26/01/2019

“El modelo de financiarización de la economía liderado por Videla y Martínez de Hoz se expresa actualmente a pleno en materia energética”

Entrevista a Gustavo Lahoud, especialista en geopolítica energética. “Lo que está pasando es que han afectado uno de los ejes de la política energética fundamental que es la accesibilidad de la población a un bien que es esencial y configura un derecho humano inalienable; ya no es asequible, la gente ya no lo puede pagar”, sostiene. Por Mario Hernández. 


-M.H.: Gustavo Omar Lahoud, Magister en Defensa Nacional, Escuela de Defensa Nacional, especialista en Geopolítica de la Energía, trabaja sobre políticas energéticas, política exterior e integración energética regional. Entre 2015 y 2018 ha dictado un seminario sobre recursos naturales estratégicos en América Latina, Geopolítica y desarrollo tanto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, como en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina. Integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y de la Fundación Más Derechos por Más dignidad. Docente en Política exterior latinoamericana, en la Universidad del Salvador, asesor legislativo en política exterior y energía entre 2008 y 2015. Un currículum más o menos completo de Gustavo.

Sobre el tema de los tarifazos, cuáles son las consecuencias que deja. Han tomado estado público a fines de la semana pasada una cantidad enorme de notas en los medios televisivos y escritos sobre el cierre de comercios. Inclusive hay un estudio que hizo Adrián Mercado, de los negocios vacíos en la calle Florida. Detectó un 21% de los locales con las puertas cerradas, un promedio que duplica la media histórica del 10%, entre otros, lugares muy tradicionales como el Burger King de Corrientes y Florida y uno de los maxikioscos de 24 horas más grandes de la zona. Más allá de los números es importante este dato, ya hemos abordado en más de una oportunidad el impacto de los tarifazos en las empresas recuperadas. ¿Hay otros datos al respecto?

-G.L.: Diste en un punto clave, fuera de lo que hace la UIA, en el Departamento de Energía que maneja Alberto Calsiano.

-M.H.: En Tiempo Argentino salió una nota donde el vicepresidente de la UIA declara que este es un gobierno peor que el de 1976.

-G.L.: Esa declaración fuerte es para mí una de las puntas que tenemos que empezar a desandar para entender por qué se puede hacer en este contexto. Tiene que ver con un hecho que es inocultable. Yo empecé a responderte con la UIA porque muchas empresas Pyme, las mismas recuperadas, lo que tienen son los balances sobre sus propias realidades económicas después de tres años de tarifazos.

Los balances en líneas generales cuentan lo que dice la UIA respecto del sector industrial, esto es que, antes en el costo final de un artículo cualquiera la incidencia de la energía explicaba un 5 o 6% del precio final al público, ahora ese valor está entre un 30 y 35%. Ese número contundente lo es para los sectores textil, metalúrgico, confección y calzado, marroquinería; que no casualmente son algunos de los sectores más golpeados, el sector comercial del consumo masivo, los propios shoppings, grandes hipermercados, los supermercados chinos, los supermercados de barrio.

En todos esos casos lo que se está dando es que comienza a acelerarse la desaparición de esas unidades productivas o comerciales como consecuencia de que ya se ha hecho insostenible ante la brutal caída del consumo, sostener tarifas de luz y gas que quintuplican o sextuplican lo que se pagaba a fines de 2015.

Detrás de esa situación está uno de los momentos económicos más graves que pudimos haber vivido en los últimos 45 años, pensando en que la peor debacle de la Argentina empezó con el proceso de financiarización de la economía liderado por la dictadura militar de Videla, Martínez de Hoz y compañía. Y ese modelo de valorización financiera en materia energética en el período de Macri se expresa a pleno nuevamente. Deliberadamente, con estos aumentos tarifarios, con esta transferencia multimillonaria que están generando a un conjunto de empresas que están muy vinculadas a Aranguren, Iguacel y a Lopetegui que lo reemplaza pero que tiene que ver con la matriz corporativa que trae este gobierno.

Yo creo que es deliberado el sentido en que se opera en materia energética en función de destruir un tejido productivo comercial, pyme, micro pyme, de mediana empresa que es el que garantiza la posibilidad de que la Argentina pueda recuperarse en términos de empleo con alguna otra orientación económica. Esta crisis lleva a una aceleración que si no cambia 180º la política económica y dentro de ella debe terminarse y suspenderse definitivamente el tarifazo y revisarse todo lo que se ha hecho en los últimos dos años por lo menos. Si no vamos a estar ante una realidad que va a acelerar todo esto.

