«El espacio público nos pertenece a todos»
Movimientos sociales, organizaciones estudiantiles, centros culturales y asambleas barriales junto a la Coordinadora de Lucha en la Ciudad – La Dignidad no se Privatiza se movilizaron hoy hacia las puertas del Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a las políticas de desalojo implementadas por el gobierno porteño y con el pedido de disolución de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP) dependiente de ese ministerio.
La convocatoria comenzó a las 16:30 cuando los movimientos, organizaciones, centros culturales y asambleas se empezaron a congregar frente al Obelisco. Luego, alrededor de las 17 las columnas comenzaron a avanzar por Diagonal Norte en dirección a Plaza de Mayo.
Finalmente, llegaron frente a las puertas del Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos (Diagonal Norte y Florida), custodiado por un fuerte operativo policial, que contaba también con una gran cantidad de efectivos de civil que vigilaban, tomaban fotografías y filmaciones de los concurrentes. A pesar de ello, la jornada de protesta se llevó a cabo sin problemas.
Una vez allí, voceros de los manifestantes dieron a conocer los reclamos centrales a través de un documento único consensuado por la coordinadora:
«Denunciamos la política represiva y excluyente que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, quien frente a la terrible crisis habitacional de la ciudad responde con una patota parapolicial que amenaza, golpea y desaloja brutalmente a miles de familias que habitan en viviendas precarias o en la calle, violando así uno de los derechos humanos más elementales.
La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), que depende del Ministro Juan Pablo Piccardo. Funciona como un grupo parapolicial, intimidando y golpeando a hombres, mujeres y niños que ante la precariedad habitacional de la Ciudad terminan viviendo en la calle.
Otra de las «tareas» que lleva adelante es la intervención en desalojos, aún en los que se hacen sin sentencia judicial, con una brutalidad propia de la última dictadura. Actuando de noche y en autos sin identificación.
Así como el gobierno nacional plantea como solución a la inseguridad la baja de la edad de imputabilidad, reforzando los mecanismos represivos; Macri lo efectiviza con las patotas, la policía metropolitana y la aplicación del Código de Convivencia, vulnerando los derechos humanos más elementales.
Ni las patotas ni la policía metropolitana resolverán la inseguridad. Mientras no existan políticas que garanticen a todos/as trabajo, vivienda, educación y salud, la inseguridad no va a disminuir.
Denunciamos la política represiva que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri hacia miles de familias que sobreviven en viviendas precarias o en la calle, obligadas a vivir en esas condiciones justamente por la falta de respuesta por parte de su propio gobierno a la crisis habitacional.
El espacio público nos pertenece a todos/as los/as que habitamos y transitamos la Ciudad:
Basta de accionar parapolicial
Disolución de la UCEP
No al avance represivo
Basta de desalojos
Emergencia habitacional
Construcción de viviendas sociales.»
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