Adivinanza: si no te mata con los despidos, la pobreza y el cierre de empresas, te envenena… ¿Quién es?

Dossier: Macri reclama que sea legal y legítimo fumigar a los niños de las escuelas. Sindicatos, medianos y pequeños empresarios, y organizaciones sociales se movilizaron en CABA. La CGT no puso escenario ni leyó documento ni llamó a un paro general. Conflictos, despidos y detenciones de delegados en diferentes líneas de colectivos. Hubo cobro irregular de los salarios de los docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Despidos, suspensiones y reestructuraciones en Musimundo, TecnoSport Latinoamericana, Viluco, Argental, Techint, KMG Fueguina, Toyota, Laboratorios Craveri, Novartis, Sanofi Aventis, CONICET, y en OCA peligran 6 mil puestos de trabajo. Por Mario Hernández.

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Macri reclama que sea legal y legítimo fumigar a los niños de las escuelas. En una conferencia de prensa, de cara a las elecciones en Entre Ríos, Mauricio Macri visitó la ciudad de Gualeguaychú y cuestionó el fallo del Superior Tribunal de Justicia -STJ- que anuló parcialmente el decreto que delimita las fumigaciones.

“Es irresponsable el fallo por las distancias de fumigación”, afirmó Macri en relación a la anulación en dicha provincia del decreto del gobernador Gustavo Bordet que definía poder fumigar a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos respecto de las escuelas rurales.

Y agregó: “la ley de distancias de fumigación vigente es absurda” (…) “pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial de la provincia”.

Medardo Ávila Vázquez, médico surgido de la Universidad Nacional de Córdoba que integra la Red de Médicos de Pueblos Fumigados sostuvo: “Lo que dijo Macri es terrible. La sentencia está firme en Entre Ríos, y no solo protege pueblos sino a las escuelas rurales que son fumigadas sistemáticas con los chicos y maestros dentro. Se logró un amparo, una sentencia de una Cámara y finalmente una sentencia del Tribunal superior de Entre Ríos, estableciendo que no se puede fumigar a menos de 1.000 metros de las escuelas”, explicó el galeno.

“Eso generó la indignación de la Mesa de Enlace sojera y el gobernador Bordet rápidamente sacó un decreto estableciendo que se puede fumigar a 50 metros por vía terrestre y a 100 metros por aviones”, agregó.

“Cuando fumigan, se ve a los chicos vomitando, algunos con convulsiones otros con bronco-espasmos, y con las maestras descompuestas”, amplió Ávila Vázquez.

Sostuvo que el uso del glifosato “conduce al cáncer” y “la tasa de enfermos de cáncer que hay en Entre Ríos es enorme, hemos hecho estudios y hay pueblos donde el 50% se muere de cáncer”.

“Hay más de 4.000 escuelas en la Argentina que están en medio de parajes rurales rodeadas de campos de soja que son fumigados. Los niños reciben una carga muy grande de tóxicos”, precisó.

También la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA) repudiaron las declaraciones Macri.

“Destacamos la profunda ignorancia -y falta de escucha real a los productores- del Sr. Presidente en la materia puesto que lo que la sentencia judicial por él aludida restringe es el uso de los agro tóxicos, no de los fertilizantes.

En efecto, la sentencia limita las fumigaciones en cercanías de las 1.023 escuelas porque de lo que se intenta proteger a nuestros gurises es de las moléculas químicas de los venenos que se utilizan en las aplicaciones aéreas o terrestres en las producciones agrícolas cercanas a dichas escuelas.

Estas moléculas, bien silenciosas -y quizás por eso no percibidas por el Sr. Presidente- ingresan a los cuerpos de nuestros pequeños que son los más vulnerables por estar aún sus metabolismos en desarrollo y porque están en contacto con el suelo, con la tierra, con el agua y con los juegos al aire libre. Y, al ingresar a sus cuerpos, los terminan enfermando y muchas veces matando”, afirmó REDASA  mediante un comunicado.

Este es el camino

Sindicatos, medianos y pequeños empresarios, y centrales del movimiento de trabajadores junto a organizaciones populares se movilizaron durante la tarde del jueves desde distintos puntos de Congreso y Constitución hacia la 9 de Julio, a pesar de la lluvia y el frío, para protestar contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Las columnas gremiales comenzaron a movilizarse luego de entregar en el Parlamento un proyecto de emergencia alimentaria y de protección de Pymes.

