La lucha superó los 45º de calentura

Panorama político-sindical de la Argentina. Dossier: desde este viernes los usuarios de energía eléctrica sufrirán un aumento que en promedio será del 26% y puede llegar al 32%. Las prepagas aumentarán un 5% a partir del 1° de febrero. Quinto viernes consecutivo de ruidazo contra los tarifazos. La propuesta del gobierno para negociar de manera directa con cámaras y sindicatos la flexibilización laboral volvió a tropezar. Dos nuevas fábricas fueron ocupadas por los trabajadores esta semana en respuesta a despidos y ajustes de las patronales. Crítica situación de electrónicas y autopartistas de Río Grande (Tierra del Fuego). Continúan los reclamos de paritarias y los despidos. Por Mario Hernández.

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La lucha superó los 45º de calentura

Desde este viernes, los usuarios de energía eléctrica sufrirán un aumento que en promedio será del 26% y pueden llegar al 32%.

Las prepagas aumentarán un 5% a partir del 1° de febrero.

El nuevo aumento en el precio de la garrafa social establece que una garrafa de 10 kilos tendrá un costo de $267,70 para el público. La secretaría de Gobierno de Energía estableció que el subsidio para los beneficiarios del Plan Hogar será de 152 pesos por garrafa.

Con respecto al transporte subirán nuevamente las tarifas de colectivos y trenes del Area Metropolitana de Buenos Aires, además del subte. Así, el viaje mínimo en colectivo será desde mediados de febrero 1,50 peso más caro y el boleto mínimo se ubicará en 16,50 pesos.

Por su parte, el boleto mínimo en los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y San Martín costará 1,25 pesos más en febrero; las líneas Roca, Belgrano Sur y Urquiza subirán otros 75 centavos. En tanto, el boleto mínimo del tren Belgrano Norte se ajustará otros 50 centavos en febrero. En consecuencia, la tarifa mínima de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín será de 11,25 pesos; del Roca y el Belgrano Sur, 7 pesos; del Belgrano Norte 6,25 pesos y del Urquiza, 7,25 pesos.

El subte porteño llegará en febrero a los 16,50 pesos, mientras que el Premeto valdrá 6 pesos (50 centavos más).

El jueves se realizó en la plaza de los Dos Congresos un acto contra los tarifazos y el ajuste, en el que se llevó a cabo una quema pública y colectiva de boletas de servicios. La actividad, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, tuvo como consignas “Basta de tarifazos, despidos y medidas represivas”, “No al pago de la deuda externa y anulación del acuerdo con el FMI” y “Paro general activo y plan de lucha para derrotar el ajuste”.

En el documento consensuado por las organizaciones sociales, políticas y sindicales que integran el Encuentro, reivindicaron las respuestas que algunos sectores populares están protagonizando, y exigieron a las centrales sindicales medidas más contundentes:

“Ante los tarifazos se hacen ‘ruidazos´ todos los viernes, en las esquinas de Capital, Gran Buenos Aires y otras ciudades. Los comerciantes de Once y otros sectores se organizan para no pagar, en un ejemplo a seguir. Y en decenas de empresas y reparticiones, en todo el país, las y los trabajadores defienden con uñas y dientes sus puestos de trabajo y sus salarios. (…) Pero con pelear cada uno por separado no alcanza. La CGT sigue durmiendo la siesta y recién habla de un posible paro para abril. Y las CTA y Camioneros sólo hacen una marcha de antorchas cada semana en una ciudad distinta. Lo que hace falta para frenar los tarifazos, los despidos, la mano dura y todo el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI, es un paro general ya, y con continuidad hasta derrotarlo”, arengaron, anunciando nuevas acciones durante el mes de febrero.

Quinto viernes consecutivo de ruidazo contra los tarifazos

Gimena Fuertes relata en Tiempo Argentino: Desde el primer viernes de enero, vecinos porteños y bonaerenses se reúnen en las principales esquinas de sus barrios para hacer ruido y rechazar los aumentos. La quinta movilización consecutiva fue este viernes y coincidió con el cierre de una semana en la que se multiplicaron los cortes de energía en medio de la ola de calor.

Con escasa cobertura de los medios audiovisuales, las protestas son cada vez más grandes y organizadas. “Muchos de los que venimos a la esquina lo votamos a (Mauricio) Macri. Y a (Elisa) Carrió. Pero esto no se aguanta más”, cuenta María Estela, una jubilada de Floresta. “Yo lo único que tengo que hacer, con todo lo que me está pasando a mí y a la gente, es salir a la calle, todos los viernes. De esta esquina no me sacan más hasta que se vayan”, anuncia.

