30/01/2019

Trabajadores vascos no quieren construir un nuevo tramo del tranvía en Jerusalén

 

El comité de empresa de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) no quiere construir el tranvía en Jerusalén. El Gobierno israelí ha incluido a la empresa guipuzcoana en la licitación para construir una nueva línea del tranvía en la ciudad que avanza en el desplazamiento de los palestinos pero sus trabajadores se niegan porque no respetan “los derechos humanos y la legalidad internacional”. Por ANRed 


Luego de la avanza israelí para movilizar las embajadas desde la ciudad de Tel Aviv hacia Jerusalén, lo que despertó el repudio internacional y el apoyo de Donald Trump, y de las continuas ocupaciones de tierras palestinas por parte de colonos. El gobierno anunció la puerta en marcha de nuevos tramos del tranvía hacia el este de Jerusalén que implicaría nuevas ocupaciones.

Los representantes de los trabajadores consideran que “Cualquier proyecto de tranvía, de cualquier ciudad del mundo, y, por supuesto, de Jerusalén, debe producirse respetando los derechos humanos y la legalidad internacional. Tanto el plenario, como el Consejo de seguridad de la ONU, así como la Corte Internacional de Justicia, a través de diferentes resoluciones, se han mostrado en contra de la ocupación de los territorios donde transcurrirá el citado tranvía”.

En este caso consideran “obvio que el proyecto es totalmente rechazado por la parte Palestina”.

“No entendemos qué puede aportar en positivo a CAF realizar trabajos en contra de la legalidad internacional, de la ética y de la solidaridad” y cuya ejecución supondría además «un fuerte rechazo social tanto en Euskal Herria como en el mundo», han concluido.

 


El tranvía de Jerusalén frente al Derecho Internacional

Una historización del proyecto publicada en 2008 por Mireille Mendès France, Revue d’études palestiniennes nº 98 y traducida por Cati R. para www.rebelion.org

Introducción

En 2020, cuando haya finalizado la construcción del tranvía, la ciudad de Jerusalén será el centro de una red de 8 líneas, sobre 50 Kilómetros , con un total de 75 estaciones y varias terminales situadas en los barrios donde están establecidas las colonias israelíes ilegales: Gilo; la zona industrial de Atarot, situada entre el puesto de control de Al Ram y Qalandiya; Ramot y Neve Yaacov. Theodor Herzl ya soñaba con el tranvía en 1902. Deseaba que Jerusalén se convirtiera en «una ciudad del siglo XX con «barrios modernos, tranvías eléctricos y bulevares…» (1). En 1994 se reanudó el proyecto. Para llevarlo a cabo, el Estado de Israel convocó una licitación internacional. Tras la puesta en marcha de los trabajos de infraestructura en 2001, en 2002 se establecieron contratos con dos compañías. Se trata, como se publicó en algunos diarios y revistas del mes de octubre (2), de dos empresas francesas del grupo Consortium CityPass: Connex Transport AB, filial de transporte de Veolia Environnement (antigua Vivendi Environnement), que explotará la línea durante 30 años, y el grupo Alstom, proveedor de los trenes. Todo esto debería ser un asunto banal que no plantease ningún problema, puesto que se trata de un contrato económico internacional firmado entre un Estado y empresas extranjeras de capital privado, algo que ocurre todos los días. Sin embargo, la adjudicación de los contratos a dichas empresas se ha realizado en un contexto especial: la ocupación que padece el pueblo palestino desde 1967. El Estado israelí lo sabe, ¡por supuesto! Y el Estado francés también: tiene consulados tanto en el este como en el oeste de Jerusalén, además de una embajada en Tel Aviv. En caso de ocupación, cuando los estados quieren establecer acuerdos económicos, de asociación o técnicos, están obligados a respetar sus obligaciones internacionales. Sin profundizar en la auténtica naturaleza jurídica de dicha obligación (3) conviene, no obstante, señalar que debido a la ratificación por el Estado francés de los Convenios de Ginebra (4) y el número creciente de Estados adheridos a sus Protocolos adicionales, así como la transcendencia de los principios humanitarios y, además, el carácter erga omnes (para todos, N. de T.) de la obligación de respetar dichos principios, todos los estados tienen el derecho de velar para que cualquier otro estado respete el derecho humanitario consuetudinario; y todos los estados participantes están sometidos, frente a los demás estados miembros, a los términos estrictos de los Convenios y el Protocolo I, incluidos los dos Pactos de 1966.

