La batalla por los esclavos de la patagonia

Falopa, prostitución y casino. Estas tres mercancías masificadas en suelo patagónico son las claves para las complicidades y costumbres más abyectas construidas por y desde el poder en la provincia de Santa Cruz. Quienes lo dejaron en evidencia y dan una pelea épica en su contra es la organización Alameda, que estuvo desde este lunes a miércoles en la ciudad capital. En esta segunda visita pública a la provincia, la Alameda evidenció a los cuatro puntos cardinales esta putrefacta planificación política. Esto provocó movimientos espasmódicos del establisment santacruceño. Por Lucas Schaerer.

La Alameda se reunió con los representantes legislativos de la oposición, que son los victoriosos en la última elección; además los recibió la jueza y fiscal que llevan adelante la causa de las «Casitas» que derivó en otra de drogas; y los militantes planificaron junto con el líder de la iglesia católica las alternativas a las mafias prostibularias. Las citas con oposición, iglesia y justicia ya forma parte de la historia de los diarios y radios más importantes de Santa Cruz.

A los legisladores de la oposición que lidera Eduardo Costa se les dejo una propuesta. Que convoquen públicamente al gobernador Daniel Peralta a elaborar en conjunto un proyecto de ley para derogar las ordenanzas que habilitan bares y wiskerias que son tapaderos de prostíbulos. Quien quedaría como arbitro entre ambas fuerzas políticas es el obispo Juan Carlos Romanin.

Esta propuesta no significará la impunidad. A la justicia la Fundación Alameda le encomendó más pistas para investigar y para ello se hicieron dos ampliaciones a la primera denuncia de abril. Se aportó tanto de los sitios donde fue reconvertida las «Casitas», como las rutas del tráfico de personas, y pidió el alejamiento de los efectivos policiales locales. Sobre la policía local sobrevuela sospechas de encubrimiento mafiosos que llegan al punto de los asesinatos de sus propios policías de bajo rango, como Chocobar y Sayago.

La Alameda también tuvo en su agenda el diálogo con la comunidad gállense. Tanto por la charla en la Universidad Nacional Austral Patagonia, como con los periodistas, congregaciones religiosas, y vecinos. Con todos ellos se está pensando impulsar plurales espacios culturales. Hoy ausentes.

Este viaje de la Alameda a las entrañas del poder nacional puso blanco sobre negro: en lo político, judicial, mediático, y en lo policial.

«Las Casitas» de prostitución, con cerca de 300 mujeres que no salían ni a comprar cigarrillos, ubicadas en el patio trasero de la terminal de micros, no era solo una denuncia mediática que por primera vez registró audiovisualmente el interior del mayor centro de encierro sexual de argentina.

En lo judicial avanzó, por decisión de una jueza y fiscal, pero demostró las limitaciones de recursos con las que deben lidiar. Por ejemplo los altos mandos de la policía provincial deschavaron el allanamiento a las «Casitas» a principios de junio.

Pese al aviso del allanamiento quedaban en las «Casitas» unas 150 mujeres. Ellas testimoniaron ante la justicia federal local. Aunque bajo la coerción de la mafia proxeneta. Algo inevitable y típico en causas con Trata donde el Estado no propone alternativas a las víctimas ignorando así los tratados internacionales ratificados por ley, como el Convenio contra la Discriminación de la Mujer, y solamente creando huecas Subsecretarias de Derechos Humanos sin protocolo de asistencia integral a las víctimas del encierro sexual. Esto que implica sobretodo seguir sometidas al consumo de drogas, alcohol y tabaquismo, para aguantar una vida de abusos de lunes a lunes, que no respeta feriados, fechas patrias, ni festividades.

Las mujeres traficadas desde otros países -como Paraguay o más remotos como República Dominicana- y provincias pobres del norte argentino siguen viviendo, hasta el día de hoy, en los mismos bares estilos casitas de colores de Río Gallegos. Dependiendo de la manutención de la madame que ahora las obliga al delivery sexual. Y con un núcleo de treinta proxenetas, y manos derechas, que salen a la calle y en los medios a marcar su rechazo al avance de la justicia.

Entonces las esclavas sexuales, sin saberlo, son la disputa de la madre de todas las batallas: la jurídica.

Por una lado, los reglamentistas. Estos mostraron el rostro a favor del proxenetismo. En la justicia están los denominados «progres» de la Sala II de la justicia Federal Nacional. Estos tres jueces, Farah, Cattani e Irurzun, fallaron a favor de los prostíbulos. En una causa con menores de edad prostituidas a manos de un ruso y mujeres en el microcentro porteños aseveran los magistrados que es inconstitucional prohibir los prostíbulos. Pero mucho antes los jueces Farah, Cattani e Irurzun se habían mandado otra a favor del poder sin derechos humanos. La esclavitud laboral, puntualmente los talleres textiles, para estos tres jueces no era otra cosa que una costumbre de la comunidad indígena en Bolivia, los Allyu. En la causa contra los dueños de la marca SOHO esto se intenta aplicar.