Junto a la movilización, que se repitió en varias ciudades del país, toda la oposición en Diputados logró unirse y consiguió quórum para sesionar sobre la necesidad de frenar el brutal tarifazo impuesto por el Gobierno, declarar la emergencia alimentaria y de las pymes, sin tener la mayoría suficiente (dos tercios) para transformar esos objetivos en Proyectos de ley.

La CGT no puso escenario ni leyó documento, más allá de una solicitada en diarios, y marchó de Plaza Once hasta Avenida de Mayo y la 9 de julio.

Varios sectores avanzaron hasta la Plaza de Mayo, sobre todo de agrupaciones de izquierda, y otros se reunieron frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde hubo represión policial a quienes mantenían su intento de dialogar con funcionarios para enfrentar los problemas de hambre de los sectores más vulnerables.

Las y los docentes de la provincia de Buenos Aires, a pesar del acuerdo salarial logrado con la gobernadora María Eugenia Vidal, y de la CABA, fueron los únicos sectores que participaron de la movilización con un paro de actividades.

Sobre el final de la tarde, el Presidente en una conferencia de prensa ratificó el plan de ajuste: “Sé que les está costando llegar a fin de mes, pero este es el camino. Estamos en el camino correcto, ponemos como objetivo que las cosas funcionen a largo plazo”.

Deshojando la margarita del paro general

El secretario General del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que “antes de fin de mes” se convocará a un paro general. El secretario general de la CTA-A, Ricardo Peidro, coincidió: “consideramos que las condiciones para un paro general están dadas”.

Sin embargo, Andrés Rodríguez de UPCN dijo que “la CGT no está evaluando un paro en este momento”.

Desde Córdoba, la CGT, la CGT Nacional y Popular, las vertientes de la CTA y las organizaciones sociales exigieron a la CGT que convoque a un paro nacional con carácter urgente para frenar el plan de hambre, miseria y exclusión para el pueblo y sumisión al FMI.

Para el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, “están re contra dadas” las condiciones para llamar a un paro general contra la política económica de este gobierno.

Finalmente, los sindicatos que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) pusieron fecha para el 11 de abril a un Plenario de regionales de la CGT y sindicatos confederados con el propósito explícito de resolver “medidas de fuerza de alcance nacional”.

Uno de los animadores del Frente Sindical, Héctor Amichetti, explicó: “Entendemos que la marcha, que logró una acción compartida entre todas las centrales, tiene valor si la encuadramos dentro de un plan de acción”. Por ese motivo, dijo, “lo ideal sería que vayamos todos juntos a un paro general. Pero no podemos estar esperando una resolución indefinida. Lo haremos entre abril y mayo”.

Docentes

A la bronca que crece en las escuelas por la crisis social y el ajuste sobre el salario y las condiciones de vida de los trabajadores, se sumó el cobro irregular de los salarios de los docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Descuentos, suplencias sin liquidar en docentes que tenían continuidad y cargos completos que no se cobraron.

Las seccionales combativas del Suteba que responden a la Lista Multicolor organizan acciones de reclamos en jefaturas distritales y regionales para el lunes. Estas medidas se suman a las resueltas en un encuentro de coordinación donde definieron 48 horas de paro para los días 10 y 11 de abril que serán refrendadas en asambleas en cada distrito.

El senador nacional y ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, presentó la propuesta de limitar la protesta docente a cinco días por año. Un ataque al derecho a huelga que se suma a los descuentos por paros.

En Neuquén a 12 años del fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba miles de compañeros y compañeras docentes se movilizaron junto a estudiantes y demás trabajadores para pedir justicia completa por su asesinato. Si bien desde el 2008 el policía Darío Poblete cumple una condena a cadena perpetua por disparar la bala asesina, Jorge Omar Sobisch, ex gobernador de la Provincia y responsable intelectual tuvo la oportunidad de ser nuevamente candidato a gobernador.

En el acto, se hizo hincapié en el camino que resta recorrer para lograr justicia completa por el asesinato del maestro neuquino. Recientemente con un fallo unánime el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, ordenó al Tribunal Superior de Justicia local a dictar un nuevo fallo en la causa Fuentealba II, que investiga a los responsables políticos del crimen y había dictado el sobreseimiento de los 15 acusados.