Hay un dato más que me llamó la atención, otros centros también lo están estudiando pero necesitamos más tiempo para entender cuál es la sistematicidad de lo que estamos viendo. Pero llama la atención que comparando diciembre de 2017 con el mismo mes de 2018 vemos que el consumo eléctrico de comercios, industria y hogares cayó en picada, 10% promedio, sabiendo que diciembre es un mes de alto gasto estacional por las fiestas, hay que pagar salarios, etc. Si eso en el comienzo del año llegara a repetirse estaríamos en el corazón del problema que estamos viviendo con la problemática del tarifazo energético, que están empezando a caer como moscas un conjunto de empresas pequeñas y medianas y además las grandes empresas dedicadas al consumo masivo están muy golpeadas en cuestión de rentabilidad.

Las empresas que se salvan son las que, no casualmente, tienen un esquema de valorización financiera, es decir que timbean en moneda extranjera como cartera de sus inversiones. Estas empresas logran fortalecer sus utilidades. Incluso dentro del sector energético algunas empresas en 2017 tenían pérdidas.

“El precio de la energía mayorista eléctrica ha aumentado alrededor de un 300% en dólares”

M.H.: Una cooperativa de energía de Neuquén planteó que no van a aplicar el tarifazo porque no ven que los usuarios estén en condiciones de pagarlo y daban algunas cifras escalofriantes.

G.L.: Es monstruoso. Lo que decía el presidente de la Cooperativa CAL es que pensaban que había que aumentar las tarifas, pero en medio de su alocución dice “un 600/700%”. La inflación acumulada de estos tres años está en el orden de más del 120% y los salarios que apenas empardan a esa inflación acumulada, cómo se condicen con semejante declaración.

Lo otro que dice, que es muy interesante, es que el sector cooperativo eléctrico no puede lidiar más con la poca espalda financiera que tiene al lado de las grandes empresas eléctricas o las transportadoras de gas u otras grandes productoras como Metrogas detrás de la cual está YPF o Gas Natural Ban detrás del cual están los españoles.

Entonces, están diciendo que la gente ya no puede pagar. Lo que está pasando, que se ve mucho en el interior, es que han afectado de tal manera uno de los ejes de la política energética fundamental que es la accesibilidad de la población a un bien que es esencial y configura un derecho humano inalienable; ya no es asequible, la gente ya no lo puede pagar. Lo que este hombre está diciendo como dato interesante es que no vuelvan a aumentar el precio mayorista de la electricidad, porque está previsto un aumento del 38% para febrero. Y ese aumento en realidad es en dólares, porque ellos lo miden en dólares.

Cuando observás de febrero de 2016 a esto último que pretenden hacer en pocos días en 2019, el precio en dólares de la energía mayorista eléctrica ha aumentado alrededor de un 300% y ha pasado algo similar con el gas, esa es la madre de todo esto, el esquema de dolarización que está detrás de este auténtico saqueo y transferencia que está encarando este gobierno en favor de esas empresas. A tal punto que este tipo dice que las cooperativas van a quebrar si este año imponen esos nuevos precios porque la gente no va a poder pagar.

M.H.: Quiero referirme a una nota que leí en Desde Boedo una publicación barrial cuyo director es Mario Bellocchio, que ya lleva 18 años, este es el número 198 que corresponde a enero de 2019. “Luz cara y ausente. Los cortes de luz en Boedo” se titula y dice: “Boedo tiene lugares que parecen atraer cortes de luz recurrentes, aflojan con la bonanza climática y se desatan con toda la furia cuando el termómetro se dilata y persiste el calor. Aunque han hecho aparición también con la vigencia de los fríos intensos. La zona de Boedo y Estados Unidos tiene su lugar asegurado en el podio de los cortes, y últimamente han elegido la vereda norte de esta última arteria pero que no abandonan la vereda impar de Boedo al 800. Sin embargo, nadie le disputa el cetro del indeseado corte de suministro al entorno de la esquina de San Juan y 33 Orientales que ostenta el récord de haber permanecido 14 días corridos sin luz. Unos 50 vecinos del barrio porteño de Boedo cortaron la calle 33 Orientales entre Av. San Juan y Carlos Calvo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes haciendo sonar sus cacerolas para reclamar el regreso del servicio.” Hago referencia a esta nota porque estamos hablando de cifras alucinantes en dólares, y vemos esta contracara, los cortes, los servicios que no funcionan como corresponde.