Los ruidazos son transversales, no son patrimonio de los barrios más pobres de la Ciudad. Van desde San Telmo, Belgrano, Lugano hasta Caballito. No son impulsados por ningún partido político de la oposición, pero sí cuentan con la participación de sus militantes en las calles y en las redes sociales.

Sin embargo, el ruidazo excede el reclamo por el tarifazo. En enero también salieron los gremios docentes, los profesores y los estudiantes para frenar el cierre de las escuelas nocturnas. “Ahora sigue la lucha para que no cierren los profesorados. La Ciudad de Buenos Aires tiene una vieja tradición en la consolidación de la educación pública como factor igualador de oportunidades, no puede ser que haya un gobierno porteño que saque los históricos profesorados que han formado varias generaciones”, se queja María Rosa, profesora de Biología, vecina de Belgrano.

Por su parte, Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, relata que “los ruidazos surgieron como una forma de protesta autoconvocada por ciudadanos para pelear contra los tarifazos ante la falta de una actitud más proactiva de la dirigencia opositora del país cuando se anunciaron”.

Y subraya: “Sin reacción política a fin de año, los ciudadanos salimos a decir que no se puede seguir soportando esto mes a mes. En la Ciudad estamos sufriendo inundaciones, se rematan tierras públicas, quieren cerrar los Profesorados, cambian todo el Código Urbanístico, quieren unificar cinco hospitales, y encima no tenemos respuesta de asistencia ante los cortes de los servicios”.

Este miércoles, los vecinos organizados en el Observatorio y en el Movimiento Comunero se reunieron con legisladores porteños para pedir la sanción de la Ley de emergencia tarifaria. Es que a partir del Presupuesto 2019, el Gobierno trasladó la tarifa social energética a las provincias y la Ciudad. De la reunión participaron cuatro bloques opositores: Unidad Ciudadana, Autodeterminación y Libertad, el Bloque Peronista y el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Sin embargo, el oficialismo porteño tiene mayoría y puede por sí solo frenar el tratamiento y la ley. Mientras tanto, el ruido sigue creciendo en las calles porteñas, concluye la nota.

Un importante grupo de intendentes bonaerenses del PJ presentaron este viernes, junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la Defensoría del Pueblo provincial, un recurso de amparo ante la Justicia para intentar frenar los tarifazos aplicados por el gobierno nacional.

Los jefes comunales fustigaron la política energética de la administración que encabeza Mauricio Macri y explicaron que el recurso judicial se fundamenta en que no se realizaron audiencias públicas antes de autorizar los incrementos, tal como establece la Constitución Nacional.

Casi medio millón de personas sufrieron los cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en los últimos diez días.

No obstante, no parecen afectar las ganancias de las empresas. Según datos de la Universidad de Avellaneda (UNDAV), Edenor cerró el balance del tercer trimestre de 2018 con una ganancia acumulada que superó los 3.000 millones de pesos. Edesur hizo lo propio en $ 720 millones.

Santiago Fraschina, director de la carrera de Economía de la UNDAV explicó: “Edenor y Edesur son los grandes ganadores. Pertenecen en parte a Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo, amigos del presidente Mauricio Macri”. Durante su gestión la tarifa de luz “subió 3.624%”.

De todos modos, los cortes comunicados por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) son relevados por las propias distribuidoras. Por lo tanto, la información no es creíble. Para Marcos Rabasa, director del Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), “es tal el grado de desinversión y de falta de mantenimiento que no existe un límite de temperatura soportable por el sistema porque no hay mantenimiento”.

Además, el ENRE está comandado por Andrés Chambouleyron, ideólogo de los tarifazos como colaborador de Juan José Aranguren.

Fraschina, de la UNDAV, remarcó: “En 2015, las tarifas representaban el 6,1% del Salario Mínimo Vital y Móvil. En 2019, ya representa el 26%. Teniendo en cuenta que el SMVM se encuentra por detrás de Venezuela en plena crisis hiperinflacionaria. Esto demuestra que es desmesurado el aumento”.

Reforma laboral

La propuesta del gobierno para negociar de manera directa con cámaras y sindicatos la flexibilización laboral volvió a tropezar. Al rechazo del sector textil a incorporar instrumentos previstos en la fallida reforma laboral se sumó la negativa de la actividad metalmecánica. El freno llegó desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que no se presentó a la reunión de la mesa sectorial convocada por el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio. Sindicatos y cámaras empresarias consideran que las medidas propuestas por el gobierno para abordar la profunda crisis que atraviesa la industria responden a las exigencias laborales previstas en el acuerdo con el FMI.

La iniciativa presentada la semana pasada a los empresarios y sindicatos textiles incorporaba un fondo de cese laboral y un banco de horas. Aunque ambos actores reclaman medidas para enfrentar la profunda crisis, con cierres de fábricas y despidos masivos, consideraron que la propuesta oficial no abordaba el principal problema que es la falta de demanda interna. Los funcionarios Sica y Aparicio recibieron un inédito rechazo conjunto de gremios y cámaras.

