Villa La Angostura militarizada
Por medio de un informe conjunto de estado de situación, varias organizaciones sociales, gremiales y políticas denuncian la militarización de la comunidad Paichil Antriaude, en la localidad de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. El informe da cuenta de la política represiva de parte del gobierno neuquino de Jorge Spag, que consiste en violentos desalojos, agresiones físicas, persecusiones, amenazas y un estado de desinformación constante. El objetivo: «liberar» tierras para negocios inmobiliarios. Aquí, el informe completo y fotografías de la militarización de la zona.
Informe de situación
Enero de 2010
Introducción
Los derechos de los pueblos originarios se encuentran vulnerados y amenazados a partir de la militarización de la comunidad Paichil Antriau. El 2 de Diciembre de 2009 se ejecutó el desalojo, tirando abajo tres casas, aún con gente adentro, dos de ellos niños de ocho y nueve años.
A partir de ese momento se instaló la policía y la violación sistemática de los derechos y violencia física constante. La comunidad ha denunciado agresiones, persecución, insultos, golpes de parte de los efectivos. Nada de esto ha sido escuchado. La comunidad se encuentra aislada y es víctima de una persecución también mediática que los estigmatiza y pone en duda de manera recurrente su pertenencia al pueblo mapuche.
La omisión, negación y represión son las constantes en la comunidad Paichil Antriau. El territorio está siendo saqueado, aún en los lugares sagrados.
Queremos denunciar la política represiva del gobierno de Neuquén hoy en manos de Jorge Sapag, y le solicitamos intervenga de manera urgente en este conflicto que hoy pone en riesgo la vida de los Mapuche en su territorio.
El gobierno nacional debe garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente, entre ellas la ley 26.160, recientemente prorrogada, que impide desalojos.
Le solicitamos sea garante del retiro inmediato de la policía del territorio de la comunidad y del relevamiento territorial urgente.
Contexto histórico
Luego de la llamada «Conquista del desierto» el estado argentino impuso límites espaciales e identitarios que antes no existían. Así, la cordillera de los Andes se conformó como límite jurídico que separa los estados de Argentina y Chile y se modificó el circuito de circulación entre ambas vertientes.
El pueblo Mapuche fue entonces dividido por dos estados. La nacionalidad argentina ocultó y controló las identidades de los pobladores mapuche. La frontera que separaba «civilización y barbarie» consolidó la idea de homogeneizar y someter a todos los habitantes a única cultura, una única ideología y una única ley.
La necesidad de ocupar y poblar el territorio conquistado militarmente hizo que en 1902 el gobierno nacional creara la Colonia Pastoril Nahuel Huapi en un territorio disputado con Chile; de este modo el acceso a la tierra se vinculó con el sentimiento de «argentinidad». Se cede el lote 9 a Ignacio Antriau y José María Paichil que eran considerados «argentinos». La ordenanza Nº 532/93 del Concejo Deliberante de Villa La Angostura resalta que «Ignacio Antriau fue cacique (lonko) de las huestes de Sayhueque y tenía sus dominios a principios de siglo desde el Correntoso hasta la península de Quetrihue. Cuando el gobierno nacional encomendó la mensura y subdivisión de colonia pastoril número 9 de más de 600 hectáreas, desde el actual cruce hasta el lago Correntoso y primeras estribaciones del cerro Belvedere, dándole a este cacique (lonko), el título de propiedad de estas tierras, en recompensa por sus servicios de baquiano ante la Comisión de Límites que actuaron en la zona. Fue uno de los firmantes del Acta de Fundación de Villa La Angostura en 1932 y fallece en 1936».
El proyecto estatal nacional debía vaciar toda reivindicación étnica o local y poblar con blancos afines al Estado porque la noción de desierto no es sólo geográfica sino sociocultural. Las tierras ahora de uso público en jurisdicción de Parques Nacionales, institución del Estado, se distribuyeron de modo desigual: con títulos de propiedad a «prestigiosos vecinos» recién llegados y con permisos precarios de ocupación en espacios reducidos a mapuche, los que además en muchos casos fueron considerados «intrusos».
