Graves denuncias sobre terrorismo de Estado en Chubut
La ciudad de Corcovado, cercana a Esquel, en Chubut fue ocupada ilegalmente durante varios días en el mes de marzo por la policía con allanamientos violentos y todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos, generando un Estado de Sitio. El intento de detención de Cristian Omar Bustos, un joven del pueblo mapuce, desató la terrible represión. Marta y Omar los padres de Cristian, están en Buenos Aires para contar lo que ha sucedido en el pueblo sureño junto a Moira Millán, representante de la comunidad mapuce de la zona. Hoy viernes, a las 14, irán al Ministerio de Justicia para ser recibidos por el ministro y entregarle en mano las denuncias que vienen firmadas por más de 80 pobladores.
Testimonios
Omar Bustos
«Todo se desencadenó a raíz que mi hijo mayor estaba prófugo de la justicia hacia dos años. El 8 de marzo él llega a mi casa con miras a entregarse a la justicia, pero él quería su abogado defensor. Lo llama al abogado, cuando llegó la policía a mi casa. Les explico que mi hijo se va a entregar, pero que va a esperar a su abogado para hacerlo. Tenía la casa entera rodeada de policías, mientras yo hablaba por el frente de mi casa con ellos diciéndoles que si el abogado tardaba mucho buscáramos al juez de paz, que haga de garante de la entrega de mi hijo. En eso, atrás de mi casa, en el patio, la policía entra por sorpresa. Ante la situación mis hijos escapan de la casa, corren una cuadra, sin tirar y yo en el medio gritando que por favor no tiren. A la cuadra se desató el tiroteo, la balacera. Ahí cae mi hijo muerto, mis otros dos hijos baleados, un policía muerto y otro herido. De ahí se desató toda la represión de la policía de Corcovado.»
Marta Belén Pinchulef
«Mi hijo Marcos de 16 años está inválido y fue baleado y torturado por la policía. El está inválido y es probable que sea por esas torturas que está así y no por la bala.
A mi hijo que mataron, él era sordo, no estaba armado, no tenía puestos los audífonos, salió como estaba y no escuchó si le gritaron ni nada. Prácticamente lo fusilaron. Yo alcancé a ver cómo volaba del impacto y caía al piso, cuando llegué a su lado ya estaba muerto. A mi hijo le correspondía ser tratado como un ser humano. Incluso hasta para ser velado el policía tuvo más derechos, él sí pudo ser velado. A mi hijo me lo entregaron como a un perro, no lo pude velar y lo tuve que enterrar ese mismo día.
Mi otro hijo fue detenido con un tiro en la pierna. Lo llevaron a la comisaría 1º de Esquel, lo hicieron desnudar, lo metieron por un pasillo con policías de cada lado y lo patearon, no conforme con eso un policía orinó en una botella y lo obligó a beber eso, gritándole «indio de mierda, tomate esto negro de mierda». Una vez que él lo hace, lo sacan para fuera y le dicen «subite al paredón que te gatillamos, total somos nosotros los que mandamos y vamos a decir que te querías fugar.»
Moira Millán
«Soy del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut. Esto sucedió el 8 y el 9 de marzo pasado. Decenas de efectivos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEOP) del grupo antimotines de la provincia de Chubut llegan a la localidad Corcovado, toman en principio la radio FM del pueblo y desde ahí anuncian a toda la población que no podían salir sin documentos a la calle, que no podían transitar pasadas las 22 por la calle, luego de dar una serie de órdenes u ordenamiento a partir de su llegada, deciden cerrar la radio, con lo cual el único medio de comunicación para que la gente pueda transmitir lo que les estaba sucediendo quedó cerrado por la policía.
Luego se dispersan por el pueblo, realizan 20 allanamientos y entran con una violencia tremenda. Tiran abajo las puertas de las casas, y generan distintos tipos de hechos delictivos que van desde vejámenes de todo tipo, violaciones, torturas. Con tres ejemplos voy a ilustrar de qué manera es la dimensión de la violencia que se perpetró en Corcovado durante una semana que el pueblo fue sitiado por la policía: entraron a la casa de la hermana de Omar, ella es enfermera, tiene dos hijos uno de 12 y una nena de 8. La policía entra a su casa, tira abajo la puerta, la golpean a ella al igual que a su hijo, van hacia el baño donde la nenita se estaba duchando, la sacan de los pelos, desnuda, y la llevan a la cocina, donde abusan de la nena, delante de la madre y del hermanito, quienes no podían hacer nada porque tenían un arma apuntándoles a la cabeza.
En otra de las viviendas entran de la misma manera, destrozan todo, sacan a una criatura de 5 años del interior de la casa apuntándole con un arma mientras golpean brutalmente al padre, delante de esa nena.