1. Los hechos El trazado Pero volvamos al tranvía. La primera sección (5) conecta Pizgat Zeev con French Hill, dos barrios creados ilegalmente en territorios anexionados por el Estado de Israel en 1968. En dichos barrios se destruyeron las viviendas de los palestinos, se confiscaron sus tierras y se desplazó a los habitantes a pesar de numerosas Resoluciones (6) del Consejo de Seguridad, de las declaraciones de la Asamblea general, y también a pesar de la Cuarta Convención de ginebra. Si observamos con atención el trazado de esta línea parcialmente acabada, ésta partirá de Pizgat Zeev o French Hill, cruzará el sector de Shuafat, el campo de refugiados de Shuafat (7) y dejará aislado el pueblo de Shuafat –y prácticamente aislado del mundo exterior- por un puesto abierto en el muro. Una vez terminada, la línea se prolongará hacia el norte hasta Neve Yaaqov, otra colonia ilegal, y llegará al suroeste de Jerusalén, a Kiryat Menachem, cruzando Jerusalén Este, pasando por el Monte Scopus, con una parada a la puerta de Damasco y bordeando al mismo tiempo la calle Jaffa. Así, con la anexión de las colonias ilegales y la construcción del tranvía, la ciudad de Jerusalén se agrandará. Recompuesta de esa forma, la ciudad se convertirá, de hecho, en el «gran Jerusalén» ¡Se hará realidad el sueño de Hertzl! Esa recomposición y el cuestionamiento del estatuto de Jerusalén se están haciendo actualmente ante las narices de los palestinos que todavía, como siempre, apelan a la comunidad internacional, a los ciudadanos israelíes y a los de la comunidad internacional, sin que nadie haga nada. Sin embargo, recientemente la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre las reglas específicas aplicables y los derechos y obligaciones de la potencia ocupante -el Estado de Israel- así como sobre la definición de las obligaciones no respetadas y las consecuencias jurídicas de dichos incumplimientos para los «Terceros Estados» y las organizaciones internacionales. ¿Se puede considerar responsable al Estado francés, según el Derecho Internacional, por la ayuda o asistencia prestadas a la potencia ocupante? ¿Los actos de personas privadas (8) que no actúan por cuenta del Estado, aunque están sometidas a dicho Estado, que ayudan o asisten al Estado que cometió un acto internacionalmente ilegal, pueden imputarse al Estado francés? Para que quede claro, ¿el Estado francés es responsable de que las sociedades francesas Connex y Alstom hagan inversiones y firmen contratos con el Estado israelí que perpetró y sigue perpetrando la ocupación del pueblo palestino -acto internacionalmente ilegal según los instrumentos convencionales internacionales-?