G.L.: Teníamos una seguridad de que esto iba a seguir pasando pero no sabíamos con qué frecuencia. Para estudiar la calidad del servicio técnico hay que medir la cantidad de horas y la frecuencia de los cortes. Lo interesante es que en diciembre, habiendo sido no tan caluroso como otros años, en comparación al 2017, cuando la temperatura superaba los 28º, Edenor tuvo un pésimo desempeño, peor que en el 2017, inclusive peor que Edesur que era la empresa más afectada generalmente por los cortes. Edenor tuvo 80% más cortes en 2018 que en 2017. Edesur tuvo mejor desempeño pero a la vez en determinadas zonas como Villa Crespo, Boedo, Almagro, por citar algunos barrios, los históricos problemas de la castigadísima zona sur del Conurbano, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Mataderos, los barrios que hace 7 u 8 años que tienen récords en cortes y en su duración, allí la cosa, tarifazo de por medio, no ha cambiado.

Pero además hay otro elemento fundamental, el Gobierno desarmó lo mínimo que existía en el marco del ex ministerio de Planificación para darle un seguimiento a los cortes, que consistía en que los vecinos y ciudadanos llamaran, era un dispositivo a través del cual el gobierno anterior presionaba un poco a las empresas en el momento álgido, cuando arreciaban las temperaturas.

El Enre, que es el organismo regulador y que tiene jurisdicción nacional, fue denunciado por Osvaldo Bazán de la Asociación de consumidores y por Héctor Polino también. Había un modo, una consulta directa que se podía hacer y recurrir en términos de queja al Enre que era cuando se cortaba el servicio y no volvía a las dos horas; se trataba de un reclamo inmediato. Ahora han desmontado las oficinas que tenían para recibir los reclamos de los vecinos. Con lo cual lo que hay actualmente es un esquema, que a diferencia de lo que pasaba a fines de 2015, cuando el servicio no funcionaba, por la falta de inversión en distribución eléctrica y las carencias importantes en distribución, aunque ahora hay más generación, porque en el parque generador por usinas térmicas hay más de 4.000 megas, pero no se ven reflejadas en el servicio para la gente.

Entonces, hay un gran agujero negro que es el seguimiento y la auditoria real a las empresas, no solo de sus propios balances, y cuáles son los mecanismos de enjuague de las ganancias que ellos tienen permanentemente, sino además de la efectividad del servicio que están brindando.

Este es otro tema sobre el que nadie le pone el cascabel al gato. Y recurrentemente aparecen los mismos barrios donde hay estaciones renovadoras, cables gastados, donde se hace recauchutaje permanentemente y no se exhibe desde las empresas los planes concretos y no se hace tampoco un balance sincero sobre otro punto negro, los sindicatos de la energía eléctrica, que deben ocuparse de lo que sucede porque han sido cómplices durante 20 años de un esquema de vaciamiento y tercerización que están sufriendo los vecinos y los propios trabajadores también a los que mandan a trabajar en condiciones degradantes.

Finalmente, lo que puede aparecer ahora es otra punta de la conflictividad, porque ante la morosidad por no poder pagar los servicios, esta gente está mandando cuadrillas de tercerizadas a realizar cortes. Como se ha denunciado esporádicamente en muchos barrios. Esto es muy grave.

Contra el tarifazo

M.H.: “La fiesta está ocurriendo la pagamos todos pero no entramos, adentro sólo están las privatizadas, las petroleras y los funcionarios de Cambiemos.” Así inicia Contra el tarifazo un libro del especialista en energía del Instituto de pensamiento de políticas públicas, Gustavo Lahoud. Forma parte de la Colección 90 intervenciones de la Red editorial. El libro desmiente el relato del gobierno para justificar aumentos de hasta el 1.500% en las tarifas. El derroche que no fue y los subsidios millonarios a las empresas de los que nadie habla.

Contanos cómo fue la “cocina” de Contra el tarifazo.

G.L.: Con Ariel Pennisi que es el coordinador de esta Red editorial que trabaja sobre la idea de 90 libros muy breves que argumentan sobre cuestiones muy diversas pero que en algunos de los casos tienen que ver con poder incidir directamente en el debate político sobre un tema que nos compete a todos como es el de la energía.

Son 90 títulos para poder ser leídos en 90 minutos. Para luego desmenuzarlo más, pero que permitan la lectura en este tiempo para saber más o menos de qué tratan. Lo pensamos a mediados de junio, luego de que a mediados de 2016 produjéramos algún material muy breve con la idea de desmenuzar la línea argumental que el gobierno de Cambiemos estaba intentando instalar sobre el porqué del tarifazo.

