel obliga a reorientar los principales esfuerzos políticos en pos de la liberación de los compañeros, lo que hace que se descuiden otros escenarios de lucha. Una condena golpearía y mucho, pero creemos que es necio pensar que la cárcel es suficiente para frenar a la resistencia en este proceso histórico que consideramos estar viviendo, tan necio como fue pensar que fusilando a Fuentealba terminarían los cortes de ruta y las huelgas.