Las reacciones Durante su visita (9) a París, el presidente Mahmoud Abbas abordó la cuestión del tranvía de Jerusalén con el presidente Chirac; en efecto, su trazado pone en entredicho el estatuto de Jerusalén como capital del Estado palestino. Pero la inquietud del lado palestino es tanto más fuerte a la vista del enfoque de los hechos que hace el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien afirma que «la participación de empresas francesas en la construcción del tranvía de Jerusalén se inscribe en el marco de un mercado internacional que obedece a una lógica comercial. La participación en dicha construcción, desde nuestro punto de vista, no acarrea ninguna consecuencia sobre el estatuto de Jerusalén Este» (10). Con todo, a continuación añade que «nuestra posición con respecto a la colonización en Cisjordania y alrededor de Jerusalén Este no ha cambiado, ya que es contraria al Derecho Internacional». No se puede soslayar la realidad: las estaciones se situarán en las colonias ilegales y el trazado cruzará Jerusalén Este, por lo tanto, ¿cómo puede el portavoz conciliar los cambios en Jerusalén Este y precisar que la posición de Francia sigue siendo la misma con respecto a la colonización? Esta situación es, como mínimo, incómoda para el Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta el punto de que un buen conocedor del expediente de la parte francesa (11) reconoce que «la dimensión simbólica del asunto no se escapa. Obviamente no se desea condicionar el estatuto de Jerusalén. Pero, por otra parte, la posibilidad de una intervención plantea problemas con respecto a los conceptos de libre competencia y acceso a los mercados. Estamos apresados entre dos principios» Esta declaración es suficiente, demuestra que el gobierno francés está al corriente de la cooperación y lo que implica; lo que ha confirmado Maurice Sportiche, responsable de la misión económica de la embajada de Francia en Jerusalén: «para limitarnos a lo que ya está firmado, podemos citar la realización, con Véolia, de la factoría más importante de desalación de agua de mar de Oriente Próximo, en Ashkelon, y también la construcción y explotación del tranvía de Jerusalén por Alstom Connex» (12) Patrick Devedjian, ministro delegado de Industria de la época, en su visita de dos días a Israel (13), firmó un acuerdo marco para reforzar los intercambios bilaterales en el ámbito de las biotecnologías y nanotecnologías con el gobierno israelí. Con este motivo mencionó, con sus interlocutores israelíes, los proyectos a los cuales las empresas francesas eran susceptibles de asociarse, especialmente, el del tranvía de Tel Aviv, la electrificación de la red ferroviaria israelí, la energía y el tratamiento del agua, más un proyecto conjunto sobre satélites. Por otra parte, se firmó un acuerdo de cooperación entre la empresa israelí Aircraft Industry (IAI) y la sociedad francesa TNI Software, especializada en el desarrollo de herramientas informáticas para la creación de sistemas electrónicos integrados (aeroespacial, defensa, automóvil) (14). Es decir, el Estado francés, como tal, está junto a las empresas.

Contradicciones y paradojas ¿La libre competencia prevalecería sobre las normas obligatorias erga omnes o sobre los derechos humanos derivados del derecho consuetudinario y consagrados por varios Convenios? ¿La libre competencia asociada al capital privado permite a los protagonistas de dicha competencia eximirse de cualquier deber internacional relativo, por ejemplo, a las obligaciones contenidas en los Pactos? ¿La libre competencia implicaría que las empresas privadas no tendrían que respetar el derecho de los pueblos a la autodeterminación o que podrían participar en crímenes contra la humanidad con el pretexto de que sus actividades derivan de la libre competencia o de un contrato económico? Desde que la libre competencia entra en contradicción con normas obligatorias del Derecho Internacional, ¿el Estado en cuestión se exime de cualquier responsabilidad y de utilizar los medios para hacer que se respeten dichas normas o, si fuera necesario, sancionar a las empresas que tienen su nacionalidad y participan en actos que violan el Derecho Internacional? Cuándo se trata de libre competencia, ¿eso implica que desaparecen las obligaciones internacionales del Estado y que por lo tanto el Estado no es responsable ante el Derecho Internacional? Esta es la posición presentada por los juristas del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, quienes afirman que «el hecho de que Alstom y Connex sean sociedades privadas pone al gobierno francés fuera del asunto y le priva de cualquier medio de acción» (15). El Estado francés se desembaraza fácilmente de sus obligaciones con respecto al Derecho Internacional. Pero, ¿puede atrincherarse inocentemente tras el hecho de que lo único que hace es supervisar el acuerdo celebrado entre el Estado israelí y las empresas privadas francesas? Sin embargo, en su Dictamen (16) relativo a la ilegalidad del muro del apartheid, de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) recordó que los Estados tienen la obligación de no prestar ayuda o asistencia al Estado de Israel (17) teniendo en cuenta que dicho Estado violó y sigue violando las normas fundamentales del Derecho Internacional. Esta obligación deriva del hecho de que las normas de interés general o colectivo deben respetarse, con independencia de que dichas obligaciones tengan su origen en el derecho convencional o consuetudinario (18). Entre las obligaciones mencionadas por la CIJ se encuentra también la de no reconocer una situación ilegal. Es inevitable, por lo tanto, analizar los principales aspectos del Derecho que planteó la CIJ y que nos permitirán encuadrar el asunto de la forma adecuada.

