31/05/2019

Juicios a los jueces

En San Luis el ex juez federal Eduardo Allende fue condenado a doce años de prisión y en Santiago del Estero se solicitó la nulidad de la absolución del ex fiscal federal Olmedo de Arzuaga. Por Lucho Soria*


El Tribunal presidido por el cordobés Julián Falcucci, y Alberto Concelli y María Paula Marisi, dió a conocer el veredicto a los imputados Eduardo Allende condenado a doce años; el militar Alberto Camps, a siete, y el médico policial Jorge Caram, a seis años.

Cabe señalar que la querella, así como el Ministerio Púbico Fiscal (MPF), solicitó las máximas penas para los imputados. Durante dos audiencias, el abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) San Luis fundamentó las acusaciones contra los tres imputados en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla desde el 19 de octubre pasado. Entre sus fundamentos el abogado querellante, Norberto Foresti, sostuvo ante el Tribunal que en San Luis “no hubo una guerra, sino que se llevó a cabo una cacería que terminó con compañeros encarcelados, desaparecidos y asesinados en toda la provincia” y remarcó que “los juicios de lesa humanidad son fuente de la memoria, para que ele registren los hechos de la historia”.

Puntualmente, sobre la situación del imputado Eduardo Francisco Allende, juez federal durante la dictadura, Foresti dijo que “su responsabilidad funcional es indudable” y agregó que “los integrantes de la Justicia Federal de San Luis en cada uno de los casos en que tuvieron que participar y por los que fueron traídos a este juicio lo hicieron en ese sentido. No es que no supieran lo que estaba sucediendo”. En este momento del alegato, el querellante comparó la actuación de la Justicia de San Luis con lo ocurrido en lo que se conoce como la Masacre de Trelew y desarrolló la actitud y el accionar del juez Quiroga en esos hechos, “dado que supo de mano propia lo que estaba pasando un día antes de la matanza y no hizo nada para evitarla”, precisó y demando prisión perpetua.

El fiscal Cristian Rachid pidió pena perpetua “por su cooperación en una serie de delitos”, no hacer cesar las detenciones ilegales, ignorar las torturas de los detenidos, y por no investigar las desapariciones y homicidios que estuvieron en su conocimiento. “Todo ello en base a un acuerdo tácito previo”, para los grupos de tareas que funcionaban en el seno de la Delegación local de la Policía Federal, de la Policía de la provincia de San Luis, del Ejército (GADA 141) y de la Fuerza Aérea (V Brigada Aérea), argumentó el fiscal, entre otras acusaciones para reclamar al Tribunal prisión perpetua para Allende.

En el juicio también estaba imputado a Hipólito Sáa, ex fiscal que quedo excluido al inicio, por presunta incapacidad mental. La fiscalía apeló el fallo del tribunal y aún se aguarda la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. En este juicio también se reclamaron severas penas para los otros dos imputados.

 

La audiencia por la causa Olmedo de Arzuaga

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -como presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo -como vocales-, realizó este jueves (9 de mayo) la audiencia prevista en el artículo 465 último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación en el marco de la causa “Musa Azar”. En la denominada “Megacausa III” se investiga la responsabilidad de ex policías, militares y autoridades judiciales, entre los cuales se encuentra el ex fiscal federal Santiago David Olmedo de Arzuaga, por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura, con una cantidad de 38 víctimas.

Después de una breve introducción del representante del Ministerio Publico Fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Plee, se escucharon las voces santiagueñas de la fiscal Indiana Garzón, Héctor Carabajal, por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo de la Nación, y Pedro Orieta por la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago del Estero. Cada uno de ellos en sus respectivos alegatos precisaron el rol de complicidad de Olmedo de Arzuaga, para demandar se anule la absolución dada por el Tribunal integrado por los jueces Domingo Batule, Carlos Lazcano y Abel Fleming (que es de Salta, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de esta provincia).

Las exposiciones de la fiscal y de las querellas ratificaron el papel, no neutro, de Olmedo de Arzuaga en los trámites de las causas y de los hábeas corpus presentados por las víctimas y sus familiares. Alegatos que no eran de carácter declamatorio y menos sentimental, sino con pruebas del andar de los expedientes de quienes tenían que ejercer la justicia.

También señalaron que los abogados que hacían las presentaciones eran perseguidos lo mismo que sus familias, o asesinados, como Luis Alberto Lescano (padre de la reconocida militante de derechos humanos en Salta, Blanca Lescano). Se destacó que Santiago del Estero no es la única provincia donde la Justicia de la dictadura funcionó. Citaron los casos de los juicios en La Rioja, Chaco, Tucumán, Formosa, Santa Fe, Mendoza, Salta (donde se espera el  juicio al ex juez federal Ricardo Lona), entre otras. Fue unánime el pedido de la nulidad de la sentencia de la inocencia de Olmedo de Arzuaga por las documentaciones presentadas.

 

Con el libreto de la inocencia

Como en todas las causas a ex jueces federales y ex fiscales federales, las defensas recitan el libreto de santos inocentes y “que eran partes de un engranaje judicial”. Sus defensas cuestionaron las documentaciones presentadas por las querellas y la fiscalía y manipularon estadísticas del imputado como funcionario judicial. Olmedo de Arzuaga juró por la Constitución y después para la dictadura, con el cargo de fiscal en julio del 76. Cruzó el  Jordán, no solo él, sino todos los ex jueces y fiscales federales imputados.

En tanto, que la defensa del teniente Jorge Alberto D’Amico, ya condenado a perpetua, ahora por otra desaparición, dijo que él no integraba la Comunidad Informativa de esa provincia, “ya que era un simple teniente que no daba órdenes” y que no “fue un superagente de inteligencia”, entre otros argumentos, pero rebalsó el vaso cuando dijo que “fue funcionario del gobierno de Carlos Juárez al regreso de la democracia”. No había terminado de hablar cuando ya el presidente del Tribunal, Gustavo Hornos, le recordó que “Mandela también nombró en su gobierno a quien fue uno de los acusados de la represión”, palabras más palabras menos. Un dato no menor es que D’Amico goza de arresto domiciliario y se afirma que es dueño de la agencia de seguridad La Fortaleza.

Resta esperar ahora a histórica definición de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

*Periodista, para ANRed



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