Y al haber pasado el 2017 que fue un año muy importante porque en los balances de las empresas gasíferas se empieza a ver la transferencia monstruosa de recursos que había encarado el gobierno. Que nosotros para fines de 2017 calculábamos en 10.000 millones de dólares. Eso se contrapone con el cálculo en subsidios que el gobierno de Cristina, cuando comenzó en el 2008 y se hizo fuerte e importante en cuanto al peso en las arcas públicas, hacia el 2011 y en adelante hasta 2015. En esos 8 años aproximadamente se hablaba de 25.000 millones de dólares. Fijate la magnitud que nosotros en solo dos años teníamos registrado que prácticamente la mitad de los subsidios que el Estado daba a las empresas en buena medida y en parte a los usuarios durante 8 años, fueron transferidos a un selecto grupo de empresas en tan solo 2 años. Ese era un número que nos parecía impactante de por sí.

Entonces nos planteamos desarrollar este trabajo para encarar esa intervención política y que sea inicial de una serie que siga el tema. Porque lo que empezamos a ver es que a medida que avanza, como esto está basado en la estructura de la programación energética de este gobierno, para favorecer con esquemas tarifarios en dólares a un conjunto selecto de empresas, en un país como la Argentina con una economía dependiente del dólar, una economía débil, poco diversificada que depende de la generación de energía de manera abundante y barata para ser competitivo también. Veíamos que a la larga esto iba a llevar a un shock económico porque la energía iba a crecer de manera exponencial como factor de costo en el conjunto de las empresas.

Finalmente otro tema que nos llamó la atención es la impunidad conceptual de Cambiemos y las audiencias públicas que fueron el gran simulacro utilizado para barnizar de cierta legitimidad algo totalmente ilegítimo. Esa legalidad hoy está puesta en duda, porque las audiencias públicas sirvieron para consagrar un esquema de transferencias monstruoso en solo 2 años.

Ellos nos decían que consumíamos la energía que no teníamos, que derrochábamos y nosotros lo que veíamos es que más allá de que al argentino o argentina medios, comerciante o industrial le era más accesible acceder a la energía, lo era en función de un esquema de ingresos, de una política de consumo que podía de alguna manera sustentar más o menos el funcionamiento de una economía donde había desarreglos por todos lados, incluso una gestión con una oferta energética muy deficiente y con problemas de corrupción que había que rever seriamente, pero Argentina nunca fue un importador neto de energía, entonces por qué nos imponen precios de exportación.

Ese es el camino que desandamos, por qué Argentina es Chile o Uruguay. Si bien no es Arabia Saudita o Qatar, es un país con gas y petróleo, no un país gasífero y petrolero, pero al ser un país con gas y petróleo utilizando de manera estratégica e inteligente su empresa hoy vuelta a controlar por el Estado, YPF, después de la estatización parcial del 2012, es un país que está en condiciones de garantizar el acceso de su población comercial, al usuario residencial y al industrial a la energía, que es un bien estratégico y un derecho fundamental, antes que un commodity que como estamos viendo ahora en Vaca Muerta pretende ser regalado de la misma manera que se hizo con Loma de la Lata en los ‘80 y ‘90, generando una nueva fiesta de exportación de gas y petróleo, pero para pocos, que son los mismos que ganan con este tarifazo.

“El Estado ha sido cooptado por las empresas licenciatarias de los servicios energéticos”

M.H.: Este es un libro como bien dice Gustavo corto, de 70 páginas, con letra grande que permite su fácil lectura. Aborda algunos temas que ya hemos tocado, como la suba del 300% del precio de la energía eléctrica en dólares, el tema del Enre, el de los subsidios a las empresas; porque se habla mucho de los subsidios a los usuarios, al “hombre de la calle”, pero no se habla del subsidio que han recibido las empresas, 35.000 millones de dólares en 10 años, subsidios que ya se habían comenzado a dar durante el gobierno anterior y que pareciera ser no tiene ningún tipo de incidencia respecto de su funcionamiento.

¿Qué más vamos a encontrar en este libro?

G.L.: Ligado a lo que venía diciendo, una reflexión que atraviesa buena parte del libro, tiene que ver con que esto se puede hacer además porque es la consecuencia directa de haber destruido un sistema energético que funcionaba de manera integral y unitaria. Quiero decir que el sistema energético nacional desde la privatización menemista, lo que hace es destruir todo el entramado de empresas productoras controladas por el Estado que garantizaban que esa ecuación siempre complicada entre disponibilidad, oferta de energía y acceso de la población, más o menos pudiera desenvolverse con ciertas posibilidades de éxito.

Digo con “ciertas posibilidades de éxito” porque había que ver muchas cuestiones vinculadas a los niveles de inversión que probablemente hubieran sido insuficientes durante mucho tiempo para poder mejorar y organizar la red, para incluir a más ciudadanos al consumo de gas por redes, por ejemplo, al consumo eléctrico. Lo que dice el libro es que después de más de 25 años de este sistema desregulado lo que tenés son empresas que intentan galvanizar, consolidar su espíritu y afán de lucro garantizando su rentabilidad de cualquier manera.