A. El régimen de responsabilidad internacional

1. El acto internacionalmente ilegal

Antes de tratar de la naturaleza de los derechos violados por el Estado de Israel y con el fin de tener una visión global que permita entender mejor la problemática de la responsabilidad de los terceros, en primer lugar es necesario desarrollar el régimen de responsabilidad internacional a partir de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Según el artículo 1 del proyecto de Código sobre la responsabilidad internacional del Estado: «Cualquier hecho internacionalmente ilegal de un Estado acarrea a dicho Estado una responsabilidad internacional» El artículo 3, por su parte, establece las condiciones requeridas para que el régimen de responsabilidad actúe eficazmente. Así pues, existe el hecho internacionalmente ilegal cuando: a) Un comportamiento que consiste en una acción o una omisión es atribuible, según el Derecho Internacional, al Estado. b) Dicho comportamiento constituye una violación de una obligación internacional. Por lo tanto, el carácter objetivo y uniforme de la responsabilidad internacional queda claramente fijado: obligación internacional violada = responsabilidad internacional. Las actuaciones que comprometen la responsabilidad internacional son la acción o la omisión, bases del acto internacionalmente ilegal. Al aceptar inicialmente la participación en la construcción de la primera sección del tranvía, Pizgat Zeev – French Hill, el Estado francés, bajo cuyos auspicios firmaron los acuerdos las empresas privadas francesas, ¿no demuestra un comportamiento que constituye la violación de una obligación internacional, tanto por medio de la acción como por la de la omisión? Según el proyecto de la CIJ sobre la Responsabilidad internacional, cualquier hecho internacionalmente ilegal de un Estado conlleva una responsabilidad internacional. Esta norma, general, se formula para un régimen de responsabilidad objetiva. El concepto de violación de las normas de Derecho Internacional, como un acto internacionalmente ilegal, se basa totalmente en la existencia de normas objetivas. Se trata del régimen objetivo de la responsabilidad: el Derecho Internacional no tiene en cuenta la intencionalidad o el grado de voluntad de las autoridades que actúan como órganos del Estado. Según el principio general enunciado en el artículo 3, la responsabilidad de los Estados aparece cuando un comportamiento atribuible a un Estado viola una obligación internacional. Es importante señalar que ya existen casos en los que el comportamiento de un Estado que sólo actúa como órgano o agente de otro Estado es, sin embargo, imputable a este último Estado. Incluso si la ilegalidad del comportamiento resulta, principalmente o no, de una violación de las obligaciones internacionales del primer Estado. Pero, como subraya el artículo citado, el hecho internacionalmente ilegal debe ser imputable a un sujeto de derecho internacional, en ese caso el Estado. La calificación del acto internacionalmente ilegal es un principio independiente de cualquier otro régimen, incluidas las normas internas que regulan esta materia. Así pues, la calificación de acto ilegal, consecuencia de la violación de las normas de Derecho Internacional, es una categoría autónoma con relación al ordenamiento jurídico interno de los Estados, y es competencia de la CIJ : «el hecho de un Estado sólo puede calificarse de internacionalmente ilegal según el Derecho Internacional» (19). Así pues, aunque un acto sea legal con respecto al ordenamiento interno de un Estado o según los estatutos de una organización internacional, no deja de ser internacionalmente ilegal si es contrario al Derecho Internacional. La consecuencia es la siguiente: el ordenamiento jurídico interno o los estatutos de una organización internacional no pueden prima facie (a primera vista, N. de T.) alegarse para justificar una conducta que el Derecho Internacional considera «internacionalmente ilegal». La CIJ , en su Dictamen consultivo sobre el muro del apartheid, concluyó que el Estado de Israel violó y sigue violando diversas obligaciones internacionales (20). En consecuencia se trata de un comportamiento ilegal (21) que está incluido típicamente en el acto internacionalmente ilegal. Por lo tanto, según el Derecho Internacional, deriva en la responsabilidad de dicho Estado (22). La CIJ también señala que el Estado de Israel lleva a cabo una política y desarrolla prácticas que consisten en establecer colonias de población en el territorio palestino ocupado (23).