Transporte

Los choferes y ex trabajadores de la Línea Este de la Ciudad de La Plata, junto a los familiares convocan a una conferencia de prensa a realizarse el lunes 8 de abril a las 11:30 en el Anexo de la Cámara de Diputados de La Plata. Allí darán a conocer detalles de la sorpresiva detención de Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi, ocurrida el pasado 3 de abril en horas de la noche. Se los acusa de “coacción agravada, en concurso material con daños” por los sucesos del 16 de marzo de 2017 en el marco del conflicto mantenido entre la empresa y los choferes.

Familiares de los detenidos y compañeros de trabajo dieron a conocer un comunicado donde, entre otras cosas, sostienen: “La detención de los compañeros evidencia la inocultable voluntad del poder político de enviar un mensaje disciplinador, de carácter aleccionador, contra cualquier grupo de trabajadores o de organizaciones sociales que pretendan protestar en reclamo de sus derechos.

Tal es el ensañamiento de la justicia penal contra los compañeros que no solo va mas allá de la denuncia realizada (por daños), sino que incluso omite considerar que al concluir el conflicto laboral la empresa empleadora se ha comprometido judicialmente a no impulsar causas penales y dar por concluida toda disputa, manifestando no tener ningún interés en el avance de las causas penales”.

Los trabajadores de la línea 60 se movilizaron este viernes por la mañana a la Secretaría de Trabajo para impugnar el plan de la empresa DOTA de recortar más de siete ramales.

Esteban Simoneta, trabajador y delegado afirmó: “Como habíamos anunciado por todos los medios, los trabajadores de la Línea 60 venimos a presentar las impugnaciones con varias organizaciones políticas, con el acompañamiento de diversos trabajadores.

La empresa DOTA quiere recortar ramales entonces nosotros nos movilizamos hasta acá para hacer el trámite correspondiente para impugnar este plan de recortes. Por otro lado pedimos una prórroga porque hay muchísimos usuarios que quieren firmar la impugnación, entonces queremos más tiempo para demostrar cómo afecta a los usuarios. Ellos tienen intenciones de frenar este recorte de ramales y queremos que no se siga adelante con este intento. Quedaron en respondernos desde la Secretaría y mientras tanto avanzamos en la juntada de firmas porque son muchísimos los usuarios que nos plantean firmar para que esto no pase”.

Los choferes de la empresa Expreso Lomas, que comprende a las líneas 162, 112 y 243, protagonizaron el viernes un piquete en el Puente La Noria. Reclaman, desde hace más de tres semanas, que les sean otorgadas las unidades para volver a prestar el servicio que afecta a 50.000 usuarios.

Mediante un comunicado de prensa, los choferes manifestaron que son: “rehenes de la falta de decisión del ministerio de Transporte, del Juzgado y la secretaría de Trabajo tampoco tiene la solución, hoy en día ya son 25 días sin servicio, y parece que los que nos tienen que dar la solución, se pasan la pelota uno a otro”.

El lunes 8 de abril se realizará la última audiencia en el juicio por la reincorporación de Juan Carlos Díaz quien fue despedido hace dos años de la empresa La Perlita por ser activista sindical. Este lunes puede obtener un fallo histórico: convertirse en el primer chofer reincorporado en su línea.

Juan es consciente del poder del empresario e igual decidió seguir adelante: “Es el monopolio de transporte más grande de Moreno. Está acostumbrada a hacer un pasa manos de choferes, está acostumbrada a despedir gente. Es el primer juicio de reincorporación que se le hace a la empresa en 60 años”.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes paralizará las tareas durante 24 horas este martes en la empresa Andes, en rechazo de “las graves irregularidades cometidas en el pago de salarios y de un despido”, en tanto que este lunes habrá asambleas en el Aeroparque porteño, lo que afectará a Austral.

Juan Pablo Brey añadió que “la paritaria venció hace ya cuatro meses, lo que hace inadmisible la situación, a pesar de que el personal de Andes cumple sus funciones con destacado profesionalismo y resguardo de la operatoria de seguridad”, y concluyó afirmando que el gremio “no permitirá que los trabajadores continúen siendo la variable de ajuste”.

Producto del conflicto desatado por la Asociación Argentina de Aeronavegantes y de las posteriores negociaciones en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo, Austral Líneas dio marcha atrás con la intención de reducir el número de tripulantes de cabinas en sus vuelos.

