Mayo represivo: 26 muertes por gatillo fácil y en comisarías y cárceles, en 24 días
Foto: www.0221.com.ar
La Masacre de San Miguel del Monte puso en exposición a nivel nacional el accionar de las fuerzas policiales con respecto a la “Doctrina Bullrich” o “Doctrina Chocobar”. Con ello, el foco llegó a múltiples casos similares ocurridos en los últimos días en distintos puntos del país que acrecientan el repudio. Por Jorge Luis Gauna.
El lunes 20 de Mayo, los medios nacionales relataban la noticia de un brutal choque de un vehículo Fiat Spazio contra el acoplado de un camión estacionado. Los títulos, basados en los informes policiales, acusaban la fuga tras un robo como el origen del siniestro. Todo eso resultó ser una operación para ocultar responsabilidades policiales y políticas. El encubrimiento y victimización pergreñada por funcionarios y policías se desarmó con evidencias y una fuerte manifestación popular, encabezada por los jóvenes compañeros, familiares y vecinos de Aníbal Suarez, Danilo Saone, Gonzalo Domínguez, Camila López y Rocío Guagliarello.
En estas horas, ya son 14 los policías separados de la fuerza por perpetrar la balacera y encubrir los hechos.
Al calor de las movilizaciones sociales paridas con la masacre, otros casos se pusieron en tela de juicio y revisión: la versión policial de los hechos como palabra final, cruje . Aquella “versión de verdad” que defiende y ha defendido la Ministra Patricia Bullrich, se encierra en su propio callejón de armados y encubrimiento.
Siempre vieron al pueblo con el ojo de afinar la puntería
La Masacre de San Miguel del Monte tuvo un correlato con distintos hechos que han ocurrido en el corriente mes, con muchos puntos similares que perfilan accionares comunes por parte de los agentes policiales en los encuadres de persecución.
El 1 de Mayo, Ricardo Bazán (29 años) iba como acompañante en una camioneta por el barrio Nueva Esperanza (Mendoza) cuando fueron detenidos en un control policial. Salió corriendo para no ser identificado y el agente Alexis Mendez Castro le disparó 6 veces, hiriéndolo de gravedad de un disparo en la cintura. Bazán murió pocas horas después. En la reconstrucción de los hechos, se dilucidó que el policía plantó una pistola casera para simular un enfrentamiento que fue desmentido por vecinos y familiares presentes al momento de la balacera. Según la familia, la víctima y el agente tenían problemas de anterior data.
La madrugada del 12 de Mayo, en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, Juan Cruz Vitale (23 años) fue asesinado de un tiro en la cabeza por agentes policiales. Juan Cruz había evadido presuntamente un control de alcoholemia y cuando llegó a un domicilio a 4 cuadras del retén, de la camioneta policial que lo perseguía, se bajó el subdirector de policía Sergio Di Franco, jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII (departamento San Lorenzo), y lo fusiló. Los policías acusaron que el muchacho “se había fugado y quería entrar a la casa”. Era la casa de sus tíos.
Pocas horas antes de los acontecimientos en San Miguel del Monte, Diego Cagliero (30 años) fue asesinado por agentes de la Policía bonaerense luego de una persecución en Martín Coronado, Tres de Febrero. La policía había difundido la información de un “golpe comando” a un supermercado y un tiroteo, en el que fue asesinado “un sospechoso”. Medios como Crónica o Diario Popular destacaban la “persecución de película” y Clarín señalaba a la persona muerta como parte del grupo comando que había robado una cantidad de dinero no informada. El intendente Diego Valenzuela difundió la versión de la policía con las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo. Pero las cámaras mostraron cómo Diego y sus amigos bajaron de la camioneta en la que se trasladaban con las manos en alto y allí recibió varios disparos que le provocaron la muerte. Con el correr de las horas, “la versión de verdad” policial se desplomó: Diego y sus amigos habían discutido en un supermercado por un tema menor y la seguridad privada del lugar llamó a la policía. Minutos después, mientras distendían en la camioneta por la situación en el supermercado, se vieron rodeados por patrulleros y disparos. Diego llegó a salir y fue rematado, un compañero también fue herido. Este domingo, una inmensa movilización recorrió las calles de Martín Coronado pidiendo justicia.
