14/04/2019

Responsabilidad Penal Juvenil: “Las cuestiones de adultos las hablamos entre adultos”

Desde el martes 09 de este mes, en el anexo C de la Cámara baja se dio el inicio a las comisiones de Legislación Penal, Mujer y Familia, Niñez y Adolescencia. La primera de 9 audiencias a las que asisten funcionarios judiciales, abogados, referentes y organismos sociales y especialistas en la materia. Allí se debate el Proyecto para establecer el nuevo régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Curiosamente, una de las portavoces de este proyecto, la legisladora jujeña Maria Gabriela Burgos, fue una de las personas que se opusieron la implementación de la ley de aborto legal frente a un caso de una niña violada en su provincia. Por Lidia Barán para ANRed

“La cuestiones de adultos lo hablamos entre adultos” palabras dichas por María Gabriela Burgos hacia Marcela Alejandra Val, Trabajadora Social, Psicóloga Social, presidenta de la Fundación Che Pibe cuando dos niñas y un niño leyeron sus reflexiones sentados en la mesa que compartían con especialistas. A lo cual la legisladora Burgos no estuvo de acuerdo que las y los niños formen parte del debate.


Quienes presiden las comisiones de la legislación penal son Maria Gabriela Burgos de UCR de Jujuy, Alejandra Martinez por Familia de UCR de Jujuy, Luciano Laspina, Presupuesto del Pro y uno de los autores del proyecto: el ex diputado y ex ministro de justicia  Ricardo Gil Lavedra.

La exposición comenzó de parte del oficialismo con palabras de Martin Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, que pidió que acompañen el proyecto para cambiar la realidad actual del sistema a lo que considera una iniciativa «mejorable». A continuación hablo Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal, destaco que con esta ley buscan una “respuesta penal adecuada” para los niños y adolescentes que cometieron un delito. Siguiendo la misma línea, Silvina Paz, de la Fundación Acción Restaurativa Argentina hablo de “agregar un protocolo de actuación”, “necesario para recuperar a la víctima, fortalecer la responsabilidad subjetiva de la persona y reparar los daños causados”. Continuaron Ana Cecilia Bajlec, jueza de Garantías del Departamento judicial de Trenque Lauquen, Carla Cavaliere, jueza de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, quienes se presentan en contra del proyecto, Patricio Gandulfo, adherente de Fundejus, Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento judicial de San Isidro, y docente “ la sensibilización me parece muy importante porque una cosa es que nos capacitemos y otra cosa que entendemos sobre que estamos capacitando” A continuación propone que el abordaje de conflicto tiene que hacerse desde otras lógicas de intervención no penales desarrollando una teoría del proceso composicional dejando en claro cuáles, son las reglas del juego sino terminamos considerando la reparación como una herramienta más del derecho penal . Destaca también considerar: una adecuada ingeniería institucional, disponibilidad de servicios sociales con previsión presupuestaria para el funcionamiento, personal idóneo y capacitado, planificación nacional de los recursos y monitores constantes.

Patricio Gandulfo, adherente de Fundejus – Foto: Lidia Barán

Luisa Brumana, representante de UNICEF en Argentina, pidió “garantizar condiciones de vida digna” y agregó que “la represión y el castigo deben ser reemplazados por la reinserción social de los adolescentes”.

Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, se manifestó en contra de la punibilidad – Foto Lidia Barán

De Niñez y Territorio, Estela Rojas fue contundente con su pregunta ¿Realmente quién es ese pibe que nos muestran como enemigo? ¿Son hijos e hijas de familias sin trabajo?

Victoria Lucena, coordinadora del programa Casa Esquina Libertad Jóvenes de Pie dijo “nosotros no estamos de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad, que es más un marketing político que una solución para los problemas de las pibas y pibes”

Foto: Lidia Barán

El proyecto propuesto por el gobierno nacional, iniciativa del presidente Mauricio Macri en la inauguración del 137 periodo de sesiones ordinarias del congreso el 1ro de marzo pasado, que establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años que hayan cometido algún delito con una pena de 15 años para delitos graves. Resulta pertinente señalar que este proyecto tiene sus antecedentes durante el gobierno anterior, tanto desde sectores del, en ese entonces, oficialismo, como de bloques opositores. En el año 2009 mientras los medios hegemonicos repetían propuestas de «baja de edad de punibilidad», se produjo la desaparición seguida de muerte de Luciano Arruga, entre otros casos de ataque a jóvenes en los barrios.

Según Claudia Cesaroni, abogada, Magister en Criminología CEPOC y docente resalta 4 puntos clave de un proyecto nefasto: _Baja la edad de punibilidad, son motivo sin argumento. Es una medida impulsada desde el gobierno que es institucional. _ Fija un monto de pena en años para chicos de 15 hasta 15 años de edad, es decir, lo que tienen de vida podrían pasarlo preso. Para la franja de 16 y 17 años que actualmente ya es punible, no fija un límite de monto de años de condena (no se le puede aplicar penas de cadena perpetua).Con el código penal por efecto de la reformas Blumberg en el 2004, el monto máximo es de 50 años, entonces por consecuencia se le podría aplicar a un adolescente.  Y por último Cesaroni resalta una frase de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación “Los adolescentes y los niños tienen que saber, cualquier cosa que hagan van a tener una consecuencia”, por lo tanto estaría dando poder al juez a que organice cosas para que ese niño en “función de reparar el daño causado”, siga sometido al sistema penal del que justamente es donde se lo quiere sacar.

Después del nuevo protocolo para el uso de armas de fuego y compra de pistolas taser, para el legislador Gabriel Solano, el gobierno impulsa el proyecto por la baja de la edad de imputabilidad para “reforzar la represión como respuesta a la crisis”

Según estadísticas de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cada 21 horas el estado asesina a una persona por gatillo fácil y de muerte en las cárceles y comisarias o por torturas y un 49% rondan entre los 15 a 25 años de edad. Casos como el de Luciano Arruga (16 años, febrero del 2009 ), torturado y asesinado por policías de Lomas del Mirador, Facundo Ferreira (12 años, 2018) asesinado de un balazo por la espalda por la policía de Tucumán, Matías Banuera (14 años, agosto 2017) asesinado con una 9 milímetro por efectivo policial de Ezpeleta (Quilmes) cuando aparentemente 4 policías los corrían a él y otros amigos por robarse una moto, Rodrigo Alejandro Correa (14 años, julio 2017 ), asesinado con un tiro en la nuca por la policía  en San Martin, Diego Bonefi ( 15 años, 2010 ) y así unas lista larga de menores asesinados por policías que hacen abuso de poder.

Por lo tanto, como estrategia electoral, desde el gobierno impulsa a capturar votos de una sociedad que los condena, donde olvida los derechos del niño, donde es sabido cuando a un niño o adolescente lo toca el sistema penal lo marca, lo etiqueta, lo estigmatiza y después es difícil sacársela.  Con el aumento de la pobreza en los barrios muchos de estos niños o niñas dejan la escuela para salir a trabajar, ayudar a su familia, o se quedan en sus casas para cuidar a sus hermanos. Muchos ya ni tienen un techo al cual el nivel de desprotección es notorio, y al estar en situación de calle por desesperación salen a robar. Sin embargo quienes impulsa los institutos de menores saben muy bien que carecen de instalaciones adecuadas, muchos funcionan en pésimas condiciones y donde conviven juntos niños que cometieron delitos ya sean leves o de mayor peligrosidad. Un claro ejemplo del llamado “Universidades del delito”.



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