Entonces, otro aspecto que trata el libro tiene que ver con esto también, que una empresa que se dedica solo a la distribución eléctrica lo que hace es velar por cierto mantenimiento del conjunto de medios de los que dispone en un contexto de ausencia de regulación pública eficaz, que no existe, que es la que debería realizar el Enre y que encubre otro aspecto fundamental y que toma el libro; se trata de cómo el sistema de desregulación consagró un reparto de poder entre consultores y especialistas de la energía muchos de los cuales van a parar a los organismos reguladores y que son parte de lo que nosotros llamamos “la puerta giratoria” del mundo empresarial, político y de los técnicos de la energía que son los que vienen dominando hace tres décadas ese mundo y que a partir de Aranguren en adelante entra en plena expansión.

Entonces el Enargas y el Enre que debieran ser dos entes reguladores, constatando una eficiente prestación del servicio con precios asequibles y además preservando antes que nada que la demanda interna sea satisfecha, se transformó en un esquema que agrega oscurantismo y complicidad a cómo venía funcionando el sector.

En definitiva tenés un conjunto anárquico de empresas que luchan por preservar sus rentabilidades, que tienen capacidad de negociación con un Estado debilitado, porque tienen los entes del Estado tomados.

Estas cuestiones nodales son las que intentamos instalar en el libro del sistema energético que nos han dejado. No se puede transformar desde la hibridez como quería el kirchnerismo, tiene que ser modificado de raíz desde el Estado y junto con los consumidores y trabajadores de la energía, un tipo de empresa que tiene que estar al servicio de la comunidad, porque antes que nada lo que prestan es un servicio público que configura un derecho.

Entonces hay algo que podríamos llamar, que históricamente sirvió mucho para el transporte y el ferrocarril, podríamos hablar de rentabilidad social si cabe el concepto, quiere decir que antes que nada ese medio manejado con un criterio de justicia inter generacional me tiene que permitir llevar con la mayor eficiencia y rentabilidad posible un servicio que es fundamental para que una sociedad funcione. Sino el transporte y la energía al tipo de la calle y al pequeño comerciante o productor, que en el término de 3 años están pagando 3, 4, 5 veces más, no tienen vida posible.

Cuando los subsidios, hasta la finalización del gobierno anterior, eran los que predominaban en criterio de política de transferencia energética, lo que hay que decir es que las empresas recibían peso por peso esa diferencia de costo para producir un kwh de energía. Es decir, si salía $ 100 y en la factura el usuario pagaba $ 10, el otro monto lo ponía el Estado, pero iba directo a las arcas de las empresas. Es ahí donde muchas veces hemos peleado junto con los compañeros del FIT desde Unidad Popular, esto que dice Marcelo Ramal permanentemente, debemos lograr que abran los libros de la contabilidad de estas empresas porque lo que pensamos es que durante todo este tiempo han utilizado estrategias de subvaluación de los activos y de sobrevalorización de las pérdidas. Amén que en los tiempos de bonanza, cuando estas empresas eran súper rentables durante el 1 a 1 del menemismo y de la convertibilidad, giraban utilidades al exterior permanentemente y después de la pesificación, bajo el esquema de subsidios recibían el dinero adecuado para operar.

Ellos decían que como les destruyeron la ecuación de precios después de la pesificación, lo único que podían hacer era mantener lo que estaban operando, pero no podían invertir. Durante años el gobierno anterior lamentablemente ha sido responsable de no ponerle el cascabel al gato, porque buena parte de las inversiones que se hicieron se realizaron con el dinero de todos nosotros.

Esta es otra de las grandes mentiras que desmontamos, decimos que históricamente el sector energético se conformó con el dinero de cada uno de los y las argentinas, que ponían su pesito para YPF, Gas del Estado, empresas que crearon el sector y no es cierto que las empresas que han pasado a ser licenciatarias de los servicios, hayan puesto algún dólar o peso a modo de riesgo empresarial, sino que siempre, en todo momento y todo lugar con distintos regímenes económicos, se han beneficiado de las decisiones del Estado que ha sido cooptado por ellos.

M.H.: ¿Dónde se consigue el libro?

G.L.: En librería Cúspide, la idea era meterlo en Jenny y El Ateneo, pero también es importante decir que se puede conseguir entrando a rededitorial.com.ar que tiene un sistema que te permite comprar no solo este sino cualquier otro libro de la colección a través de una tienda de compras. El libro tiene un precio bastante accesible de $ 200.



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