23/01/2019

Dujovne festejó haber logrado las metas fiscales del FMI

El ministro de Economía consideró positivo haber llegado a un déficit del 2,4 % del PBI en 2018. Sin embargo, contabilizado los pagos de la deuda, el porcentaje llega al 5,2 %. Este “logro” se explica a partir de recortes en inversión pública de hasta 54% y sub ejecuciones en áreas sensibles de la sociedad, como niños, discapacitados y enfermos. Por Mario Hernández. 


El funcionario nacional informó que se cumplieron las metas acordadas con el organismo financiero internacional en lo que hace el déficit fiscal para 2018. Dujovne señaló que se alcanzó un déficit de 2.4 % del PBI, el porcentaje acordado con Christine Lagarde y el Board del FMI.

Sin embargo, si se compatibiliza el déficit financiero que implica los intereses de la deuda externa, el porcentaje escala a 5,2 % del PBI”.

Lo que es presentado como un “ahorro” no es más que un brutal ajuste sobre las partidas destinadas a salud o educación.

El Presupuesto 2019 consagró esa decisión política. Un Presupuesto que fue aprobado con la colaboración parlamentaria de sectores del peronismo y ante la pasividad manifiesta de las conducciones sindicales.

Cambiemos sub ejecutó $ 30.000 millones en salud, educación y ciencia

Según un informe, el Gobierno consiguió el año pasado su meta fiscal gracias a un “ajuste total del gasto” de un 15,6% real en comparación con 2017. Lo más grave es que ese “logro” se explica a partir de recortes en inversión pública de hasta 54% y sub ejecuciones en áreas sensibles de la sociedad, como niños, discapacitados y enfermos.

Los números surgen de datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda que fueron analizados y sistematizados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Para el Observatorio que encabeza el economista Santiago Fraschina, “en el detalle, y según el criterio de lo devengado, se tienen recortes de 17,8% en salud pública, del 22,4% en educación, de 23,5% en promoción y asistencia social, de 31,8% en ciencia y técnica y de 54,7% en trabajo, entre otros”.

En el estudio se destaca el dato de que “una de las únicas funciones del gasto que no disminuyeron en 2018 es la relativa a servicios de deuda, que aumentó 13,1% real”.

Con relación al gasto total, el déficit se ubica en un 21% equivalente a apenas dos puntos menos que el año anterior mientras el déficit primario pasó de un 14% a un 8%. Al mismo tiempo, los intereses de la deuda explican un 67% del déficit total y equivalen a un 2,8% del PBI de 2018 que ascenderán a 3,2% para 2019. Entre 2017 y 2018 crecieron un 70,5% hasta los $ 383.486 millones que superarán los $ 500.000 millones para 2019.

En cuanto a la sub ejecución, los principales sectores afectados fueron aquellos vinculados con el gasto social, en particular la salud, la educación y la ciencia. Allí, Macri evitó el giro de fondos pautados en el presupuesto por un monto acumulado de más de $ 30.000 millones.

Del desglose de la ejecución de los recursos destinados a programas realizado por la UNDAV las siguientes conclusiones: el Gobierno sub ejecutó un 41,5% de los fondos de Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas; un 30,5% de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable; un 30,2% de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, un 29,8% de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles; y en Prevención y Control de Discapacidades, un 29,1%, entre otros.

Los niños primero

El colectivo Infancia en Deuda (IED) denunció que el macrismo decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso Nacional a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Bicameral encargada de la designación del/la Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

“Dicha medida es violatoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y representa una fuerte limitación a las políticas de protección integral de los derechos de la infancia”, difundieron y continuaron: “En efecto, mientras la SENNAF es el órgano rector de las políticas públicas de promoción y protección de los derechos de la niñez; la Defensoría tiene a su cargo la defensa de niñas, niños y adolescentes y el monitoreo sobre la efectividad de aquellas políticas”.

