La masacre que incomoda

Es posible que una masacre ocurrida hace más de setenta años y que supone cientos, o quizás miles de personas asesinadas, sea aún hoy desconocida. Que el único registro existente hasta entrado este siglo fuera solo la voz del victimario a través de algún medio regional o la de su propia pluma. Valeria Mapelman se sorprendió de esto, allá por el 2006, cuando empezó a recopilar testimonios de los sobrevivientes: «no me imaginé nunca la magnitud del acontecimiento». Unas 140 horas de relatos de ancianos Pilagá «en el que ninguno se contradecía» y en el que abundaron aberrantes detalles que luego dimensionó al volver a Buenos Aires y traducirlos. «No pude trabajar más, era demasiado. Tuve que dejar todo por tres meses. Cuando volví a arrancar, fue en busca de los archivos». El tránsito de semejante investigación la llevó a una respuesta: «la masacre de Rincón Bomba es muy incómoda». No por haber sido contra los olvidados pueblos originarios, sino por haberse ejecutado durante el primer peronismo. Por ANRed | Imágenes: Valeria Mapelman.

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Hoy, el juicio civil por daños y perjuicios contra la nación Pilagá en Rincón Bomba (hoy Formosa) podría tener sentencia y aquella mancha en la historia vuelve a emerger porque fue Gendarmería quien emplazó las ametralladoras Colt que dispararon aquel 10 de octubre de 1947 contra la multitud, asesinando a niñas y ancianos, a cualquiera que no pudiera escapar al monte.

De 1983 a esta parte, en todos los gobiernos, Gendarmería fue incrementando sus efectivos, de17 mil a los actuales 34 mil, asumiendo cada vez más tareas de control interno. Pero es con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia y de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, que Gendarmería pasó a ser fuerte en espionaje y represión contra las comunidades indígenas. El gobierno se refugió en esta fuerza inyectándole mayor partidas presupuestarias, un 123.9% más en el último año, por sobre otras dependencias. El ejemplo de ello fue la implicancia del gobierno en la represión al Lof Cushamen, que se cobró la vida de Santiago Maldonado y en la cual quedó al descubierto la red de inteligencia que espió a la propia familia Maldonado y allegados. «¡¿Cómo no iba a molestar a este gobierno?!», exclamó la documentalista. Este juicio que tiene como masacrador a su claro predilecto.

Pero tampoco le fue muy bien a Valeria Mapelman durante los años gobierno kirchnerista cuando culminó su investigación con el documental «Octubre Pilagá. Relatos del silencio» y padeció el ninguneo de los organismos estatales de Derechos Humanos y algunos centros culturales ligados al oficialismo que veían poco conveniente difundir que desde los ministerios de Guerra y de Interior del gobierno de Juan Domingo Perón partiera la orden de iniciar aquella matanza, que se extendió durante casi un mes con la participación de un avión Junker provisto por la Fuerza Aérea disparando sobre la huida pilagá, dejando a sus heridos y ancianos morir por la sanguinaria persecución que minó de fosas comunes sus tierras. El trabajo de Mapelman echó por tierra el relato dominante sobre la culpabilidad de un subcomandante fuera de sus cabales.

El relato del gendarme desacatado se reflotó durante el menemato en 1991, a un año de cumplirse los 500 años del «descubrimiento de América» y fue complementaria al primer relato oficial del «último malón indio», surgido como justificación inmediata del crimen. Esta versión agregaba el necesario contenido romántico: entre los indígenas que protestaban por la falta de pago en el ingenio San Martín del Tabacal del oligarca Patrón Costas, algunos alzaban retratos de Perón y Evita. Teófilo Cruz, el gendarme que escribió esta historia, no descartó el principal elemento que justificaba el fusilamiento: los indígenas portaban «viejos fusiles y escopetas». Quien habría tomado la iniciativa era un segundo comandante, José Aliaga Pueyrredón, quien abrió fuego, desobedeciendo órdenes y exonerando de culpas a toda la cadena de mandos.

 

La causa judicial

En el 2005 tras una denuncia, se inicia la investigación que derivó en una demanda civil por daños y una acción penal por homicidio. La fuente usada fue la versión del gendarme Teófilo Cruz. Los abogados Carlos Díaz y Julio García tomaron la iniciativa pero sin tener en cuenta el testimonio de los sobrevivientes que iban contra la versión escrita por Gendarmería.

Es el juez federal Marcos Bruno Quinteros quien ordena la búsqueda a un equipo forense que en marzo del 2006 encuentra restos humanos de 27 cuerpos. El primer descubrimiento es en las instalaciones de Gendarmería en Rincón Bomba, luego, los otros tres son en diferentes lugares: Paraje La Felicidad y 30 km, las dos en jurisdicción de la localidad de Pozo del Tigre; también en 7 km, colonia Muñiz, cerca de Las Lomitas. Las excavaciones coinciden con la investigación de Mapelman: en el documental se puede observar las intervenciones del equipo -con el reconocido perito Enrique Prueger a la cabeza- mientras Valeria recoge testimonios. «Cuando empiezo a trabajar en la investigación encuentro dos documentos secretos y reservados del Ministerio del Interior que se desclasificaron a los 70 años de la masacre. Esos documentos prueban que el ministro de Guerra, Sosa Molina, le informa al ministro del Interior, Borlenghi, que fue dada la orden para movilizar a todos los escuadrones de Formosa para reprimir. Está la firma de Natalio Faverio que era el Director de Gendarmería. Cuando nosotros encontramos esos documentos la hipótesis inicial de los abogados que habían iniciado el juicio se cae. Era el mismo Estado quien había emitido aquella documentación».

