Campaña electoral a puro «voto bala»
«En consonancia con el régimen de excepción que impera bajo el gobierno de Cambiemos, el ministerio de seguridad encabezado por Patricia Bullrich anunció la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos “para asistir a los efectivos policiales y de seguridad federales”, según lo define La Nación. Sólo desde el aparato estatal se pueden violar los derechos humanos. Los delitos de los particulares ajenos al amparo estatal son eso, delitos individuales, no crímenes de Estado. Tan evidente es la maniobra que el mismísimo diario de los Mitre señala: “la seguridad se transformó en uno de los ejes discursivos de la Casa Rosada. Es uno de los antídotos que utiliza el presidente Mauricio Macri para intentar morigerar los impactos de la crisis económica”. Cuando son tus aliados fundacionales los que señalan la hilacha, es porque sobresale demasiado». Por CORREPI.
En los ’90, Bernardo Neustadt, uno de los principales manipuladores de la “opinión pública” en beneficio del neoliberalismo, popularizó la expresión “derechos humanos tuertos” para referirse peyorativamente a quienes, según esa línea de pensamiento, defendemos “los derechos humanos de los delincuentes”, omitiendo los de los “ciudadanos honestos” como él o su admirado ingeniero Santos. Hasta llegó a convocar masivos actos en el Luna Park bajo esa consigna.
En respuesta a esos ataques, CORREPI puntualizó: “Los derechos humanos, como categoría social distinta y superadora de los derechos individuales o subjetivos, y por tanto universales, sólo pueden ser violados por el Estado, ya que éste, además de la obligación genérica de no dañar a otro -que tenemos todos los individuos- tiene el deber funcional de garantizar la plena vigencia de esos derechos subjetivos de las personas. El estado tiene, por otra parte, el monopolio de la fuerza en el actual estado de la organización social, lo que convierte el homicidio perpetrado por sus agentes en una doble violación: a la vez que se afecta el derecho subjetivo del individuo, se lesionan los derechos humanos. (…) Es incorrecto hablar de “gatillo fácil” de los delincuentes o de “derechos humanos tuertos”. El único victimario de los derechos humanos es -y sólo puede ser- el Estado. Pretender ampliar la definición es desvirtuarla” (Editorial del Antirrepresivo, abril de 1999).
Hoy, en consonancia con el régimen de excepción que impera bajo el gobierno de Cambiemos, el ministerio de seguridad encabezado por Patricia Bullrich anunció la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos “para asistir a los efectivos policiales y de seguridad federales”, según lo define La Nación.
La jugada proselitista, dirigida al núcleo duro de votantes de Cambiemos que se regodea con cada avance represivo, es tan brutal que hasta ese medio, “tribuna de doctrina” a favor de genocidas y responsables del terrorismo de estado, la definió como “otro eslabón en la ‘reivindicación’ de los miembros de las fuerzas de seguridad tras la implementación del nuevo protocolo que permite a los policías federales, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto y la implementación de las Taser, pistolas de descarga eléctrica”. Se olvidaron de sumar el que era, hasta hoy, el último eslabón de la cadena: la reforma del Código Penal, ya presentada en el Senado, que busca consagrar, en el art. 34, la impunidad absoluta de funcionarios de las fuerzas represivas que maten o hieran con el arma reglamentaria.
El discurso de Bullrich es calcado del que mostraba la televisión hace 20 años: “Los derechos humanos son para todos los ciudadanos y hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas. Debían ser garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, algo que son, pero no eran concebidas como sujetos de este derecho”. Desde luego que cualquier persona puede ser víctima de una violación a los derechos humanos, porque son los victimarios quienes eligen a sus víctimas según las necesidades de la etapa. Claro que puede ser un par uniformado, como lo prueba la cantidad nada despreciable de casos de gatillo fácil “intrafuerza” (es decir, en los que, pese a ser fusilamientos ya que la víctima estaba indefensa, ella y el victimario pertenecían a alguna fuerza) que registramos en nuestro Archivo de Casos. De vuelta, sólo desde el aparato estatal se pueden violar los derechos humanos. Los delitos de los particulares ajenos al amparo estatal son eso, delitos individuales, no crímenes de estado.
Qué fácil sería si sólo se tratara de un error por ignorancia en materia de teoría de los DDHH. Pero no, es una posición política fundada en una ideología reaccionaria, que al no poder negar la categoría universalmente reconocida, la tergiversa para vaciarla de contenido, al tiempo que la usa como herramienta de su propaganda.
Tan evidente es la maniobra que el mismísimo diario de los Mitre señala lo que planteábamos en la Plaza de Mayo hace apenas 15 días, en cuanto a la elección del manodurismo extremo y la demagogia punitivista como eje de campaña electoral oficial ante la imposibilidad material de mostrar otros éxitos: “... la seguridad se transformó en uno de los ejes discursivos de la Casa Rosada. Es uno de los antídotos que utiliza el presidente Mauricio Macri para intentar morigerar los impactos de la crisis económica”. Cuando son tus aliados fundacionales los que señalan la hilacha, es porque sobresale demasiado.
No son cosa menor los ejemplos mencionados por Bullrich como los que “terminaron de decidir” la creación de la nueva dependencia: la puesta en escena del “ataque” a un prefecto por pibes en un colectivo en las vísperas del juicio a sus camaradas por las torturas a dos chicos de una villa, y los escraches a gendarmes involucrados en el caso Maldonado. No erramos cuando señalamos que el combo santiago/Rafita/Chocobar fue el trípode basal del estado de excepción, a partir del explícito reconocimiento de que la represión es una política de estado, y la defensa irrestricta de lo actuado en consecuencia por las fuerzas.
Para entender la línea de coherencia que tiene la política de Macri y Bullrich y cómo impacta electoralmente la venta de humo de esta Unidad de DD.HH. para fuerzas de seguridad, debemos recordar que en octubre del año pasado, esas mismas fuerzas recibieron una aumento de sus remuneraciones desviando fondos de la ANSES, a través de la decisión administrativa 1701/2018. El mes siguiente, los represores fueron los únicos agentes del sector público que recibieron un bono de $5.000 más otro 10% de aumento. No hay plata para las y los trabajadores, pero sí para sus represores. No es casual que cerraran el año pre-electoral con esos pingües aumentos, y empiecen éste con la consagración normativa del “disparen a matar aunque sea por la espalda” y esta nueva iniciativa que abona el mensaje que vienen dando a su brazo armado: Hagan lo que les mandamos hacer sin dudar, acá hay un gobierno que banca.
Hace algo más de 20 años los especialistas trataban de explicar una inexplicable reelección con la idea del “voto licuadora” o “voto cuota”. Hagamos hoy lo que debemos hacer para impedir el triunfo del “voto bala”.
¡A las calles contra la represión!