San Luis el ex juez federal Eduardo Allende condenado a 12 años y en Santiago del Estero, Olmedo de Arzuaga se solicito la nulidad de su absolución
Los funcionarios judiciales que en la Dictadura fueron partes del aparato represivo en sus provincias, según las acusaciones del MPF y de las querellas de las víctimas, en todas las causas en trámites continuán, no con celeridad, pero avanzan. En San Luis finalizó el juicio con condenas, en Santiago del Estero, la Cámara de Casación debe definir después de la audiencia realizada en Comodoro Py, el rol de Olmedo de Arzuaga. Por Lucho Soria para ANRed.
El Tribunal presidido por el cordobés Julian Falcucci, y Alberto Concelli y Maria Paula Marisi, dieron a conocer el veredicto a los imputados Eduardo Allende condenado a 12 años, el militar Alberto Campos a 7 y el medico policial Jorge Caram, a 6 años.
Cabe señalar que la querella como el MPF, solicitó las máximas penas para los imputados. Durante dos audiencias,el abogado de la APDH San Luis fundamentó las acusaciones contra los tres imputados en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla desde el 19 de octubre pasado. Entre sus fundamentos el abogado querellante, Norberto Foresti sostuvo ante el Tribunal que en San Luis “no hubo una guerra sino que se llevó a cabo una cacería que terminó con compañeros encarcelados, desaparecidos y asesinados en toda la Provincia” y remarcó que “los juicios de lesa humanidad son fuente de la memoria, para que ele registren los hechos de la historia”
Puntualmente sobre la situación del imputado Eduardo Francisco Allende, juez federal durante la dictadura, Foresti dijo que “su responsabilidad funcional es indudable” y agregó que “los integrantes de la Justicia Federal de San Luis en cada uno de los casos en que tuvieron que participar y por los que fueron traídos a este juicio lo hicieron en ese sentido. No es que no supieran lo que estaba sucediendo”. En este momento del alegato, el querellante comparó la actuación de la Justicia de San Luis con lo ocurrido en lo que se conoce como la Masacre de Trelew y desarrolló la actitud y el accionar del juez Quiroga en esos hechos, “dado que supo de mano propia lo que estaba pasando un día antes de la matanza y no hizo nada para evitarla”, precisó y demando prisión perpetua.
El fiscal Cristian Rachid pidio pena perpetua, «por su cooperación en una serie de delitos» entre ellas de cesar las detenciones ilegales, ignorar las torturas de los detenidos, y por no investigar las desapariciones y homicidios que estuvieron en su conocimiento. «Todo ello en base a un acuerdo tácito previo», para los grupos de tareas que funcionaban en el seno de la Delegación local de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia de San Luis, del Ejército (GADA 141) y de la Fuerza Aérea (V Brigada Aerea), argumentó el fiscal, entre otras acusaciones para reclamar al Tribunal prisión perpetua para Allende.
En el juicio también estaba imputado a Hipólito Saa, ex fiscal que quedo excluido al inicio como se informó por esta agencia, por presunta incapacidad mental. La fiscalía apeló el fallo del tribunal y aún se aguarda la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. En este juicio a los otros dos imputados también se reclamó severas penas.
La audiencia por causa Olmedo de ArzuagaLa Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -como presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo -como vocales-, realizó este jueves la audiencia prevista en el art. 465 último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación en el marco de la causa “Musa Azar”, En la denominada “Megacausa III” se investiga la responsabilidad de ex policías, militares y autoridades judiciales, entre los cuales se encuentra el ex juez federal Santiago David Olmedo de Arzuaga, por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura, con una cantidad de 38 víctimas.
Después de una breve introducción del representante del Ministerio Publico Fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raul Omar Plee, las voces santiagueñas de la fiscal Indiana Garzón, Héctor Carabajal, por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo de la Nació, y Pedro Orieta por la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago del Estero, cada uno de ellos en sus respectivos alegatos precisaron el rol de complicidad de Santiago Olmedo de Arzuaga, para demandar se anule la absolución dada por el Tribunal integrado por los jueces Domingo Batule, Carlos Lazcano y Abel Fleming, quienes como informo esta agencia.
Las exposiciones de la fiscal y de las querellas ratificaron el papel, no neutro, de Olmedo de Arzuaga en los trámites de las causas y de los hábeas corpus presentados por las victimas y sus familiares. Alegatos que no eran de carácter declamatorio y menos sentimental, sino con pruebas del andar de los expedientes de quienes tenían que ejercer la justicia.
También señalaron que los abogados que hacia las presentaciones eran perseguidos lo mismo que sus familias, o asesinado como Luis Alberto Lescano Se destacó que Santiago del Estero no es la única provincia donde la Justicia de la Dictadura funcionó Citaron los casos de los juicios en La Rioja, Chaco, Tucuman, Formosa, Santa Fe, Mendoza, Salta, entre otras.Fue unánime el pedido de la nulidad de la sentencia de la inocencia de Olmedo de Arzuaga por las documentaciones presentadas.
Con el libreto de la inocencia. Como en todas las causas a ex juezes federales y ex fiscales federales, las defensas recitan el libreto de santos inocentes y «que eran partes de un engranaje judicial . «Sus defensas cuestionaron las documentaciones presentadas por las querellas y la fiscalía y manipularon estadísticas del imputado como funcionario judicial. Olmedo de Arzuaga juro por la Constitución y después para la dictadura, fiscal en julio del 76. Cruzó el Jordán, no solo el sino todos los ex jueces y fiscales federales imputados. En tanto que la defensa del teniente Jose Damico, ya condenado a perpetua, ahora por otra desaparición, dijo que el no integraba la Comunidad Informativa de esa provincia, «ya que era un simple teniente que no daba ordenes» y que no «fue un superagente de inteligencia», entre otros argumentos, pero el que rebalso el vaso, fue cuando dijo que «fue funcionario del gobierno de Carlos Juarez al regreso de la democracia», no termino de hablar cuando el presidente del Tribunal Gustavo Hornos le recordó que «Mandela tambien nombro en su gobierno a quien fue de los acusados de la represion», palabras mas palabras menos. Un dato no menor es que goza de arresto domiciliario y se afirma que es dueño de la agencia de seguridad «La Fortaleza».
Resta esperar ahora esperar la histórica definición de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.