Una postal más de la ciudad excluyente y represiva de Macri
Sumando una pieza más a su progresiva escalada represiva, el gobierno de Mauricio Macri inició a principios de año una causa penal contra Omar Furchi y Maximiliano Verón, dos vecinos porteños que se resistieron al enrejado de la Plaza Martín Fierro del barrio San Cristóbal. El Miércoles 13 a las 10 de la mañana el Juzgado Penal Nº2 (Tacuarí 138) pondrá en marcha el juicio, bajo la figura penal de «daño agravado», un delito que podría no ser excarcelable y con una pena que va de los tres meses a cuatro años de prisión. Diversas organizaciones y movimientos se manifestarán frente al juzgado contra lo que podría generar un peligroso antecedente al poner tras las rejas a vecinos por el sólo hecho de manifestarse contra la privatización del espacio público.
Crónica de los hechos
Haciendo una breve crónica de los hechos, se podría decir hace seis meses atrás, el viernes 13 de marzo, alrededor de medio centenar de vecinos, estudiantes y miembros de la Asamblea de la Plaza Martín Fierro se autoconvocaron con el objetivo de defender ese espacio verde del enrejado y encierro que la gestión macrista pensaba disponer, en base a la progresiva política privatizadora y de «ciudad excluyente» que inició ni bien se instaló en el gobierno porteño.
Bajo la consigna «NO a las rejas de Macri» los vecinos marcharon al CGP más cercano de la zona (Sarandí 1263), para entregar, a modo de protesta, parte de la tela metálica perimetral con la que se intentó cercar el simbólico e histórico predio del barrio. La respuesta del gobierno porteño fue clara y contundente: un fuerte operativo «cerrojo» integrado por policías de civil reprimió la marcha con golpizas, gases lacrimógenos, carros hidrantes y la presencia de dos cuerpos de Infantería.
De esta manera, tres manifestantes que no pudieron escapar de la represión fueron detenidos, «golpeados con saña», según indican los testigos, y trasladados a la Comisaría 18 (Av. San Juan 1757) y permanecieron demorados por casi seis horas sin que se les labren actuaciones sumariales de la fiscalía ni del juez de turno. Los detenidos eran los vecinos Omar Furchi y Maximiliano Verón, y un joven de nombre Jeremías.
Poco tiempo después, en lo que los integrantes de la asamblea barrial leen como «una aplicación clara de la doctrina de la Ley Antiterrorista», el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Germán Garavano, solicitó el procesamiento de Furchi y Verón, acusándolos de delitos contravencionales y correccionales que podrían derivar en una pena de 3 a 5 años por ejercer el legítimo derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional.
La causa hoy: sorpresas, cambios de carátulas, pintadas y tachitos rotos
El primer día de audiencia del juicio a Oscar Furchi y Maximiliano Verón transcurrió con llamativas sorpresas. Por pedido de la fiscal interviniente en la causa, la doctora Silvia Di Nápoli, se procedió a un cambio de carátula que contempla la modificación de la figura legal de «daño simple» por la de «daño agravado».
De esta manera, la aplicación del artículo 184 inciso 5° del Código Penal para el juicio a Furchi y Verón, puede significar una pena que oscila entre los tres meses a cuatro años de prisión, con lo cual se trataría de la imputación de un delito que podría no ser excarcelable.
Para los vecinos asambleístas el cambio de carátula «pone al desnudo la estrategia de presión urdida por la fiscalía, tras un nuevo rechazo – el cuarto consecutivo – de los vecinos judicializados a ingresar a un ‘régimen de probation’, que significaría adjudicarse la autoría de los hechos imputados» .
La figura de «daño agravado» que ahora viene a ser la estrella de la causa se apoya sólo en dos mínimos hechos: la presunta rotura parcial de un tacho de basura y las pintadas realizadas en las paredes en un organismo público (el CGP Nº3, correspondiente al barrio de San Cristóbal). «Esta es la muestra concreta de la utilización legal de figuras penales para la criminalización de la protesta social», señalan en un comunicado los integrantes de la asamblea.
Debido a estas idas y vueltas en las maniobras de la fiscalía, la continuación de las audiencias se prorrogó hasta el próximo miércoles, a pedido de Ramiro Geber, abogado defensor de Furchi y Verón, e integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), con el objetivo de readecuar la estrategia de defensa a este inesperado cambio de carátula.
La petición de la defensa fue concedida por el juez a cargo, Dr. Carlos Bentolila, motivo por el cual se reanudarán las audiencias el próximo miércoles 13 de octubre en el Juzgado Penal Nº2 (Tacuarí 138), ante cuyas puertas diversas organizaciones se manifestarán contra el juicio «por manifestarse en contra del encierro y la privatización de espacios públicos» y en reclamo contra la «NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL» y el «EL DESPROCESAMIENTO DE MAS DE 4000 COMPAÑEROS JUDICIALIZADOS».
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