El caso que nos estremece, el de Luciano González, de 42 años, que se encontraba en la vía pública, con otra persona, Jaramillo, miembro de la comunidad mapuche de Cerro Centinela, una localidad a 15 km de Corcovado. Había este supuesto estado de sitio que ellos lo desoyeron y entonces la policía local los detiene por una contravención, los llevan a la subcomisaría de Cerro Centinela, les quitan los cuchillos (es habitual que los trabajadores rurales tengan cuchillo, porque es una herramienta de trabajo) los liberan y son interceptados inmediatamente por alrededor de 20 efectivos de la GEOP, los golpean bestialmente y lo suben a las unidades y los torturan. A uno de ellos lo dejan a 70 km de donde fue detenido, en la localidad de Trevelin. Pero al otro, Luciano González, después de haber sido detenido y torturado no se sabe su paradero, es decir está desaparecido. Desde el 11 de marzo a las 21 hs hasta la fecha no ha vuelto a su casa, ni a su trabajo, los familiares lo están buscando y la policía silencia cuando se les pregunta qué hicieron con Luciano.
Son más de 20 los casos de violaciones y torturas y apremios de todo tipo que sufrió la localidad de Corcovado. Se radicaron 11 denuncias en fiscalía contra la GEOP, porque sólo 11 se animaron a denunciar.
Nosotros estamos viendo la posibilidad de que se constituya un grupo de parlamentarios que vayan como veedores a la zona y que ellos se encarguen de tomar las denuncias, no hay garantías jurídicas para los miembros de las comunidades que quieran denunciar, aunque deberían en un estado de derecho reconocer estos actos criminales del Estado y avanzar en la investigación, la influencia del poder ejecutivo sobre la administración de justicia es muy fuerte.
El caso de Daniel Bustos es ejemplificador porque a él lo detienen desarmado y lo acusan de cómplice de la fuga de su hermano y esto sucede a raíz de la inoperancia de la policía no permite que ellos capturen al fugitivo y entonces Bustos es hoy un rehén político. El actual gobernador quiere ser presidente, y entre los tantos emblemas que construyen el discurso los actores políticos es la famosa seguridad.
Esto que narramos parece extraído de la década del ’70. Parece que sucedió durante la dictadura militar y aconteció apenas dos meses atrás y que si no logramos romper con la impunidad puede ser un ejemplo multiplicador a lo largo del país.
Queremos contextualizar territorialmente qué es Corcovado. Por qué ese despliegue inusitado y desmedido de las fuerzas represivas en un pueblito que tiene sólo 2.000 habitantes, 2.800 con las zonas de influencia, con las comunidades rurales y mapuches que están alrededor. Corcovado es un lugar geopolítico estratégico, hay fuertes intereses mineros de las empresas norteamericanas. Un lugar donde se planificaba hacer un mega proyecto de represa que impulsaba el grupo español Santander y que retrocedió gracias a la movilización, la protesta de quienes nos oponíamos a ese proyecto que iba a alimentar a las empresas mineras, ya que necesita mucho volumen de agua.
Corcovado también fue el refugio hasta hace poco de personajes como la «Hormiga» Acuña, un represor de la ESMA, que había sido contratado por el mismo gobierno de la provincia que se inviste de propaganda «derechohumanosa», de hacer justicia y que declara la cárcel de Trelew como sitio memorial y sin embargo permitió que Acuña viviera durante años a resguardo, cuando tenía orden de captura por la Interpol.
También este lugar es epicentro de intereses latifundistas. Allí tiene grandes extensiones de tierras Chiche Duhalde, frente a mi casa vive el «señor» Goyo Pérez Cómpanc. Hay muchas transnacionales operando en el lugar, entonces creemos que no se puede leer la represión de Corcovado como un hecho simplemente policial. Acá hay otros intereses que están en juego y debemos leer qué nos quiere decir el gobierno de la provincia cuando despliega decenas de efectivos armados hasta los dientes y genera terrorismo de Estado. De hecho esta calificación de terrorismo de Estado ni siquiera nos corresponde a nosotros, el defensor oficial Omar López, miembro de la Defensoría Oficial de Tribunales de la ciudad de Esquel, toma la causa, la denuncia de la población, querella contra la policía y él mismo a partir de escuchar los testimonios (hay alrededor de 11 niños afectados con traumas psicológicos, por el maltrato, las torturas, las violaciones) nos decía «estamos ante un caso de terrorismo de Estado, no puede ser, hay un detenido desaparecido, y en las casas como entraron, como operaron, robaron como en la década del ’70».
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Moira: 0294-15-5554983
Tatú: 011- 15-63242212