Guardia Whasek: criminalizar al pueblo Wichí
Los sucesos de ayer en la localidad de El Sauzalito, ubicada en El Impenetrable chaqueño dieron pie una situación de extrema tensión y a la militarización de la zona. Durante la mañana, unas sesenta personas ocuparon la comisaría local y liberaron a un detenido. En las redes sociales y en algunos medios de comunicación regionales se desató una campaña para instalar un escenario de violencia y paramilitarismo contra la Guardia Comunitaria Whasek. Desde la Guardia informaron que vecinos y familiares del detenido fueron los protagonistas y alertaron sobre una maniobra para perjudicar a la organización Wíchi. Por Agencia Timbó| ANRed.
«Nación wichí», «guerrilla», «grupos paramilitares» comienzan a ser eco estigmatizando a un pueblo que padece una permanente violencia desde todos los aspectos. Unos días antes del informe emitido por TN sobre las «guardias Wichi», en el mismo pueblo, una niña fue encontrada inconsciente en un predio de fútbol: abusada y con graves lesiones en la cabeza y el rostro. La agresión fue comunicada por la Guardia Wíchi y es uno de los tantos casos de violación hacia mujeres originarias de las comunidades: «detengan los femicidios, los ataques violentos a mujeres indígenas, el narcotráfico, la comercialización y el consumo de drogas», expresaron hace unos días en un comunicado de prensa.
Desde diciembre de 2018, cuando se formó la Guardia Comunitaria Wichí Whasek, los medios hegemónicos regionales y nacionales desarrollaron un discurso en el que se afirma que esta organización representa una fuerza paramilitar y peligrosa, que se arroga el derecho a hacer uso de armas y a controlar caminos. Se difundió la «portación de armas» sin hacer reparo que entre los 160 comuneros había dos viejos rifles de aire comprimido. El alboroto mediático trajo el recuerdo, todavía fresco, del asesinato de Santiago Maldonado y la criminalización del lof Cushamen: hachas, palas viejas, herramientas del campo y alguna honda eran el «arsenal mapuche» que escondía la «RAM». En aquel entonces las pantallas avivaban el «separatismo Mapuche».
La construcción de un enemigo interno fue la impronta constante en los discurso del gobierno para reprimir la protestas que amenazan zonas reservadas para negocios inmobiliarios, extractivos, etc. En el Chaco comienza a repetirse la misma formula que justifique la militarización de una zona muy rica en bienes naturales: lo que queda del corazón de la vieja cuña boscosa chaqueña, la segunda región más importante de América Latina en donde aún se conserva una importante cantidad de hectáreas de monte. Convertir a El Sauzalito, este pueblo a las puertas de El Impenetrable con unos dos mil habitantes, en otro Pu Lof en Resistencia Cushamen como en aquel entonces lo hizo la ministra Patricia Bullrich. En Cushamen se elaboró la idea de la influencia externa, terrorista, subversiva para establecer el control en territorios legítimamente indígenas y ponerlos a disposición de los intereses económicos de grandes empresas extranjeras como la perteneciente a Benetton. Eso llevó a los intentos de desalojo, la represión y, posteriormente, al asesinato y desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería.
El 20 de marzo, con el objetivo de brindar información sobre su organización y funcionamiento, Ariel Fabian, vocero de la Guardia Comunitaria Wichí Whasek brindó una conferencia de prensa en la Casa de la Memoria de la ciudad de Resistencia, capital de Chaco. Fabian explicó que la Guardia surgió como una necesidad de la comunidad para dar solución a problemas acuciantes en su territorio: el narcotráfico, la trata de personas, la violencia de género y la tala indiscriminada e ilegal del monte. Actualmente la integran unas 160 personas en El Sauzalito y 180 en Misión Nueva Pompeya. Aunque no han sido legalizadas, la Guardia cuenta con una resolución municipal que avala su existencia. Han expresado que entienden los límites y alcances en materia de vigilancia dentro del territorio indígena.
La Guardia, que no tiene nada que ver con una organización paramilitar ni guerrillera, mantiene un buen diálogo con el ministro de Seguridad, el Ingeniero Daniel Chorvat, en el que han discutido la posibilidad de colaborar en las tareas de vigilancia territorial de la policía. En testimonios brindados en medios de comunicación, el ministro aclaró que, en materia de seguridad, control de caminos y uso de las armas, el Estado tiene la exclusividad.
La expulsión de los territorios ancestrales , el saqueo de los bienes naturales que representaban el sustento vital humano y cultural de estos Pueblos, la situación de extrema pobreza y necesidad, los abusos y violencia de género, el profundo racismo arraigado, además de la corrupción y el narcotráfico instalados en la zona son indicadores a tener en cuenta cuando las organizaciones y comunidades finalmente tienen estas reacciones y realizan estas acciones.