Etnocidio en la selva, una masacre deliberada
El pasado viernes 5 de junio se desató una feroz represión policial en la Amazonia peruana, en la que murieron al menos 40 nativos, según datos de la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas (CAOI), que impulsa la realización de un
juicio internacional contra el presidente peruano Alan García por genocidio. El pasado 9 de abril se inició una protesta en esa región en rechazo a una serie de decretos legislativos dictados por Alan García que dictaminaban la explotación de hidrocarburos, como precisa el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Hoy miércoles 10 de junio a las 18.30 habrá un Acto en solidaridad con el pueblo indígena Amazónico peruano en la Ciudad de Buenos Aires.
Etnocidio en la selva, una masacre deliberada
Por Carlos Angulo Rivas
(Aporrea)
La diferencia no es muy grande, sólo los seres humanos masacrados han cambiado. La sed de sangre de Alan García Pérez es inagotable. Repite su historia del pasado, la de ordenar matanzas humanas como las de El Frontón, Lurigancho, Los Molinos y las de las comunidades andinas. No le importa si mueren pobladores o policías. No se diga que no hubo paciencia en el pueblo. Sesenta días de huelga masiva de los pueblos nativos de la Amazonía, de protesta nacional y de apoyo global a esa justa lucha, a lo largo y ancho del país, además de la solicitud internacional, son exhortaciones más que suficientes para hacer reflexionar cualquier gobernante, excepto, para un genocida calificado que no escucha ni escuchará jamás a nadie.
La maniobra aprista en el Congreso el día de ayer, para no tratar el problema de la derogatoria de los inconstitucionales decretos legislativos depredadores de la Amazonía, los cuales no respetan el medio ambiente, ni los ríos, ni los árboles ni los animales y menos los derechos ancestrales de lo pueblos originarios, fue el preparativo indispensable para ordenar el asesinato de quienes sólo defienden su derecho a existir.
Hace apenas dos días el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, organismo asesor del Consejo Económico y Social, hizo un llamado preventivo al gobierno peruano respecto a lo que podía ocurrir en caso de seguir embromando a los nativos a través de conversaciones dilatorias y farsantes. El organismo de la ONU expresó su preocupación sobre los informes recibidos durante su octavo período de sesiones en relación a los abusos que viene cometiendo Alan García en contra de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades nativas. La Presidenta de ese organismo, Victoria Tauli Corpuz, en declaración oficial, recordó al Gobierno peruano la obligación que tiene de consultar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, tal y como lo establecen los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT. En su exposición manifestó que siendo el Perú firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno está en la obligación de garantizar el pleno respeto de los derechos de las comunidades sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos, así como el consentimiento libre, previo e informado de las mismas. También el organismo expresó su profunda preocupación por el estado de sitio decretado por el gobierno de García Pérez desde el 8 de mayo de 2009 en contra de las comunidades y organizaciones indígenas. Al respecto, la funcionaria internacional agregó: «El estado de sitio está dando lugar a la suspensión de las libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas;» en consecuencia, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas pidió al Gobierno peruano suspender de inmediato el estado de sitio.
Sin embargo, a pesar de las exhortaciones y de los reclamos, a pesar de la ilegalidad de los decretos legislativos, el gobierno de Alan García y del títere Yehude Simon ha optado por el etnocidio, pues más de 20 indígenas y 12 policías han muerto en el primer enfrentamiento de una conflagración anunciada, mientras otras 100 personas resultaron heridas, en su mayoría de bala, producto de la acción policial, desde helicópteros, ordenada por el gobierno en la Amazonía. Este crimen premeditado por el gobierno no tiene absolución alguna, ya que en un desafío a las razones legales en todos los idiomas, Alan García pretende justificar la masacre llamando «SEUDO DIRIGENTES» a los genuinos representantes de los nativos, agregando además que «cualquier estallido de violencia en la Amazonía sería responsabilidad de ellos.» Y con el cinismo que lo caracteriza, conocidos los hechos de sangre de su responsabilidad en la selva, García Pérez afirmó que los nativos estaban instigados a la violencia y utilizados como «carne de cañón» por la dirigencia de la Aidesep, encabezada por Alberto Pizango, en un intento de «jugar a la revolución.» «Cualquier hecho lamentable es absolutamente responsabilidad de los seudo dirigentes y seudos nativos que han estado instigando a personas más humildes a que tomen acciones ilegales y violentas.» Como se observa en las palabras, la pretensión de justificar el etnocidio por parte de Alan García no sólo es inconcebible sino insólita e inadmisible en una autoridad censurada por el noventa por ciento de los ciudadanos peruanos, más aún cuando piensa y vocifera que los dirigentes y los pobladores se han disfrazado de nativos, porque no de otra forma se entiende aquello de seudos nativos cuando, en realidad estamos, sin darles muchas vueltas, frente a un seudo gobierno.
