Presentaron proyecto de ley para asistir a hijos e hijas de personas fallecidas por abortos clandestinos
Luego del rechazo de la Cámara de Senadores el 8 de agosto de 2018 a la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la senadora chubutense Nancy González presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta que propone una reparación económica para niñas niños y adolescentes hijas de personas fallecidas producto de un aborto clandestino. A su vez el proyecto prevee la asistencia a las y los menores de edad mediante un sistema de apoyo interdisciplanario. Norma Cuevas, la madre de Ana María Acevedo, fallecida en mayo de 2007, luego de que se le negara un aborto terapéutico para ser tratada de un cáncer brindó su testimonio e instó a «no bajar los brazos y que el Estado responda de una vez». Fotografías de Juliana Miceli. Por Manuela Wilhelm (ANRed)
El año pasado a esta altura del año la Cámara de Diputados sancionaba por unanimidad la «Ley Brisa» que habilitó una reparación económica para los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio.
En esta oportunidad la senadora chubutense Nancy González presentó la inciativa de un “Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto” en respuesta al rechazo de la Cámara Baja por 38 votos contra 31 y dos abstenciones al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya contaba con media sanción.
Este constante y sistemático rechazo de los gobiernos democráticos a tratar y legalizar el aborto y oponerse a brindar atención médica a las millones de mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo se cobró al menos 3040 vidas de mujeres desde el regreso de la democracia hasta 2016.
En este sentido la fecha de la presentación en la Cámara alta del proyecto de reparación a niños, niñas y adoslecentes cuya progenitora o persona gestante falleció debido a un aborto clandestino también coincidió con el aniversario de la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y contó con la exposición de Norma Cuevas quien vestida completamente del verde de la Campaña Nacional por el Aborto legal seguro y gratuito agradeció el apoyo e instó a no bajar los brazos hasta que el estado se haga responsable «de una vez». Su hija Ana María Acevedo (20 años) falleció en 2007 de un cáncer de mandíbula luego de que el Comité de Bioética del hospital Iturraspe de Santa Fe se negara a practicarle un aborto para salvar su vida, un aborto no punible, contemplado por la ley. Ana María Acevedo tenía tres hijitos.
«Yo a mi hija no la recupero más.
Yo peleo por las otras. Para que tengan… ay, cómo se dice… esta palabra, derechos. Eso: ¡derechos!
Mi hija murió atada de pies y manos.
Los curas se le metían en la habitación del hospital.
Los médicos la obligaron a continuar el embarazo con un cáncer.
Le negaron el aborto y se me fue.
Gracias por acompañarme. A no bajar los brazos.
Que el Estado responda de una vez»
Como sucede con las cifras de mujeres y personas gestantes muertas por aborto clandestino, el número de hijos e hijas que quedan sin madre a cargo es incierto dada la inexistencia de organismos oficiales que sistematicen estadísticas actualizadas y estructurales al respecto.
Por su parte la autora del proyecto, Nancy González expuso que «hay que comprender que el aborto es una problemática de salud pública ya que aquellas vidas que se perdieron en los abortos clandestinos es porque el Estado falló, y que podríamos haber garantizado condiciones seguras para esas personas que perdieron la vida en el intento” y sostuvo: «Hemos escuchado durante estos últimos meses muchos discursos sobre el cuidado de los niños y niñas, de sus derechos y del rol del Estado y de los adultos frente a los mismos. Es momento de que deje de ser un discurso y que comencemos a legislar en este sentido«.
En medio del debate por la legalización del aborto Nancy González (FPV) había presentado un informe con la colaboración de las médicas Analía Messina, Patricia Rosemberg y Viviana Mazur llamado «El costo del aborto inseguro«
En él ellas daban cuenta de que al menos 43 mujeres mueren por año a causa de abortos mal practicados: es decir muere una mujer por semana por aborto clandestino. Las cifras podrían ser más altas debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción.
«Algunas estimaciones hablan de 3.030 muertes desde el regreso de la democracia. Con el aborto legal, seguro y gratuito no sólo podrían evitarse esas muertes sino también las 47.063 hospitalizaciones por abortos incompletos o mal realizados que suceden únicamente porque la práctica es ilegal y obliga a las mujeres a realizarlo en lugares inseguros y sin acceso a la información necesaria» sostiene el documento que a su vez sostiene que «Garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito implicaría no sólo evitar la muerte de muchas mujeres, generalmente de jóvenes de bajos recursos, sino también la reducción del 43% de lo que actualmente destina el Estado principalmente a atender casos con complicaciones».
La senadora apuntó a legislar para que «importen todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, y que el Estado se comprometa según los tratados de rango constitucional, a protegerlos”.
El proyecto de Nancy consta de dos patas: la reparación económica para niños, niñas y adolescentes hijes de víctimas de aborto ilegal, pero también el apoyo y contención psicológica y social a través de un equipo interdisciplinario de profesionales.