En Rosario, a 360 kilómetros de San Miguel del Monte, Jimena Gramajo (25) y Maximiliano Rosasco (35) fueron asesinados por agentes del comando radioeléctrico de la Policía de Santa Fe luego de una persecución . Al igual que en todos los casos anteriores, los primeros días, el relato policial encontró soporte en los medios masivos locales: se acusaba a Jimena y Maximiliano de efectuar un robo a mano armada y tirotearse con la policía en una persecución por las arterias rosarinas. Con la notoriedad que tomó el caso de Monte, las dudas se posaron sobre este caso ocurrido el martes 21. En el video difundido tras la audiencia de imputación del día viernes 24, se ve cómo luego de una discusión con el agente Hugo Daniel L. , el agente Luciano Mariano N. bajó del patrullero, disparó contra Gimena (que estaba desarmada y quieta sobre la moto) y luego dispara a Maximiliano, a quien remató en el piso de tres disparos. El fiscal interviniente señaló que la autopsia determinó que el cuerpo de Maximiliano tenía 15 orificios de bala y Gimena tenía 2 disparos que ingresaron por la espalda. El policía Luciano Mariano N. fue imputado por “homicidio calificado por abuso de sus funciones” y el agente Hugo Daniel L. por “encubrimiento”. Ambos también fueron imputados por ”falsedad ideológica de instrumento público” al considerar que ingresaron datos falsos al acta de procedimiento para encubrir los fusilamientos.
Las características de estos casos se entrelazan en la mecánica del crimen, encubrimiento, difusión mediática de una versión y la instalación de la tesis de la víctima que “en algo andaba”, como declamaba una periodista oficialista cuando preguntaba a viva voz si los jóvenes masacrados en San Miguel del Monte estaban haciendo algo que determinara el origen de la persecución y la balacera. “No estaban persiguiendo delincuentes, estaban persiguiendo chicos”, vivaba la comunicadora en la separación entre la barbarie y su justificación.
El 4 de mayo, un suboficial de la Armada mató de tres disparos a una persona (entre 25 y 30 años) que presuntamente intentó ingresar a robar a su domicilio en Mar del Plata.
Gerardo Fleitas (26), Gustavo Cardozo (24) y Alejandro López fueron baleados por el agente de la Policía Federal Federico Ezequiel Pérez y su hermano, en Quilmes, Provincia de Buenos Aires, el 18 de mayo. Gerardo murió en el acto y Gustavo falleció mientras era intervenido quirúrgicamente. El policía escapó del lugar del hecho junto a su hermano y chocaron a varias cuadras, cuando fue atendido declaró que los tres jóvenes los habían intentado robar a mano armada y se defendieron a los balazos. A las víctimas no se les encontró ningún arma y tanto el policía como su hermano fueron señalados por los vecinos como los autores del ataque criminal y quienes se fugaron después de perpetrar el crimen. Ambos fueron detenidos.
Con similar encuadre, el 19 de mayo, una integrante de la Policía Federal fue detenida luego de asesinar de dos balazos a un joven de 22 años que, según señaló la agente, intentó asaltarla. El muchacho le había arrebatado el celular y recibió un impacto de bala en la clavícula y otro en la pierna por parte de la policía que le provocaron la muerte. Se encontraba desarmado. La UFI Nº3 dispuso la detención por exceso de legítima defensa bajo la carátula de «homicidio».
El discurso que legitima la intervención de las balas como antesala del procedimiento, posee ejemplos hacia dentro de la fuerza que connotan el accionar del “disparo y luego pregunto”. El 23 de mayo, dos policías bonaerenses se apersonaron en una vivienda del barrio Sagrado Corazón en Lincoln, Provincia de Buenos Aires, a raíz de una denuncia de violencia de género. Al llegar ambos por caminos distintos, presumieron que quien tenían frente suyo era la persona denunciada y se tirotearon. Allí, el policía Juan Pérez mató de un balazo al agente Saúl Ballesteros(30), que lo hirió de tres disparos.
Los asesinatos intramuros, también en aumento
En el período de 24 días que se tomó para el presente artículo, 9 personas murieron en bajo custodia en lugares de detención. Este índice lamentablemente es parcial, puesto que muchas de las muertes no trascienden en los medios y sólo es posible acceder a dichos casos con las estadísticas oficiales, que se presentan a mediados de año.
