La Comisión por la Memoria presenta informe que demuestra espionaje ilegal en Argentina
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe al Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en la causa donde Marcelo Sebastián D’Alessio está acusado de recibir dinero para beneficiar en una causa al empresario agropecuario Pedro Etchebest. El informe concluye que «en Argentina se realizan prácticas de inteligencia ilegal», como «el acceso a información sensible no pública de organismos del Estado» y «realización de seguimientos sin orden judicial», con «el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos». El organismo denuncia el uso de esa información de inteligencia en causas judiciales que investigan hechos de corrupción, sin orden previa y fundada, lo que considera de «una enorme gravedad institucional». Por ANRed.
La presentación del informe preliminar del organismo fue en respuesta a un requerimiento de Ramos Padilla, quien tiene a cargo la causa Nº FMP 88/2019, denominada “D´Alessio, Marcelo Sebastián s/ asociación ilícita y otro”. El pedido del juez, realizado con fecha 22 de febrero de este año, solicitó a la CPM que analice la información secuestrada en la casa del procesado Marcelo Sebastián D’Alessio, basándose en la experiencia de ese organismo público, que desde hace 18 años, custodia e investiga los archivos de inteligencia de la ex DIPBA (Dirección de inteligencia de la Policia Bonaerense).
En el informe preliminar la CPM considera probada la existencia de «prácticas de inteligencia ilegal realizadas por D’Alessio» – informó el organismo en un comunicado – Entre las mismas se pudo establecer el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, la realización de seguimientos a distintas personas sin orden judicial y las denominadas técnicas “de ablande”, con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos. El destino de dichas actividades concluía con la incorporación de sus testimonios en causas que investigan hechos de corrupción«.
El organismo también informa que el circuito de las prácticas de D’ Alessio «contuvo una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios de dicha actividad de inteligencia«.
El informe concluye con indicios de que las tareas de inteligencia de D’ Alessio «culminaban con la remisión del producto a las personas a quienes reportaba, referidas a contactos con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras o con actores del Poder Judicial de la Nación«.
Todo lo informado constituyen «acciones que violan las normativas que regulan la materia de inteligencia y de seguridad interior como exterior (leyes nacional de Inteligencia N° 25.520, de Seguridad Interior N° 24.059 y de Defensa Nacional N° 23554)», remarcó el organismo.
Asimismo consideró que los hechos que se investigan «revisten una enorme gravedad institucional», y «vulneran la institucionalidad democrática y los principios republicanos del estado de derecho», ya que muestran «el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas, que solo pueden llevarse a cabo por parte de los organismos públicos habilitados por las leyes vigentes».
Finalmente, la CPM remarcó que «deben investigarse de manera exhaustiva estos hechos que no son aislados y en cuyo desarrollo aparecen implicados organismos estatales y judiciales que generan estructuras paralelas a las del Estado«. Además, agregó que «encuadrar legal e institucionalmente el sistema de inteligencia sigue siendo una deuda pendiente de la democracia argentina. Durante estos años, se han detectado diferentes situaciones que dieron cuenta de este accionar por fuera del marco legal».