Raúl Hutin, dirigente textil PyME, rechazó la medida del macrismo de introducir modificaciones al régimen de indemnizaciones y a las condiciones de empleo de los trabajadores del sector.

Hutin aseguró que: “Lo que buscan son tres, cuatro medidas, que son absurdas”. Como ejemplo, se refirió al banco de horas. “El banco de horas es que vos podés disponer tipo esclavitud de la gente en el horario y la comodidad y la necesidad de tu empresa (…) Entonces la gente está a tu entera disposición el día que vos lo decidas, por lo cual se deja de tener horas extras, que hoy la hora extra es fundamental para completar un salario digno, porque el salario textil hoy está en los 15.000 pesos”, especificó.

“Si la línea de pobreza pasa por los 25.000 pesos, ¿qué podés hacer con 15.000? Entonces hay una línea básica que los empresarios que tenemos responsabilidad de empresario tenemos que respetar y que es darle dignidad a la gente que está trabajando con nosotros porque de ello depende el mercado interno”, graficó Hutin.

Los industriales textiles reclamaron este jueves la eliminación de la tasa del 12% de retenciones a las exportaciones que el gobierno de Cambiemos reflotó en 2018 y un reintegro de “al menos” un 5 % a manera de incentivo al comercio exterior. También planean renovar pedidos de financiamiento accesible y energía a costo preferencial.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) formalizó hace unas horas su pedido de discutir la modificación del Convenio 40/89 que rige la actividad pero se topó con la negativa cerrada de la parte sindical.

Como contrapartida, el titular de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Pablo Moyano, manifestó su rechazo “de plano” a las intenciones empresarias y expresó que “no vamos a entregar un solo derecho adquirido”.

Según el dirigente sindical, los puntos que los empresarios pretenden modificar afectarían gravosamente el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores que representa. Al mismo tiempo que rechazó el intento de promover una reforma laboral en el sector, recomendó a las empresas que orienten sus reclamos al Poder Ejecutivo: “Que le pidan al gobierno que les baje el combustible, los peajes y el seguro”.

Ocupaciones

Dos nuevas fábricas fueron ocupadas por los trabajadores esta semana en respuesta a despidos y ajustes de las patronales. No se trata de pequeñas plantas o talleres sino de grandes compañías con décadas de producción en el país.

De esta forma se suman a los conflictos en la gráfica Interpack, la textil Sport Tech, la aceitera Cofco (ex Nidera) y otras que, en lo que va del mes de enero, adoptaron la modalidad de ocupaciones y acampes en las puertas contra cierres, vaciamientos y despidos.

En primer lugar se trata de la planta que Siderar tiene en la localidad bonaerense de Ensenada que fue ocupada de inmediato luego del anuncio del despido de seis empleados de mantenimiento.

Además, en el norte del país, en la provincia de Tucumán, el Ingenio San Juan fue tomado por sus trabajadores luego de siete meses de negociaciones para que la empresa pague los salarios que adeuda. La medida fue acompañada por una movilización masiva que se solidarizó con la lucha de los trabajadores luego del fracaso de las negociaciones con el gobierno provincial a quien los obreros reclaman que “designen un arrendatario o le entreguen el ingenio para su explotación a un empresario solvente y responsable”.

La metodología adoptada, al mismo tiempo que expresa la radicalización de los trabajadores a la hora de defender sus puestos de trabajo, refleja la atomización a que la pasividad de la CGT condena a los conflictos mientras evita una acción centralizada y de conjunto para revertir una situación que tiende a generalizarse. Las ocupaciones son la contracara de un proceso creciente de cierres en el sector industrial. Sólo entre octubre de 2017 y octubre de 2018 1.328 firmas industriales tramitaron su baja en la AFIP.

De acuerdo al trabajo del Observatorio Laboral que depende del gremio metalúrgico de Rosario, en los últimos tres años cerraron allí 110 pymes metalúrgicas, y en los últimos cinco meses se registró un agravamiento de la situación, en consonancia con el marcado descenso de la actividad industrial, que en noviembre cayó 9,4% interanual.

Esto llevó también a varias empresas locales a presentar procedimientos preventivos de crisis, con más de 5.000 trabajadores afectados, cientos de despidos y retiros voluntarios.

Continúan los despidos

El sindicato que agrupa a los trabajadores de televisión, SATSAID, lideró una protesta en las puertas de Canal 9 ante la noticia de que la compañía que gestiona la emisora echó a 3 operarios y forzó a 44 empleados a tomar retiros voluntarios.

Luego reclamó en la Secretaría de Trabajo de la Nación para que se reincorpore a los trabajadores de prensa despedidos. Desde el gremio pidieron que se frenen los despidos y aludieron a los grandes medios como Canal 9, La Nación, Télam, Minuto Uno y C5N, entre otros.