El 2 de mayo murió una mujer de 80 años tras sufrir un ACV, luego de estar detenida por varias horas acusada de robar mercadería en un supermercado de Córdoba. La mujer había llegado a la línea de cajas y una supervisora del comercio advirtió que se estaba llevando una pieza de queso sin pagar. La mujer cuando se le advirtió se ofreció a pagar y en un estado de nervios discutió con los responsables del comercio. La policía intervino y la llevó detenida durante 6 horas, hasta que se desvaneció por un accidente cerebrovascular. Cuando fue internada, se anoticiaron que también tenía un hombro dislocado.
Héctor del Castillo (45) había salido el domingo 12 de Mayo por la mañana a juntar latitas por San Lorenzo, provincia de Santa Fe. La policía lo detuvo porque juzgó que estaba alcoholizado y fue llevado a la Unidad Regional XVII. Allí, se desvaneció y terminó en coma en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. Murió el viernes 17 de mayo por un severo traumatismo de cráneo. La familia denuncia la responsabilidad policial, debido a las incongruencias entre el relato policial que acusa haber asistido a Héctor después de recibir un fuerte golpe, pese a que efectivamente lo tuvieron detenido durante varias horas en lugar de llevarlo a un hospital o centro de atención médica.
Así también en Córdoba, la cárcel de Bouwer volvió a ser escenario de dos muertes bajo custodia. El 6 de mayo, María del Carmen Oviedo (60) se descompensó en una celda del penal y tras horas sin ser atendida fue derivada al Hospital Misericordia,donde falleció de un paro cardiorrespiratorio. Familiares y organizaciones denunciaron el desamparo al que son sometidas las personas detenidas y el creciente número de muertes (se denuncian al momento 12 casos en 2019), pone en foco las responsabilidades de las autoridades y del Estado. Milton Rivero (43) fue encontrado ahorcado en una celda del penal de Bouwer el 24 de Mayo. Rivero se encontraba alojado desdeinicios de mayo bajo la acusación de amenazas calificadas, a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar de 2º Turno. Su familia denuncia que lo mataron, ante el cambio de actitud entre la última visita y el presunto suicidio.
Sobre suicidio y sospechas se erige la muerte de Kevin Hernán Pacheco (19) quien fue detenido el viernes 10 de mayo acusado de “robo y amenazas” y se encontraba preso en la alcaidía de la comisaría de Marcos Juarez. Según la versión policial que hoy está puesta en duda por la familia, Kevin pidió ir al baño en la madrugada siguiente y allí extrajo una pistola calibre 22 y se suicidó. Tres policías fueron separados por el momento mientras se realiza la investigación que determinará cómo llegó el arma a manos de Kevin y cómo se desencadenaron los hechos.
En la mañana del 20 de mayo, los agentes penitenciarios del Penal de Almafuerte en Cacheuta, Mendoza Juan Alberto Segura Romero fue encontrado ahorcado en el sector de admisión.
Sólo en el mes de mayo, al menos tres personas detenidas tuvieron muertes violentas por peleas dentro de instituciones de encierro: -El 7 de mayo, Matías Sandoval (25) murió por las heridas que había sufrido en una pelea en la Unidad Penitenciaria Nº6 de Rawson, semanas atrás. -El 9 de mayo, Juan Ramón Vázquez(28) murió apuñalado en una pelea en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Coronda, Santa Fe -El 12 de mayo, Hugo Acosta (22) murió luego de agonizar varios días tras recibir una cuchillada en la cabeza en una pelea en la Unidad Penal Nº2 de Gualeguaychú, ocurrida el 8 de mayo.
Femicidios de uniforme
En las estadísticas que maneja la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), se constata que uno de cada cinco femicidios fue perpetrado por agente de las fuerzas policiales. El 15 de mayo, el subteniente de la policía bonaerense Damián Benítez mató de un balazo a su pareja, también policía, Melisa Navarro (26) en su domicilio en la ciudad de Temperley tras una discusión. Pocos días después,en Marcos Paz, Cristina Noemí Rodríguez (51) fue asesinada por Hugo Orlando Ibarra, policía bonaerense retirado, cuando ingresaba a una fiesta de 15. El asesino la esperó escondido y la mató de un balazo. Se habían separado en 2018 y el ex policía la amenazaba y hostigaba al igual que a su hija.
Ese mismo 18 de mayo, el agente de la policía jujeña Oscar Iturre denunció haber encontrado muerta a Micaela Gimenez (29), con quien mantenía una relación atravesada por denuncias de violencia de género. La autopsia determinó que Micaela había sido asfixiada y se ordenó la detención de forma preventiva del policía.