0800 antiderecho
Organizaciones religiosas antiderecho firmaron la semana pasada un convenio con el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social de la Nación para promocionar una línea telefónica que brinde «asistencia a mujeres con embarazos inesperados». La misma comenzará a funcionar a partir de abril. Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitieron un comunicado donde instan a las autoridades para que destinen presupuesto para garantizar la ILE, la provisión de misoprostol y la formación de equipos interdisciplinarios en todo el país. Por ANRed
La iniciativa de una línea «0800 de asistencia a mujeres con embarazos inesperados» fue impulsada principalmente por una red de iglesias evangélicas que integran la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) y Jucum (Juventud Con Una Misión), a través de un convenio con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley.
“El ministerio va a facilitar la parte de promoción de la Red y visibilizar nuestro trabajo, para que se vea que hay acción concreta en apoyo a la mujer con embarazo vulnerable. Si logramos que de ahí, después, llegue algún tipo de financiación, mejor”, explicó a Página 12 Martha Rodríguez, integrante de Jucum.
Los responsables de este convenio fueron Gabriel Enrique Castelli, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con Evelyn Rodríguez, titular de Fundación Vida en Familia, quienes firmaron este convenio para que el Estado “facilite” la promoción de la línea. Si bien no hubo legisladoras ni legisladores que se adjudicaran las gestiones necesarias para la presentación de la “Red”, Rodríguez mencionó entre las y los aliados a las diputadas Carmen Polledo y Cornelio Schmidt, y sus pares Jorge Enríquez y David Schlereth.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitieron un comunicado donde advierten esta situación e instan a las autoridades para destinen presupuesto para garantizar las interrupciones legales del embarazo (ILE), la provisión del misoprostol y la conformación de equipos interdisciplinarios en todo el país.
0800 Maternidad Forzada Desde la Red decimos una vez más #ContasConNosotrxs para lo que sea que decidas…que vos decidas!!!!!!!💚💜 pic.twitter.com/rYU4QScpeP
— Red Profesionales de la Salud x Derecho a Decidir (@RedSaludDecidir) March 13, 2019
«Ya existe en nuestro país la posibilidad legal de un aborto no punible o interrupción legal del embarazo (ILE), en caso de que ese embarazo sea producto de una violación o ponga en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. Necesitamos un Estado presente para garantizar los derechos que defienden la autodeterminación de nuestros cuerpos y nuestra posibilidad de decidir. Vulneradas son las niñas violadas a las que no se les garantiza el acceso a ILE . Vulneradas son todas las personas con embarazos que ponen en riesgo su salud o su vida y no se les garantiza el derecho a ILE» expresaron mediante un comunicado trabajadoras del Ministerio de Salud de la Nación nucleadas en ATE.
Asimismo la organización de derechos humanos Anmistía se expresó sobre la implementacion del 0800 y le solicitó al gobierno que:
a) se informen los objetivos del convenio y el presupuesto asignado a tales fines;
b) se precisen los supuestos en los cuales intervendría la Red en el acompañamiento de «embarazo vulnerable»;
c) se informe cómo se garantizará el secreto profesional médico/paciente en el marco de eventuales derivaciones de casos a la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”.
Agregaron «preocupa que pese a los claros lineamientos del Plan ENIA y el marco jurídico vigente, se promuevan Convenios que desatienden la obligación del Estado de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas, entre ellos el acceso a la interrupción legal del embarazo. Alarma además el riesgo de que terceros ajenos a la relación médico-paciente puedan acceder a información confidencial -como lo es la historia clínica de una persona-, vulnerando la confidencialidad y la privacidad de las mujeres, niñas y adolescentes que el Estado debe proteger.»