Abortar en el norte de Argentina, un riesgo para la vida por la presión de grupos católicos
Los casos de Paulina, fallecida tras intentar interrumpir su embarazo introduciendo perejil en su vagina, y de Lucía, obligada a dar a luz con 11 años después de una violación, ponen de relieve las dificultades añadidas que conlleva abortar en el norte del país. Un nuevo proyecto de ley luchará por limitar la objeción de conciencia tras el rechazo del Senado al proyecto de ley por el derecho al aborto. Por Diego Montes / El Salto.
Lucía es de Tucumán. El novio de su abuela la ha violado y se ha quedado embarazada. Lleva ya cuatro semanas en el hospital y ha manifestado su voluntad de abortar en repetidas ocasiones; tiene solo 11 años. Al mismo tiempo, Paulina está postrada en la cama de un hospital de Catamarca. Han pasado ya tres días desde que se decidió a interrumpir su embarazo introduciendo perejil en el cuello de su útero. La septicemia que le ha provocado esta hierba está tan extendida que acabará falleciendo.
La ley de supuestos de 1921, que solo contempla la interrupción del embarazo en caso de violación o peligro grave para la vida de la madre, sigue vigente en Argentina y empuja a mujeres como Paulina a arriesgar su vida para abortar; usan perejil u otras hierbas o, a veces, se introducen agujas de tejer por la vagina. Paradójicamente, Lucía solo necesitaba que las autoridades aplicasen esa ley de hace casi un siglo para evitarle el sufrimiento que padeció desde su entrada en el Hospital del Este de Tucumán hasta que dos médicos de la sanidad privada le practicaran la intervención.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro y Gratuito lleva años luchando para que no haya más Lucías ni Paulinas. Su representante en Salta, Mónica Menini, atiende a El Salto después de la reunión plenaria de la asociación. Acaba de regresar, satisfecha, porque después de cuatro meses de trabajo ya pueden confirmar que este año volverán a dar la batalla y presentarán un nuevo proyecto de ley por el derecho al aborto tras el rechazo del Senado a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en agosto de 2018.
Su tono de voz cambia cuando comienza a relatar el caso de Lucía: “La niña llegó con un embarazo de 19 semanas e inmediatamente se debería haber realizado la interrupción legal del embarazo, pero el sistema de salud, coaccionado por los grupos antiderechos dilató la intervención hasta la semana 24”, explica. La abogada salteña continúa relatando cómo “todos los profesionales sanitarios del centro se declararon objetores de conciencia” cuando el Sistema de Salud de Tucumán (SIPROSA) dio luz verde a la intervención a través de un contradictorio comunicado que instaba “a salvar las dos vidas”.
Precisamente la desaparición de la objeción de conciencia es una de las claves del nuevo proyecto de ley de la Campaña, pues considera que se trata de “la negación de una práctica de salud en base a creencias religiosas y morales”. En palabras de Menini, esta opción “debe ser una excepción a la obligación de realizar la práctica”, pero se utiliza, en casos como el de Lucía, “como herramienta para negar el derecho al aborto”.
Volviendo al Hospital del Este de Tucumán, con todos los profesionales médicos de la sanidad pública instalados en la objeción de conciencia, solo los doctores Cecilia Ousset y José Gijena se muestran dispuestos a asistir a Lucía. Finalmente, le realizan una microcesárea después de corroborar que es demasiado tarde para cumplir con los deseos de la niña de interrumpir el embarazo. Mientras tanto, en el exterior del centro un grupo de manifestantes se reúne para mostrar su disconformidad. Portan carteles que dicen “Sí a las vidas”, pero no mencionan cuáles.
PUEBLOS ATRAVESADOS POR LA RELIGIÓN
Una de las asociaciones que lucha con más fuerza en contra del derecho al aborto es la Red Federal de Familias. Tanto es así, que después de la microcesárea interponen una denuncia —junto con otros abogados y médicos—contra Gijena y Ousset por homicidio eventual con dolo. Su letrada, María José Mockevich, justificaba en declaraciones a La Izquierda Diario que puesto que “la niña pesaba más de 50 kilos, no era tan pequeña” y debía haber continuado con el embarazo.
Poco después, el obispo de Tucumán, conocido en la región por señalar a los diputados que decidieron sobre la legalización del aborto refiriéndose a ellos por su nombre y apellidos, arrebata a Lucía su último refugio: el anonimato. En una homilía revela el nombre verdadero de la niña de 11 años violada por el novio de su abuela mientras anima a los creyentes a “custodiar toda vida humana” y defenderla “con pasión”.
