«Para que la impunidad no sea patrimonio de los orientales»
El 24 de abril es la fecha tope para entregar las más 250 mil firmas necesarias para plebiscitar la nulidad de la versión uruguaya de las leyes de impunidad a los genocidas. En Argentina, la campaña cierra mañana. «Firmemos todos, por verdad, justicia y nunca más.
Por un país sin asesinos y torturadores sueltos. Por un país decente y con memoria«, convocan desde la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad.
Alrededor de 300 uruguayos fueron detenidos-desaparecidos durante la dictadura que rigió al país entre 1973 y 1985. Muchos fueron secuestrados desde la Argentina como parte de la estrategia de coordinación de las dictaduras genocidas del Cono Sur, el Plan Cóndor. Más de 15 mil presos políticos y centenares de exiliados fueron parte del saldo macabro que dejó la represión al otro lado del Río de La Plata.
El 22 de diciembre de 1986, en medio de presiones y amenazas de desacato por parte de los militares, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley 15848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El objetivo de esta norma es evitar que pudieran ser juzgados los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cí¬vico-militar. «Ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el perí¬odo de facto», establece. En otras palabras, la versión uruguaya de la Ley de Punto Final argentina.
«La ley nació viciada. Es inconstitucional. Fue impuesta por los militares bajo amenaza de ruptura institucional. Ampara crímenes «de lesa humanidad», por lo que viola el derecho internacional (eso le ha valido a Uruguay observaciones) y es incompatible con las garantías democráticas que exigen que todos seamos iguales ante la ley. Por eso, debe ser anulada y sus efectos, eliminados», sostienen desde la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad. Este espacio fue creado a fines de 2006 y desde septiembre de 2007, lleva adelante la convocatoria para reunir firmas para terminar con esta norma que consagra la impunidad de los represores.
La intención es terminar con la Ley de Caducidad mediante una reforma constitucional Para lograr esto se requieren aproximadamente 250.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas, un 10 por ciento del cuerpo electoral a fin de que se habilite la consulta popular. Una vez alcanzadas las rúbricas, el texto de la reforma constitucional será sometido a plebiscito conjuntamente con las elecciones nacionales de octubre de 2009.
Actualmente, ya se ha superado esa cifra pero los organizadores de la iniciativa pretenden llegar a las 300 mil. La fecha tope para la entrega de la totalidad de las adhesiones es el 24 de abril. En la Argentina, mañana se realizará desde las 15 el cierre de la campaña en el Parque Lezama. Quienes aún no hayan firmado, deberán acercarse hasta el lugar con su credencial cívica.
En octubre, los ciudadanos y las ciudadanas uruguayas decidirán las nuevas autoridades y tendrán la posibilidad de ponerle un freno a la impunidad de más de 30 años «para que no sea patrimonio de los orientales». De dar por tierra con la Ley de Caducidad, se reabrirían los procesos por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y, como dice el poeta Mario Benedetti, con cada tallo en aquel fruto, cada pregunta tendrá su respuesta.
Más información:
http://nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy/
nulidadcaducidad@gmail.com
Contactos en Argentina:
Ana María Parnás, 15 5 136 1826
Carlos Barrios, 15 5 328 2555