«Las tropas en la calle no garantizan la seguridad»
Con escuadrones provenientes de otros puntos del país, el Gobierno dio el primer paso para concretar el «Estado Mayor Metropolitano» que coordina las policías Federal y Bonaerense, la gendermería, la prefectura y la SIDE.
La idea que lo origina es «disuadir la comisión de delitos», pero en los hechos constituye un aumento de las fuerzas represivas en la vida de los ciudadanos y una militarización de las fuerzas policiales.
Organizaciones piqueteras y de derechos humanos ya repudiaron la llegada de los 2 mil gendarmes al conurbano bonaerense.
El incremento de 2 mil efectivos de Gendarmería Nacional a las fuerzas policiales que ya patrullan en el conurbano bonaerense fue considerado por organizaciones piqueteras y de derechos humanos como «un avance más de la situacion represiva que vivimos con el objetivo de paralizar a la sociedad», ya que «las tropas en la calle no garantizan la seguridad cuando resulta evidente que la plana mayor de la policía bonaerense esta investigada por corrupción».
En diálogo con ANRed, integrantes de diferentes movimientos de trabajadores desocupados de la Provincia de Buenos Aires y abogados defensores de organismos de derechos humanos repudiaron la medida adoptada la semana pasada por el Gobierno Nacional que consiste en el envío de 2 mil gendarmes al primer y segundo cordón del conurbano bonaerense con el objetivo de «reducir los altísimos niveles de inseguridad», según informaron voceros oficiales la semana pasada. La medida ocurre en medio del relevamiento del jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario Alberto Sobrado, porque no pudo explicar cómo obtuvo los 300 mil dólares que posee en una cuenta radicada en el paraíso fiscal de las Islas Bahamas que fue denunciada esta semana.
Con la movilización de escuadrones provenientes de otros puntos del país, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires han dado el primer paso operativo para concretar el archi propagandizado «Estado Mayor Metropolitano» destinado a coordinar los operativos y la actividad de las fuerzas de las policías Federal y Bonaerense, la gendermería, la prefectura y el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). Este nuevo organismo Metropolitano depende directamente de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional.
La idea que lo origina es producir un efecto «saturación» que consiste en la ostentación de la fuerza y capacidad operativa de las fuerzas represivas para «disuadir la comisión de delitos». En los hechos constituye un aumento de las fuerzas represivas en la vida de los ciudadanos y una militarización de las fuerzas de seguridad destinadas a la prevención del delito, como son las fuerzas policiales.
Claudia Peruggino, abogada causa Barrionuevo
La abogada que investiga en la causa por el asesinato de Javier Barrionuevo, Claudia Peruggino, opinó que «es una barbaridad» y que «no es casual que el tema de disponer de más efectivos en la calle vuelve a surgir en vísperas de elecciones». Javier Barrionuevo fue asesinado de un disparo en la garganta el 6 de febrero de 2002 en la ruta 205 de El Jagüel, cuando un puntero del intendente de la zona trató de cruzar el piquete en el que estaba el joven. El homicida fue liberado gracias al fiscal Pablo Pando, que retiró los cargos en el juicio oral.
Peruggino cree que esta decisión no hará más que «agudizar el problema de las detenciones» que son muy comunes en provincia de Buenos Aires y «aumentará la represión para los sectores desprotegidos, es decir se tenderá a perseguir a los pobres».
«La seguridad no pasa por colcocar más efectivos de las fuerzas, sino por atacar el verdadero origen del delito, como por ejemplo los desarmaderos donde las bandas cuentan con la complicidad policial», concluyó la abogada.
Pablo Solana, MTD Aníbal Verón
Por su parte Pablo Solana del MTD de Lanús en el MTD Aníbal Verón expresó que «esto es un avance más de la situacion represiva con el objetivo de paralizar a la sociedad».
El referente del movimiento de desocupados indicó que «tras de esto no sólo estan los integrantes de las Fuerzas Armadas sino también sectores del poder económico», para luego explicar que «los intereses de este sector son desplazar a quienes se opongan al modelo de hambre y miseria que plantean y de esta forma represiva creen que lo lograrán «.
Claudio Pandolfi, Correpi
El abogado Claudio Pandolfi de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) manifestó que «las tropas en la calle no garantizan la seguridad cuando resulta evidente que la plana mayor de la policía bonaerense esta investigada por corrupción».