En la ciudad de Villa Regina, decenas de familias trabajadoras duermen en las plazas y son ayudadas por los vecinos que les acercan colchones, abrigo, comida y agua, un hecho similar se denunció semanas atrás en Cipolletti. Son sobre todo tucumanos, que vienen a Río Negro con la promesa de trabajar en la cosecha de fruta pero al llegar a la provincia, nadie los emplea. Muchas de las familias incluyen bebés, situación por la cual un grupo de vecinos motorizados por mujeres de la ciudad de Villa Regina realizaron una colecta para pagarles los pasajes a algunos de ellos y permitirles volver a sus hogares.

La solidaridad obrera no se hizo esperar, mientras tanto los dirigentes UATRE y el Sindicato de la Fruta que prometieron trabajo para 16.000 personas hoy hacen un silencio rotundo, muestra de la complicidad de esta burocracia con los empresarios frutícolas y del desprecio hacia las familias trabajadoras. Además, hace unos días, trascendió que en el Valle Medio se realizó una denuncia por condiciones inhumanas en que 37 obreros golondrina trabajaban y vivían en una chacra de Lamarque.

Luego de un mes de incertidumbre para los trabajadores de la Fundición minera Aguilar, finalmente se confirmaron los 130 despidos por parte de Glencore. La empresa ofreció ingresar a un programa nacional de promoción de empleo sólo a aquellos que aceptaran “de común acuerdo” su desvinculación.

La herramienta, ofrecida por el gobierno nacional a la empresa como instrumento para facilitarle la negociación con los damnificados, los ingresa en una base de datos para empleadores locales.

La mediación del gobierno provincial de Gerardo Morales facilitó a Glencore el acceso al instrumento de Nación.

Se trata del Programa Nacional de Transformación Productiva dependiente de la cartera de Trabajo de la Nación. La condición para ese “beneficio” es que deberían firmar en conformidad la desvinculación de la empresa.

La empresa confirmó, así, la destrucción de 130 puestos de trabajo al anunciar el cierre del establecimiento industrial. Como paliativo anunciaron, además, que serán indemnizados con el 100% y recibirían un fondo de desempleo por un período de seis meses.

Con el argumento de la caída del consumo la concesionaria automotriz Escobar-Nation, de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, despidió a 80 trabajadores el jueves pasado. Se espera que el gremio de SMATA se reúna con los empresarios en Trabajo para intentar revertir la decisión.

La empresa de colectivos ERSA de Santiago del Estero dejó de operar y despidió a sus 400 empleados, entre administrativos, choferes y técnicos, a causa de la quita de subsidios dispuesta por el Gobierno nacional que la empresa considera que llevó el negocio a una situación “no rentable”. En esa ciudad, el boleto de colectivos subió casi al doble: pasó de 10,35 a 19,50 pesos.

Además, los choferes agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) vienen realizando desde hace una semana asambleas en reclamo del pago de 2.300 pesos que la firma adeuda desde diciembre.

La empresa de transporte AUCOR cesanteó sin causa a los candidatos Víctor Cortez y Eduardo Molina, en tanto que ERSA hizo lo propio con Rubén Chancalay; Sebastián Bazán y Fernando González “demostrando lo que venimos denunciando respecto a la intención de la patronal junto a la burocracia de UTA de impedir que se manifieste la libertad y democracia sindical con la elección de delegados”, dijo Leo Jaime, Secretario General de UCRA (CTA-Córdoba).

El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) denunció la crítica situación de la conservera La Colina, ubicada en la ciudad de San Rafael, Mendoza, que se encuentra al borde del cierre.

Rubén Castro, delegado del STIA, aseguró que “hay gente que se autoconvocó porque hay un malestar muy grande”. “Aunque parezca mentira, un 30 de enero no se está trabajando, cuando en otros años se estaba en dos turnos y hasta turno noche”, dijo Castro.

En este marco, hay 800 personas cuyos puestos de trabajo están en riesgo. “Vamos a esperar que el Sindicato se reúna con las autoridades y pedir la quiebra con continuidad laboral”, aseguró Castro. “Es un malestar grande, son 800 familias que tienen el sustento en esta empresa”, aseguró.

Los trabajadores denunciaron que el dueño de la empresa no responde a los reclamos. “El dueño no da la cara, no compró la hojalata que hacía falta, hacen falta 13 millones para comprar hojalata para más durazno, cosa que no apareció”, indicó el delegado.

El próximo lunes 4 de febrero se realizará una audiencia en la sede platense del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por el cierre de la planta de Cofco ex Nidera Valentín Alsina. Ante esta instancia los trabajadores movilizarán nuevamente, firmes y decididos como lo vienen demostrando cada día en la lucha por los puestos de trabajo.

