Juan Manzur: el gobernador del jardín de la tortura
En la provincia de Tucumán, una chica de once años, víctima de una violación, solicitó el aborto no punible a las 19 semanas de gestación. Pero el Sistema de Salud de la Provincia de Tucumán (Siprosa) demoró todo para que en vez de interrumpirle el embarazo se le hicieran una cesárea. La obligaron a ser madre. En la tierra que gobierna Juan Manzur ex ministro de salud de Cristina Kirchner, Lucía fue obligada a parir. Responsabilidades políticas en una provincia gobernada por un antiderecho. Por ANRed
“Vinimos junto con el vicegobernador, con legisladores e intendentes de distintos puntos para acompañar esta marcha multitudinaria. Nuestra postura siempre fue la misma. Desde lo personal yo estoy en contra del aborto y siempre lo manifesté. Hoy estoy aquí como un ciudadano más de los 150 o 200 mil tucumanos que participaron de esta marcha fantástica” expresaba el Gobernador Juan Manzur mientras participaba de una marcha bajo el lema «Salvemos las dos vidas» en la capital tucumana el 6 de agosto de 2018, días a previos al debate en Senadores del proyecto IVE.
Su carrera política
Juan Manzur estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y una vez graduado se mudó a Buenos Aires e hizo su residencia en Cirugía general en el Hospital Alvarez. Se especializó en medicina laboral y legal.
Inició su carrera política como secretario de salud en el Partido de La Matanza cuyo intendente era el peronista Alberto Balestrini. Luego fue viceministro de salud en la provincia de San Luis gobernada por Rodríguez Saá. En el 2003 asume como ministro de salud de Tucumán cuyo gobernador era José Alperovich.
El 1 de julio de 2009 asumió el cargo de Ministro de Salud de la Nación Argentina, en plena pandemia de gripe A integrando el gabinete de la presidenta Cristina Kirchner.
Detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito
Manzur es un explícito detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito, en una provincia que se caracteriza por violentar mujeres. El caso de la niña Lucía obligada a parir cuando había solicitado un interrupción legal del embarazo, el caso de Belén presa durante 3 años por ingresar a un hospital con un aborto espontáneo, ambos tienen el mismo denominador: la impunidad y la violencia institucional son amparadas desde las autoridades.
En marzo de 2018 en la inauguración de las sesiones legislativas en la pronvincia dijo: «vuelvo a reafirmar lo que manifesté en mi discurso inaugural: la defensa de la vida desde la concepción, como establece nuestra Constitución»
En ese entonces, organizaciones feministas alertaron la postura del gobernador y denunciaron su intento de disciplinar a los diputados y diputadas para lograr el rechazo del proyecto ILE en el Congreso de la Nación, como finalmente sucedió.
La provincia tardó 15 años en adherir a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que asegura el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y la débil implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que se profundiza con la enseñanza religiosa en Escuelas Públicas en Tucumán.
En este contexto institucional, desde la Regional Tucumán de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, exigen la reununcia del gobernador y los funcionarios involucrados en dilatar el acceso a la ILE a la niña Lucía.
«El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán actuó desde el conservadurismo y, utilizando una visión sesgada e irresponsable, violó los derechos humanos establecidos en pactos, tratados y convenciones internacionales, aceptando además que todo el personal médico y el hospital público donde se llevó adelante la práctica se declarasen objetores de conciencia, por lo que tuvieron que garantizar la interrupción dos médicos que no trabajan en el sistema público de salud tucumano.
En nuestro país el aborto es legal cuando la gestación es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. El único requerimiento para acceder a la práctica en este caso era el consentimiento informado.
El gobernador, los ministros y las ministras, las autoridades hospitalarias y las y los profesionales de la salud son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. Las y los profesionales podrán ser sancionados penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones.
Niñas, no madres. El embarazo forzado no puede ser una política pública; “no es una niña feliz, no es una madraza”, como nos quiso hacer creer el editorial de La Nación. No es una nena con muñeca. Ha sido víctima de abuso sexual, agredida, estigmatizada por un adulto abusador, machista y misógino y por otro montón de adultos, ministros, fiscales, jueces, autoridades hospitalarias y profesionales de la salud que debían brindarle asistencia integral y garantizar la interrupción del embarazo.
Nosotras/es, las/es activistas que todos los días ponemos el cuerpo para que este mundo sea un lugar amoroso para nuestras niñas, niños y niñes, no vamos a permitir que les roben su infancia.» expresaron las militantes mediante un comunicado
El futuro de Mazur
A través de una carta dirigida al PJ nacional, el mandatario hizo público su alejamiento del espacio que lideran Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti al tiempo que reclamó «la unidad» con Cristina Fernández de Kirchner y acusó a quienes insisten en prescindir de ella de «trabajar» para el presidente Mauricio Macri.
“Me doy cuenta del rol central que ocupa Cristina Fernández de Kirchner cuando llama a la conformación de un gran frente opositor. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos. Ella entiende la importancia de la unidad de nuestro espacio político» expresó el gobernador.
Manzur, un antiderecho entre las filas que acompañarán a Cristina Kirchner en sus intenciones electoralistas de cara a octubre de 2019.