De esta manera se legitima el genocidio que asesina los cuerpos de los pueblos y el etnocidio que priva su espíritu, generando un abandono de rasgos culturales, reemplazo lingüístico y renuncia a la filiación indígena. En este contexto, la estrategia para sobrevivir es que «para poder seguir siendo hay que dejar de ser lo que era» y desdibujar y ocultar el perfil cultural. Por eso actualmente dicen acá no hay comunidades, acá no hay mapuche, negándose la existencia y la preexistencia del pueblo Mapuche en la región, sin considerarse el rol del estado en el proceso de pérdida cultural: «Sí, el estado nos prohibió hablar la lengua a través de la escuela, nosotros íbamos a la escuela y»¦ a cantar el himno y a arriar la azul y blanca, y así tantas cosas que nos impusieron y allí fuimos perdieron la cultura, y entonces, claro, nos ‘wincanizaron'»¦».
Durante varios meses del año 2009 «el conflicto mapuche» que relacionaba al pueblo Mapuche con la ETA y con las FARC fue publicado por el diario La Nación a nivel nacional, a nivel regional por La mañana del Neuquén y el diario Río Negro, y a nivel local por el diario El cordillerano en Bariloche y La Angostura digital en esa ciudad. Estas acusaciones inverosímiles que buscan estigmatizar la lucha por el territorio, y perseguir a quienes viven y resisten en él fueron también utilizadas por Carlos «Nuno» Sapag, hermano del gobernador Jorge Sapag y activo miembro de la Sociedad Rural en Neuquén. Este sector privilegiado de la región ligado al poder político pretende desalojar a los Mapuche preexistentes, y «consolida un sistema de propiedad sustentado en la ganancia, donde nos corresponde el rol de peones de estancia» denuncian los mapuche; llaman «delincuencia rural» al accionar indígena, solicitan «terminar con la pasividad policial» y piden juzgar a los autores de recuperaciones y ejercer la «fuerza legal y legítima», es decir represión y mano dura. Esto es lo que hoy ocurre en la comunidad Paichil Antriau.
¿Qué es el Rewe?
Los Mapuche no son sin el territorio porque es desde el territorio desde donde se garantiza su continuidad como pueblo.
El mapuzungun, «el habla de la tierra» o idioma, nace y se constituye desde la propia naturaleza que los Kimche sabios Mapuche supieron interpretar y acompañar.
No existe en mapuzungun el concepto de propiedad sobre los recursos naturales porque la naturaleza y sus fuerzas sostenedoras de la vida son en su totalidad el equilibrio vital; por ello un río, una montaña, un lago son iguales a las personas y no son, como en la cultura occidental, recursos a utilizar o depredar.
Es difícil explicar muchos conceptos Mapuche, ya que no tienen traducción literal al castellano, como por ejemplo el concepto de Rewe. Este sería como una escalera al cielo, que es el punto de orientación geográfica espiritual y territorial entre el Wenu Mapu (tierra de arriba) y el Nag Mapu (Tierra de abajo); es así como los espíritus antiguos se comunican con el mundo terrenal normando las acciones cotidianas de los miembros de la comunidad
Rewe es la conjunción de dos palabras «re» es nuevo, puro, «we» lugar. El Rewe es el corazón de la comunidad, su lugar sagrado. Es un espacio físico dentro del territorio históricamente heredado que se utiliza exclusivamente para hacer ceremonias. En él no hay construcciones.
El Rewe resguarda el espíritu de los ancestros y su presencia se revitaliza en cada ceremonia, siendo el lugar de encuentro colectivo para la celebración de las mismas.
Los actuales integrantes de la comunidad Paichil Antriau tienen, como sus antecesores y sus sucesores, la responsabilidad del resguardo a perpetuidad del Rewe, ya que su destrucción y/o desaparición condena a la comunidad a padecimientos físicos, económicos y espirituales. Hoy este lugar sagrado está en grave riesgo. Está siendo avasallado, una máquina vial avanza abriendo un camino hacia el Rewe, bajo las indicaciones del norteamericano William Fisher, quien se erige como «propietario» de las tierras.