Convocan a todas las organizaciones y sectores solidarios a acompañarlos en esa jornada, lunes 4 de febrero a partir de las 9:30 ante la sede del Ministerio ubicada en Calle 7 N° 370 entre 39 y 40, Ciudad de La Plata.

Río Grande (Tierra del Fuego): crítica situación de electrónicas y autopartistas

En el marco de la jornada de protesta realizada en la mañana del viernes 25 de enero, Delegados de la UOM-Río Grande leyeron un informe detallando la situación por la que atraviesa la industria metalúrgica. Solo quedan en actividad 4.112 trabajadores, de los cuales 642 son PPD (Personal de Planta Discontinua). La gran mayoría de los PPD no han sido reincorporados a la fecha. En el año 2014, eran alrededor de 10.000 los operarios metalúrgicos.

BGH: Cuenta con 830 trabajadores de los cuales 130 son PPD, los PPD no tienen fecha de ingreso. Los trabajadores permanentes están con suspensión, y desde la empresa manifiestan que no tendrían actividad en marzo y que pretende deducir personal.

IATEC: Cuenta con 892 trabajadores de los cuales 282 son PPD. Hoy los PPD se encuentran trabajando hasta fines de febrero.

ELECTROFUEGUINA: Cuenta con 283 trabajadores de los cuales 36 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso, el personal permanente se encuentra suspendido desde el 21 de enero hasta el 1º de marzo inclusive.

FOXMAN: Cuenta con 26 trabajadores permanentes. Hoy es todo incierto, no perciben salarios, no tienen qué producir, y hay un abandono de parte de la patronal.

AUDIVIC: Cuenta con 73 trabajadores que solo están a la espera del cobro de algunos equipos de aire acondicionado que pudieron vender, ya que hay un abandono rotundo de parte de la empresa.

GRUPO DIGITAL: Cuenta con 254 trabajadores de los cuales 58 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 4 de marzo inclusive.

CARRIER: Cuenta con 132 trabajadores de los cuales 28 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 15 de febrero inclusive

SOLNIK: Cuenta con 77 trabajadores de los cuales 14 son PPD. Hoy hay 4 PPD sin fecha de ingreso.

FAMAR: Cuenta con 140 trabajadores permanentes trabajando con una jornada reducida con el 8% menos del salario.

GRUPO RADIO VICTORIA: Cuenta con 378 trabajadores de los cuales 30 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso.

CISA IFRESA: Cuenta con 35 trabajadores permanentes que están suspendidos hasta el 4 de febrero inclusive.

MIRGOR: Fundada por Mauricio Macri y Nicolás Caputo, cuenta con 230 trabajadores permanentes trabajando en un solo turno.

AIRES DEL SUR: Cuenta con 97 trabajadores de los cuales 82 son permanentes y 15 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de regreso y a partir del 21 de enero los trabajadores permanentes se encuentran en su período vacacional y a partir del 25 de febrero estarán suspendidos hasta el 10 de marzo inclusive con una prolongación flexible hasta el mes de agosto.

FAPESA: Cuenta con 241 trabajadores de los cuales 18 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 14 de febrero inclusive.

BRIGHTSTAR: Cuenta con 424 trabajadores de los cuales 31 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso. Los trabajadores de Brightstar, no cuentan con un panorama alentador ya que la empresa sigue planteando suspensiones y la desvinculación de trabajadores.

En las últimas horas los empleados de Brightstar, una de las principales “ensambladoras” del país, que producía cientos de miles de teléfonos de Samsung, LG y Motorola, se concentraron frente a la planta, que no está funcionando.

Los despidos se profundizaron en 2018 y en lo que va del año los trabajadores recibieron tareas solo una semana. Están suspendidos y denuncian que la empresa está impulsando una feroz política de retiros “voluntarios”. Según la empresa “nos sobra stock”.

ATHUEL: Cuenta con 10 trabajadores y no tiene panorama de producción.

Fabricas que cerraron: VISTEON; IPSA; INTERCLIMA; TELECOMUNICACIONES; LEANVAL.

Entre ellos se encuentra el Grupo Newsam, que en estos meses ha desatado un ajuste sobre su planta en Avellaneda, donde las trabajadoras y trabajadoras vienen resistiendo los despidos persecutorios de Rubén Chernajovsky con el aval de la UOM.

