La Campaña Nacional Migrar No Es Delito le exigió al Gobierno que deje de separar familias

Trabajadores y trabajadoras migrantes, junto a organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional Migrar No Es Delito movilizaron hoy hasta la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). «Exigimos la anulación definitiva del DNU 70 que modificó la Ley de Migraciones 25.871, provocando el retroceso en materia de derechos humanos – denunciaron en un comunicado – La DNM, con el decreto 70, pasa por encima a la propia ley Nacional de Migraciones, la cual contempla que en el caso de expulsión de migrantes con antecedentes penales, sea revisado cuando el o la migrante tenga familia e hijos en el país. El gobierno de Macri está separando familias, lo cual debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad argentina». Gracias a la protesta lograron conseguir la promesa de apertura de una mesa de trabajo para el 23 de julio. Por ANRed.

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La concentración comenzó desde las 10 frente a la plaza de la estación de Retiro. Luego, de allí se movilizaron hasta la sede de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), ubicada en la Avenida Antártida Argentina al 1355. La movilización se da luego de no haber recibido respuestas oficiales tras el «3° Migrantazo» que la campaña realizó el 13 de marzo.

Aquella vez se movilizaron hasta las puertas de ese organismo, junto a más de 4 mil trabajadores y trabajadoras migrantes, donde le entregaron una carta al director del organismo, Horacio García, manifestando su preocupación por las políticas antimigrantes llevadas adelante por el gobierno del presidente Mauricio Macri. También habían exigido que «se tomen medidas urgentes para terminar con las expulsiones arbitrarias, como sucedió con Vanesa Gómez, ciudadana peruana separada de sus hijos argentinos». Y además pidieron «poner fin al sistema de radicación RADEX, el cual ha traído innumerables problemas para el acceso a la residencia», y rechazaron el «aumento del 1000% de las tasas migratorias».

Como en todo este tiempo no recibieron respuestas oficiales del gobierno, decidieron volver a movilizarse. En la convocatoria, las organizaciones exigieron «la anulación definitiva del DNU 70 que modificó la Ley de Migraciones 25.871 provocando el retroceso en materia de derechos humanos», sosteniendo que el decreto «pasa por encima a la propia ley Nacional de Migraciones, la cual contempla que en el caso de expulsión de migrantes con antecedentes penales sea revisado cuando el o la migrante tenga familia e hijos en el país«. En ese sentido, sostienen que la medida no respeta el «el interés superior de los/as niños/as y adolescentes, firmado y ratificado por Argentina en la Convención de derechos de niños, niñas y adolescentes de 1991«.

También denunciaron que «el gobierno nacional continúa agravando la situación social de los y las migrantes con el anuncio de la complementación de cuatro fuerzas de seguridad para actuar como policía migratoria auxiliar». En ese marco, señalaron principalmente el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: «este anuncio alerta a todos y todas las migrantes de CABA, donde la Policía de Ciudad es el principal ejecutor del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, por ‘portación de rostro’ o por ser pobres, exponiéndonos a una situación de vulnerabilidad y criminalización en el espacio público».

Finalmente, denunciaron: «el gobierno de Macri está separando familias, lo cual debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad argentina».

Al cierre de esta nota, las organizaciones confirmaban que gracias a su lucha y movilización lograron la promesa de la apertura de una mesa de trabajo para el 23 de julio. De la jornada de lucha participaron el Bloque de Trabajadxres Migrantes (BTM), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero, Barrios de Pie, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otras.