Se han saltado todos los límites: lo sagrado para una cultura es despreciable para otra.
Cronología de un despojo
A fines del 2002, la comunidad mapuche empezó a reorganizarse conformando la comunidad Paichil Antriau. Uno de los pocos lugares libres del territorio original, es precisamente, las laderas del Cerro Belvedere. Por ello, los nietos y bisnietos de aquellos mapuche que vivieron por estos valles cordilleranos empezaron a ocuparla a principios del 2004
Infinidad de amenazas comenzaron a sufrir desde entonces, ya que en este territorio aparentemente vacio y sin edificar, una complicada red de procesos de usucapión (ley veinteañal), más la voracidad de inmobiliarias locales (una de las más agresivas y la que está llevando adelante el último remate de las tierras en cuestión es la Inmobiliaria Bessone), impulsaron este último intento por desplazar a los verdaderos dueños de la tierra
A fines de 2003 y ante la acción de la comunidad, los mapuches habían logrado un compromiso por parte del municipio, según el cual no se otorgarían nuevos títulos de propiedad en la zona ni se autorizarían nuevas obras.
A fines de 2003, los integrantes de la comunidad mapuche resolvieron acampar en la zona para evitar que los intereses inmobiliarios y turísticos continuaran su avance sobre el territorio
El dia 21 de Abril del 2005 cuatro familias mapuches resultaron brutalmente desalojadas del sitio que denominan Subida del Belvedere, en Villa La Angostura.
«A uno lo llevaron esposado, preso como si fuera delincuente. Nos tiraron todas las cosas a la calle», relató una mujer de la Comunidad. «Nos mostraron la orden de desalojo pero no nos quisieron dejar fotocopia», explicó. «Esta es toda una tramoya porque en Junín de los Andes y en San Martín también se están dando desalojos ordenados por el mismo juez. Hacen desalojos para que cada uno esté en su comunidad y no se pueda mover, es todo un complot».
«No se puede avanzar, está en litigio todo eso. No entiendo cómo la Policía se puede poner a las órdenes de gente que tiene plata y hace lo que quiere», expresó una mujer. «El intendente (Hugo Panesi) nos hizo esperar un poco, nos recibió y nos dijo que presentemos una nota por escrito, porque nosotros queremos una revisión de los títulos de todas las propiedades. No pretendemos que nos devuelvan todo, pero que hagan una revisión para ver cómo es que pudieron obtener los títulos los señores estos que consideran, les pertenece».
En 2006 el estadounidense William Henry Fisher presentó ante el Juzgado un «interdicto de recobrar» en contra de dos pobladores del lugar, a fin de que se le «restituya» la posesión de un predio del cual había sido «despojado» en 2005 por un grupo de personas que invocaban «un derecho del pueblo originario».
El 25 de septiembre de 2007 el Juez Videla, sin darle participación a la comunidad afectada y sin notificar a los demandados, dictó sentencia teniendo por probados los dichos del demandante (en los que afirmaba haber colocado una cerca en el año 1997 y realizado un desmalezamiento en el año 1998) a los que atribuyó el carácter de «actos posesorios» de conformidad con el código civil, y ordenó a quienes se había notificado la demanda y a «toda otra persona que se encuentre ocupando» las tierras, a «restituir la posesión» al Sr. Fisher.
Luego de que el tribunal intentara efectuar el desalojo, sin conseguirlo por la resistencia del Lof, el Lonco Ernesto Antriau, denunció que los demandados no habían sido notificados y que la demanda fue entregada a personas que no eran miembros del Lof y que se hallaban habitando una casa prestada en un lugar distinto al que reclamaba Fisher.
Esta falta de notificación le impidió a la comunidad ejercer su defensa e invocar que la posesión indígena sobre el territorio, que ha sido desde tiempo ancestral.
El Lof presentó un pedido de nulidad a la sentencia, y en febrero de 2008 Videla rechazó el planteo. La decisión del Juez fue apelada, pero el recurso fue denegado.