En el caso de la UOM Río Grande, dirigida históricamente por Oscar Martínez, el pasado viernes realizó una jornada bajo la consigna “En defensa de los puestos de trabajo, los derechos laborales, la industria nacional, el salario y nuestra soberanía”. Martínez denunció que “como hemos manifestado desde hace mucho tiempo, este es un planteo que nos involucra a todos y está en juego la decisión de seguir habitando Tierra del Fuego y no aceptar la decisión del Gobierno nacional de expulsarnos de la provincia”. Sin embargo, ha dejado pasar estos ataques en estos últimos años. Incluso llegó a firmar un acuerdo, con Antonio Caló y funcionarios del peronismo provincial y el gobierno nacional, de congelamiento salarial por dos años bajo el compromiso de las empresas de que no se pierdan puestos de trabajo. La concesión, está visto, no ha servido para nada.

También la industria textil se ve afectada por la situación. Empleados de la textil Armavir, de Río Grande, llevaron un conjunto de propuestas a los dueños para que reviertan su decisión de despedir a unos 70 trabajadores.

Los obreros textiles propusieron que la empresa busque acogerse a programas nacionales de ayuda como el REPRA, u otros que otorgan líneas de crédito para producir, lo que no fue aceptado por los representantes de la firma.

“Nos dijeron que eso no lo veían viable, no creen que con eso les alcance para contemplar los gastos”, dijo el delegado. Se trata de 70 personas cuyas fuentes de trabajo se encuentran amenazadas. Ahora esperan la segunda audiencia en el ministerio de Trabajo, que finalmente se llevó a cabo este jueves.

Los trabajadores de la empresa textil Badisur de Río Grande se encontraron con las puertas cerradas, sin que nadie pueda ingresar. La situación se dio a horas de una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde la empresa debía presentar la información de la supuesta crisis invocada. “Adentro de la planta hay un montón productos terminados, hay 3 conteneros de tela, hay un contenedor en el puerto de Ushuaia, y 7 contenedores que vienen en camino”, afirmó Myriam Planes, Delegada de los trabajadores.

“Ayer (30/1) trabajamos en el horario normal de 6:00 a 15:00 horas, a las dos de la tarde hicieron un simulacro como que se cortó la luz porque la Cooperativa les avisó que iba a tardar entre dos y cuatro horas en restablecer el servicio, pero fue todo armado, porque mandaron a la gente a la casa a las 14:00, situación que nunca pasa, y hoy a las 5:45 horas cuando empezamos a llegar nos encontramos con las puertas de la empresa cerradas”, indicó la delegada de los trabajadores e integrante del gremio SOIVA, Myriam Planes.

Planes recordó que, “hoy a las 12:30 (31/1) tenemos una audiencia donde la empresa debe presentar la documentación correspondiente que acredite la supuesta crisis que dicen que vienen arrastrando”.

“Estamos a la espera de alguna comunicación de la empresa para saber cuál es nuestra situación, si estamos suspendidos, o que; porque no tenemos notificación de nada”, dijo la delegada y añadió: “es otra maniobra más de esta empresa, porque cuando a ellos no les gusta algo que les exigen las autoridades provinciales y nacionales, toman este tipo de determinaciones, cierran la planta, y después de pagar miserias por indemnizaciones a los trabajadores vuelven a abrir la fábrica y les siguen permitiendo que sigan teniendo estas actitudes”.

Myriam Planes destacó que, “nos habían dicho que los que no arreglábamos por el 70% en 8 cuotas seguíamos hasta que se terminara la tela y la fábrica cerraba, y resulta que acá adentro de la planta hay un montón productos terminados, hay 3 conteneros de tela, hay un contenedor en el puerto de Ushuaia, y 7 contenedores que vienen en camino; entonces, ¿a dónde está la crisis de esta empresa?”, se preguntó la dirigente gremial.

Los industriales han ganado millones en los últimos años y se han visto favorecidos por distintas medidas de “promoción industrial” por parte de los gobiernos locales y nacionales. Hoy Tierra del Fuego se ha convertido en uno de los símbolos del momento en que vivimos: las consecuencias de la recesión, la decisión de los empresarios de descargarla sobre la clase trabajadora, pero también del rol de los gobiernos y sindicalistas peronistas de dejar pasar el ajuste.

«La Nación será una tribuna de doctrina»

Tras la decisión del Diario La Nación de despedir a 70 trabajadores, los afectados iniciaron un acampe permanente en la puerta de las oficinas de Vicente López, ya que la planta ubicada en Barracas fue cercada rápidamente por la policía. La decisión de cerrar la planta fue justificada por un tema de costos.

A partir de ahora, según un comunicado interno del diario, la impresión será “terciarizada”. Los Saguier intentaron ocultar los despidos con un recuadro en su edición del diario que explicaba que “hay cambios en los procesos de impresión”.

Hace algunos meses el propio diario ya había iniciado un proceso de retiro voluntario, lo que se tradujo en 25 personas que dejaron de trabajar.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado en solidaridad con los trabajadores de la planta Zepita de impresión, por el cierre y despido de todos los trabajadores, decidido por la familia Saguier.