Para Pandolfi la medida del gobierno es una «cuestión de campaña electoral» ya que «la seguridad es un tema por el que todos los candidatos demuestran preocupación para ser votados, como por ejemplo los candidatos de ultraderecha Patti y Rico». Las elecciones de gobernador en la Provincia de Buenos Aires serán el próximo 14 de septiembre y se teme que luego de esa fecha el actual gobernador, Felipe Solá (que tiene chances de ganar la reelección) implemente feroces operativos represivos en toda la provincia.
El abogado, que interviene en la causa que investiga los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a manos de la policía bonaerense, tambien enfatizó que «no soluciona el problema que se descubra ahora que los comisarios tiene cuentas en el exterior, sino que esto a medida que se acercan las elecciones más acciones de este tipo se verán».
Pedro Kuperman, CUBA
El dirigente de la Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa), Pedro Kuperman, apuntó al presidente Kirchner, quien «equivoca el camino», porque «el problema es el hambre y la desocupación, los cuales generan inseguridad» aunque si bien el movimiento avala que el presidente haya
«descabezado la Corte Suprema, las FF.AA. y la policia».
Kuperman prosiguió contra el presidente al enunciar que «no tenemos ninguna expectativa con Kirchner, no creemos que esto cambie» porque es «más de lo mismo que hizo Duhalde y por eso no vamos a dejar de pelear».
«Si hay plata para pagar a estos corruptos, estos responsables del gatillo facil y la represión, entonces tiene que haber plata para que el pueblo no se muera de hambre» remarcó el dirigente.
Ernesto Aldana, FTC
Ernesto Aldana, dirigente de la Federacion de Trabajadores Combativos (FTC) hizo referencia a que «ya el año pasado se dispuso que Gendarmería estuviera en los trenes y esto provocaba que los movimientos de desocupados no pudieran viajar» y consideró la actual disposición como «un avance más de las fuerzas represivas, tanto de Gendarmería como de Prefectura».
Aldana expresó que en el problema de seguridad que plantea el gobierno «no hay soluciones para todos los ciudadanos, no busca el bienestar de la sociedad» porque «no se resuelve para los sectores más humildes, que no son ni la hija del poderoso empresario menemista Macri, ni el padre de un jugador de futbol, sino gente de pocas monedas».
El dirigente acusó a las mismas fuerzas de seguridad como responsables de los secuestros extorsivos al decir que «miembros de la policía y ex oficiales de las Fuerzas Armadas participan del juego de las empresas de seguridad» y denunció que «los dueños de las agencias de seguridad son militares que necesitan que exista un mercado para la inseguridad».
Roberto Martino, MTR
Roberto Martino, dirigente del Movimiento Teresa Rodriguez (MTR), opinó que «con esta maniobra Kirchner cumple el plan trazado por Duhalde el año pasado antes de la masacre de Avellaneda» e indicó que «nadie ignora que los días previos a la jornada del 26 de junio hubo una serie de reuniones donde se acordó con decisión política amedrentar a quienes se opongan a la política gubernamental».
«Esta decisión del gobierno de Kirchner convalida en la práctica lo que Duhalde dispuso», acusó el dirigente y agregó que «por más progresista que Kirchner se muestre, esta ofensiva de colocar efectivos en las calles tiende a crear acostumbramiento, a parecer normal detener y revisar a la gente ante cualquier tipo de sospecha».
Para Martino la ola de inseguridad es «fomentada por las mismas fuerzas de seguridad» ya que «no hay delitos sino es con acuerdo con las cúpulas policiales».
Jorge Ceballos, Barrios de Pie
El coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, Jorge «Huevo» Ceballos, opinó que en el problema de inseguridad «no pasa por incrementar el número de efectivos», sino que «lo central es el tema económico, la política de exclusión que plantea este gobierno lo cual sustenta la inseguridad».
Ceballos agregó que «hay algo más terrible para sumar, que es que los integrantes de las fuerzas continúan con las prácticas llevadas a cabo en la dictadura, que son las de disponer de las vidas y los bienes de la gente». El dirigente acusó a las fuerzas de seguridad de «manejar el negocio de la droga, la prostitución, y especialmente la industria del secuestro extorsivo», y destacó que «el problema real que hay que atacar es la economía , que genera todos los demás problemas».