El juicio entre el norteamericano William Henry Fisher contra el Lof Paichil Antriau estuvo plagado de irregularidades. Por este hecho, la causa se encuentra desde 2008 con una denuncia y con un pedido de medida cautelar en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el 2007, hubo reiterados intentos de desalojo, resultando en uno de ellos herido de bala un integrante de la Comunidad.
El 20 de Marzo del 2008 la Comunidad Paichil Antriau fue nuevamente desalojada de su territorio por la presión ejercida por Fisher. La paradoja fue que la noche anterior al desalojo existía un clima de acuerdo entre las partes, sin embrago a las 9 horas se presentó en el lugar el empresario, su abogado y un grupo de contratados por Fisher y comenzaron a desarmar las casas de la comunidad Paichil Antreau. Ante este hecho, la Policía Provincial formó un cordón de efectivos para «preservar» el territorio sin permitir el ingreso de los integrantes de la comunidad al espacio.
En el 2009 y en el marco de la prórroga de la Ley 26160 por 4 años más, y el compromiso incumplido de realizar el Relevamiento Territorial y suspender todo tipo de desalojo el dia 2 de diciembre un dispositivo especial de la policía de Neuquén concretó el desalojo de una de las fracciones del antiguo lote agrícola-pastoril Nº 9, donde vive la comunidad mapuche Paichil Antriau desde fines del siglo XIX. Fuerzas policiales de la Provincia de Neuquén realizaron un desalojo en la Comunidad destruyendo rukas a machetazos y con motosierras, violando marcos jurídicos Internacionales, Nacionales y Provinciales. Un puesto policial se instaló para garantizar que Fisher y el personal contratado por él Â-un grupo de 15 personas encapuchadas, algunos de la vecina ciudad de Bariloche- levantara rápidamente una casilla y un baño químico.
Algunos de los aberrantes actos cometidos por la policía que pudimos escuchar por parte de los integrantes de la comunidad son:
La comunidad se encuentra totalmente militarizada, vive el atropello diario de la policía, que ha instalado puestos policiales en cercanía de las rukas, restringiendo al extremo los derechos y las garantías de la población que vive y transita en el lugar y realizando provocaciones denigrantes como bajarse los pantalones y mostrar los genitales e insultar a las mujeres de la comunidad.
Las rukas han sido destrozadas. Algunas familias se fueron por no soportar el terror, la tensión constante; una niña sufrió un episodio de angustia, miedo, pánico, frente a los tiroteos constantes.
Los habitantes de la comunidad son prisioneros en su propio territorio; se ha desatado una verdadera cacería humana por el bosque; realizándose operativos armados constantes, detenciones sin orden judicial, vigilancia y hostigamiento policial y de parapoliciales ensañados en particular con los jóvenes, a los que han disparado y herido. «Sembraron armas» para incriminar a los jóvenes. También detuvieron a menores de edad quienes estuvieron varias horas incomunicados, y fueron golpeados y torturados.
El fiscal De Lillo cometió diversas irregularidades al tomar las denuncias efectuadas, como cambiar palabras y el sentido de lo denunciado, haciendo abuso de autoridad y faltando a sus deberes de funcionario judicial.
«La policía destruyó las rukas, rociaron con nafta nuestras quintas, nos llevaron la mesa, la olla, la parrilla, hicieron un asado con la madera de nuestras rukas, colgaron un perro con alambre hasta matarlo y lo tiraron en la ruka, la policía corre a la gente por el bosque»¦ Cuelgan botellas y hacen tiro al blanco, han venido con sus perros, nos arrinconan, saquean, reprimen, muchos han perdido su trabajo por no poder bajar al pueblo y tampoco podemos bajar a comprar alimentos» nos decía una anciana y expresaba: «yo he vivido siempre en la comunidad, yo tengo 3 hijos y la placenta de mis tres hijos están enterradas en estas tierras»¦La legitimidad sobre el territorio no nos la quita nadie, tenemos una lucha fuerte, la territorial, porque pone en juego intereses económicos y por ello tenemos muertos».
