Organizaciones piden que se cierre la investigación contra Gijena y Ousset
«Sol», la mamá de «Lucía», una nena tucumana de 11 años violada por su abuelastro narró lo que sufrió su hija en manos de funcionarios, médicos y la iglesia y las presiones que recibió para continuar con el embarazo que la niña había pedido interrumpir. En medio de la conmoción que causó su testimonio, Andhes, Cladem y organizaciones que componen el Colectivo Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres de Tucumán, concentraron en el día de ayer en Tribunales Penales para exigir que se cierre la investigación contra el y la médica que garantizaron el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Por Andhes Derechos Humanos.
“Creemos que a partir de las declaraciones de la madre de Lucía, eso tiene que tener repercusión en la causa. Sol dijo cuál era el reclamo de Lucía, cómo manifestó reiteradamente ese pedido, cómo fue desoída sistemáticamente y la consecuencia es que José Gijena y Cecilia Ousset tuvieron que intervenir para responder a ese desesperado pedido. Sol no tiene más que palabras de agradecimiento a lxs médicxs”, consideraron Emilio Guagnini y Pablo Gargiulo, abogados de Andhes y de lxs médicxs. Gargiulo agregó que “nuestros defendidos respondieron a una cuestión legal. No puede llegarse a una imputación. Sería una locura».
Por su parte, Celia De Bono, abogada de Cladem, indicó que desde el primer momento las organizaciones acudieron a los organismos internacionales de Derechos Humanos. “Presentamos una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo que intervenga para que el gobierno argentino garantice la ILE de la niña. Luego ampliamos esta medida pidiendo la protección de los médicos que realizaron la práctica legal” y consideró que “la denuncia debería ser desestimada”.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas a se expidió considerando que el embarazo infantil forzado es tortura e instando al Estado Argentino que garantice todas las medidas para que niñas y las mujeres que puedan acceder a las ILE.
“Este caso traspasó todas las fronteras y todos los organismos están alertas y siguiendo este caso. Hay muchas Lucías. Se está detectando un patrón con las niñas abusadas y obligadas a maternar. Este derecho tiene que tener protección para que sea efectivo porque las niñas sufren estos obstáculos por ser niñas y pobres”, recalcó De Bono.
Fernanda Rotondo, coordinadora del equipo de Género de Andhes, señaló que el accionar del Ministerio Público Fiscal y la Fiscal Adriana Giannoni vinieron a generar un clima de ilegalidad y criminalización que busca disciplinar a lxs profesionales de la salud, persiguiendo a lxs médicxs que garantizaron la intervención de Lucia. “El Estado debe romper con este sistema de impunidad, castigar a los funcionarios responsables y restituir los derechos de Lucia”, planteó Rotondo. En ese sentido, Alejandra del Castillo, militante del Plenario de Trabajadoras y del Colectivo Ni Una Menos, adelantó que van a hacer una denuncia este lunes en el Ministerio de Salud para pedir la exoneración de Gustavo Vigliocco y la Ministra de Salud, Rossana Chalha.
“Estamos acá para pedir la recusación de la Fiscal Giannoni y el cierre de la causa contra lxs médicxs que asistieron a Lucia y que hoy están siendo investigados mientras que los funcionarios responsables de haber torturado a Lucia están muy cómodos en sus sillones. Queremos que se vayan Vigliocco y Chalha”, concluyó.