La crisis del paro regional de la Amazonía que lleva sesenta días se fue agravando por las maniobras dilatorias inconsistentes del gobierno y una mesa de diálogo a cargo de un primer ministro mequetrefe, como Yehude Simon, tratando de engañar a los dirigentes nativos, lo cual llegó a desbordar los límites de la paciente espera de soluciones aceptables. Y se salió de control cuando el día de ayer el pleno del Congreso volvió a aplazar el debate sobre el decreto 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es parte de un paquete de diez leyes atentatorias al hábitat indígena y a los recursos naturales del país. ¿Cómo se explica que la Comisión la Encargada del Estudio de los Decretos Legislativos Referidos al Sector Agrario declare inconstitucional a esta legislación, para luego en una clara maniobra sin debate alguno, la mayoría congresal acuerde ponerlos de regreso a la mesa de «dialogo»? Sí señores, los decretos legislativos 997, ley de organización y funciones del Ministerio de Agricultura; 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, y 1035, Ley de adecuación al acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de la OMC; y además, los decretos legislativos 1059, Ley General de Sanidad Agraria; 1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria; 1080,que modifica la Ley Nº 27262 , Ley General de Semillas; 995, que modifica la norma de Relanzamiento del Agrobanco; 1055, que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; 1078, que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, etc. fueron declarados ilegales por pasarse por alto el ordenamiento constitucional.
Aquí los dirigentes y los miles de nativos que se mantienen en pie de lucha contra esos decretos abusivos e ilícitos por atropellar sus derechos territoriales y sociales, por arrebatar sus tierras y los recursos naturales de ellos y del país, no son figurados ni falsos o seudos nativos como señala Alan García sino hombres de carne y hueso y familias enteras abusadas por el centralismo y la usurpación que se pretende, quienes al no ser escuchados han recurrido a la huelga y la rebeldía. Por ello también, los pueblos aborígenes han denunciado la campaña de desprestigio y persecución en su contra, diseñada desde el gobierno central. Estamos, pues, frente a una sangrienta masacre de pobladores humildes y étnicos catalogada en la legislación internacional como genocidio, siendo la única salida a la crisis creada en la Amazonía la renuncia obligada del criminal perpetrador, Alan garcía Pérez, a fin sea juzgado por este nuevo crimen de lesa humanidad. El llamado a la insurgencia popular con una paralización nacional hasta la renuncia del genocida Alan García Pérez, quien debe pasar a disposición de las autoridades judiciales por las matanzas habidas y los robos de su gobierno detectados, es el único remedio a la crisis de gobernabilidad. No cabe otra solución. Los pueblos del Perú y sus organizaciones sociales, políticas y gremiales tienen la palabra.
La Amazonía rebelde
Por Anahí Durand Guevara (Perú)
Al surcar el Marañon y adentrarse en territorio awajum, es imposible no sobrecogerse por la magnificencia de la selva, el ancho de sus ríos y la dignidad de miles de hombres y mujeres empeñados en mantener su identidad desafiando siglos de exclusión y miseria. Pueblos como Bagua, Imaza, Urakusa o Santa María de Nieva podrían describirse como «zonas de frontera» -en el sentido amplio del término como la geografía donde empieza a delinearse el territorio del estado nación- cuyos habitantes originarios han logrado hacer valer su condición de ciudadanos en base a un largo proceso de organización y a constantes luchas por el respeto a su identidad. Es por ello que el último paro amazónico no puede considerarse un hecho excepcional; se inscribe en la larga duración de protestas nativas y campesinas que hoy se enfrentan directamente al modelo neoliberal. Se trata de un asunto que nos compete a todos en tanto se juega el futuro de nuestros recursos naturales, la dignidad de nuestros compatriotas amazónicos y la imposición de la violencia como salida a los conflictos, sustentada en un discurso autoritario que mella más aun nuestra frágil democracia. Temas importantes que merecen ser reflexionados y discutidos, aquí algunas ideas.
