Amplio repudio al anuncio del gobierno de crear un Servicio Cívico Voluntario
Tras el anuncio del gobierno de Mauricio Macri de la creación de un «Servicio Cívico Voluntario» para los y las jóvenes, gestionado por la Gendarmería Nacional, organismos de derechos humanos y organizaciones repudiaron el anuncio. «La inscripción a dicho ‘servicio’ se abre el 1° de agosto, cuando se cumplen dos años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado a manos de esa misma fuerza», remarca el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. «Esta iniciativa no soluciona ninguno de los problemas que pretende resolver», sostiene la Comisión Provincial por la Memoria. Por su parte, la AGD-UBA expresó: «es la confesión pública del brutal fracaso de todo un régimen político que, en lugar de garantizar el derecho a estudiar o a obtener un trabajo que no sea precarizado y en condiciones de superexplotación, envía a sus jóvenes a los cuarteles». Por ANRed.
Luego del anuncio de la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación – a cargo de Patricia Bullrich – que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, donde la Gendarmería Nacional llevará adelante políticas de promoción y protección de adolescentes y jóvenes, una gran cantidad de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y personalidades salieron a repudiar públicamente la medida por considerarla «demagógica» en tiempos electorales. Compartimos algunas expresiones de esos espacios.
«Es cínico que en sus fundamentos la resolución invoque la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dejándola a cargo de la Gendarmería, que desde los 90′ es parte de la represión a las luchas sociales y la militarización de barrios populares», sostuvo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agregó: «para colmo, la inscripción a dicho ‘servicio’ se abre el 1º de agosto, cuando se cumplen dos años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado a manos de esa misma fuerza. Los supuestos ‘valores’ que puede transmitir la Gendarmería son opuestos a la solidaridad juvenil con las causas justas que representa la figura de Santiago», señaló. Además sostuvo que el obejtivo de fondo de la medida es «reafirmar su plan de avanzar con el ajuste del FMI, fortalecer el aparato represivo, legitimarlo socialmente y disciplinar a la juventud. Siguiendo su política de reconciliación con los genocidas, una de las sedes del nuevo ‘servicio’ es Campo de Mayo, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y muerte durante la última dictadura militar».
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo que «la medida busca poner en manos de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia sin intervención de los organismos de promoción y protección de sus derechos«. En ese sentido, consideró: «la iniciativa es irresponsable, demagógica y pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos». Y señaló: «fortalece una impronta represiva y un discurso punitivista que justifican la intervención de las fuerzas de seguridad como única política pública para la niñez. Esta iniciativa no soluciona ninguno de los problemas que pretende resolver».
El gremio docente universitario AGD-UBA también se pronunció al respecto: «a 25 años del asesinato del soldado Omar Carrasco, cuyo masivo repudio terminó con el servicio militar obligatorio bajo el menemato, el gobierno de Macri y Bullrich resuelve crear un servicio cívico voluntario destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años que no estudian ni trabajan, bajo la instrucción de Gendarmería Nacional«, señaló. Agregó que cuando se habla de la Gendarmería se trata de «la fuerza que persiguió hasta la muerte a Santiago Maldonado y la que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. La que, junto con las fuerzas represivas del Estado, reprime las movilizaciones y las luchas populares frente a una crisis terminal en la que estamos hundidos». Finalmente, consideró que la resolución «es la confesión pública del brutal fracaso de todo un régimen político que, en lugar de garantizar el derecho a estudiar o a obtener un trabajo que no sea precarizado y en condiciones de superexplotación, envía a sus jóvenes a los cuarteles».