Reforma laboral ¿sí o no?
El tratamiento y aprobación del proyecto original de reforma laboral en el Congreso nacional podría quedar como una cuenta pendiente del mandato presidencial de Cambiemos. A lo sumo, según reconocieron desde la cartera de Producción y Trabajo, aspiran a lograr consenso para un proyecto limitado que recoja los artículos vinculados con el blanqueo laboral y la posibilidad de habilitar un Fondo de Cese Laboral en algunos sectores que así lo acuerden. Red Eco Alternativo
(Por Mario Hernandez para Red Eco) Argentina – Mientras, las patronales han optado por avanzar por la vía de los hechos. Para eso han recurrido al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo al que apelan a fin de imponer nuevas condiciones de trabajo. Estos recursos, de ser aprobados, por ejemplo, habilitan el pago de indemnizaciones por despido por el 50% del valor estipulado por la Ley de Contratos de Trabajo. La reducción de las indemnizaciones fue uno de los puntos más controvertidos del Proyecto de ley de reforma laboral original que fue rechazado por las protestas duramente reprimidas contra la reforma previsional de diciembre de 2017.
Además, la práctica apunta a generar planteles con bajo costo imponiendo una mayor carga de trabajo y la polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, bajo la amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la aplicación de otro de los artículos de la postergada reforma laboral, el denominado “ius variandi” que concede a las patronales el derecho de modificar las condiciones de trabajo.
En los últimos días, empresas como la fábrica de neumáticos FATE, parte del grupo Madanes que gestiona ALUAR, entre otras firmas, presentó un PPC que, según denunció el sindicato SUTNA, apunta a imponer una reforma laboral en los hechos.
El mismo camino tomó Editorial Atlántida que, según denuncian los delegados de la Comisión interna del SiPreBA, persigue el propósito de imponer despidos con indemnizaciones al 50% y modificar las condiciones laborales de los trabajadores que continúen en su labor.
A contramano de la mentada “revolución de los aviones” anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la empresa Avian Líneas Aéreas, ex Macair Jet del Grupo Socma, de la familia del presidente Mauricio Macri, también dio inicio a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Producción y Trabajo, según confirmó Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
Según el portal especializado aviacionenargentina.com, “dicho procedimiento buscará, entre otros detalles, la caída de los convenios colectivos de trabajo homologados, acordar un salario de crisis en torno al 75% de los sueldos actuales para garantizar los puestos de trabajo en un marco de diálogo y paz social.”
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte destacó que el crecimiento de este recurso -según la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005– “no tiene sólo que ver con la crisis económica, sino con el hecho de que hay un escenario muy favorable a los empresarios en el Ministerio de Producción y Trabajo, que los viene favoreciendo en cada procedimiento. La estrategia está al servicio de las empresas, no siempre habiendo demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o cual medida”, sentenció.
Mientras tanto, la mesa chica de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) recibió en la sede del Sindicato La Fraternidad, al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al Secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio.
Los sindicalistas confirmaron que Sica desmintió que se trabaje en un Proyecto de Reforma Laboral para que se trate en el Congreso Nacional en el período de sesiones ordinarias. Sin embargo, el funcionario ratificó que el Gobierno continuará negociando y propiciando cambios en los Convenios colectivos de distintas ramas de la economía, en mesas de negociación sectoriales. Algo que en 2019 ya fracasó para textiles y metalúrgicos.
Sin embargo, en las últimos días se conoció el informe denominado “Leyes Para la Transformación Productiva”, donde el Gobierno plantea medidas ya rechazadas por los gremios cuando se intentó llevar la reforma laboral al Congreso.
El texto, del Ministerio de Producción y Trabajo, propone una condonación de deudas por incumplimiento de la normativa laboral (blanqueo), la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación de las multas que castigan el empleo no registrado, y el fondo de cese.
La presentación incluye la posibilidad de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos indemnización.
“El mal llamado ‘blanqueo’ laboral que propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones, aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación. Se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, que ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social.
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