En el acta-acuerdo firmada en la Secretaría de Trabajo de la Nación, ha quedado plasmado entre la empresa Austral y el sindicato que agrupa a los tripulantes de cabina que la programación de los Embraer debe incluir 3 aeronavegantes tal como se encuentra certificado en el manual con el que opera la empresa.

Medios

En otro ataque de la gestión Lombardi a la Agencia nacional de noticias Télam, los trabajadores y trabajadoras denunciaron el vaciamiento del edificio principal y desconocen el paradero de los equipos. “Se llevaron hasta los inodoros”, comentó Esteban Giachero, delegado de SiPreBA.

Las y los trabajadores también denunciaron la falta de higiene y la exposición de cables que pueden provocar electrocuciones. Además, durante tres días de la semana pasada estuvieron sin agua. El subsuelo también fue cerrado y las salidas de emergencia están bloqueadas, lo que causaría problemas para evacuar en caso de emergencias.

La contracara de esta situación es la que viven quienes prestan servicios en la agencia paralela que se conformó en Tecnópolis. “A todo el personal jerárquico y jefaturas les han dado un plus salarial para, básicamente, violentar el convenio y quedarse más horas a cambio de este dinero, viáticos extra y un aumento por encima del paupérrimo 10% que nos dieron a todos, llevándose por arriba de un 25% todo ese grupo selecto de jefes puesto por la gestión”, agregó Giachero.

“En concreto ya no es sólo un vaciamiento, que es lo que se ve en términos visuales, sino directamente la destrucción de los medios públicos. Tanto Radio Nacional que ha cesado las programaciones locales, como la TV Pública que no tiene noticieros los fines de semana, no están exentos. Es un plan encabezado por Hernán Lombardi en detrimento de la información pública, federal y plural que debe ser un derecho constitucional garantizado para todos los ciudadanos”, concluyó el delegado.

Un reclamo judicial por honorarios jurídicos podría afectar seriamente la continuidad del Diario Popular, a partir de una polémica aplicación de intereses en dólares.

El fallo de primera instancia desconoció el pago que había recibido el demandante y también la legislación vigente (que impone regular los honorarios profesionales en pesos), fijando una suma en dólares en base a una cuestionada estimación del paquete accionario, que según la empresa es muy superior a su valor real.

Desde la empresa calificaron como “abusiva y confiscatoria” la pretensión de querer “aplicar un interés mayor al 30 % anual en dólares a una sentencia, cuando en realidad no supera el 1 o 2 % anual”. De acuerdo a la exigencia del demandante, la deuda superaría ampliamente el valor actual de la empresa.

Ante esta situación, se espera en los próximos días un pronunciamiento de la Cámara Civil de Apelaciones Sala J, integrada por las juezas Beatriz Alicia Verón, Marta del Rosario Mattera y Patricia Barberi. De ese fallo podría depender la continuidad del diario.

Paritarias

Los 80 hospitales públicos bonaerenses, los hospitales municipales y los centros de salud que integran La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), realizarán el segundo paro del año a la gobernadora María Eugenia Vidal este miércoles 10 de abril, por 24 horas, y un tercer paro, esta vez de 48 horas, los días 24 y 25 de este mes, ante la falta de cierre de paritaria 2018 y sin convocatoria aún para la discusión de 2019.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, y los representantes gremiales paritarios del sector acordaron una recomposición salarial adicional del 15 % a partir de este mes.

La mejora del 15 % de los haberes del personal doméstico se produjo en el contexto de la revisión del acuerdo paritario 2018, que determinó un alza del 25 %, informó la Secretaría de Trabajo en un comunicado de prensa.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago resolvieron en una asamblea en la planta de Ensenada, movilizar el jueves pasado a La Plata en reclamo de medidas concretas y de presupuesto para la reactivación de la empresa naval.

Según se informó, la movilización continuó hacia el Ministerio de Economía bonaerense, donde se entregó otro petitorio exigiendo la devolución de ítems salariales descontados ilegalmente durante 2018. Y también marcharon al Instituto de Previsión Social para reclamar que trabajadores del ARS que están por jubilarse puedan hacerlo por esa dependencia.