“La familia Saguier y los accionistas” tomaron la determinación “pese a las negociaciones en curso con el personal de la planta y el Sindicato Gráfico, y luego dispusieron impedir el acceso a la planta de cualquier empleado, para lo cual cuentan con apoyo policial, ya que la planta está sitiada por efectivos de las fuerzas de seguridad”.

“Las trabajadoras y trabajadores de prensa de La Nación repudiamos la política empresarial de reducción y ajuste permanentes, que primero jaquea nuestro poder adquisitivo y finalmente elimina nuestros puestos de trabajo”, manifestaron en el SiPreBA.

Actualmente, la situación más acuciante la padecen las y los trabajadores gráficos de Zepita (Barracas), a quienes la empresa puso entre la espada y la pared con una disyuntiva de hierro para no cerrar la imprenta: 40% de retiros y prejubilaciones y 40% de reducción salarial para quienes continuaren trabajando.

Diputados y Diputadas Nacionales del FPV-PJ recibieron en las oficinas del bloque a representantes de los 72 trabajadores gráficos despedidos del diario.

“Admiración hacia las niñas madres”, decía el editorial de La Nación el mismo día (1º de febrero) que se estaban organizando manifestaciones en diversos puntos del país en repudio al incumplimiento de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en Jujuy.

Pero para el diario de los Mitre, no existe la infancia: el destino de una mujer es ser madre y lo considera un acto de “admiración y valentía”.

El editorial sin firma, muestra una supuesta “preocupación” por los embarazos adolescentes, pero oculta la magnitud y la profundidad del problema. Por eso es importante recalcar que ya en el mes de noviembre del 2018, los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación para la población de entre 10 a 19 años, mostraban las dimensiones de esta situación.

Los nacimientos producto de embarazo de mujeres menores de 20 años registrados en 2015 superan los 111.000, según esa fuente. En la provincia de Buenos Aires, donde reside el mayor volumen de población, estos datos ascienden a 33.940, el número más alto registrado.

Los nacimientos luego del embarazo en niñas y adolescentes representan el 15% del total de nacimientos a nivel nacional. Si se mira por provincia, se reflejan las peores situaciones en las del norte y noreste donde los porcentajes rondan y en algunos casos superan el 20%: Formosa, 24%; Chaco, 23%; Misiones, 22%; Santiago del Estero, 21%; Corrientes y Salta, 20%; Catamarca y Jujuy, 19%.

Pero como las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar no son cifras, y tienen derecho a decidir si quieren ser madres, cuándo, cómo y con quién, es importante remarcar también que quienes se autodenominan “provida”, como los grupos fundamentalistas vinculados a la jerarquía de las iglesias (o como el propio diario La Nación) no están en realidad a favor de ninguna vida: están a favor de la muerte clandestina y de las complicaciones a las que están expuestas quienes no pueden acceder a una clínica ilegal en condiciones de salubridad.

Es un hecho objetivo: el editorial de La Nación hace apología de este mandato “divino”, que re victimiza a las niñas y que condena a las mujeres a la muerte.

Las trabajadoras y los trabajadores del diario La Nación se organizaron en repudio al editorial. Así, las trabajadoras decidieron organizarse y tuitear colectivamente desde sus cuentas personales “Como trabajadora de LA NACION rechazo las palabras del editorial “Niñas Madres con mayúsculas”. Una niña embarazada es una niña violada. #NiñasNoMadres”.

También el Sindicato de Prensa de Buenos Aires repudió el editorial que mediante una apología del delito pretende justificar el abuso infantil.

Luego del masivo repudio La Nación ahora dice que su editorial fue “mal interpretado”.

Paritarias

Tras anunciarse la medida de fuerza por parte de los gremios aeronáuticos con representación en Latam Argentina, el jueves 31 de enero, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y hubo vuelos. El anuncio fue realizado el miércoles mediante un comunicado de Apla en el cual se aclara que mañana (por el jueves) no habrá ningún tipo de actividad de parte de los pilotos de Lan Argentina y que tampoco se presentarán a las clases teóricas en la base. Inmediatamente, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el período de 15 días, en el marco del conflicto salarial por el no acuerdo de las paritarias. Los trabajadores reclaman un incremento que al menos iguale a la inflación de 2018, de 47,6%.

La medida anunciada en las primeras horas del miércoles, sobre la que luego se dio marcha atrás con la conciliación obligatoria, hubiera afectado a 56 vuelos entre Buenos Aires y los diferentes destinos en el país y a más de 9.000 pasajeros.

Los cinco sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires reclamaron al Ministerio de Trabajo convocar a reuniones paritarias de manera urgente.

La respuesta del Subsecretario de Trabajo, Horacio Barreiro, fue tajante: ‘la decisión que tomó la Gobernadora y este Gobierno es convocar a los docentes en febrero’.