El día miércoles 12 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado Nacional a «Informar sobre las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados por los solicitantes, miembros de la Comunidad Mapuche Lof Paichil Antriau de la Provincia de Neuquén, Argentina».
Dos días después el diario Río Negro publicó un artículo en el que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel exige al Gobierno de Sapag «la inmediata restitución de las tierras a la comunidad Mapuche» y les recuerda que «están violando la Constitución Nacional, los Pactos y Protocolos Internacionales de las Naciones Unidas».
El sábado 16 de enero W. Fisher avanzó con las topadoras sobre el Rewe, espacio ceremonial espiritual de la cultura Mapuche, para realizar un emprendimiento privado. Ante la reacción de la comunidad por recuperar el Rewe, nuevamente se sucedieron hechos de violencia con balas de plomo, gases y balas de goma, en los que resultaron integrantes de la comunidad heridos.
Durante las primeras horas del lunes 18, miembros del Consejo Asesor Indígena presentaron -ante la Justicia- un hábeas corpus «para resguardo de la vida y la integridad de la comunidad Paichil-Antriau y otros miembros del pueblo que reingresarían al sector que la justicia desalojó en favor de Fischer, instalando allí un tercer puesto policial en la Comunidad».
Ante la Fiscalía, también denunciaron miembros del Consejo Asesor Indígena «el delito que implica la destrucción del Rewe por parte de Fischer y todo el dispositivo del Estado que lo permite. Copia de esas presentaciones las entregamos formalmente ante el municipio para que paralice la obra hasta tanto se investigue, así como ante la Comisaría local. Así, la comunidad ingresó pacíficamente a resguardar el espacio sagrado». Esto fue comunicado tanto a «Fischer como a la policía cuando se acercaron. El propio Fischer informó del ultimátum, y fue quien condujo de hecho la represión, usando un arma corta, aparentemente de calibre 22».
Podemos decir que la comunidad parece ser «zona liberada», territorio donde lo fundamental, para las clases dominantes, son los privados con poder económico: el negocio inmobiliario.
Petitorio
Por todo lo expuesto, exigimos del estado argentino, y particularmente de quien se halla a cargo hoy del mismo como es la Señora Presidenta, el cumplimiento de la normativa constitucional argentina establecida en el artículo 75, inciso 17, así como de los instrumentos internacionales suscriptos por este país y que, por lo tanto, se hallan en la más alta jerarquía de la pirámide jurídica, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del año 2007, de modo que:
1. Se proceda al inmediato retiro de las fuerzas policiales y de los grupos especiales represivos que el estado neuquino ha dispuesto para militarizar ilegítimamente el territorio de la comunidad Paichil Antriau de Villa La Angostura, vulnerando abiertamente nuestro derecho al territorio y violando el carácter sagrado que para el pueblo Mapuche posee nuestro rewe.
2. Se brinde debida respuesta a la recomendación realizada el 13 de enero de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y cuya principal función es la de velar por la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica y los Tratados y Convenios internacionales suscriptos por cada uno de los países americanos. En virtud de dicha recomendación el estado argentino, sin posibilidad de deslindar responsabilidades entre la nación y las provincias, cuenta con 10 días para informar al concierto interamericano respecto de las medidas adoptadas frente a la situación de militarización del territorio de la comunidad Paichil Antriau. Ante las denuncias por violencia institucional contra el gobierno de la provincia de Neuquén, que criminaliza la identidad mapuche, la Comisión Interamericana exige al estado argentino explicite las medidas adoptadas para garantizar la revisión territorial del territorio de la comunidad Paichil Antriau y para suspender los desalojos en virtud de lo normado por la ley nacional 26.160.
3. Se brinde la debida prioridad a la aplicación de la ley 26.160, cuya vigencia fuera renovada recientemente por el Congreso Nacional por cuatro años, a fin de que se decrete la nulidad de la sentencia de desalojo del juez Videla, en tanto haber sido dictada en forma abiertamente inconstitucional y en franca violación a la normativa vigente. La ley 26.160 obliga al estado argentino, y por ende a todas sus provincias, a suspender la ejecución de cualquier desalojo dispuesto contra una comunidad indígena por cualquier juez de la república, hasta tanto se realice el correspondiente relevamiento territorial por un equipo interdisciplinario que integre antropólogos, arqueólogos, historiadores y otras especialistas que el estado argentino debe disponer al efecto. Situaciòn notoriamente incumplida en el caso de la comunidad Paichil Antriau.