La movilización finalizó en la céntrica Plaza San Martín, frente a la Gobernación, para exigirle a María Eugenia Vidal que se concrete de una vez por todas la batería de reclamos realizados el año pasado y que la gestión macrista prometió.

Lxs trabajadorxs del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), reclaman el pago de sueldos adeudados desde el mes de enero a alrededor de 60 compañerxs, esto se suma a las políticas de represalias y persecución, la estrategia de desinformación y las condiciones precarias en las que trabajan llevando adelante tareas que implican un riesgo para su salud.

Las trabajadorxs vienen denunciando las distintas formas de violencias en sus puestos de trabajo y exigen políticas de cuidado y contención a quienes trabajan con la temática de violencia de género, pero lejos de esto reciben represalias que se reflejan en despidos, cambios arbitrarios de horarios y de tareas, niegue de licencias, etc.

Un mega operativo contra el trabajo no registrado realizado en las estaciones de trenes de Constitución y Once registró un altísimo porcentaje de informalidad en pizzerías, sandwicherías y locales de panificación.

Las inspecciones desarrolladas en los pasillos y andenes de las terminales ferroviarias detectaron también fuertes irregularidades en las sociedades comerciales.

Según el informe oficial, el 85% de los trabajadores de los puestos de venta están en negro sin ningún tipo de beneficios de seguridad social.

Despidos y suspensiones

La cadena de electrodomésticos Musimundo concretó una seguidilla de cierres de tres sucursales en los últimos días. A comienzos de la semana pasada cerró la sucursal Fisherton ubicada en Rosario, donde fueron despedidos 20 trabajadores. También cerró el local que Musimundo tenía en el San Juan Shopping Center, donde trabajaban 15 personas. Y lo mismo pasó con la sucursal Bariloche, donde había 10 empleados.

Estos cierres se suman a los 28 que se concretaron el año pasado, como el local emblemático de Callao y Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires. También otros en localidades como Mercedes, Saladillo, Pehuajó, Bragado, Chivilcoy y Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires; Neuquén; Famaillá y Banda del Río Salí en Tucumán. Además, el centro de distribución ubicado en Resistencia, Chaco.

La Justicia decretó la quiebra de la empresa de correo privado OCA por $ 7.000 millones y peligran más de 6.000 empleos aunque continuará operando hasta que tenga nuevo dueño.

Según la resolución, la quiebra establecida permitirá que continúe la actividad del correo privado, lo que servirá para mantener las fuentes de trabajo durante los meses siguientes, señalaron fuentes judiciales. Sin embargo, si no aparecen interesados en la empresa, el futuro de las fuentes laborales se tornaría incierto.

Una de las posibilidades que se vienen barajando es que OCA sea controlada por una cooperativa conformada por sus trabajadores y el gremio de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano.

TecnoSport Latinoamericana, empresa de calzado proveedora de Nike, anunció el lunes el cierre definitivo de su fábrica en el parque industrial Villa Flandria, en Luján, provincia de Buenos Aires. El año pasado, la empresa había presionado para que 200 trabajadores acepten los despidos voluntarios. Ahora quedaban otros 120 operando en la fábrica.

La crisis de la industria del calzado ya se cobró 9.000 empleos, de acuerdo al relevamiento del Ministerio de Producción y Trabajo. Lo mismo que el sector textil, el rubro sufre una caída dramática de las ventas que se combina con un incremento exorbitante de los costos, a lo que se suma la competencia directa de productos importados.

La empresa de capitales tucumanos Viluco, perteneciente al Grupo Lucci, presentó ante la subsecretaría de Trabajo de Santiago del Estero el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). En el mismo momento, sus representantes informaron al Sindicato de Aceiteros la determinación de despedir 117 de los 200 trabajadores que emplea la productora de biodiésel radicada en Frías.

“Nosotros no podemos avalar ni un despido sin estudiar los balances y sin ver los puntos del preventivo de crisis”, agregó Luis Paz, secretario general del Sindicato, que confirmó que la intención del Grupo Lucci es pagar sólo el 50% de las indemnizaciones y en cuotas.

Los empleados fueron informados que el lunes llegarán los telegramas oficializando la situación, y Paz advirtió que desde el gremio “armarán un plan de lucha” para oponerse a la decisión.

La fábrica de equipos para panificación Argental recortó la jornada laboral de sus trabajadores y anticipó que la situación puede empeorar.