La discusión por el sueldo es ardua y compleja. No podemos seguir perdiendo tiempo a un mes y cinco días del inicio de clases. Todavía tenemos la negociación de 2018 sin cerrar y es necesaria una urgente recomposición salarial, agregó el grupo sindical en un comunicado difundido en internet, en el que también llama a la necesidad de una inversión en infraestructura escolar.

En Plenario, la Federación de CONADU exigió a Educación la convocatoria a paritarias para resolver la cláusula de revisión salarial del año pasado. Advierten por medidas de fuerza.

La determinación de los trabajadores de la Federación de CONADU responde a la decisión del Ministerio de Educación de “desconocer el acuerdo firmado y otorgar de manera unilateral un adelanto del 5% en negro para enero”.

“Se avanza así a un escenario conflictivo que pone en peligro el normal funcionamiento de las universidades. De no haber respuestas a los reclamos, el 19 de febrero la CONADU resolverá la implementación de medidas de fuerza”, anticiparon desde la Federación a través de un comunicado.

Mediante la Resolución N° 1169/MEIGC/19, el Ministerio de Educación informó que se creó una mesa de trabajo representativa de los diferentes actores de la cartera, para el desarrollo de los lineamientos generales. Esto deja sin efectivo la polémica Resolución 4055/18, que habilitaba el cierre de escuelas nocturnas en la Ciudad de Buenos Aires.

“La situación era insostenible”, dijo una fuente del gobierno de la Ciudad. “No podíamos seguir adelante con esta decisión ya que nunca fue una disposición directa de Horacio (Rodríguez Larreta)”, sugiriendo que Soledad Acuña tomó sola la decisión de cerrar las escuelas nocturnas sin consultar a sus superiores. Más allá de este aparente alejamiento del gobierno respecto a la Ministra de Educación, la derogación de la Resolución 4055 significa un gran triunfo de toda la comunidad educativa que hizo lo imposible para volver a foja cero el cierre de escuelas.

“Esto es el triunfo de las maestras y maestros movilizados”, dijo el Secretario General de ADEMYS, Jorge Adaro. Por su parte el titular de UTE, Eduardo López, manifestó: “Siento orgullo de la comunidad educativa que defiende la educación pública, vergüenza de los funcionarios que tenemos que cierran escuelas. Ahora vamos por la UniCABA”.

ATE Avellaneda reclama por los descuentos del SAMO, la pérdida del presentismo, la aplicación de 3 ausentes mentirosos, la falta de personal y la violencia laboral que sufren diariamente los trabajadores del Hospital Fiorito.

Los trabajadores de ATE mantienen una permanencia pacífica en el Hall del Hospital, para visibilizar el reclamo por las condiciones de trabajo de los empleados. Intentaron desalojarlos con la fuerza policial y le apuntaron a un referente del PRO, Gustavo Magarelli.

Una pequeña ayudita para mis amigos

El sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) que encabeza Graciela Aleñá denunció al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por irregularidades en ajustes de obra pública que favorecieron de manera indebida a la constructora IECSA (Macri).

El expediente, sorteado el jueves de la semana pasada, quedó en manos del Juez Federal Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello.

“Por una extensión de camino menor, ahora se debe ejecutar una obra técnicamente distinta a la licitada, permitiéndole de esta manera la integración de nuevos ítems de obra a precios muy superiores a los originalmente pactados, convirtiendo un 120% más caro el contrato”, indicaron los viales en la denuncia que apunta a los contratos para la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino (Ruta Nacional 8).

“La base del contrato original de esa obra se modificó. Al modificarse la base, la realidad es que se tiene que hacer un nuevo llamado a licitación y ese llamado no se hizo. Se modificaron los ítems, los precios y se están haciendo menos kilómetros de lo que se tenían que hacer y la obra está más cara”, enfatizó Graciela Aleñá.

“Son diferencias muy marcadas y notorias, que perjudican a la repartición también porque con esos fondos se podría haber hecho más mantenimiento de rutas, ya que hoy prácticamente los compañeros no están saliendo a hacerlo”, agregó la sindicalista.

“Hoy están comprometidos más de 16.000 millones del presupuesto de Vialidad Nacional por deuda con las empresas, tenemos casi 100 obras paralizadas o neutralizadas y nuestra gente no va a poder salir ni siquiera a cortar el pasto. Por todo esto, nosotros consideramos que la denuncia debe apresurarse y tomarse medidas urgentes”, finalizó la titular del gremio.

Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, Clarín, Tiempo Argentino, Anred, APU, Red Eco Alternativo, marcha.org.ar, argentina.indymedia, La Izquierda Diario, Diario BAE, www.infogremiales.com.ar, El Destape, Gremiales del Sur.