Mientras que en lo político -coincidiendo con la Sala II- valen las palabras de Aníbal Fernández pos escrache a la red de prostíbulos en Constitución y Monserrat. En tanto que en Santa Cruz del gobernador para abajo, y la mayoría de los intendentes como el que esta semana salió en defensa de los cabarets en pueblo de La Pampa. Para todos estos la esclavitud sexual es un «comercio» y se enmarcan en «costumbres culturales» inalterables y privadas de los hombres.

«Es común en las familias de Gallegos que las mujeres esperen con el café al hombre cuando vuelve de las Casitas, o que los tíos y padres lleven a debutar a los adolescentes», contó una estudiante universitaria de Gallegos en una clase encabezada por Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, y Mario Ganora, abogado.

En el caso de las «Casitas» justifican que es preferible el control Estatal a través de las libretas sanitarias para las chicas encerradas y con la custodia policial echando a los clientes por las mañanas. Esto llega al punto máximo cuando el Estado recauda de esta flagrante violación a derechos humanos básicos. La intendencia de Río Gallegos desde hace veinte años que cobra impuestos de ABL a los proxenetas por instalarse en tierras fiscales.

En las antípodas están los abolicionistas. La Fundación Alameda, con sus militantes y un equipo de voluntariosos abogados prestigiosos, han logrado varias victorias inéditas. Coincidir a las organizaciones protagonistas del Encuentro de la Mujer en el mismo repudio público contra la Trata y la esclavitud sexual que dio el cardenal Jorge Bergoglio en Plaza Constitución. Y a nivel de Santa Cruz el obispo, Juan Carlos Romanin, fue quien consiguió del intendente de la localidad Piedra Buena que derogará la habilitación de los bares y wiskerias, los tapaderos de prostíbulos en ese pueblo santacruceño.

En este avance plural de la Alameda contra las «Casitas» de Gallegos se logró que el procurador Nacional Esteban Righi impartiera a los fiscales de todo el país una resolución para aplicar la prohibición de los prostíbulos, y que el Departamento de Estado norteamericano hiciera mención a las atrocidades de la Trata y esclavitud en argentina. Hasta en ámbitos con reconocimiento mundial, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Alameda tuvo incidencias. El abogado Ganora logró con sus postulados que se elaboré un manual contra la Trata y Trabajo Forzoso que debe ser aplicado por la policía de trabajo de toda la república. Todo esto sin detenerse en los avales individuales de diputados nacionales, que llegan hasta propios aliados del kircherismo.

La Alameda con esta segunda visita pública de la semana pasada no hizo más que construir una clara barricada.

De un lado quienes quieren reglamentar la Trata y el proxenetismo, postura reivindicada antes de 1930 por este país, y enfrente quienes buscan implementar efectivamente los más modernos tratados internacionales del planeta que coinciden con la ley de profilaxis y enfermedades venéreas, que fuera impulsada por socialistas anticlericales como Alfredo Palacios.

Igual lo jurídico acompaña otra disputa. La batalla entre la sociedad con vetustas costumbres y otra sociedad muy alejada de ello, pero que aún se mantiene pasiva frente a la ignominia de las esclavas sexuales argentinas y extranjeras. Lo demuestran los errados vaticinios sobre las olas de violaciones que haría el macho patagónico, como pregonaban muchos con el cierre de las Casitas, y que nunca ocurrió. Mientras esos hablan otros están impulsando desde abajo la cultura.

Unas cinco mil personas por internet están avalando una campaña por la construcción de un cine, y en los barrios más marginales de Gallegos, quienes tienen calado el frío polar en los huesos, grupos de mujeres impulsan políticas comunitarias sin padrinos políticos o campañas proselitistas.

A la vista se está librando una batalla crucial contra la esclavitud sexual en esa ciudad, que repercute en toda la patria. De fracasar esta inusual disputa para liberar a las esclavas de los prostíbulos avanzaría sin límites y encubierto en un discurso de defensa de las acciones privadas (artículo 19), la escandalosa y mafiosa derogación del artículo 17 de la ley 12.331 que prohíbe tácitamente la instalación de casas de prostitución.

La Fundación Alameda lleva el estandarte de una nueva historia que se esta construyendo. Ese lugar se lo ganó a fuerza de acción, pluralidad y debate. A tal punto que muchos confunden a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, como integrante de la Alameda. A tal punto la referencia contra las injusticias, que Vera y Ganora recibieron denuncias de anónimos y por la calle sobre violaciones a los derechos humanos que no son de las mujeres en los prostíbulos.

La ruptura con las costumbres anticuadas y discriminadoras a todo nivel ya comenzó en Gallegos. Se retoma las banderas de las asambleas del 2002 y más cerca en el tiempo de los docentes. La puja es evidente entre los dos modelos. El prostibulario o la libertad. El esclavista o la emancipación. La batalla contra la Trata sexual abarca inevitablemente a la laboral. Esta pelea será decisiva para frenar las humillaciones en los trabajos, en la facultad y en la familia.

Cuánto tiempo más se mantendrá la pasividad de los buenos?