Los 180 empleados de la compañía, en un marco de procedimiento preventivo de crisis, fueron suspendidos todos los días viernes, durante marzo, y cobrando el 80 % de su salario.

La siderúrgica del grupo Techint, comandada por Paolo Rocca, avanza con su plan de reestructuración.

El líder de los empresarios más ricos del país, después de los despidos en las plantas de Ensenada y Haedo, da de baja decenas de puestos en su planta de San Nicolás.

La información circula por fuera de los canales formales, ya que el ajuste se desarrolla bajo un hermetismo total de la UOM. Tampoco hay repercusiones en los medios locales ni respuestas de los partidos tradicionales. Ni siquiera de parte del PJ-UC, que ocupa bancas en el Concejo.

Entre los efectivos se avanza con “retiros voluntarios” y vacaciones anticipadas como preanuncio de la posibilidad de despidos. Pero la dinámica se viene sosteniendo sobre todo en empresas contratistas como PROVSER, CASIUS, ASSA, LOBERAZ, FAPCO y la propia Techint, donde han dado de baja decenas de contratos. Estas tercerizadas acumularon fortunas a partir de la precarización laboral, con horas a destajo por salarios miserables que no superan los 20.000, y con pérdida de conquistas entre “traspasos” y “contratos a plazo fijo” de un mes.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar Martínez, confirmó que la firma KMG Fueguina cerrará las puertas de su fábrica para “re direccionar” sus negocios en el país.

La confirmación llegó horas después de que se conociera un plan de suspensiones que implementaría la empresa con el fin de reducir sueldos.

Desde la UOM Río Grande sospechan que la empresa suspendería a sus 50 trabajadores como primera determinación, aunque hay incertidumbre sobre el futuro.

De esta manera, ya son siete las empresas que cerraron durante el gobierno de Mauricio Macri en la provincia de Tierra del Fuego y tres que están en riesgo de seguir el mismo camino en el futuro cercano.

El lunes 1º, los trabajadores de la autopartista ex-Liggett decidieron tomar la planta cuando supieron que habían despedido a un obrero que estaba de carpeta médica por un accidente laboral. El hombre, que se cortó el tendón de una mano, no acepta ningún tipo de indemnización, solo quiere volver a su puesto de trabajo. Sus compañeros acompañan su exigencia con esta medida.

El despido fue la gota que rebalsó el vaso, pero la bronca se viene acumulando desde hace tiempo. Al contrario que en otras firmas del rubro, la ex-Liggett está teniendo mucha producción, pero con la misma cantidad de personal. Los obreros trabajan prácticamente de lunes a lunes y los ritmos de las máquinas son extenuantes.

Para bajar aún más los “costos”, la empresa pasó a todo el personal de mantenimiento a otro sindicato (ASIMRA), que tiene un convenio de pago mensual en lugar de quincenal y contrató a trabajadores tercerizados, a quienes les paga $ 80 la hora. Por otro lado, les habían puesto cámaras en los puestos de trabajo con la excusa de que había sabotajes.

La caída de la industria automotriz comenzó a impactar en una de las firmas que hasta el momento parecía mantenerse a flote de la debacle general. A partir del 1º de abril Toyota comenzó un plan de suspensiones para compensar la caída de las ventas.

La medida de la firma japonesa se replicará el 18 de abril en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires. Afectará a sus más de 5.000 empleados, agremiados al sindicato de mecánicos (Smata).

Además la empresa le comunicó al personal que mes a mes irá viendo las necesidades de parar la producción de acuerdo al ritmo de las ventas.

A fines de julio del año pasado los dueños de Laboratorios Craveri presentaron un Procedimiento Preventivo de Crisis y un plan de retiros masivos. Producto del plan de ajuste hay 43 trabajadores y trabajadoras despedidas. El conflicto se agudizó cuando el 30 de marzo la patronal decidió impedir el ingreso de una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras a las plantas. La Comisión interna de delegados quiso realizar una asamblea dentro de la planta de Caballito el miércoles y la empresa impidió su ingreso. Luego, por orden de la Fiscalía 26 la Policía de la Ciudad ingresó a la planta, detuvo y trasladó a los delegados a la Comisaría 6ª. Los detenidos fueron Horacio Wasserman, Darío Fonticelli, Walter Benítez, Facundo Gutiérrez y Martín Mendoza.

La Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina denuncia nuevos intentos de despidos por parte de laboratorios multinacionales de capitales extranjeros.

Los casos de Novartis, de capitales suizos, y de la francesa Sanofi Aventis demuestran cómo la industria pretende imponer sus condiciones ya que pese a sus ganancias extraordinarias, insisten en maximizar sus ingresos mediante el ajuste sobre los trabajadores.

La firme posición de los trabajadores organizados en la Asamblea ha impedido que se avance en la quita masiva de fuentes de trabajo, aunque las firmas continúan amenazando a los trabajadores.

Ambas compañías pretenden, con el aval del Poder Ejecutivo, maximizar sus ganancias a partir del traspaso de fármacos de venta ética o bajo receta hacia la venta libre, sin ningún criterio científico.

En ese sentido, el Secretario General, Ricardo Peidro, afirmó que “un medicamento no es un bien de consumo como cualquier otro, no se puede comercializar como un caramelo. Defender las fuentes de trabajo de los visitadores médicos hoy es defender la salud colectiva de la codicia de la industria farmacéutica”.

El pasado viernes se conocieron los resultados de los ingresos a carrera de investigador de CONICET. El sistema de cupos anuales sumado al recorte presupuestario significó la expulsión del 83% de los científicos presentados en 2018, lo que representa a más de 2.100 investigadores que quedaron fuera de CONICET. Los cupos de 450 investigadores fueron ampliamente superados por más de 2.500 presentaciones.

Los más de 2.100 científicos, luego de haber desempeñado un trabajo precarizado con un régimen acotado de 5 o 2 años en el sistema científico nacional y con escasos derechos laborales, quedan en la calle sin ningún tipo de amparo salarial ni contención.

Bauen

Los trabajadores del hotel Bauen, ícono del movimiento de empresas recuperadas, sufrió un revés judicial importante apenas unos días antes de que empezara la feria judicial el 26 de diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso extraordinario presentado por los trabajadores de la cooperativa. “Lo que pensamos hacer en el plano jurídico”, comenta Ataliva Dinani, abogado del Bauen, “es elaborar una denuncia contra la sentencia de la Corte en el marco de tribunales internacionales. Actualmente nos encontramos abocados a estudiar si vamos a hacer una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y por su intermedio ante la ONU”. Los asociados buscarán así la tutela efectiva del derecho al trabajo, “conculcado y violado no solo por el ex empleador, sino también avalado judicialmente por el fallo, que no quiere decir que sea legítimo, por más que tenga la forma legal”.

La cooperativa se formó en marzo de 2003, el mismo mes en el que fueron recuperadas las instalaciones por un pequeño grupo de entre 20 y 30 fundadores. Llegó a tener 130 trabajadores, en este momento son 90.

Jubilados

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial los nuevos requisitos para acceder a la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM), un beneficio menor a una jubilación mínima y que el propio Cambiemos había creado en reemplazo de las moratorias previsionales.

El sistema, que había nacido con acceso irrestricto para quienes no tuvieran 30 años de aportes, pasará a estar limitado por requisitos de ingresos y de bienes. A partir de ahora, para poder acceder a la PUAM (cuyo monto actual es de $ 8.320, equivalente al 80% de una jubilación mínima) no se deberá haber percibido más de $ 53.828 mensuales en promedio durante los 12 meses previos a haber solicitado el beneficio.

Tampoco se podrán tener bienes cuyo valor de declaración supere los $ 2.583.792 que al tipo de cambio actual, son unos 58.000 dólares. A la par de ese requisito, no se podrán tener vehículos automotores cuyo valor supere los $ 968.922, unos U$S 22.000.

El tercer condicionamiento está definido por los consumos: los gastos de la persona no podrán superar en más de 30% el ingreso promedio de $ 53.829 por mes. Y para verificar esta situación habrá cruces de datos con los consumos pagados con tarjetas de crédito y de débito.

Actualmente cobran la PUAM 119.439 personas. En esos beneficios, ya otorgados bajo la vigencia de otras reglas, no habrá modificaciones, según aclararon fuentes del Gobierno.

Fuentes: Diario Popular, La Nación, Clarín, Página 12, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, La Izquierda Diario, marcha.org.ar, indymedia.argentina, Infogremiales, Infocielo, Canal Abierto, IProfesional, Ambito Financiero.