El Pueblo Pilagá espera que la justicia otorgue un amplio reconocimiento histórico por la Masacre del 47
Se espera la sentencia por la Masacre de La Bomba antes de que comience la feria judicial de invierno. Esta matanza a cientos de pilagás ocurrida en 1947 es una de las deudas que tiene el Estado con los Pueblos Originarios. La verdad revelada de los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina contra las poblaciones preexistentes podría cuestionar la historia oficial para reconstruir, por fin, una verdad con la participación de todos los protagonistas. Por Agustina López Oribe para ANRed
Tras 14 años de iniciada la demanda civil, el Juez Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal de Formosa tiene toda la instrucción del expediente lista para dictar sentencia. Los alegatos presentados por las partes actoras tienen peculiaridades propias muy instaladas en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, pero sin precedentes cuando se trata de pueblos originarios.
Los alegatos fueron presentados a fines de mayo, las dos partes actoras lo expusieron oralmente y la demandada dejó el suyo por escrito. Una de las demandas, correspondientes a tres pilagás representados por los abogados Julio César García y Carlos Alberto Díaz basa su alegato en un pedido de resarcimiento económico para cada pilagá mayor de edad y lo fundameta ampliamente basándose en las indemnizaciones otorgadas a las víctimas del terrorismo de Estado durante la década del 70.
La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, es la otra parte actora. Está conformada por 22 comunidades en las que se estima viven 6 mil personas, patrocinados por la Dra. Paula Alvarado, piden además de la indemnización correspondiente, una serie de requerimientos que modificaría profundamente los modos de ver la realidad de la conformación de la Argentina. Solicitan que la sentencia ordene al Estado incluir la “verdad histórica” que incluye revelar y publicar la verdad sobre la Masacre ocurrida contra su pueblo. Además piden un reconocimiento público y la aceptación de la responsabilidad por parte del Estado y algo profundamente trascendente para nuestra historia: que se conmemore y homenajee a las víctimas con un monumento con sus nombres, que se incluya en los planes de estudio y material didáctico en escuelas en todo la República.
Estudiar los genocidios indígenas practicados para tomar posesión de sus territorios hacia el norte y hacia el sur abriría una perspectiva distinta a las nuevas generaciones. La mirada eurocentrista, con sus héroes y próceres distan mucho de incluir la participación de indígenas y negros en la construcción de la Argentina. El progeso de mitad de siglo XIX y principios del XX despreciaba socioculturalmente a estas poblaciones; pero al mismo tiempo, las explotaba en condiciones cercanas a la exclavitud. Trabajaban en ingenios, obrajes y algodonales en condiciones infrahumanas y sin percibir sueldos. Cuando su mano de obra no se necesitaba, los hacinaban en reducciones controladas por distintas iglesias o por el Estado donde les cambiaban los nombres, los adoctrinaban con un Dios monoteísta y los obligaban a trabajar a la manera del blanco, siempre con control militarizado. Ya no podían proveerse de su alimento con la recolección, caza y pezca porque no podían transitar libremente por los montes.
En el caso de Formosa, el progreso no llegó con Julio A. Roca y sus campañas a los desiertos del norte y sur, sino mucho después. Mientras en Alemania se llevaban a cabo los juicios contra el nazismo, acá se seguían practicando matanzas, violaciones y torturas a las poblaciones consideradas inferiores. Y ocurrieron durante gobiernos democráticos como el del radical Hipólito Yrigoyen y Juan D. Perón.
Si bien hay esbozos que crecen día a día sobre la verdad histórica, es urgente que el Estado sume políticas de reconstrucción y deconstrucción de los hechos escritos una y otra vez en los manuales escolares.