Fue el 11 de enero pasado cuando, al distribuir los recursos presupuestarios, el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, resolvió recortar 28 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto 2019 a la Defensoría, 4 millones de pesos asignados a la Comisión Bicameral y 900 millones de pesos asignados a la SENNAF. La decisión lleva también la firma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“Esto desconoce el presupuesto debatido y sancionado por el Congreso y vulnera la Constitución Nacional, que le asigna al Poder Legislativo exclusiva competencia para aprobar el presupuesto”, manifiesta IED.

En el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el año 2019 ya era posible identificar un recorte en términos reales con respecto a la asignación presupuestaria que estos organismos habían recibido en 2018, tomando en cuenta la inflación considerada por el propio Poder Ejecutivo. “En el caso de la Defensoría, el proyecto de Ley preveía una partida de $ 22.174.283 y para la Comisión estimaba $ 2.771.786, ambos montos representaban una reducción del 67%. Por su parte, el crédito total proyectado para este año para los distintos programas de la SENNAF era de $ 3.305.474.918, es decir, un 35% menor que el presupuesto aprobado por el Congreso para 2018. Cabe destacar, además, que en el caso del programa destinado a la promoción y asistencia de los espacios de primera infancia -a cargo de la SENNAF-, el recorte presupuestario ascendía al 75%”, explican.

Luego de varios reclamos, el Presupuesto votado por el Congreso incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados desde el colectivo “Infancia en Deuda”. El artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.467 dispuso una asignación adicional de $ 900.000.000 a la SENNAF (pasando de $ 3.305.474.918 a $ 4.205.474.918), aunque sin especificar el Programa destinatario de dichos recursos. En el mismo artículo, se estableció una asignación adicional de $ 4.000.000 para la Comisión Bicameral (pasando de $ 2.771.786 a $ 6.771.786) y de $ 28.000.000 para la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (pasando de $ 22.174.283 a $ 50.174.283).

El crédito asignado a la Defensoría, a la Comisión y a la SENNAF es el mismo que en el proyecto de Ley propuesto por el Ejecutivo y no se tienen en cuenta las modificaciones que había incorporado el Congreso.

“Exigimos al Poder Ejecutivo Nacional que restituya los 900 millones de pesos correspondientes a la SENNAF, los 28 millones de pesos desafectados a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y los 4 millones correspondientes a la Comisión Bicameral encargada de su designación; partidas sustraídas de forma ilegítima. En el contexto actual, en el cual el 48% de las niñas y niños se encuentran en situación de pobreza, resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al definir el presupuesto, desfinanciando dos de los principales órganos del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia”, concluyen.

La deuda ya supera los 300.000 millones de dólares

La vuelta al Fondo Monetario Internacional fue sin dudas uno de los principales hechos económicos de la gestión de Mauricio Macri durante el 2018. Si bien todavía las mediciones no son oficiales, la consultora Ecolatina advirtió que la deuda argentina ya supera los 300.000 millones de dólares, lo que provocará un crecimiento en el pago de intereses de deuda respecto al PBI y una reducción del gasto público.

“Según las estadísticas del Ministerio de Hacienda, la deuda pública bruta alcanzó USD 308.000 millones al cierre del tercer trimestre de 2018, lo que representa 95,4% del PBI”. La consultora explica que “el pago de intereses saltará de 16,4% en 2018 a 18,2% este año, su peso sobre el PBI trepará de 3,1% el año pasado a 3,6% en 2019; de este modo, más que duplicará al valor heredado, ya que en 2015 dicho cociente se había ubicado en 1,3%”. Además también se refiere a una constante reducción del gasto público: “El gasto primario caerá desde 24% del PBI en 2015 a 19% este año. En consecuencia, el gasto público total habrá caído alrededor de 3 puntos porcentuales del producto, al pasar de 25,3% en 2015 a 22% este año”.

Ecolatina también explica que en 2022 y 2023 la Argentina deberá devolverle casi USD 45.000 millones al FMI. “Considerando los resultados de cuenta corriente (ingreso neto de divisas genuinas al país) y fiscales de los últimos años, es imposible que esos pagos se realicen con fondos propios”, explica la consultora.

El informe concluye asegurando que las recomendaciones del FMI “condicionarán al próximo presidente electo”.



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