Las últimas protestas amazónicas
El 8 de junio del 2008 el Ejecutivo promulgó una serie de Decretos Legislativos, en el marco de las facultades entregadas por el Congreso para legislar temas referidos a la aplicación del TLC con los Estados Unidos. No obstante que según la Constitución estos decretos debían limitarse a este tema específico, varios de ellos referían a la concesión y explotación de los recursos mineros, forestales y de hidrocarburos en la Amazonía. Este hecho provocó la indignación de los pueblos originarios agrupados en AIDESEP, desarrollando entre agosto y setiembre del 2008 un paro en toda la selva. En aquella ocasión, dado lo aberrante del caso (tal como lo demuestran las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Defensoria), el Congreso derogó el DL 1015, otros decretos como el 1073 o el 1064 no fueron derogados comprometiéndose el Congreso a evaluarlos en la brevedad posible: tomando en cuenta este acuerdo los nativos suspendieron las protestas. Pero una vez más se aplicó la política de la mecedora; por más cartas que los indígenas enviaron al Legislativo recordándole su compromiso no se dio ningún paso. El 9 de abril del 2009 se reiniciaron las protestas en la Amazonía; fueron 57 días de tomas de carreteras, movilizaciones y conversaciones entre la dirigencia indígena y el primer ministro. Pese a esto el Congreso siguió dilatando la discusión de los decretos cuestionados y el ejecutivo continuó desprestigiando al movimiento. La huelga continúo hasta que el viernes 5 de junio se decidió «imponer autoridad» desatando una masacre en Bagua que dejó como saldo aproximado 55 muertos (33 nativos y 22 policías) y cientos de heridos…una cifra catastrófica que no se veía desde los tiempos de la guerra contra subversiva.
Esta breve cronología indica que el conflicto no era nuevo, por el contrario se trataba de una demanda legalmente sustentada que llevaba casi un año gestándose y aceptando diversos niveles de conversación con el Estado. ¿Por qué se dilató tanto la revisión de estos decretos, por qué no se cumplieron los ofrecimientos? Pues por que el gobierno no tenía en absoluto voluntad política de resolver la situación. Jugando al desgaste y al descredito de las dirigencias Alan García y sus ministros pretendían dilatar la situación al punto en que pudieran mostrar a los nativos como intransigentes y a la zona en total desgobierno, todo debidamente sazonado por la racista prensa limeña y el clamor de mano dura de la derecha.
Finalmente la represión se desató en Bagua; es importante resaltar la organización de la protesta y la necedad interesada del gobierno. AIDESEP es una organización consolidada, capaz de resistir una protesta larga y muy distinta a otras estructuras coyunturales como los Frentes de Defensa. Hace 30 años que AIDESEP fue fundada y su estructura parte de la representación comunal, articulando apus y jefes nativos de 57 federaciones incluidos el Consejo Aguaruna Huambisa y la Federación Ashaninka. El trabajo de AIDESEP no se ha limitado a la simple reivindicación, han asumido proyectos de desarrollo y han incursionado exitosamente en la representación política existiendo alcaldes indígenas en distritos como Imacita o Condorcanqui. Al margen de los problemas internos y discrepancias que han afectado al gremio, los niveles de cohesión y representatividad son incuestionables y así quedo demostrado durante la huelga. Al gobierno aprista, aferrado al discurso de la manipulación externa (venezolana o boliviana), no le interesó evaluar esto, como tampoco le importó tomar en cuenta que en la zona de conflicto la presencia del Estado ha sido y es básicamente militar. Resulta por ello tragicómico escuchar a los ministros preguntarse quién entregó armas a los nativos, cuando la política estatal durante décadas ha sido armar y entrenar militarmente a la población amazónica, ya sea en Comités de Autodefensa para enfrentar la subversión o como reservistas del ejercito para enfrenta al Ecuador en el caso del Marañon. Por supuesto en ambas oportunidades los nativos eran peruanos como cualquiera y debían poner el pecho por su patria, en esta ocasión cuando los nativos defienden sus derechos son asesinados y cuestionados por utilizar las mismas armas y el mismo entrenamiento que el Estado les proporcionó.
Sobre la profundización del modelo y las resistencias sociales
Dicho esto conviene analizar más allá de la coyuntura y detenernos en la política de neoliberalismo autoritario – con sus dosis de violencia y criminalización- que con vehemencia habitual viene imponiendo Alan García. En las elecciones presidenciales del 2006 el APRA enarboló la bandera «del cambio responsable» una suerte de alternativa socialdemócrata al proyecto de la derecha mucho más moderado que el nacionalismo humalista. No fueron pocos los que se dejaron convencer votando por esta propuesta retóricamente bien presentada, mas aun tomando en cuenta la inexistencia de la izquierda y la improvisación del Partido Nacionalista liderado por Ollanta Humala. Sin embargo, pocos meses después de asumida la presidencia, rápidamente García giró del discurso del cambio responsable a la prédica del «perro del hortelano», apostando sin ambigüedades por el capital transnacional, la privatización de servicios y empresas, en suma por la profundización del modelo económico neoliberal iniciado durante el gobierno de Fujimori y que tan poco bienestar ha generado en las mayorías.
