Habeas corpus en el país de los despidos
El 6 de junio, la aceitera Bio Ramallo despidió de forma arbitraria a 28 trabajadores, quienes reclamaban una recomposición salarial. Tras el anuncio de huelga por parte del Sindicato, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Ante el incumplimiento por parte de la empresa, los despedidos decidieron acampar. La respuesta: el envío de más de 200 efectivos policiales y un apagón que retrotrae a lo sucedido en Jujuy en 1976. Por estos motivos, siete concejales presentaron un habeas corpus preventivo. Por ANRed.
Vehículos policiales no identificados o sólo parcialmente, despliegue policial con al menos 200 efectivos de distintas departamentales, intimidación para que los despedidos firmen formularios de imputación de delitos en blanco y un apagón de las luces de calle y del ingreso a la planta, motivaron la presentación del habeas corpus preventivo y colectivo para los 28 cesanteados por Bio Ramallo, aceitera ubicada en dicha localidad, en la Provincia de Buenos Aires.
La medida fue solicitada por siete ediles del Concejo Deliberante, junto con la Casa de la Memoria local, quienes consideraron este procedimiento jurídico como «el remedio idóneo para evitar que continúe la vulneración de derechos y libertades» de los trabajadores.
Cabe señalar que el apagón se produjo el sábado 22, «quedando los trabajadores en total vulnerabilidad frente a un operativo policial en total clandestinidad; lo cual agrava la preocupación de un posible accionar ilegal de las fuerzas de seguridad». Así lo afirman los ediles en el escrito presentado el 26 de junio ante el Juzgado de Garantías Nº3 de San Nicolás.
Juan Manuel Combi, abogado de los trabajadores, hace referencia a la gravedad de este hecho al recordar «épocas siniestras de nuestro país. Uno se acuerda de Ledesma, por ejemplo». En aquel año, 1976, en plena dictadura militar, se realizaron cortes de electricidad en Jujuy, para así secuestrar a más de 400 personas.
El letrado remarca que el apagón en Bio Ramallo fue «avalado por quienes dictan las órdenes: el Ministerio Público, supuestamente tratando de prevenir delitos que no existían». Los trabajadores denuncian que quien da estas órdenes, Julio Tanús, fiscal de San Nicolás, «no brinda las garantías necesarias».
«La preocupación -asevera Combi- es que ocurra algún hecho represivo que pueda terminar con la integridad física de alguno de nuestros compañeros. Esperamos que el habeas corpus tenga acogida y que el fiscal entienda que esto se trata de una medida de fuerza y que acá no hay delincuentes sino trabajadores reclamando sus derechos».
Ayer, en solidaridad y mientras continúa el acampe, el gremio de Camioneros comenzó un bloqueo que se extenderá hasta la madrugada del lunes.
En el país de los despidos -donde las últimas estadísticas señalan que entre marzo de 2018 y marzo de 2019 cada dos minutos se perdió un puesto de trabajo-, este habeas corpus se presenta además «a los fines de evitar que las fuerzas policiales turben el derecho a huelga», tal como recalcan los concejales en la presentación, haciendo referencia a este derecho constitucional y democrático.