Boletín: «No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos»
Cada vez que se acerca un aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, se torna inevitable hacer un balance. Corren tiempos de luchas entre los diferentes poderes del Estado para dirimir a quién le cabe la responsabilidad por el atraso en el juzgamiento a los genocidas. Mientras tanto, se percibe que desde el gobierno se quiere llevar adelante un par de juicios emblemáticos en cada zona geográfica y dar por cerrada la cuestión. Por OyR, Contrapunto, La minga y ANRed
Editorial: A 33 años del golpe genocida
En los respectivos mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se definió- en el plano del discurso- a los Derechos Humanos como una política de Estado. Sin embargo, por los resultados de los juicios contra los represores de la última dictadura no se puede decir que haya sido una iniciativa estatal definida ni exitosa. Desde que en 2003 se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no llegan a 40 los genocidas condenados. La justicia, sistemáticamente, desconoció las cadenas de mando así como la existencia de circuitos represivos, llevando a uno o dos represores a los tribunales por un puñado de casos. De esta forma, el plan genocida implementado durante la última dictadura se fue desdibujando en las salas de los tribunales.
En tanto, los genocidas no se mostraron dispuestos a resignar la impunidad cosechada en los diferentes gobiernos constitucionales. Lo atestigua la desaparición de Jorge Julio López, ex detenido- desaparecido vuelto a desaparecer en 2006 tras testimoniar contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. Asimismo, quedó en evidencia con el envenenamiento en 2007 del torturador Héctor Febres, a días de que se le dictara sentencia en el juicio que se le seguía por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Febres estaba dispuesto a hablar. También, había quienes estaban dispuestos a preservar el pacto de sangre y silencio.
Más allá de un discurso encendido con referencia a la memoria, la verdad y la justicia; el poder Ejecutivo no ha hecho todo lo que estaba en sus manos para asegurar el juicio y castigo a los represores, a pesar de lo afirmado días atrás por la primera mandataria. Nunca procedió a la apertura de los archivos de la represión, no dijo qué sectores de la policía bonaerense participaron del secuestro de López y jamás esbozó una planificación de los juicios de manera que pudiera hacerse justicia por los 30 mil detenidos- desaparecidos. Además, las políticas represivas siguen presentes desde el gobierno nacional con la promulgación de la denominada Ley Antiterrorista y el visto bueno a las reformas de los códigos contravencionales en diversas provincias, con lo cual se criminaliza la pobreza y la protesta. El gatillo fácil en los barrios y la represión directa hacia quienes protagonizan los distintos conflictos, también, han sido una constante.
En lo que sí se ha mostrado decidido el gobierno es en dar prontamente por terminada la cuestión de los juicios a los genocidas. Una de las tácticas escogidas ha sido la de un juzgamiento selectivo que permita afirmar, en un futuro, que los crímenes de la dictadura han sido castigados. La estrategia actual para que se vaya diluyendo la necesidad de llevar a los tribunales a todos los genocidas es la de una disputa entre poderes del Estado. Probablemente, el bicentenario sea la fecha fijada para proponer la reconciliación y dar vuelta la página. Una vez más los y las que luchan por el juicio y castigo volverán a gritar: «No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos».
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