En 2010 se amplia la denuncia y se llama a indagatoria a gendarmes implicados. El 27 de abril del 2012 se declara tratar a «prima face» el posible crimen de Lesa Humanidad por lo tanto no prescriptible a pesar de haber pasado casi sesenta años. «A raíz de estos documentos -relata Mapelman- se encuentra a uno de los imputados en el juicio penal que era Leandro Santos Costas y luego a Carlos Smachetti, que era el copiloto del avión. Contra ellos dos se llevó adelante la causa penal. Lamentablemente murieron antes de ser condenados por crímenes de lesa humanidad (Costas falleció en la etapa requisitoria y el único que estaba en condiciones de ser condenado era Smachetti ante un tribunal oral). En la causa penal declararon abuelos que en ese momento estaban vivos, un total de diez personas. También declaré yo y presentamos todos los documentos que obtuvimos en archivo y en contaduría general de la nación que probaban que los sobrevivientes fueron llevados a las colonias indígenas con la participación de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Ahí sale otro camino de investigación porque no solo la masacre de Rincón Bomba se acabó en ese acto sino que empieza el 10 de octubre y culmina a fin de mes. Los sobrevivientes que van capturando son enviados a las reducciones en ese momento llamadas ‘Colonias’ y en eso colabora el administrador de las reducciones Abel Cáceres, quien acompañaba a Gendarmería capturando en distintos parajes a los grupos Pilagá que quedaron vivos y se los lleva a cortar quebracho a las colonias de Muñiz y Bartolomé de las Casas. Las reducciones para el primer peronismo estaban a cargo de la Dirección de Protección al Aborigen que dependía de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Perón estuvo a cargo de las reducciones, conocía bien cuál era su sistema. En estas había un reglamento desconocido por los indígenas que era administrativo. La documentación decía que no podían practicar la ‘brujería’, no podían practicar su religión ni llevar sus nombres: eran bautizados y se le asignaba nuevo nombre. Al ingresar a las «colonias» se los clasificaba como carreros, hacheros, cosecheros. Eran semiproletarios cuando podían escapaban a ese circuito. Los Pigalá fueron los últimos en ser controlados».

El 8 de mayo de 2014 muere Norma Navarrete Seecholé, sobreviviente de la masacre. Hay muchos testigos que van falleciendo por la edad avanzada. El proceso judicial todavía sin sentencia se da al final de sus vidas.

Para el 2016 la Federación Pilagá decide cambiar de patrocinio y lo otorga a la abogada Paula Mercedes Alvarado quien solicita una revisión de las pruebas aportadas en la causa civil para tener en cuenta la voz de personas que habían padecido los acontecimientos. Hay una cambio en el nombre de la carátula del expediente civil que pasa a denominarse «Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá contra el Estado Nacional» y el 8 de marzo de este año se incluyeron los testimonios y pruebas aportadas por la investigación de Mapelman.

El 6 de enero del 2017 fallece el único imputado, Carlos Smachetti, con 97 años, quien había sido procesado en el 2014 por delitos en carácter de lesa humanidad. Smachetti fue el copiloto que disparó a los grupos que huían desde el avión el 16 de octubre del 47. Esto dificultó el avance de la causa penal pero las querellas de la Federación Pilagá y el sobreviviente Julio Quiroga solicitaron llevar adelante un “juicio de la verdad” que continúa esperando respuesta.

El próximo viernes 10 de mayo finaliza el plazo de 40 días de producción de pruebas en la que dieron su testimonio Mapelman y Clara Olmos, sobreviviente, y Luisa Quiroga, hija de otro sobreviviente. Tras la verificación, el Juzgado Federal N°1 de Formosa estará en condiciones de dictar sentencia en la demanda civil contra el Estado por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y determinación de la verdad histórica”. Las comunidades esperan un sentencia para este año. Piden una reparación no solo económica sino integral. Que abarque políticas públicas que incluyan salud y educación, entre otras; pero también el reconocimiento por parte del Estado y que pida disculpas.

Hoy, en la Secretaria del juzgado, yacen los 27 cuerpos encontrados en las fosas comunes. La comunidad quiere volver a tener los restos de sus familiares pero no encuentra la forma de recuperarlos por la imposibilidad que implican los costos de traslados, estructura, para luego darles su correspondiente sepultura.