4. Se brinde el debido respeto al principio de preexistencia del pueblo Mapuche establecido por el artículo 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, en virtud del cual se reconoce a quienes habitáramos este territorio desde antes de la existencia del estado argentino, que hoy apenas llega a su Bicentenario, y se obliga al estado nacional y a las provincias, a respetar la identidad del pueblo mapuche, la forma tradicional de posesión de nuestro territorio y la integridad de nuestros lugares sagrados, y en particular, se encuentra obligado a relevar nuestros territorios y a confeccionar los títulos comunitarios de los mismos, procediendo, de ser necesario, a la expropiación para el caso de haberse otorgado indebidamente derechos a terceros, tal como hoy sucede con el supuesto reconocimiento que el estado neuquino brinda al ciudadano norteamericano William Fischer.
La comunidad Paichil Antriau está compuesta por más de 30 familias y viven en ella más de 20 niños y jóvenes que se encuentran padeciendo distintas formas de violación de sus derechos, quedando indefensos frente a la violencia ejercida por la policía en su territorio.
De las 625 hectáreas reconocidas por el decreto firmado en 1902 por el Presidente Julio Roca, reafirmando el derecho sobre el lote l N°9 de la Colonia Pastoril Nahuel Huapi en favor a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriau correspondía en función de la Ley 1501 de 1884 – territorio que resultaría definitivamente reconocido con el título de propiedad confeccionado por el Gobierno del General Perón en 1952-, la comunidad Paichil Antriau sólo conserva la posesión efectiva sobre apenas 220 hectáreas, que son las que hoy se encuentran avasalladas.
Solicitamos al Estado Nacional sea garante del retiro inmediato de las fuerzas militarizadas del territorio de la comunidad Paichil Antriau, así como del cumplimiento de la ley 26.160 e inmediato relevamiento territorial.
«Este informe fue elaborado y cuenta con la adhesión de las siguientes Organizaciones Sociales, Gremiales y Políticas»
Comunidad Quintriqueo
Comunidad Cayun Lago Puelo
Comunidad Maliqueo
Comunidad Motoco Cárdenas
Comunidad In Inkayal Walmapu Mew
Comunidad Huenuleo
Comunidad Las Huaytecas
AVKIN PIVKE MAPU (comunicación mapuche)
Consejo Asesor Indígena (CAI)
Confederación Mapuche Neuquén
Coordinadora del Parlamento Mapuche Río Negro
Mapuches Autónomos e Independientes Wallmapu
Programa «Estas Ahí», Radio Nacional
Asamblea en Defensa de la Radio Pública
Ate Seccional Bariloche
Ate Zona Sur Neuquén
Encuentro Nacional de Mujeres Bariloche
Encuentro Nacional de Mujeres Villa La Angostura
Movimiento Ocupante e inquilinos Bariloche
Junta Vecinal Villa Llanquihue
Junta Vecinal «Las Margaritas»
Multisectorial Villa La Angostura
Centro Cultural Belgrano, Villa La Angostura
Biblioteca Popular «Osvaldo ayer»
Foro Social Urbano Ushuaia
Foro contra la Criminalización de la protesta
Pañuelos en rebeldía
Mesa de Organización de la Tierra Bariloche
Colectivo de organizaciones Sociales y Políticas de la Comarca Bolsón
Colectivo de Organizaciones por la Tierra , por el Agua y las Costas Libres.
FM Gente de Radio
CCC Neuquén
CCC Bariloche
Partido Comunista Revolucionario Bariloche
Juventud Comunista Revolucionario Bariloche
Proyecto Sur Bariloche
EPADHES
Radio El Arka
Contactos:
Lonko: Ernesto Antriau: (02944)15607505
Inan LONKO: Amandina Gutiérrez: (02944) 15613336