2. La naturaleza de los derechos violados

Señalemos que en el caso pueblo palestino y con relación al acto internacionalmente ilegal israelí, están en tela de juicio las obligaciones consideradas «fundamentales» por «toda la comunidad internacional». Recordemos que en 1970, en una célebre sentencia, (24) la Corte Internacional de Justicia precisó que «debe establecerse una distinción esencial entre las obligaciones de los Estados frente al conjunto de la comunidad internacional y las que se producen frente a otro Estado…. Por su propia naturaleza, las primeras afectan a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en cuestión, se considera que todos los Estados tienen un interés jurídico en que dichos derechos se protejan; las obligaciones al respecto son obligaciones erga omnes» (25). La Corte afirma que en el Derecho Internacional las obligaciones erga omnesderivan «de la ilegalización de los actos de agresión y genocidio, así como de los principios y normas relativos a los derechos fundamentales de las personas, incluida la protección contra la discriminación racial. Algunos derechos de protección correspondientes se incluyen el derecho internacional general y otros se confieren por los instrumentos internacionales de carácter universal o casi universal» (26). Según lo que se deduce de esta sentencia, en el Derecho Internacional existen normas básicas de naturaleza objetiva que están por encima de la voluntad de los Estados y los sujetos de derecho internacional (27). La Corte confirmó enérgicamente que el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos entra en la categoría de las normas erga omnes (28) como derecho oponible a todos los Estados (29). Como subraya Carrillo Salcedo, la obligación tiene su origen en el hecho de que las normas de interés general o colectivo deben respetarse, con independencia de que dichas obligaciones deriven del derecho convencional o consuetudinario (30). Así, el acto ilegal imputado al Estado de Israel procede de sus graves incumplimientos de las normas relativas a la protección internacional de los derechos humanos y la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra, señaladas en la Cuarta Convención de Ginebra.

3. Las consecuencias del acto ilegal. Consecuencias de la violación del Derecho Internacional

La Corte también hizo un examen de las consecuencias de las violaciones: El Estado de Israel, como consecuencia del acto ilegal, según el Derecho Internacional, está obligado a: 1) Poner fin a la situación ilegal y 2) a la obligación jurídica de reparar los daños ocasionados (31). Por lo que se refiere al primer punto, el deber de un Estado obligado a poner fin a un hecho internacionalmente ilegal, está perfectamente afianzado en el Derecho Internacional general y en la jurisprudencia internacional (32). Lo mismo sucede con la obligación de reparación. Según el Derecho Internacional, el autor de la violación de una norma internacional debe responder frente al otro sujeto a quien causó un perjuicio atacando sus derechos. Por lo tanto, se ve claramente la gran importancia de esta institución de régimen jurídico destinada a garantizar el respeto al Derecho Internacional. Obviamente, una de las consecuencias directas del hecho internacionalmente ilegal es que la obligación de reparación incumbe a todos los sujetos de derecho internacional. La reparación, que consiste en la obligación de subsanar las consecuencias del hecho internacionalmente ilegal aparece, básicamente, como un mecanismo de sanción de la violación del Derecho Internacional. El principio de la obligación de reparación es una figura anclada profundamente en el Derecho Internacional. Según la Corte permanente de Justicia Internacional «El principio esencial que se deriva del concepto de acto ilegal… es que la reparación, en la medida de lo posible, debe resarcir todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que probablemente existiría si dicho acto no se hubiera cometido…» (33). El régimen de responsabilidad se encuentra estrechamente asociado a la ilegalidad de un acto y a los daños causados por la acción u omisión de un sujeto de derecho internacional. Así, la reparación es indisociable del acto internacionalmente ilegal. Por lo tanto, el Estado francés comete un acto internacionalmente ilegal al aportar las capacidades de empresas francesas privadas al Estado de Israel, reconocido internacionalmente culpable de violaciones. Por consiguiente, el Estado francés es responsable de este acto ilegal ante el pueblo palestino, que está reconocido como sujeto de derecho internacional. Ahora hay que abordar la problemática de las obligaciones de los «terceros Estados» a la vista de estas primeras verificaciones.

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