Una continuidad de despojos y represión

Valeria Mapelman explica que hay un hilo conductor en una forma represiva contra los pueblos originarios que se remonta desde los inicios de la formación del Estado argentino: menciona la colonización, el ejército de Julio A. Roca, al general Benjamín Victorica, algunos nombres y palabras para complejizar que la masacre en Rincón Bomba no fue ni la primera ni la última:

«Formosa siempre fue una zona militarizada. Todos esos escuadrones que vos ves hoy en Formosa; en Lomitas, Pozo del Tigre, Comandante Fontana, antes eran fortines del ejército de línea. Es decir, el control militar siempre existió. No se podían mover libremente sino que tenían salvoconductos para desplazarse. Se los perseguía y se los reprimía constantemente. Hay muchas represiones previas a la masacre de la Bomba. En los años treinta hubo varias. En 1919, por ejemplo, fue la matanza de Fortín Yunká: el supuesto ataque había sido de los maká pero la represión la padecieron los Pilagá.

-Cuando hablas de controlar a los Pilagá, ¿a que te referís?

-Formosa es una zona de frontera; imaginate que hacía muy poco tiempo había sucedido la guerra del Chaco. Era una zona que había sido declarada zona militar. Desde cada fortín, por ejemplo en Las Lomitas, salen en abanico otros fortines pequeños que iban controlando el territorio. La idea era tener bajo control la mano de obra y así cuando los ingenios azucareros de Salta, Jujuy y del Chaco necesitaban trabajadores, los administradores de los ingenios iban a las estaciones de trenes que estaban en Lomitas, Pozo de Tigre, etc. y reclutaban gente. Estamos hablando de miles, llevaban trenes llenos. Entonces este movimiento de gente estaba controlado militarmente. Cuando se acababa la zafra trataban que los ingenios se ocupen de hacerlos volver a sus lugares de origen pero esto a veces no sucedía y el ingenio se desligaba dejando solos a los indígenas volver a pie desde Salta. Esta masa de gente debía ser controlada por los militares y recordemos que en esta época la tierra se estaba repartiendo en manos privadas tanto en Chaco como en Formosa. Estamos hablando de grandes latifundios en la que incluso está involucrada la Iglesia. Por ejemplo a la misión Laishi, Julio A. Roca le entregó unas 80 mil hectáreas, entonces había un proceso de privatización iniciado luego de la campaña de Victorica y desde ahí el control de las personas era clave.

No estaba previsto en el proyecto estatal que los Pilagá hicieran lo que quisieran. La idea era llevarlos como mano de obra. Cuando ocurre la masacre de La Bomba se juntan cientos de personas en torno a un sanador, Tonkiet (Luciano Cordoba), quien había tomado la religión pentecostal y curaba heridas psíquicas. Venía gente de todos los parajes a conocerlo y la Gendarmería quiere desalojar esa concentración desafiante a este orden. Los Pilagá se negaron. Todos los intentos de desalojo no logran sacarlos, ellos no querían irse: en aquel lugar habían construido una corona donde Luciano se detenía a sanar. Era una marca territorial: «¡Este es nuestro lugar no nos vamos a mover!».

Cuando la masacre se va desarrollando, van atrapando personas que llevan a trabajar a las reducciones. Al capturar a los diferentes grupos los ponen a cortar quebracho, a cosechar algodón, etc. Allí pasan un año, algunos pueden escapar, otros aprovechan para volver a la Bomba aunque nadie regresa porque Gendarmería no permitía el ingreso al lugar. En la época que filmamos la película todavía había un cartel muy grande que decía «prohibido pasar».

En aquellos años, los indígenas del Chaco estaban fuera de los márgenes del proyecto del peronista. Había que transformarlos y eso se daba dentro de las reducciones. Darles herramientas para enseñarles a «arar la tierra», sembrar, etc. Se les prometía un pedazo de tierra que nunca se otorgó.

Aquel fatídico homenaje

En un capítulo del libro, Mapelman relata como apenas unos días después de iniciada la matanza, el 12 de octubre de 1947, en un salón del Instituto Cervantes, se dan cita las autoridades del ejecutivo nacional para celebrar el «Día de la Raza». El propio Perón pronuncia el discurso de apertura que será transmitido en directo por las radios de toda la España franquista. Entre los presentes está Eva Duarte y el ministro Ángel Borlenghi, quien ya estaba al tanto de la movilización de tropas el día anterior. En su discurso hay un enaltecimiento al conquistador: «Nada los detuvo en su empresa, ni la sed ni el hambre, ni el desierto con su monótono desamparo, ni la montaña que les cerraba el paso, ni la selva con sus mil especies de oscuras y desconocidas muertes. A todo se sobrepusieron. Y es ahí precisamente, en los momentos más difíciles, en los que se los ve más grandes, más serenamente dueños de sí mismos, más conscientes de su destino, porque en ellos parecía haberse hecho alma y figura la verdad irrefutable de que «es el fuerte el que crea los acontecimientos y el débil el que sufre la suerte que le impone el destino». Ese mismo día las gráficas del gobierno había difundido un afiche en la que un conquistador protegía al criollo y en la cual se ignoraba la figura del nativo. La imagen estaba acompañada por la máxima: “Por una Raza Fuerte, Laboriosa, Pacifista y Soberana”.

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