Con esta prédica, el gobierno puso en la mira la explotación de los recursos naturales, pues pese a tanta supuesta modernización el Perú sigue siendo básicamente exportador de materias primas. La explotación y concesión de la minería y el petróleo por el capital transnacional son los puntos centrales refiriéndose a las «millones de hectáreas ociosas para maderas por que las comunidades no cultivaron ni cultivarán nada, depósitos minerales que no se trabajan, petróleo en el subsuelo desperdiciado» (García; 2007)»¦Todos los recursos desperdiciados por la ineptitud de los pobres que ocupan estas tierras engañados por la demagogia de políticos. Una mirada absolutamente sesgada pues obviamente el abandono estatal es responsable de que campesinos y pueblos nativos no hayan sido capaces de aprovechar esa riqueza. ¿Cuál es la política de desarrollo agrario para la Amazonía, cuántos créditos se han entregado a las comunidades para proyectos de desarrollo sustentable, que ha propuesto el ministerio del Ambiente? No hay política alguna; los gobiernos han dejado a los pobladores amazónicos de su cuenta y riesgo y hoy bajo el argumento de que los recursos ahí ubicados son de toda la nación se pretende entregar la selva a empresas transnacionales que pagaran un canon irrisorio, deforestarán el bosque, depredarán el territorio y no generarán empleo ni bienestar, deteriorando aún más las condiciones de vida locales. La historia es conocida, ha sucedido ya en pueblos mineros como La Oroya, en Cajamarca y en la misma Amazonia. Pero lejos de debatir modelos de desarrollo alternativos, consultar a las poblaciones locales, dialogar respecto a su propuesta extractiva, el gobierno promulga leyes inconstitucionales, descalifica a los indígenas y desata una represión desmedida.
Lo cierto es que estamos en un punto de expansión del modelo económico donde la imposición autoritaria e incluso violenta pareciera inevitable. No somos un caso nuevo, en Chile hace años que los mapuches son desterrados de sus territorios para la expansión de la industria forestal; contra ellos ha caído todo el peso del Estado pinochetista continuado por la Concertación que ha asesinado y encarcelado a sus dirigentes ante la pasividad de la sociedad chilena. Esto por no hablar de otras demandas que son aplastadas con mayor criminalización como las protestas de los estudiantes secundarios que no modificaron en nada la privatizada educación y sólo endurecieron las penas para los adolescentes. En México la firma del TLC con Estados Unidos dejó desvalido el campo mexicano guardando relación directa con el alzamiento zapatista del EZLN. Más recientemente otras expresiones de protesta social como la de Oaxaca evidenciaron no sólo reclamos economicistas sino un profundo descontento con el modelo económico y fueron duramente reprimidos por el gobierno federal. Con los sucesos del 5 de junio del 2009 García ha dejado claro que seguirá esta línea de imposición violenta y esto puede marcar un momento de inflexión en las formas de politización y resistencia social.
En este punto el panorama se presenta complejo y se hace difícil predecir el curso que en el Perú tomarán las resistencias al neoliberalismo. Lo cierto del lado de la protesta es que pareciera haber quedado atrás la etapa de «resistencia pacífica» heredada del conflicto armado interno donde las movilizaciones debían cuidarse de no responder con violencia la represión estatal. La muerte de 23 policías lo demuestra y más allá de lo lamentable de toda pérdida humana, refleja el grado de indignación de una población agredida y armada – no por traficantes sino por el mismo Estado- De otro lado la fragmentación social continúa; la reacción de la CGTP ha sido tardía y post represión cuando las protestas llevaban meses, mientras otros gremios como la CCP o la CNA e incluso CONACAMI no han cobrado ningún protagonismo. Por su parte, la oposición institucional representada por Humala y el PNP una vez más se ha mostrado inoperante e incapaz de generar iniciativas prontas que enfrenten al gobierno. Sin embargo, ante la represión desatada se han activado prontamente redes de solidaridad internacional con ECUARUNARI del Ecuador o el ACIN de Colombia, y también redes nacionales realizándose marchas y vigilias en varias ciudades del país aunque hayan sido invisibilizadas por los grandes medios de comunicación. Lo mas deseable seria que toda esta ira social pudiera ser capitalizada políticamente por un proyecto de izquierda que articule una propuesta sensata frente a la hegemonía neoliberal compitiendo democráticamente por el poder el 2011. Pero los deseos no siempre se concretan y la intransigente soberbia del gobierno enturbia aun mas el panorama; el trato despectivo a los nativos, la orden de captura a toda su dirigencia, la insistencia de García en una «conspiración extranjera», los honores a policías y el estado de emergencia en Amazonas no hacen mas que abonar al descontento. Por lo pronto, queda esperar que la movilización social presione para que se abra al paso al diálogo y las demandas amazónicas sean escuchadas evitando volver al viejo péndulo de exclusión y violencia por el que tantas veces nuestra historia ha transitado; una vez mas la tarea esta en nuestras manos.
Fotos: Prensa de Frente