Es solo una muestra del poder y la capacidad de influencia que tienen las iglesias católica y evangélica en el norte de Argentina. Laura García, activista e integrante de la Campaña en Catamarca, lo ejemplifica en el caso de Paulina: “En los pueblos tan atravesados por la religión los médicos no judicializan a las mujeres, pero tampoco les brindan la atención que requieren porque pesa muchísimo el pensamiento judeocristiano y la posición de la iglesia contra la legalización del aborto”, lamenta.
Paulina pasa tres agónicos días en un pequeño centro de salud de su pueblo con un feto muerto dentro de su vientre y solo cuando su estado es tan delicado que ha perdido la conciencia la trasladan a la capital de la provincia. “Quizá se habría podido salvar si se hubieran realizado estudios para conocer qué le pasaba, le hubieran proporcionado una atención primaria seria y la instrumentación de todo lo necesario para que ella no muriese, por ejemplo, un legrado”, explica Laura García.
LA ESTADÍSTICA NEGRA Y EL ESTIGMA SOCIAL
Por si fuera poco, el fallecimiento de Paulina probablemente no conste en los registros como muerte por aborto inseguro. El Ministerio de la Nación de Argentina contabilizó en su último informe de 2016 un total de 43 mujeres fallecidas por este motivo, pero García pone de manifiesto que la catamarqueña “forma parte de la estadística negra porque, como no se hizo autopsia y omitió que había abortado, la causa de la muerte es un paro respiratorio”.
Más aún, la activista señala que no solo “hay un interés muy claro de ocultar las cifras oficiales porque no se investigan”, sino que las propias mujeres que deciden poner fin a su embarazo esconden sus intenciones puesto que “están poniendo en riesgo su vida, pero también su libertad”; el aborto es un delito penado con hasta cuatro años de cárcel.
En el mejor de los casos, si consiguen salvar todas estas dificultades, se enfrentan, según García, a un “estigma social” difícil de revertir en una sociedad tan tradicional como la de Catamarca, en la que, por ejemplo, la senadora Inés Blas, espoleada por la polarización que produjo el debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lanzaba en público la siguiente cuestión: “¿No creen ustedes que someterse a un aborto puede servir para limpiar el honor del abusador?”.
Este tipo de declaraciones ponen de manifiesto la mentalidad de ciertos sectores en el norte de Argentina. A nivel práctico, abortar en una de estas provincias, más empobrecidas y conservadoras, es mucho más complicado que hacerlo, por ejemplo, en Buenos Aires. En ese sentido, Laura García señala que en pueblos tan pequeños como el de Paulina “no hay ni siquiera clínicas en las que se pueda abortar de forma clandestina y el grupo Socorristas, una red que acompaña los abortos, solo está presente en las capitales provinciales”.
Otra opción es conseguir una receta de Misoprostol pero, según García, se necesita “un médico amigo” que la expida y “el tratamiento cuesta entre 800 y 1.300 euros, que son cinco sueldos de una persona con el salario mínimo”, lo cual lo hace prácticamente inaccesible para las clases trabajadoras.
MUJERES E IDENTIDADES CAPACES DE GESTAR
Para mejorar la situación de todas estas mujeres, la Campaña lanzará este año su nuevo proyecto, más federalizado y debatido, que incluye aportes de todas las provincias: “Desde Jujuy a Tierra del Fuego”, señala con orgullo Mónica Menini. Su lucha continúa siendo el aborto libre hasta las 14 semanas e incluye un epígrafe que da cabida a un sujeto de ley más inclusivo y acorde a las diferentes diversidades sexuales que abarca a “toda mujer e identidades con capacidad de gestar”.
El nuevo proyecto de ley incide, una vez más, en la necesidad de potenciar los programas de Educación Sexual Integral: “La mayoría de las provincias tienen adhesión, pero siguen insistiendo en impedir que se lleven a cabo”, explica García. Su aplicación efectiva y la propia legalización del aborto contribuirían enormemente a disminuir el número de interrupciones voluntarias del embarazo en un país en el que, según diversas estimaciones, se producen entre 400.000 y 500.000 al año.
Lo que no cambia en la Campaña es el pañuelo verde como símbolo. Un trozo de tela que las mujeres de todo el país han ondeado con orgullo tanto el 8 de marzo como el 19 de febrero, recién instaurado como el día del pañuelazo. Y seguirán coreando, el lema que exige “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Fuente: El Salto